“Llama poderosamente la atención que muy buena parte de los sectores de la sociedad civil, activistas y académicos dedique parcos esfuerzos en monitorear las políticas públicas para ampliar la conectividad, en contraste con numerosas iniciativas para la defensa de derechos digitales”
A finales del año pasado, la UNESCO realizó una consulta global sobre la universalidad de Internet, con miras a que distintos sectores aportaran propuestas y preocupaciones para la elaboración de la Agenda Post 2015 de la llamada Sociedad de la Información.
La consulta en América Latina logró la participación de poco más de 100 actores, entre académicos, activistas, investigadores y tomadores de decisiones. De los diversos temas abordados, la falta de conectividad fue de los más reiterados en cuanto a preocupaciones en la región. Buena parte de las respuestas coincidieron en el grave rezago en muchos países, en materia de infraestructura, para que los diversos sectores de la sociedad, especialmente los menos favorecidos por el desarrollo, accedan a la banda ancha e Internet.
La conectividad y su acceso están contemplados incluso en algunos marcos legales, que los reconocen como un derecho de las sociedades, como sucede en México; sin embargo, en la práctica grandes mayorías están fuera de la posibilidad de hacer una realidad el acceso universal a Internet, lo que genera desigualdad ingente si tomamos en cuenta que acceder a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se conforma hoy como habilitador del conocimiento y el ejercicio de otros tantos derechos humanos, entre ellos la educación, el trabajo y la salud.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México solo el 44.4% tiene acceso a Internet, del total de 120.4 millones de habitantes, y la mayor parte de los desconectados se ubica en las zonas rurales, siendo Chiapas el estado más rezagado. De los hogares con computadora (12 millones), el 16% señaló no contar con conexión a Internet y, de estos, dos de cada tres (67.2%) reportaron la falta de recursos económicos como la principal limitante para contar con conexión a la Red, en contraste con otros países latinoamericanos donde el porcentaje de casas con Internet; por ejemplo, el 51% en Costa Rica y Argentina, el 50.5 en Chile o el 63.7 en Uruguay.
Además, mientras en las zonas urbanas el porcentaje de conexión de los hogares mexicanos es del 30%, en los rurales apenas llega a un 4%, según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH, 2014). Esto nos habla de una disparidad enorme, pues apenas dos de cada 100 de entre los más pobres tienen conectividad. Bajo tales cifras, estamos muy lejos de que sea una realidad material el acceso universal a las TIC que establece el Artículo 6º constitucional.
Fuente: ITU World Telecommunication / ICT Indicators Database. Para México, los datos corresponden a 2014, con cifras de MODUTIH.
El derecho de acceso a Internet y otras tecnologías de la información y la comunicación requiere forzosamente de políticas públicas encaminadas a desarrollar la infraestructura para que todas las regiones puedan conectarse, ya sea por fibra óptica (banda ancha fija), a través del espectro o por vía satelital (banda ancha móvil). Esto requiere la intervención del Estado, para garantizar la cobertura social, ya sea regulando el mercado o implementando programas específicos de desarrollo de infraestructura. No hay manera de universalizar el acceso si no se lleva a cabo lo anterior.
Por eso resulta tan preocupante el retraso de dos años por parte del gobierno federal para implementar la red mayorista para banda ancha móvil con la banda de 700 Mhz, pues de acuerdo con el Artículo transitorio 14 de la reforma constitucional de telecomunicaciones, debió de empezar a construirse desde 2014 para que en 2018 el 70% de todos los hogares tengan acceso a la banda ancha. Recién hasta en noviembre de 2015 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes emitió las bases de licitación, en coordinación con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
A este retraso hay que agregar el que existe en la ampliación de la red troncal de fibra óptica que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cedió en derechos a Telecomunicaciones de México. Poca o casi nula ha sido la información sobre las inversiones para construir los más de 20 mil kilómetros de fibra óptica que se necesitan para llevar conectividad a lo largo y ancho del país, y que deben de agregarse a la de la CFE.
Tampoco queda claro cómo pondrán a funcionar los segmentos de la banda 2.5 Ghz o de la banda AWS para banda ancha móvil. Si bien el IFT anunció la licitación de esta última a finales de 2015 e informó sobre el modelo que utilizará para dicha licitación, en su comunicado no menciona “cobertura social”.
Todo indica que los reguladores del espectro esperan que el mercado solucione por sí solo la falta de conectividad, lo cual difícilmente sucederá, por la falta de rentabilidad de las zonas más empobrecidas del país, que son las más. De no asegurarse la cobertura o inclusión social, la nueva infraestructura desarrollada por empresas terminará beneficiando principalmente a las regiones que ya son negocio.
Lo que devela esta situación es falta de visión de Estado: no basta licitar el espectro para incentivar competencia. Se necesitan medidas de inclusión para la población más pobre, que es nada más y nada menos que la mitad del país. No basta licitar el espectro que no está siendo utilizado, un bien escaso y codiciado; para usar eficientemente este recurso estratégico de la nación se requiere también una política integral relativa al espectro que garantice la inclusión y el acceso universal a largo plazo. En Reino Unido la política del espectro está prevista para un plazo de 10 años y Colombia recientemente dio a conocer su plan para los próximos dos años. Estas prospectivas permiten verificar si las instituciones del Estado están cumpliendo con su mandato para mejorar las condiciones de vida de la gente.
Por eso llama poderosamente la atención que muy buena parte de los sectores de la sociedad civil, activistas y académicos dedique parcos esfuerzos en monitorear las políticas públicas para ampliar la conectividad, en contraste con numerosas iniciativas para la defensa de derechos digitales como la neutralidad de la red, la libertad de información, la protección de datos personales, el anonimato, la encriptación, el tráfico de la red y el rating zero.
Sin duda, los derechos digitales y su gran diversidad de temas son centrales, y que hay que poner el mayor de los esfuerzos para defenderlos; sin embargo, también se requieren esfuerzos importantes para monitorear las políticas sobre infraestructura, gestión del espectro e inclusión social, precondiciones para que puedan ejercerse los demás derechos digitales; de otra manera corremos el riesgo de estar peleando por derechos de muchos, pero no por los de todos.
El reto que tenemos como sociedad es articular ambos puntos de la agenda, que son igualmente relevantes. Requerimos de un diálogo que nos permita potenciar esfuerzos, estrategias y demandas ciudadanas frente a las instituciones del Estado, acostumbradas a dialogar los temas “duros” de la política pública solo con la industria cuando deberíamos estar incluidos todos los actores en el sector.
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