México ha establecido políticas públicas para la transición energética (TE), incluyendo metas importantes para generar electricidad a partir de fuentes renovables. La TE debería representar una política positiva, asociada al cuidado medioambiental y al desarrollo social, capaz de conciliar la creciente demanda energética y hacer frente al cambio climático global. En México, sin embargo, su diseño completamente vertical, sin una evaluación multicriterio, carente de una planeación estratégica e integral, hace que su implementación a nivel local y regional, desvirtúe su sentido original y contradiga los principios de sostenibilidad.
Sin descontar la importancia de la región del Istmo de Tehuantepec, el presente artículo busca visibilizar el caso de Yucatán, como ejemplo paradigmático de la actual política federal de TE que pone en jaque el desarrollo sostenible de la región. Exponemos algunas demandas y recomendaciones recogidas desde las comunidades y a partir de una reflexión colectiva de la situación actual.
La región biocultural de Yucatán es mundialmente reconocida por su rica biodiversidad, pero también por su alto grado de vulnerabilidad. El alto potencial de sus recursos eólicos y de radiación solar para la generación de electricidad a gran escala era, hasta hace poco, una característica escasamente conocida. Sin embargo, con la apertura del mercado energético nacional a actores privados, a la inversión extranjera, y a raíz de la actual Reforma Energética, se convirtió en menos de dos años en un fuerte polo de desarrollo de parques solares y eólicos de gran escala que, sin embargo, ya vislumbran un panorama problemático, que compromete la sostenibilidad territorial y viola los derechos humanos.
El modelo nacional de TE, promovido con instrumentos tales como las llamadas Subastas de Largo Plazo, prioriza su diseño en criterios financieros y técnicos (ofertas de precios más bajos en las licitaciones, disponibilidad de un alto potencial de recursos renovables, demanda de generación eléctrica en las regiones del país, etc.), y deja fuera la integración de criterios sociales, ambientales y culturales, necesarios para el propio sostén de la TE.
Lo anterior ya se observa en la acelerada y masiva implementación de la TE en Yucatán. Tan sólo en 2016, la mitad de los 18 contratos ganadores de la primera subasta del país se adjudicaron al estado sin considerar su bioculturalidad y capacidad de carga, respondiendo sólo a factores como los costos de generación y el déficit de generación eléctrica a nivel peninsular (especialmente por la creciente demanda eléctrica en Quintana Roo).
En menos de cuatro años, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) ha otorgado para Yucatán, al menos 22 permisos de electricidad (10 parques solares y 12 parques eólicos), de los cuales dos ya se han construido y los demás están en diferentes fases de desarrollo. De acuerdo con el Programa para el Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN), con información del Programa Indicativo para la Instalación y Retiro de Centrales Eléctricas (PIIRCE), se estima que durante el período 2018-2032, en la Región Peninsular se instale un total de 32 proyectos, 21 parques eólicos y 11 parques solares (Ver Tabla 1).
Paradójicamente, la TE está poniendo en riesgo la sostenibilidad de Yucatán, pues ha faltado en la aplicación efectiva de herramientas (disponibles, reconocidas internacionalmente y consideradas en la legislación nacional), que procuren la sostenibilidad territorial y garanticen el cumplimiento de los derechos humanos y colectivos de sus habitantes. Ejemplo es que a la fecha, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) ha emitido autorizaciones de impacto ambiental para 16 proyectos (9 solares y 7 eólicos) (ver Anexo), sin haber cumplido su deber legal (Artículo 19, Ley de Transición Energética, 2015), de elaborar una Evaluación Ambiental Estratégica de carácter regional (EAE), que le permita entre otras directrices, analizar la capacidad de carga socioambiental del territorio, establecer medidas efectivas de prevención, control, límite y gestión de los impactos acumulativos y sinérgicos a nivel regional.
Como resultado, hay proyectos que han recibido autorizaciones en materia ambiental para ocupar al menos 10,000 hectáreas en territorio principalmente maya y en ecosistemas altamente vulnerables: cercanos a reservas naturales, en corredores biológicos para especies de gran importancia (ej. del jaguar), en rutas migratorias de aves (pese que México ha firmado convenios de protección, a nivel continental), dentro de un sistema hidrológico único en el mundo (el anillo de cenotes), etcétera. Permisos otorgados por la federación, que contravienen ordenamientos ecológicos territoriales del estado de Yucatán, y seriamente cuestionables por resultar de mecanismos poco transparentes y accesibles a la población local, faltos de una evaluación técnica independiente, con bajo rigor científico y nivel de cumplimiento a los estándares internacionales.
Asimismo, da lugar al fomento de prácticas locales poco escrupulosas, derivadas de la presión temporal que ejercen los procesos federales de licitación de proyectos y los fuertes intereses económicos (privados e internacionales), aunada a la falta de capacidad interinstitucional y de herramientas a nivel estatal para incidir efectivamente en la TE, y a la omisión de los gobiernos para garantizar el respeto de los derechos humanos, sobre todo del Pueblo Maya. Estas prácticas incluyen el acaparamiento y control de tierras de uso común, negociaciones totalmente asimétricas entre desarrolladores y comunidades, contratos leoninos para las rentas de tierras, acoso, agresiones verbales y hasta físicas a pobladores que cuestionen los proyectos o se opongan a estos. Ejemplo de estas violaciones han sido las denunciadas por pobladores de San José Tibcéh, en relación con el parque fotovoltaico Ticul A y B, en una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en diciembre de 2016, y documentadas recientemente en el informe de la Relatora Especial de la ONU, Victoria Tauli-Corpuz, “Situación de los derechos de los pueblos indígenas en México” (2018).
El caso de San José Tibcéh no es único, sino más bien paradigmático y reflejo de cómo instrumentos legales y de protección a derechos humanos -como la Consulta Indígena-, en su aplicación local, han sido desvirtuados. Desde 2017, la Secretaría de Energía (SENER) reconoció a Yucatán como territorio Maya e inició varios procesos de consulta indígena (ver Tabla 2), de acuerdo con el Artículo 119 de la Ley de la Industria Eléctrica. Sin embargo, tales consultas han sido distantes al cumplimiento de los principios internacionales (ej. no han sido previas, pues los parques solares y eólicos ya tenían permisos federales e incluso contratos para la compraventa de la energía), se han caracterizado por su celeridad, falta de transparencia y discrecionalidad. Muestra de ello es que Sener omitió la Consulta Indígena de ciertos proyectos (ej., el parque eólico en Dzilam de Bravo) y de comunidades, pese a estar en las áreas de influencia de los proyectos (ej., la comunidad de Dzonot Carretero, en relación con el parque eólico de Tizimín).
Ante este panorama, en los últimos años han surgido diversos esfuerzos desde las comunidades locales, la sociedad civil y la comunidad científica para documentar y denunciar las irregularidades y violaciones a los debidos procesos en las que incurren autoridades y desarrolladores de los parques eólicos y solares a gran escala en Yucatán; pero también para proponer espacios de diálogo, y alternativas más sostenibles y participativas. Tal es el caso de la Asamblea de defensores del territorio Maya Múuch’ Xíinbal (cuyas voces no son contra la energía renovable, sino en la exigencia del respeto sus derechos como pueblo Maya, en especial el de su libre determinación), o el espacio de la Articulación Yucatán, que ha procurado una documentación sistemática sobre la TE en el Estado, impulsando mayor transparencia, participación pública y alternativas de política pública que le impriman mayor sostenibilidad, por ejemplo los talleres para el diseño del contenido de la EAE para las energías renovables del estado de Yucatán.
La TE es indispensable y urgente, pero debe hacerse compatible con la capacidad de carga socioambiental del territorio, en un marco de respeto a los derechos humanos y garantizando la participación de las comunidades locales e indígenas en la toma de decisiones estratégicas relativas a su territorio. Llamamos al próximo gobierno federal a redirigir la política de la TE, hacia un diseño respetuoso del territorio y de la riqueza de las culturas locales. Llamamos al gobierno estatal a ser autoridad corresponsable en el diseño y encaro de esta política pública. Invitamos a la sociedad, a la comunidad científica y a las organizaciones nacionales e internacionales hermanas, a apoyar los esfuerzos de base que, de manera orgánica están emergiendo en Yucatán, para hacer frente a los impactos negativos que impone a nivel local, un desarrollo no integrado de parques eólicos y solares.
Deseamos apoyar a redireccionar el diseño de la TE, mediante procesos interdisciplinarios, participativos y plurales, a fin de prevenir y minimizar las externalidades negativas que hasta ahora la han caracterizado y con ello agilizar su implementación, congruente con su vocación original de sostenibilidad.
Creemos que la TE debe incidir en el desarrollo y la creación de valor local y regional, debe ser abierta a la diversidad de actores (tales como proyectos ciudadanos, comunitarios), dar mayor impulso a la generación distribuida (sobre todo en los contextos urbanos), impulsar la autonomía energética y evitar la pobreza energética, en un marco de derechos humanos, de uso responsable y eficiencia energética.
Texto de M. Jazmín Sánchez Arceo, y M. Ivet Reyes Maturano, de Articulación Yucatán
La Articulación Yucatán es un espacio de colaboración interdisciplinario que visualiza los recursos naturales como un bien público, a favor de una transición energética y una gestión de la energía, con una visión sostenible, participativa y de respeto a los derechos humanos.
