Internet es un instrumento imprescindible para la Democracia, promueve la libertad de expresión y facilita la observancia ciudadana.
Sin embargo, esta virtud del entorno digital enfrenta obstáculos y desafíos de diversa índole que podrían ponerlo en riesgo y convertirlo en utopía.
La brecha digital emerge como el principal obstáculo, toda vez que en 2016 la mitad de los habitantes del mundo no tiene acceso; la penetración de móviles, si bien supera el número de personas del planeta, no equivale a una buena conexión. Esta realidad deja fuera a la mitad del mundo de las ventajas de este entorno reticular para el ejercicio de libertades civiles y políticas. Se trata de una nueva desigualdad que compromete el desarrollo de millones de ciudadanos del mundo.
Más allá de esta brecha económica y social, Internet enfrenta en los últimos años embates de las empresas y los gobiernos. Se trata de nuevas formas de control de las que es necesario alertar, como la hipervigilancia gubernamental que inhibe el disenso y esa otra no menos perversa que realizan poderosas empresas de la economía digital con fines económicos.
A medida que se datifica la sociedad, los algoritmos tienen cada vez más injerencia en las decisiones que hacemos en nuestra vida cotidiana: con quién conversamos, adónde vamos, con qué frecuencia, qué ruta tomamos al trabajo, qué película vemos. Una huella imborrable que puede ser usada no solo para ensanchar mercados, sino también para restringir libertades.
Contra lo que pudiera pensarse, la vigilancia es una práctica nos solo de gobiernos autocráticos, sino de gobiernos democráticos.
El derecho a la privacidad es uno de los más afectados en tiempos de redes y algoritmos.
La retención indiscriminada de datos personales y la geolocalización es tema de debate ante su contundente incorporación a las legislaciones de diversos países. La ola terrorista en Europa, luego de los atentados recientes en Francia y Bélgica, ha sido el motivo para que partidos de todas las filiaciones políticas decidieran respaldar estas medidas sin oposición, lo cual podría ser comprensible siempre y cuando se respete el debido proceso. Es también el caso de países agobiados por el crimen organizado como México, que ordena la retención de datos por parte empresas de telecomunicaciones y proveedores de servicios y contenidos por 24 meses, sin suficientes controles judiciales de parte de las autoridades facultadas que los solicitan.
Por su lado tenemos a las grandes empresas digitales del tipo de Facebook, una de las mayores bases de datos del mundo, que manipula a su antojo los perfiles de usuarios para conocer sus reacciones ante cierto tipo de contenidos y que recientemente anunció que no dará prioridad a la información de sitios noticiosos, sino a las amistades. ¿Con qué derecho, si su poder está conformado por nuestros datos? Libertad de expresión, derecho a la información y derecho a la privacidad, esa tríada fundamental de la vida democrática está en riesgo.
Como si fuera poco, hay controles de tipo técnico con implicaciones en las libertades, como el poder algorítmico y los intentos de control del tráfico en las redes por parte de las empresas de telecomunicaciones, con lo cual la llamada neutralidad de la Red se convierte en un derecho que debe ser protegido.
Los desafíos son complejos y van más allá de enfrentar a los bots y trolls financiados con dinero público para desalentar a voces críticas.
La vigilancia gubernamental y mercadológica demanda de l*s ciudadan*s conocer la potencialidad de Internet y defenderla, de acuerdo con lo señalado por la activista Rebeca MacKinnon, como un bien común digital que ensanche las libertades. Desde luego, Internet no es solo un entorno para cometer delitos, es un territorio de enormes potencialidades para la vida democrática.