Metzi Rosales Martel
Los habitantes del país más violento del mundo han estado gastando en compras de armas de fuego más de un millón y medio de dólares al año, en un mercado en el que a pesar del gran margen de incertidumbre sobre la cantidad de armas en manos de civiles, si solo se tomaran las importadas legalmente en los últimos 10 años, alcanzarían para repartir una por cada 50 habitantes.
En realidad la disponibilidad es mucho mayor, porque a las legalizadas hay que agregar las cientos de miles que ya inundaban este país centroamericano a inicios de la década pasada. En 2003 el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo estimaba que había 450 mil armas de fuego entre la población civil, aproximadamente la mitad de ellas ilegales.
El informe “Delincuencia organizada transnacional en Centroamérica y el Caribe”, de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) publicado en 2013, recogía la estimación de que en El Salvador unas 360 mil armas de tipo militar no fueron entregadas al final de la guerra civil, y el mismo documento reseñaba que para 2011 en El Salvador había unas 600 mil armas de fuego, solo unas 100 mil de ellas propiedad del Estado. Del restante medio millón, aproximadamente la mitad no estaban registradas.
Las cifras que tiene el Estado sobre armas de fuego están dispersas en una serie de instituciones como el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de la Defensa, la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General, que no elaboran documentos consolidados sobre el mercado y sobre el uso de las armas de fuego.
Aun así, de los datos sobre pago de impuestos por armas de fuego vendidas en las tiendas locales, puede inferirse algunos números. Por ejemplo, que solo entre 2009 y 2014 los salvadoreños gastaron 9.18 millones de dólares en comprar armas, con un pico en el último año del que se tiene información disponible. Ese mismo año, el 2014, el 76.8 % de los homicidios se cometieron con arma de fuego.
El Salvador casi con seguridad habrá ganado en 2015 el título de país más violento del mundo, con un homicidio por cada mil habitantes. Sin embargo, la armamentización de su población no es la más alta en Centroamérica. El informe de UNODC mostraba que en 2011 Guatemala encabezaba la región con aproximadamente 1.6 millones de armas de fuego en manos de civiles. Con estos datos, en El Salvador resultaría un arma de fuego por cada 13 personas, mientras que en Guatemala una por cada 9 habitantes. En los últimos seis años, con gobiernos del FMLN, El Salvador ha sufrido unas profundas caídas en número de homicidios, pero también violentos repuntes.
Esos saltos y desplomes están registrados en torno a 2012, el año de la tregua entre pandillas promovida por el gobierno del presidente Mauricio Funes. 2012 supuso también una menor tasa de homicidios cometidos con arma de fuego, y las armas de fuego vinculadas a delitos que la Policía reportó a la Fiscalía también vieron una caída estrepitosa: de 4 mil 32 reportadas en 2009, bajaron a 2 mil 536 en 2010, a mil 145 en 2011 y a solo 557 en 2012. Luego volvieron a subir y ya en 2014 se registró el número más alto en seis años (ver gráfico "Armas vinculadas a delitos"). Otros números, como el de la caída de armas registradas por los salvadoreños en el año 2012, también parecen evidenciar que ese año, el de la tregua, la población pudo haber percibido algunos meses de relativo alivio. Rota la tregua, las cifras volvieron a subir.
¿Y por qué con tal incidencia de homicidios cometidos con armas de fuego El Salvador insiste en armarse? La ley de armas es muy permisiva, aunque incluye algunas disposiciones que podrían ser útiles dadas las circunstancias del país. A las armerías se les permite importar hasta 5 mil armas de fuego cada una y hasta 100 mil balas de cada calibre por año. Cuando se emitió, en 1999, sus impulsores adujeron que la anterior normativa, de 1993, no respondía a la realidad del país y que la nueva ley pretendía responder a los niveles al alza de delincuencia para dar a El Salvador “tranquilidad y verdadera paz social”. Esa tranquilidad no llegó nunca y, por el contrario, hoy parece más lejana que nunca. Pero la misma ley tiene un artículo que permite al presidente de la República que, ante situaciones como alza de la criminalidad o mayor incidencia de homicidios cometidos con arma de fuego, establezca prohibiciones en los municipios afectados por tal fenómeno.
El criterio con que se emitió la ley en 1999 prevalece 16 años más tarde. Los diputados decían entonces que el propósito era dar a las personas honradas la oportunidad de defenderse de los delincuentes y por eso se debía facilitar la adquisición de armamento. Millones de dólares y 30 mil homicidios más tarde -como mínimo, los cometidos con arma de fuego-, ya ni el partido en el gobierno -FMLN, otrora adversario de armar a la población- piensa en cambiar la normativa ni en la veda de armas de fuego.
Los grandes mercaderes
Los registros del Ministerio de la Defensa Nacional muestran que entre el año 2006 y antes de que finalizara 2015, 25 empresas habían importado un total de 125 mil armas de fuego. En ese grupo, las que destacan como las importadoras hegemónicas son un puñado de cuatro tiendas que acaparan dos tercios de todo ese armamento importado.
El fenómeno de la inseguridad es de tales dimensiones en El Salvador que hay más agentes privados de seguridad que agentes de la Policía Nacional Civil. En 2015 había 24 mil 100 guardias privados. Y el mercado es tan demandante que el grupo empresarial Alba, creado por dirigentes del partido en el gobierno -el FMLN-, incursionó en 2010 en el negocio de la seguridad privada al financiar el nacimiento de una nueva compañía dedicada a prestar esos servicios.
Desde 2010 hasta el 30 de julio de 2015, los salvadoreños han estado registrando sus armas legales a un ritmo promedio de 30 diarias. En el país más violento del mundo, el mercado de las armas es un negocio de muchos millones: los registros del Ministerio de Hacienda muestran que entre 2003 y 2015 las importaciones de El Salvador superaron los 29 millones de dólares y solo en 2014 las ventas locales fueron de 1 millón 999 mil 245 dólares.
El Estado percibió 7 millones 696 mil 51 dólares con 47 centavos, de 2003 a 2014 en concepto de impuestos por importación de armas. Un insignificante aporte si se toma en cuenta que, para 2015, el sector privado estimaba que los costos de la inseguridad y la violencia en El Salvador superaban los 2 mil 700 millones de dólares al año. Esto es, un 11 % del producto interno bruto.
El ránking de las compañías que más armas importaron entre los años 2006 y 2015 está encabezado por Conavesa, fundada el 31 de marzo de 1998. En ese período introdujo a El Salvador 27 mil 910 armas, de acuerdo con el Ministerio de la Defensa. Guido Roberto Lobo es el dueño de la importadora y comercializadora de armas y Juan Carlos Hernández Ayala es el representante legal.
La segunda posición la tiene Centrum S.A. de C.V., fundada en septiembre de 1999, y que ahora se llama Alquileres S.A. de C.V.. En el mismo período importó 20 mil 138 armas. Esta empresa pertenece a la familia López Davidson. Gustavo López Davidson, de la segunda generación de dueños de la compañía, ha sido importante en la vida del partido Arena. En 2003 fue candidato a alcalde de uno de los municipios más poblados del país, Soyapango. El mismo año era miembro de la dirección nacional de Arena, el Consejo Ejecutivo Nacional.
Estas empresas suponen con frecuencia millones de dólares en posesiones. El patrimonio de la compañía de la familia López Davidson era de 3 millones 209 mil 674 dólares, según los estados financieros correspondientes al 31 de diciembre de 2013 presentados al Centro Nacional de Registros. Gustavo López Davidson es propietario de otra importadora de armas: Gun Mart, la que en los últimos 10 años ingresó 947 pistolas.
En la lista hay otra compañía vinculada a la derecha salvadoreña, aunque aparece hasta en el noveno lugar: Talleres Moldtrok (ver tabla anterior). Según las investigaciones del gobierno cubano, la familia Sanfeliú, propietaria de la empresa, dio apoyo en El Salvador al terrorista anticastrista Luis Posada Carriles. Las pesquisas de la inteligencia cubana han llevado a la detención de tres salvadoreños involucrados en la red de Posada Carriles que ejecutó una serie de atentados dinamiteros en La Habana durante el año 1997.
Tercera en el ránking es Target Sports, y cuarta es la Compañía Salvadoreña de Seguridad, S.A. de C.V. (Cosase). Cosase es propiedad del empresario Miguel Menéndez Avelar, quien fue financista de la campaña electoral del presidente Mauricio Funes (2009-2014). Los números de Cosase también son millonarios. En 2014 reportó ingresos por 19.44 millones de dólares, aunque esto incluye tanto los servicios de seguridad privada como ventas de equipos de vigilancia y venta de armas de fuego. Los estados financieroso no detallan los ingresos por ventas de armas de fuego. Las utilidades netas de Cosase en 2014 fueron de 986 mil 526.90, de acuerdo con los estados financieroso inscritos en el Centro Nacional de Registros.
Las tiendas de armas de Cosase se llaman Sports & Gun. Una está ubicada en la colonia Escalón y otra sobre la calle Bernal. Cosase dice tener “el único polígono de tiro subterráneo” en El Salvador. Las armas que importan provienen en su mayoría de Italia, Austria, Estados Unidos, República Checa, Brasil y Argentina, y comercializa marcas como Bersa, Taurus, Glock, Beretta, Smith & Wesson, Remington, Maverick, Marlin y CZ. Son representantes exclusivos de la marca Remington, de la que vende rifles, y de otras marcas como Gamo, Beeman, Crosman y Daysi.
En los últimos 10 años El Salvador importó 125 mil armas de fuego y los salvadoreños gastaron, solo en 2014, casi 2 millones de dólares en armarse. Ese mismo año el 76.8 % de los homicidios se cometieron con armas de fuego y los jóvenes siguen siendo las primeras víctimas.
El 2010 y 2011, El Faro publicó dos reportajes en los que consignaba que Miguel Menéndez, uno de los fundadores del movimiento Amigos de Mauricio, había conseguido contratos con el gobierno de Mauricio Funes. Solo en el primer año de mandato de Funes alcanzaron los 2.5 millones con instituciones del Ejecutivo. “La Subsecretaría de Transparencia, ante petición de este periódico, determinó que de 15 contratos en servicios de seguridad ganados por la empresa de Miguel Menéndez 10 surgieron de mecanismos transparentes, pero otros cinco, por un monto de 1.5 millones de dólares, le generaban dudas”, se consigna en el reportaje titulado “Los nuevos amigos del presidente”.
Menéndez, conocido como "Mecafé", aparte de ser patrocinador de la candidatura de Funes, fue nombrado por este presidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco) y al finalizar el quinquenio presidencial, el presidente saliente dijo que iba a vivir en una casa propiedad del empresario de armas.
En el período 2004-2015, que abarca esencialmente las administraciones de los presidentes Antonio Saca y Mauricio Funes, Cosase queda a la cabeza entre las compañías de seguridad privada que mayores montos obtuvieron por contratos con el gobierno, de acuerdo con un reportaje realizado por el equipo de Audiovisuales de la UCA: 38.64 millones de dólares. El segundo lugar corresponde a la empresa Serconse, que cesó operaciones semanas después de que su propietario, el dirigente del partido Arena Adolfo Tórrez, muriera de un balazo en abril de 2009. Serconse, de acuerdo con la información de Audiovisuales de la UCA, había logrado contratos por 38 millones con el Estado.
El Faro pidió entrevista con Miguel Menéndez. En su oficina la respuesta fue que José Ángel Avendaño Henríquez, el gerente comercial, atendería las preguntas. Hasta el cierre de este reportaje Cosase no había concretado una fecha para el encuentro.
Miguel Hernán Gil, presidente de la Unión de Agencias Privadas de Seguridad (Unaps), asegura que son pocas las empresas que pueden competir en las licitaciones del Estado. Una razón es que se requiere un capital mínimo para poder amortiguar la tardanza con que el gobierno honra sus deudas. “Durante el gobierno de Mauricio Funes solo Mecafé ganaba y aún sigue gananado porque el tipo tiene tanto dinero... yo le preguntaba a un compañero nuestro, un ex guerrillero que tiene una agencia de seguridad, por qué no aplica a las licitaciones del Estado. Él me dice: no puedo competir, porque no tengo el patrimonio suficiente”.
El ejército privado
En El Salvador, siete de cada 10 homicidios se cometen con arma de fuego. Hace más de una década, en 2003, el PNUD estimaba que había más de 450 mil armas de fuego en manos de civiles.
Después de que terminó la guerra civil, emergió una nueva clase empresarial que ahora la componen los dueños de 237 agencias de seguridad privada y de 25 compañías que se dedican a la importación y venta de armas de fuego.
Miguel Hernán Gil, que aparte de presidir la Unaps es gerente general de Guard Plus 24 Security S.A. de C.V., dice que con el fin de la guerra y con la reforma a la Fuerza Armada para desvincularla de la seguridad pública, la infraestructura productiva quedó desprotegida. "Esto dio espacio para el surgimiento de las empresas de seguridad privada".
Gil es un capitán retirado y conduce una asociación que reúne a 119 de las 237 agencias de seguridad privada registradas. El Faro solicitó al Ministerio de la Defensa y a la Policía Nacional Civil la información sobre las agencias de seguridad privada y la cantidad de agentes y armas registradas por esas compañías. Para finales de 2015 las 237 agencias tenían 24 mil 55 agentes y reunían más de 30 mil armas de fuego: 14 mil 253 armas cortas y 16 mil 844 armas largas. Los agentes de seguridad privada son 8 mil más que los de la Policía: la unidad de acceso a la información de la PNC informa que para septiembre de 2015 había 16 mil 981 agentes policiales. Esto no incluye jefaturas ni subjefaturas, con lo que la cifra sube hasta alrededor de 22 mil personas. La Fuerza Armada tenía hasta enero de 2015 24 mil 799 efectivos.
Aunque el negocio de las armas y de la seguridad privada es millonario en un país con problema de violencia crónico, la información sobre los propietarios de estas empresas no está disponible.
ALBA entra al negocio de la seguridad privada
En 2010, Alba Petróleos de El Salvador otorgó un crédito para que naciera Alternativa Privada de Protección para el Desarrollo, S.A. de C.V. (Alprodesa). Esta fue constituida el 18 de junio de 2010, de acuerdo con el libro 2583 del Registro de Comercio. Sus propietarios, de acuerdo con la escritura de constitución, son José Salvador Castillo, empresario salvadoreño, quien fue su administrador propietario de 2010 a 2013; y Benedicto Castro Romero, abogado salvadoreño, quien fue el administrador suplente para el mismo periodo de tiempo. Cada uno registra 60 acciones valoradas en 100 dólares cada una que suman el capital social de 12 mil dólares.
La finalidad de Alprodesa es, de acuerdo con la modificación realizada el 14 de julio de 2011: Investigaciones privadas escoltar vehículos a fronteras y de distribuciones, monitoreo de alarmas y reacción inmediata, alarmas de seguridad y de incendios, kits de circuito cerrados y de televisión digital, pruebas poligráficas, reclutamiento y selección de personal, protección a personalidades, custodia y traslado de valores prestar servicios generales de limpieza fumigación y exterminio de insectos y roedores, recolección y traslado de desechos sólidos servicios de mantenimiento generales en residencias y en oficinas. Para el periodo 2013-2016, Benedicto Castro Romero, abogado salvadoreño, fue nombrado administrador propietario, y Ricardo Alfredo Ayala Espinoza, como administrador suplente. Benedicto Castro Romero es el propietario de la gasolinera Alba Santo Tomás y miembro de la dirección departamental del FMLN en Chalatenango.
El acta de constitución de Alprodesa se levantó ante los oficios del notario Salomón Padilla, un abogado con afiliación al partido en el gobierno, el FMLN, quien en el año 2012 fue elegido presidente de la Sala de lo Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia hasta cuando, meses más tarde, fue destituido por la Sala de lo Constitucional, debido a su militancia partidaria. La Sala dijo que no cumplía la garantía de independencia que requiere el máximo tribunal.
Alprodesa obtuvo los contratos del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) de 2011 a 2014. El entonces presidente del CNJ, Tito Zelada, también tenía membresía partidaria con el FMLN, y fue por ello que la Sala de lo Constitucional lo destituyó.
El balance general de Alprodesa, al 31 de diciembre de 2014, la ubicaba en el puesto número 9 de las 14 empresas investigadas con respecto a su patrimonio, esto a pesar de que lleva menos de cinco años operando en este rubro. El total de sus pasivos y capital suma 1 millón 70 mil 172 dólares con 74 centavos. Sus ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 fueron de 1 millón 926 mil 929 dólares con 36 centavos; su utilidad registró números rojos, tuvieron una pérdida de 152 mil dólares. De 2013 a 2014 su patrimonio pasó de 277 mil 632 dólares a 1 millón 70 mil 173 dólares. Al cierre de 2013 si reportaron una utilidad neta de 1 mil 148 dólares.
En 2014, Alba compró derechos de la compañía J.E.C., que pasó a llamarse Sernase, S.A. de C.V. La empresa fue constituida el 11 de junio de 1998, con Julio Enrique Castellanos Funes, un estudiante salvadoreño de 35 años de edad, como accionista mayoritario. En septiembre de 2014 J.E.C. pasó a llamarse Sernase, y ahora da el servicio de seguridad a las empresas Alba y a algunas residencias de San Salvador. Comparada con otras compañías, es de dimensiones modestas: tiene 51 agentes, 50 armas cortas y 34 armas largas registradas. Su balance general al 31 de diciembre de 2014 indica que ese año tuvo ingresos por servicios de seguridad por 429 mil 678 dólares, con una utilidad neta de 19 mil 562 dólares.
El Estado traslada su responsabilidad
Gil no se equivoca en la necesidad de la ciudadanía de sentirse protegida. En los últimos 23 años, desde el fin de la guerra civil, el Instituto de Medicina Legal (IML) ha registrado más de 73 mil muertes violentas. “La tasa de 39.7 muertes por cada 100 mil habitantes exhibida por El Salvador en 2013 y considerada la más baja de la última década, representa seis veces la media mundial y supera en cuatro veces el parámetro establecido por la Organización Mundial de la Salud (OPS) para considerar la violencia una epidemia”, señala un informe del Instituto Universitario de la Opinión Pública (IUDOP), titulado “La situación de la seguridad y la justicia 2009-2014, entre expectativas de cambio, mano dura militar y treguas pandilleras”.
De enero de 2009 a noviembre de 2015, Medicina Legal registró 19 mil 437 homicidios. Desde 2009 hasta 2014, el año de la tregua fue el que menor incidencia de homicidios con armas de fuego registró: solo el 62 %. Sin embargo, en 2014 superaron el 75 % (Ver gráfico "Suben homicidios cometidos con arma de fuego")
Cuando los diputados emitieron la Ley del Control de Armas en 1999 dijeron que era necesaria para ayudar a conseguir la tranquilidad en El Salvador. El PNUD advirtió hace más de 10 años que cuando una persona intenta defenderse de un atraco usando su arma de fuego, las probabilidades de que sea asesinada en ese episodio se multiplican por cinco respecto de una persona desarmada.
En El Salvador ya hubo experimentos exitosos de veda de armas. Por ejemplo San Martín, al oriente de San Salvador, vio reducirse los homicidios cuando implementó un programa de prohibición de armas en la ciudad. Cuando el FMLN llegó a la presidencia, en 2009, generó la expectativa de promover un desarme de la población civil. El ministro de Seguridad, Manuel Melgar, dijo a finales de ese mismo año que el presidente Funes ya tenía en su despacho una propuesta de ley de desarme, que el presidente nunca impulsó.
Los diputados siguen argumentando que es necesario el acceso a armas de fuego de la población. Los legisladores Mauricio Vargas, de Arena, y Guillermo Gallegos, de Gana, dicen que se trata del derecho a la defensa propia. Admiten que la Constitución da al Estado la responsabilidad de garantizar la vida de sus ciudadanos, pero dicen creer que no es el momento conveniente de promover un desarme.
Vargas, un general retirado, acepta que tantas armas en manos de civiles puede llegar a ser contraproducente, pero por el momento no ve alternativa.
-El Ministerio de la Defensa registró 2010 a 2015 más de 61 mil armas de fuego. ¿Es conveniente que los civiles tengan y porten armas de fuego?
-Coyunturalmente se puede justificar, si la violencia deja 6 mil muertos en un año es una constante, se pudiese decir que buscar en este momento una desarmentización debería generar un problema político-social; pero creo que sí tienen que disminuirse y limitarse las armas en manos de civiles porque esto no nos va a llevar absolutamente a nada.
-Hace tiempo el PNUD averiguó que en una persona armada se multiplican las probabilidades de morir durante un asalto.
-Si usted anda un arma, si la saca, úsela, si no, no la saque, con ella misma la van a matar. Es un problema permanente, no hay entrenamiento para el uso y no uso de un arma, si dispara a dónde debe disparar...
-Esto lo sabe usted porque es militar…
-Estoy pidiendo que haya mayores requisitos, un grado de adiestramiento mínimo, necesario, de fines de semana durante un mes.
-¿Lo ha planteado como reforma?
-Por el momento no.
-Usted habla de establecer mayores requisitos, pero según la Constitución el Estado debe garantizar el derecho a la integridad personal. Plantea usted que los ciudadanos asuman esa responsabilidad.
-Se podría justificar, no digo que se debe, quien tenga un arma debe saber utilizarla y llenar ciertas características. Usted me plantea el deber ser, pero vámonos al ser, ¿qué es lo que usted tiene realmente en su colonia, barrio, caserío, bus, cantón? ¿Si el parroquiano que anda armado sin tener esta violencia, se baja y le tira un disparo? Hay que ir regulando hasta neutralizar el uso de armas en personas que no deben de tenerlas. Requisitos mínimos deben cumplir.
En algunas agencias aparecen nombres de familiares de políticos y funcionarios. En Sociedad Grupo Los Seis, S.A. de C.V., en la Junta Directiva están Graciela d’Aubuisson, familiar del alcalde de Santa Tecla Roberto d’ Aubuisson, y Sigifredo Ochoa Gómez, exviceministro e hijo del coronel Sigifredo Ochoa Pérez, exdiputado por Arena. En la junta directiva de Servicios de Seguridad Dos Mil S.A. de C.V. aparece José Tomás Chévez Ruiz, presidente del Fondo Social para la Vivienda desde junio de 2014. Chévez fue candidato presidencial por el PCN en 2009.
El Registro de Comercio también muestra que en Panamericana de Servicios, S.A. de C.V., Renzo Italo Martínez Bucciantini, exsubdirector de la PNC, aparece como administrador único propietario. Según la página en internet Gobierno Abierto, Martínez Bucciantini trabaja en la Gerencia de Promoción de Inversiones y Negocios de Proesa, una oficina del Ejecutivo.
Con tendencia al alza en los registros de homicidios, en los de homicidios cometidos con armas de fuego y en los de gasto en armas por parte de los salvadoreños, destaca un indicador porque pareciera ir en sentido contrario: el de las armas de fuego incautadas. Desde 2007 hasta 2015, el año pasado se perfilaba como el de números más bajos, con una reducción de alrededor del 30 %.
El artículo fue publicado en "El Faro" el 4 de Febrero 2016 y puede verse aqui
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