México es un país reconocido por su riqueza fisiográfica, con una gran diversidad de hábitats y topoformas, que han dado lugar a numerosos ecosistemas. Esto ha propiciado una riqueza de biodiversidad, recursos y servicios naturales, a la vez que una gran diversidad de pueblos y culturas que han utilizado estos recursos para su abastecimiento y subsistencia. Esto es resultado de la historia geológica de la Tierra, en cuyos procesos, múltiples recursos y servicios naturales, tanto renovables como no renovables, quedaron distribuidos a lo largo del territorio mexicano, aunque de forma desigual.
La gestión social y ambiental del territorio
Conocer la ubicación y distribución de los recursos permite analizar su volumen y características. Esto posibilita la elaboración de modelos y escenarios de concentración o escasez, y el diseño de instrumentos de política pública que correspondan con las características y aptitudes de cada pueblo y rincón del territorio. De modo que una gestión integral del territorio se encuentra necesariamente asociada a la información geográfica que lo caracterice en todas sus dimensiones: física, natural, social y administrativa. Es decir que, la caracterización espacial o geográfica de los elementos físicos como la cobertura de la vegetación, biodiversidad, suelos, minerales, recursos pesqueros, reservas de combustibles fósiles, aguas subterráneas y superficiales, entre muchos otros, debe estar aparejada con la información geográfica del entorno social y cultural, dando lugar a que la gestión y administración del territorio mediante los instrumentos de política pública sean también expresados con la misma precisión cartográfica: aptitudes, zonificaciones, contratos, permisos de aprovechamiento, concesiones, asignaciones, descargas, emisiones, ordenamientos y programas de desarrollo urbano, por poner algunos ejemplos. El territorio es un continuo multidimensional, solo una visión transversal del territorio permite una gestión integral del mismo: un aprovechamiento óptimo, organizado, paulatino y sostenible del entorno, con respeto a los derechos humanos económicos, sociales, culturales y ambientales.
Una gestión del territorio basada en instrumentos de política pública georreferenciados, pasa también por la prevención, identificación y remediación de los impactos sociales y ambientales derivados de la implementación de todo tipo de proyectos productivos y sociales (por ejemplo la agroindustria, las actividades extractivas, la generación de energía, las grandes obras de infraestructura o el desarrollo urbano), identificando las afectaciones al entorno en términos tanto de disponibilidad y calidad (acaparamiento, destrucción de fuentes, agotamiento, transferencia de contaminantes al agua, suelo y aire, afectaciones a los modos de vida locales), así como en materia de funcionalidad y resiliencia de los ecosistemas aledaños, regionales y globales, en el corto y largo plazo.
El conocimiento del territorio y la administración pública expresada en su dimensión espacial o geográfica, es indispensable también para la prevención de riesgos naturales, en la respuesta ante emergencias y en evitar crisis humanitarias, por lo que en todas las fases de la gestión de riesgos se utilizan herramientas tecnológicas para obtener información geográfica. Tal es el caso de los atlas de riesgos nacionales y locales, que compilan un análisis de escenarios ante un posible fenómeno perturbador, así como la vulnerabilidad y el grado de exposición de las comunidades que podrían ser afectadas. De esta forma, no sólo se tiene un mapa, sino un sistema para el análisis de la información que permita una visión más precisa de los riesgos y cómo actuar ante situaciones de peligro.
Utilidad pública de los datos geográficos
Estos son algunos de los aspectos que ilustran la importancia de registrar, monitorear, analizar y visualizar la configuración del territorio. El acceso a la información georreferenciada del territorio es parte fundamental del ejercicio del derecho humano a un ambiente sano, ya que con base en ella se toman decisiones que impactan al entorno. Al tener estos datos disponibles, el ciudadano puede señalar el riesgo de deterioro, promover enfoques preventivos, identificar daños irreparables y vigilar la eficacia en la implementación de los instrumentos correspondientes que, de no ejecutarse, vulneren el equilibrio y la conservación del medio ambiente. Por su parte, la disponibilidad de esta información permite a la administración pública una planeación del territorio, fortalece la participación y sensibilización ciudadana, fomenta la construcción de políticas públicas con perspectivas comunitarias, aumentan los casos exitosos (en términos sociales y ambientales) de las estrategias de conservación de la naturaleza, permite tener un panorama histórico del uso de los recursos, así como mantener un monitoreo y vigilancia en la dinámica de los mismos.
Actualmente, solo una porción mínima de la información aquí mencionada es pública de manera proactiva, aunque en la mayoría de los casos esta es incompleta, y no se encuentra relacionada entre sí de manera transversal. De modo que incluso en los casos en que esta información es pública, no es posible dar un seguimiento integral al territorio, y mucho menos identificar tendencias a nivel nacional. Desde luego, la información por sí sola no resuelve una problemática compleja como esta, pero sí sienta las bases para la participación y la justicia, así como para permitir a las comunidades comprender las condiciones en que se han implementado otros proyectos en otros territorios, al tiempo que permite conocer a nivel nacional o regional los recursos, las prácticas, y los impactos, y de ese modo estar en mejores condiciones de informarse, negociar o defenderse.