“… llama poderosamente la atención que una muy buena parte de los sectores de la sociedad civil, activistas y academia centren parcos esfuerzos para monitorear las políticas públicas para ampliar la conectividad, en contraste con numerosas iniciativas para la defensa de derechos digitales”.
A finales del año pasado, la UNESCO realizó una consulta global sobre la universalidad de Internet, con miras a que los distintos sectores aportaran propuestas y preocupaciones para la elaboración de la Agenda Post 2015 de la llamada Sociedad de la Información, la consulta en América Latina obtuvo la participación de poco más de cien actores entre académicos, activistas, investigadores y tomadores de decisiones, de entre los diversos temas que se abordaron, la falta de conectividad fue de los más reiterativos en cuanto a preocupaciones en la región[1].
Una buena parte de las respuestas son coincidentes en el grave rezago que existen en muchos países en materia de infraestructura para que los diferentes sectores de la sociedad, especialmente los menos favorecidos por el desarrollo, puedan acceder en la práctica a la banda ancha e internet. La conectividad y su acceso están contemplados incluso en algunos marcos legales que los reconocen como un derecho de las sociedades como sucede en México, sin embargo, en la práctica, grandes mayorías están fuera de la posibilidad de hacer una realidad el acceso universal a internet, lo que genera una desigualdad ingente si tomamos en cuenta que el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC’S) se conforma hoy en día como habilitador del conocimiento y del ejercicio de otros tantos derechos humanos como lo son la educación, el trabajo, la salud, entre otros.
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México sólo el 44.4 por ciento tiene acceso a internet del total de los 120.4 millones de habitantes, la mayor parte de los desconectados están ubicados en las zonas rurales, siendo Chiapas el estado más rezagado. De los hogares con computadora (12 millones), 16 por ciento señaló no contar con conexión a Internet; de éstos, dos de cada tres hogares (67.2 %) reportaron la falta de recursos económicos como la principal limitante para contar con conexión a la red, en contraste con otros países latinoamericanos donde el porcentaje de casas con internet es del 51 por ciento en Costa Rica y Argentina, 50.5 en Chile o el 63.7 en Uruguay[2].
Además en nuestro país mientras en las zonas urbanas el porcentaje de conexión de los hogares es de un 30 por ciento, en los rurales apenas si llega a un 4 por ciento, de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). Esto nos habla de una disparidad enorme, pues apenas dos de cada cien entre los más pobres tienen conectividad. Bajo estas cifras muy lejos estamos de que sea una realidad material el acceso universal a las TICS que establece el artículo 6º constitucional.
Fuente: ITU World Telecommunication / ICT Indicators Database. Para México, los datos corresponden al 2014, con datos de MODUTIH.
¿Cómo conectar a los desconectados?
El derecho de acceso a internet y otras tecnologías de la información y la comunicación, requiere forzosamente de políticas públicas encaminadas a desarrollar la infraestructura para que todas las regiones puedan conectarse ya sea por fibra óptica (banda ancha fija) o bien a través del espectro o por vía satelital (banda ancha móvil), ello requiere la intervención del Estado para garantizar la cobertura social, ya sea regulando el mercado o implementando programas específicos de desarrollo de infraestructura. No hay manera de universalizar el acceso si esto no se lleva a cabo.
Por eso resulta tan preocupante los dos años de retraso por parte del gobierno federal para la implementación de la red mayorista para banda ancha móvil con la banda del 700 Mhz, pues de acuerdo al artículo transitorio 14 de la reforma constitucional de telecomunicaciones debió de empezar a construirse desde el 2014 para que al 2018, el 70 por ciento de todos los hogares puedan tener acceso a la banda ancha. Hasta recién en noviembre de este año ¿¿ la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) emitió las bases de licitación en coordinación con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
A este retraso también hay que agregar el que existe en la ampliación del crecimiento de la red troncal de fibra óptica que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cedió en derechos a Telecomunicaciones de México, poca o casi nula ha sido la información sobre las inversiones para construir los más de 20 mil kilómetros de fibra óptica que se necesitan para llevar conectividad a lo largo y ancho del país, que deben de agregarse a la ya construida por la CFE.
Agregando más puntos de preocupación tampoco queda claro como se pondrán a funcionar los segmentos de la banda 2.5 Ghz o de la banda AWS para banda ancha móvil. Si bien el IFT anunció la licitación de ésta última a finales de 2015 e informó sobre el modelo que utilizará para dicha licitación, en su comunicado no aparece por ningún lado la palabra cobertura social.
Todo parece indicar que los reguladores del espectro están esperando a que el mercado por sí sólo solucione la falta de conectividad, lo cual difícilmente sucederá por la falta de rentabilidad de las zonas más empobrecidas del país que son las más. De no asegurarse la cobertura o inclusión social, la nueva infraestructura desarrollada por la empresas terminará beneficiando principalmente a las regiones que ya son negocio.
Lo que devela la situación expuesta es un problema de falta de visión de Estado, no basta licitar el espectro para incentivar competencia también se necesitan de medidas de inclusión para la población más pobre, que es nada más ni nada menos que la mitad del país. No basta licitar el espectro que no está siendo utilizado, un bien escaso y codiciado, para usar eficientemente este recurso estratégico de la nación, se requiere también una política integral de políticas del espectro que garanticen la inclusión y el acceso universal a largo plazo. En el Reino Unido la política del espectro está prevista para un plazo de 10 años, Colombia recientemente dio a conocer su plan para los próximos dos años, este tipo de prospectiva permite verificar si las instituciones del Estado están cumpliendo con su mandato para mejorar las condiciones de vida de la gente.
Por eso llama poderosamente la atención que una muy buena parte de los sectores de la sociedad civil, activistas y academia centren parcos esfuerzos para monitorear las políticas públicas para ampliar la conectividad, en contraste con numerosas iniciativas para la defensa de derechos digitales como la neutralidad de la red, la libertad de información, la protección de datos personales, el anonimato, la encriptación, tráfico de la red, el rating zero, entre otros tantos temas.
Sin duda que la parte de los derechos digitales y su gran diversidad de temas son centrales, que hay que poner el mayor de los esfuerzos para defenderlos, sin embargo, también se requieren esfuerzos importantes para monitorear las políticas sobre infraestructura, gestión del espectro e inclusión social, que son precondiciones para que puedan ejercerse los demás derechos digitales, de otra manera corremos el riesgo de que estemos peleando por derechos de muchos pero no de todos.
El reto que tenemos como sociedad es articular ambos puntos de la agenda que son igualmente relevantes. Requerimos de un diálogo que nos permita potenciar esfuerzos, estrategias y demandas ciudadanas frente a las instituciones del Estado que acostumbradas a dialogar los temas “duros” de la política pública sólo con la industria, cuando deberíamos de estar incluidos todos los actores en el sector.
Aleida Calleja
Coordinadora de Advocacy
Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (OBSERVACOM)
@callejag
