México, a las puertas de un cambio

Analistas, académicos, políticos y periodistas coinciden: México está por vivir un cambio en su sistema de partidos. Con qué profundidad y con qué efectos está aún por verse. Sin embargo -si el 1 de julio los resultados coinciden con la mayor parte de los estudios de opinión publicados- , en el país se habrá de vivir una transformación que pasa por el crecimiento de un nuevo partido político, Morena^[1], y un reparto distinto de poder entre los principales partidos políticos: el actual en el gobierno, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y el Partido Acción Nacional (PAN).

Este resultado -visto como el más probable de acuerdo a los agregadores de encuestas como el de Oraculus^[2], Bloomberg^[3] y El País- se explica porque el  proceso electoral de 2018 está planteado como una elección de cambio, no de  continuidad.  Cambio que incluso va más allá de la eventual salida de la Presidencia del actual partido en el poder  y que se presenta como lo que algunos describen como el deseo de un cambio de sistema o de régimen, que incluye no solo al PRI sino a las otras fuerzas políticas como el Partido Acción Nacional^[4] o al Partido de la Revolución Democrática, que ha gobernado la Ciudad de México desde 1997 y que ahora participa como aliado electoral del PAN.

Lo que coloca a esta elección no solo como una disputa entre aspirantes o partidos políticos, sino en la ruta de un plebiscito de facto sobre el actual sistema político y sus resultados.

¿Cómo llegamos hasta aquí?

La construcción del plebiscito antisistema no es producto de la generación espontánea ni solamente el resultado de una estrategia electoral. Claro, lo es en parte pues su planteamiento sirve a una coalición en particular -Juntos haremos historia^[5]- y a un candidato concreto, Andrés Manuel López Obrador, pero sería un error asumir que por sí misma su campaña pudo construir estos términos de la elección.

El deseo de cambio es el resultado del desgaste de un sistema político que no ha logrado satisfacer las necesidades elementales de la población. Y en este caso, no se trata de una frase hecha sino de una precisa descripción de la realidad.

En México la política social implementada en las últimas tres décadas no tuvo efectos significativos en la disminución de la pobreza, de acuerdo con cifras del organismo encargado de medirla, el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). En 2016, el porcentaje de la población en pobreza era 43.6 por ciento y en palabras del Secretario Ejecutivo del Coneval, Gonzalo Hernández Licona, “en los datos que tenemos, efectivamente se ha mantenido (la pobreza) casi de cualquier forma en México desde hace 20 o 25 años; ha subido o ha bajado, pero el ‘Talón de Aquiles’ de ese problema ha sido siempre el poder adquisitivo de los ingresos de los hogares”.^[6]

Es decir que ni los programas sociales, ni el crecimiento de la economía, ni la distribución de la riqueza durante estos años tuvieron un efecto significativo en la transformación de la vida de millones de mexicanos.

A eso podemos sumar la violencia en el país. Durante los últimos dos sexenios -uno gobernado por Felipe Calderón (PAN) y otro por Enrique Peña Nieto (PRI)- se estima que murieron en México más de 200 mil personas por homicidios dolosos, la mayor parte en hechos que involucran al crimen organizado.

Esa escalada de violencia -que tiene al país en su peor momento de homicidios en los últimos 20 años de acuerdo con cifras oficiales^[7]- ha tenido una presencia en lo electoral. De acuerdo con la consultora Etellekt, a lo largo del proceso electoral en México se han cometido 112 asesinatos de políticos, entre ellos 28 de precandidatos y 14 más candidatos a puestos de elección. Adicionalmente otros 127 políticos habrían recibido amenazas y actos de intimidación.^[8]

Estas dos realidades -la violencia y la pobreza- han estado acompañadas en los últimos cinco años y medio por un conjunto de escándalos que han sacudido constantemente al sistema político. Desde el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, hasta la controversia por la llamada Casa Blanca^[9] del Presidente Peña Nieto, pasando por las denuncias de creación de empresas fantasmas a nivel estatal y federal para el desvío de recursos públicos, y la impunidad en sonados casos de corrupción como Odebrecht, que han sido castigados en diversas partes de América Latina, excepto México.

Todos estos expedientes han generado un ambiente en el que el deseo de castigo a la corrupción ha provocado efectos importantes en los últimos años. Uno de ellos, los procesos contra exgobernadores que hoy enfrentan sus juicios desde alguna cárcel -como Andrés Granier (Tabasco), Javier Duarte (Veracruz), Roberto Borge (Quintana Roo), Tomás Yarrington o Eugenio Hernández (ambos exmandatarios de Tamaulipas); al tiempo que otros se encuentran libres o prófugos pero con acusaciones como ha sido el caso de los exgobernadores de Chihuahua, Nuevo León, Sonora, Aguascalientes y Nayarit, entre otros. En todos los casos estuvieron precedidos de alternancia en el poder, es decir, de la salida del partido en el gobierno para la llegada de una nueva opción.

Tomar en cuenta estos antecedentes es indispensable para entender en qué contexto se desarrollaron las campañas electorales de 2018 y por qué las encuestas anticipan una sacudida significativa en el sistema político mexicano.

Campañas exitosas, campañas fallidas

¿Cómo plantearon los partidos sus estrategias ante este escenario?

La campaña de Juntos haremos historia desarrolló una estrategia con dos ejes: por un lado, mostrar a López Obrador como el inevitable triunfador, por el otro capitalizar la imagen de outsider o antisistema, como el adversario de la que ha bautizado como la “Mafia del Poder"^[10].

Bajo el primer eje es que desarrolló una serie de acciones en varios frentes: como el uso de las encuestas para presentar su potencial triunfo; la realización de acciones que lo hacen ver presidenciable, como el anuncio de un gabinete^[11] o la grabación de spots desde escenarios que remiten a un despacho presidencial, y sobre todo, la construcción de alianzas bajo una lógica pragmática que le permite aumentar su espectro de votantes y comunicar la imagen del carro ganador al que todos se quieren subir. Incluso con el costo de construir alianzas ideológicamente contradictorias y excluyentes, como muestra la presencia en su coalición de militantes de izquierda al mismo tiempo que lo arropan dos ex dirigentes del Partido Acción Nacional (de corte conservador).

En el segundo eje, López Obrador ha aprovechado la imagen construida de los últimos años y -con el apoyo de sus adversarios y críticos, como algunos empresarios- ha fortalecido la imagen de un hombre que representa una opción distinta a los partidos que ya han gobernado. López Obrador ha logrado ser percibido como el candidato del cambio, el antagonista del statu quo aunque muchos de sus colaboradores provienen del mismo sistema que hoy ofrece transformar.

Se trata de una campaña consistente a lo largo de los meses, con mensajes y estrategias claras, que busca convertir a todas las elecciones -tanto locales, como federal- en un solo referéndum sobre el sistema de partidos a partir de la figura de su candidato presidencial.

En contraste, la campaña de Ricardo Anaya ha cometido una serie de errores que le han sido muy costosos. Luego de un proceso interno ríspido -que llevó entre otras cosas a la salida y la candidatura de Margarita Zavala^[12] como aspirante presidencial independiente-,  la campaña de la coalición Por México al Frente^[13] no ha logrado tener un mensaje estratégico definido.

En su arranque la campaña entendió que se trataba de una elección de cambio y planteó la disputa como una encrucijada entre la opción de López Obrador y la opción de Ricardo Anaya. Y si bien el esquema era lógico -dado el rechazo a la continuidad medido en todas las encuestas- la campaña fue incapaz de plantear con claridad en qué era distinta su propuesta.

En ese sentido, la campaña por momentos ha tratado de una opción de cambio hacia el pasado frente al cambio hacia el futuro; de contraste con el candidato del PRI o de cambio de régimen a través de un gobierno de [infobox-null]coalición. En otro momento la campaña de la llamada coalición Por México al Frente ha tenido como promesa la idea del castigo al gobierno frente a la presunta cercanía de López Obrador con el PRI y, llegó a tomar la bandera de la paz como su principal eje diferenciador.

Más allá de los errores tácticos -como la poca presencia directa del candidato en los medios de comunicación o su dificultad para establecer la agenda de la conversación pública-, los cambios en su estrategia le han impedido articular una oferta atractiva, en particular por los titubeos que le colocan, a los ojos de muchos electores, como una variante de la continuidad por la cercanía histórica del PAN con los gobiernos del PRI.

Finalmente, en el caso de la coalición Todos por México^[14], la confusión estratégica ha sido aún mayor. Tanto, que hasta el nombre cambiaron al tener que abandonar la propuesta de Meade, un Ciudadano por México^[15].

Ese tropiezo fue premonitorio de lo que ocurriría en los meses siguientes. La campaña de José Antonio Meade no solo ha cargado con el sello de la continuidad en un entorno tan adverso, con los niveles de aprobación históricamente bajos del Presidente Peña Nieto^[16], sino que ha cometido errores de identidad costosísimos. En los últimos meses el candidato ha sido presentado unas veces como ciudadano apartidista, otras como priista; ha sido el principal impulsor de las reformas del sexenio pero por momentos ha sido crítico de algunas políticas como en seguridad; ha pretendido abanderar la causa anticorrupción, pero se ha rodeado de personajes señalados por lo mismo que dice condenar; ha tratado de presentarse como el candidato de la mayor preparación, pero también el que promueve el miedo a Andrés Manuel López Obrador; el más experimentado, pero también el más cercano a la gente.

Cada una de esas apuestas -además de las dudas que pudiera generar en términos de credibilidad por sus antecedentes y los de su partido- ha generado tal confusión que hoy se encuentra en tercer lugar, sin grandes variaciones, en todas las encuestas y agregadores de estudios de opinión.

Hacia el cambio de partidos

Todo lo anterior permite entender por qué las encuestas apuntan a que México vivirá un cambio significativo en su sistema de partidos. A reserva de conocer los resultados del 1 de julio, las tendencias apuntan al siguiente reacomodo:

1. La emergencia de Morena como la primera fuerza política nacional. Presencia que podría abarcar la Presidencia de la República, entre 4 y 6 gubernaturas de las 9 en disputa (se estima que podría ganar Tabasco, Chiapas, Ciudad de México y Morelos y mantiene la batalla por Puebla y Veracruz), y las bancadas más grandes en las cámaras de diputados y senadores^[17], además de una presencia importante en los congresos locales.
2. La consolidación del PAN como la principal fuerza de oposición. Más allá del resultado presidencial, el PAN será un partido con un número importante de gubernaturas (12 antes de la elección), en especial si retiene tres de las que hoy gobierna (Guanajuato, Puebla y Veracruz), y si gana Yucatán; y de acuerdo con las proyecciones podría ser la segunda fuerza en ambas cámaras.
3. La desaparición del PRD. Que podría perder tres de las cuatro gubernaturas que hoy tiene (Ciudad de México, Morelos y Tabasco), lo que le dejaría solo con Michoacán; así como con una presencia menor en la Cámara de Diputados y Senadores y que tendrán la presión de hacer alianzas o fusiones con el PAN (y lo que permanezca de la coalición Por México al Frente) o con Morena, con quien comparte evidentes afinidades y en donde hay una significativa cantidad de liderazgos experredistas.
4. La emergencia de nuevos jugadores. Como el Partido Encuentro Social, que podría tener una presencia importante en la  Cámara de Diputados, o como Movimiento Ciudadano que podría tener su primer gobierno estatal (Jalisco) y una presencia importante en el Congreso federal (con legisladoras como Patricia Mercado^[18], que puede tener un peso propio); así como la presencia de actores emergentes como Pedro Kumamoto^[19] (posible senador independiente por Jalisco); o Emilio Alvarez Icaza, expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, postulado por la coalición Por México al Frente y cabeza de la iniciativa Ahora^[20].
5. La derrota histórica del PRI. Que no solo puede perder la Presidencia de la República y no ganar ninguna de las 9 gubernaturas en disputa (salvo, quizá Yucatán), lo que confirmaría que, salvo el Estado de México, no gobernaría en ninguna de las entidades con mayor número de población (Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Puebla, Veracruz); y que además puede tener las bancadas más pequeñas en su historia en la Cámaras federales y en los congresos locales.
6. La redefinición de los partidos satélite. Que como resultado de su participación sin alianzas a nivel local permitirá conocer el peso real del Partido Verde o Nueva Alianza a nivel nacional.

Hacia un nuevo gobierno

Este reacomodo va acompañado de la presencia de estos partidos y actores en las instituciones. En el caso de la Presidencia de la República, por ejemplo, se abren muchas preguntas en caso del probable triunfo de Andrés Manuel López Obrador.

¿Cuál sería la política que habría de seguir en caso de ganar? ¿la de los grupos más conservadores como la que representan los exdirigentes del PAN o la de los liberales que le han acompañado en ésta y en anteriores campañas?, ¿la de quienes buscan una ampliación de los derechos de las minorías o de quienes quieren llevar sus derechos a consultas?

Un eventual gobierno de la coalición Juntos haremos historia, ¿buscará desmontar de inmediato las llamadas reformas estructurales aprobadas en el actual sexenio como ha anunciado durante su campaña? ¿o se conformará con solo una revisión como han apuntado algunos de sus colaboradores más cercanos al sector empresarial? ¿qué pasará por ejemplo con la llamada reforma educativa que prometió abolir y que busca mantener un sistema de exámenes para la admisión  y promoción de los maestros en las escuelas públicas

¿Qué política seguirá en materia de combate a la corrupción?, ¿la de quienes exigen una revisión y castigo para las pasadas administraciones a través de comisiones internacionales -como promete el candidato Ricardo Anaya? ¿o la de quienes promueven un borrón y cuenta nueva que no mire hacia atrás como ha anunciado el propio Andrés Manuel López Obrador?

La política de alianzas de Juntos Haremos Historia puede ser efectiva desde el punto de vista electoral, pero hará muy compleja la tarea de gobernar, pues la integración de cuadros con perfiles tan diversos, incluso contradictorios, es sostenible en la campaña electoral pero inviable desde la función pública. La definición de las políticas públicas e iniciativas de ley deberá optar por alguna de las visiones que hoy cohabitan en la misma plataforma aglutinados por la promesa de triunfo.

Un escenario menos difícil enfrenaría una eventual Presidencia de Ricardo Anaya, quien tendría que enfrentar -eso sí- el desafío de hacer creíble su triunfo, en un ambiente en el que se ha instalado la idea de lo inevitable de la victoria de Andrés Manuel López Obrador. Y ni hablar de un hipotético triunfo, en las condiciones actuales, de José Antonio Meade.

Pero esas dudas -sobre el eventual funcionamiento de la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador- se extienden también hacia el Congreso de la Unión.

¿Existe la posibilidad de que un grupo parlamentario tenga no solo la mayoría, sino una mayoría calificada para hacer reformas constitucionales? ¿Cómo interactuarán las bancadas de una misma coalición, pero con agendas opuestas como Morena y el Partido Encuentro Social? ¿o será posible que legisladores de corte conservador del Partido Encuentro Social terminen por hacer alianzas con sus ahora rivales del Partido Acción Nacional a partir de una agenda conservadora común?

¿Quién llevará -en el caso de la eventual derrota de Ricardo Anaya- los hilos de las bancadas del PAN?, ¿cómo se reflejarán las disputas internas postelectorales y cuál será el peso de sus actuales gobernadores en el funcionamiento de las Cámaras?

¿Cómo será la relación entre los gobernadores -y la gobernadora de Sonora- con el próximo Presidente de la República?, ¿se vivirá una reedición del activismo de los gobernadores como ocurrió con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) durante los gobiernos del PAN (2000-2012)?, ¿o veremos un fortalecimiento de las tendencias centralistas como ha ocurrido durante los últimos seis años?

¿Cómo funcionará la relación entre los nuevos gobiernos y los medios de comunicación, toda vez que el marco legal actual es el mismo de las últimas décadas?, ¿se seguirá usando la publicidad oficial como un instrumento para premiar y castigar las líneas editoriales de los medios en función de su cobertura? o ¿habrá un avance en la relación en términos más democráticos y de una menor discrecionalidad?, ¿habrá un reacomodo dentro de los medios de comunicación en función del resultado electoral buscando la mejor interlocución con los nuevos gobernantes?

Y finalmente, ¿cómo será la relación del nuevo gobierno -en especial si gana AMLO- con las diversas organizaciones de la Sociedad Civil a las que ha señalado de tener una agenda de intereses particulares?, ¿qué implicará para las organizaciones trabajar con y frente a un gobierno con amplios niveles de respaldo social, pero con una agenda distinta y a veces antagónica a la que se ha impulsado en los últimos años, como ha ocurrido -por ejemplo- en la exigencia de una fiscalía autónoma, que va a contracorriente de quien podría encabezar la Presidencia?

Conclusiones

Las condiciones ya descritas -tanto en contexto nacional como en el internacional- han hecho que se genere una exigencia de transformaciones que encontrarán salida en las urnas el próximo 1 de julio.

A eso se suma la tensión que han generado las campañas que han dividido aun más a la sociedad. Cualquiera que sea el resultado habrá un segmento de la población satisfecho con los resultados, pero también un número no menor de ciudadanos inconformes. Serán tiempos de nuevas élites en el Congreso por el proyectado crecimiento de Morena, tanto en las cámaras de diputados como de senadores; así como por la llegada de nuevos gobiernos estatales en las nueve entidades que celebrarán elecciones, de las cuales al menos cinco podrían vivir procesos de alternancia de acuerdo con las encuestas.^[21]

Quienes ganen tendrán que administrar con un gobierno débil, por su capacidad de gestión, y con problemas muy serios de violencia y corrupción que superan a cualquier persona que encabece el gobierno federal.

A eso se agregan las altas expectativas que habrán de cumplir los ganadores, que deberán entregar resultados pronto, en especial si como ha dicho López Obrador, gana y promueve una  consulta de revocación de mandato a la mitad de su gobierno, lo que generaría -desde ya- una disputa entre sus seguidores y sus detractores, ahora con la mira puesta en el 2021.

Los siguientes meses y años serán de incertidumbre, sin embargo sabemos desde ahora una cosa cierta, México está a las puertas de un cambio.