Participación de Marisol Vázquez Jiménez
El contexto actual exige que sostengamos los esfuerzo por mantener viva la memoria respecto a los crímenes de Estado cometidos por razones políticas. Como son los casos de 2 de octubre 1968, 10 de junio 1971 y el periodo de contrainsugencia denominado guerra sucia, y un sinfín de agravios contra el pueblo de México.
- Porque hoy la memoria es más corta que nunca. Nos rebasa la realidad y la manera en la que esta se presenta.
- Porque la impunidad no es otra cosa que la alevosa apuesta por el olvido y la falta de acceso a la justicia de manera sostenida en este caso por más de 55 años.
- Porque ante la incapacidad del Estado de garantizar el pleno acceso a la justicia entonces se autofaculta para intervenir bajo su propia y lógica en la memoria.
En ese sentido es necesario aclarar que la memoria se ha construido a la par de las luchas, es decir han sido las familias, los sobrevivientes quienes en un primer momento documentaron sus propios casos, (en sus archivos personales), pero también los que en tiempos difíciles testimoniaron, buscaron, denunciaron, se organizaron, disputaron el espacio público y la conciencia del pueblo; y eso también está documentado en archivo de las organizaciones. Que con ayuda de profesionales en la actualidad se han digitalizado y divulgado. Pero antes de eso estuvo la valiente labor periodística, el genuino interés académico, la investigación, la pugna por la apertura de archivos y la lucha jurídica, eso también está documentado. Se llama Memoria Popular y nunca necesitó la orientación ni la tutela del Estado.
Hoy el Estado ha sido incapaz incluso de darle a la sociedad mexicana, a las generaciones presentes y futuras una narrativa breve, clara y justa de este periodo histórico, entre las instituciones no existe una posición homogénea; lo que abre la puerta a debates equivocados y superados (como la teoría de los 2 demonios). Para muestra lo ocurrido el 22 de junio de 2022 en el Campo Militar Nº 1. Resulta revictimizante extraer una y otra vez testimonios de los sobrevivientes, como sucede en las visitas a los cuarteles militares (a qué los exponen en un país militarizado); dichas visitas no garantizan que los sobrevivientes puedan acceder a la verdad y a la justicia pues los hallazgos no son judicializados. Las instancias encargadas ignoran los precedentes latinoamericanos e internacionales y nacionales (aunque sí se estandarizan en torno a la justicia transicional). No se puede empezar de cero, ni ponderar narrativas adyacentes que dificultan la compresión de los procesos. Es necesario desvelar qué papel jugó cada uno de los actores de estos procesos y que impacto tiene esto en el contexto actual. Es decir, por ejemplo: qué papel jugó en su momento la DFS y el Ejército en el trasiego de drogas y en prácticas crueles e inhumanas (aprendidas en la Escuela de las Américas) y cómo dichas practicas se masificaron en la actualidad a manos del crimen organizado que ellos mismos conformaron.
El loable y cómodo camino de la memoria institucional continuará, no así la justicia, y en alguna medida la verdad; pues las fuentes, los abordajes, las disciplinas ligadas al tema y su conjugación dan para muchos años de materia de trabajo para su impulsores y colaboradores.
El oficialismo actual, acude una y otra vez a las referencias históricas de las luchas populares y se presenta como el resultado de las mismas. Nada mas equivocado, perverso y cínico.
¿Qué memoria queremos construir?
Una memoria reivindicativa de las luchas y los procesos organizativos de carácter popular. Nos negamos a la lectura simplista de las tragedias sangrientas, que no explican nada y sólo instan a no luchar. Que no explican que los proyectos de vida de quienes lucharon por las libertades democráticas y por un país muy diferente al que tenemos, fueron interrumpidos o modificados drásticamente; se trata de recuperar la identidad de los desaparecidos, de los sobrevivientes, de las organizaciones y sus causas más profundas.
Una memoria de la disputa jurídica sostenida por décadas, que siente precedentes de acceso a la justicia en materia de derechos humanos y del estado de derecho. (una memoria de los procesos de justicia) Hace mas de un año murió LEA, pero no lo hizo en total impunidad, tuvimos que aclararle a los “desmemoriados”, a los medios de comunicación y al pueblo de México que, el expresidente pasó más de 2 años en prisión domiciliaria y murió como imputado por el delito de genocidio, es decir nunca fue exonerado, se le dejó en libertad bajo las reservas de ley y amparado desde 2009 por la inacción de la PGR ahora FGR. Les recordamos a las instituciones encargadas de impartir justicia que, los crímenes de lesa humanidad no prescriben.
Creemos y luchamos por una memoria que se siga ganando en las calles, una memoria popular.
Nosotros
No olvidamos
No perdonamos
No nos reconciliamos.
La memoria florece.