América Latina debe prohibir el fracking

América Latina debe prohibir el fracking

La baja de los precios internacionales del petróleo ha puesto en evidencia una nueva arista del fracking: no solo es altamente riesgoso, contaminante, e insostenible social y ambientalmente, sino también es inviable económicamente.  Consideramos que es crucial que los gobiernos de la región asuman una activa política para detener esta técnica de extracción de hidrocarburos no convencionales (HNC). La experiencia en lugares como México, Colombia, Chile, Perú y Argentina demuestra que promover el fracking es una mala decisión política, económica, social y ambiental. Profundiza la dependencia en los combustibles fósiles, malgasta los esfuerzos y recursos que deberían dirigirse al desarrollo de energías renovables y aumenta el impacto de nuestros países sobre el cambio climático.

El fracking está avanzando a ciegas en América Latina

En los países en los que se está desarrollando el fracking, las comunidades afectadas no han visto respetados sus derechos humanos fundamentales como: la consulta y el consentimiento previo, libre e informado, el derecho a la participación y control social, el derecho a la información^[1], y el derecho al ambiente sano y equilibrado. Los Estados de la región tampoco han aplicado el principio precautorio con el fin de prohibir esta actividad, considerando los riesgos graves que genera en la salud de las personas y el ambiente, y la incertidumbre sobre el alcance y magnitud de los daños que puede ocasionar. Es grave también la modificación de legislaciones nacionales en función de las demandas corporativas, para abrirle la puerta a la explotación de HNC utilizando fracking. La reforma energética mexicana (2013) y la nueva ley de hidrocarburos argentina (2014) son ejemplos claros de ello.

El fracking en la región se ha desarrollado sin que existan estudios integrales y de largo plazo sobre los riesgos y daños que esta técnica causa en la salud de las personas y el ambiente. Con la excepción de México, los países de la región carecen de estudios propios de reservas de hidrocarburos no convencionales, que puedan verificar las cifras estimadas por la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos, sujetas todas a un amplio margen de incertidumbre. Aún en el caso mexicano, no existe certeza sobre la existencia de yacimientos explotables, pero ya se están fracturando pozos con elevados daños a la población y al medio ambiente.

En el continente, el fracking ha avanzado sobre comunidades indígenas, campesinas, barrios urbanos e incluso Áreas Naturales Protegidas. Esto ha ocasionado el desplazamiento de personas, así como de actividades productivas como la ganadería y agricultura, cuya convivencia con esta técnica es imposible^[2]. En paralelo, se multiplican las denuncias y daños ocasionados por incendios, derrames, explosiones, acaparamiento de agua, contaminación de agua, aire y tierra por desechos tóxicos, pérdidas de sustancias radioactivas en los pozos, así como por el mal manejo de las aguas de retorno^[3].

Por otra parte, el fracking es ineficiente e inviable económicamente en América Latina. La decisión política de avanzar con la extracción de hidrocarburos no convencionales prolonga la dependencia de los combustibles fósiles y posterga la priorización de políticas que faciliten el desarrollo de energías alternativas en los países de la región.  La opción por el fracking es, además, altamente costosa tanto para los Estados como para los habitantes de cada país.  La inviabilidad económica del fracking se profundiza en un contexto de bajos precios del petróleo.

Los países deben cumplir sus compromisos para enfrentar el Cambio Climático. 

La extracción de hidrocarburos no convencionales a través del fracking es contraria a los compromisos nacionales e internacionales de nuestros países para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y aumentaría los impactos del calentamiento global.

Durante el ciclo de extracción, procesamiento, almacenamiento, traslado y distribución de los HNC, se libera metano que es 87 veces más activo como gas de efecto invernadero que el dióxido de carbono en un margen temporal de 20 años.  Ello provoca un mayor calentamiento global, cuando lo que debemos hacer es tomar medidas urgentes para su reducción. Debido a las emisiones fugitivas de metano, “en un periodo de 20 años, la huella de gases de efecto invernadero del gas natural de lutitas es peor que la del carbón o la del petróleo”^[4].  Esto contradice el Acuerdo de París, el cual establece el límite de aumento de la temperatura global en un margen de 1.5-2°C y, por tanto, la necesidad de dejar la mayor parte de los hidrocarburos que restan bajo tierra.

De continuar moviéndonos bajo la misma concepción de desarrollo basada en la explotación de combustibles fósiles, sin tener en cuenta los derechos y necesidades de las comunidades, será imposible conservar un planeta que no comprometa los bienes naturales y el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Los HNC extraídos vía fracking no deben ser considerados como energías de transición ni energías más limpias ya que la emisión de GEI es muy alta, así como los daños y riesgos que generan para el ambiente y la salud de las personas^[5].

En Latinoamérica crece el rechazo al fracking

Nuestros países se están organizando en contra de esta nociva técnica. Prueba de esto son las redes nacionales e internacionales de oposición a esta técnica, así como los más de 50 municipios y comunidades que han prohibido el fracking en sus territorios en Argentina, México, Brasil y Uruguay^[6] o la suspensión de operaciones de fracking en Brasil y Argentina a partir de acciones judiciales.

 Considerando estos argumentos, urgimos a los Estados de América Latina a la:

-Aplicación del principio precautorio como imperativo legal y ético de acción para encarar situaciones de alto riesgo en un marco de incertidumbre científica, en este caso prohibiendo el  fracking en los países donde se han iniciado estas actividades o existe interés en realizarlas.

-Realización de estudios científicos objetivos e independientes sobre los impactos, daños y riesgos del fracking en la salud, el ambiente y los procesos productivos, con un horizonte de largo plazo, para garantizar los derechos de las presentes y futuras generaciones.  Los resultados de tales estudios deben ser divulgados con claridad y transparencia. Donde se confirmen impactos, los Estados deben garantizar que las empresas se responsabilicen de los daños ocasionados y, prioritariamente, de la restauración de los ambientes afectados aún en el caso de que su contrato ya haya terminado.

-Fortalecer una política de diversificación energética y de reducción-racionalización del consumo de energía, que contemple el impulso a las energías renovables justas y respetuosas de los derechos de las comunidades, y desincentive la extracción de combustibles fósiles, siempre atendiendo los principios y derechos relacionados con la transparencia, la participación y el consentimiento previo, libre e informado.

Desde la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking alertamos de los riesgos y los daños graves e irreversibles que pueden causar la exploración y explotación de HNC en los territorios y poblaciones de nuestros países. El fracking es una técnica experimental y ni gobiernos ni empresas deben realizar experimentos de alto riesgo con la vida, la salud de las personas ni el ambiente.