La segunda administración del magnate ultraconservador Donald Trump, quien asumirá la presidencia estadounidense el 20 de enero, podría derivar en desafíos ambientales para México. Con China en el medio, ¿cuál es el plan preciso de la presidenta Claudia Sheinbaum?
La postura negacionista de la crisis climática y profósil del primer gobierno de Trump (2016-2020) facilitó las políticas favorables a los hidrocarburos y retrógradas frente a tal crisis de su homólogo Andrés Manuel López Obrador. En los hechos, las medidas que el presidente Joe Biden (2021-2025) aplicó, como la Ley de Reducción de la Inflación (IRA, en inglés) –con miles de millones de dólares en apoyos a energía alternativa– no alteraron la dinámica mexicana.
Y si bien la presidenta Claudia Sheinbaum, quien asumió el cargo el 1 de octubre, mantiene varias de las políticas de su predecesor, como el fortalecimiento de las públicas Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como la expansión del uso del gas fósil, ha planteado también el fomento a la energía solar y a la electromovilidad, así como ha planteado una nueva política climática.
En años recientes, ambos socios del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), vigente desde 2020 en sustitución del Tratado de Libre Comercio de América del Norte –que rigió desde 1994–, han tejido una serie de colaboraciones en materia ambiental, climática y tecnológica y cuyo futuro envuelve la duda por las posturas, a veces ambiguas, de Trump. Ese marco tiene un vínculo directo con las acciones que México ha divisado en términos ambientales, energéticos y climáticos.
En un entorno político, económico y ecológico diferente, la relación bilateral en esa temática enfrenta sus momentos más tensos de la historia reciente, aún más con la impredecibilidad de Trump.
Microprocesadores a la cabeza
En 2021, la administración del presidente Joe Biden identificó como sectores clave dentro de la relocalización (nearshoring) de cadenas de abastecimiento la fabricación de semiconductores, las baterías eléctricas de gran capacidad, minerales y materiales críticos.
Desde al menos 2022, los socios norteamericanos tratan de materializar la promesa, en su búsqueda por incorporar a México a esas cadenas de valor, dentro del proceso de relocalización de corporaciones que inició en 2018 y se ha acelerado en los dos últimos años, aunque el país produce una cantidad baja de chips.
En la X Cumbre de Líderes de América del Norte, realizada en enero de 2023, los mandatarios acordaron “forjar cadenas de suministro regionales más sólidas, así como promover la inversión específica en industrias clave del futuro”, como los circuitos integrados y las baterías de vehículos eléctricos.
La base de esas declaraciones es la Ley de chips y ciencia de 2022, que estipula incentivos para la producción de microprocesadores de última generación para los sectores automotriz, energético, militar y otros, y con la cual Estados Unidos busca ganar esa carrera tecnológica frente a China, que también ha hecho inversiones fuertes en ese campo.
Para atraer socios al plan, la ley creó el Fondo Internacional de Seguridad e Innovación Tecnológica (ITSI, en inglés), dotado de 500 millones de dólares por cinco años y al cual ha sumado a México. Su fase inicial abarca un diagnóstico del ecosistema y el marco regulatorio de semiconductores mexicano, así como de las necesidades laborales y de infraestructura.
Al respecto, Sheinbaum divulgó el lunes 13, en antelación a la entronización de Trump, el llamado “Plan México”, que consta de 10 objetivos, 13 metas y cuatro estrategias, como el impulso a la relocalización y el establecimiento de parques industriales, llamados “Polos de Bienestar”.
Entre las medidas que la presidenta ha citado figuran también la promoción de la inversión privada en proyectos de energía renovable y autoabastecimiento, aunque faltan reglas para ello; la inversión de unos 23 000 millones de dólares a proyectos de generación, transmisión y distribución de energía; el fomento a la explotación de litio, grafito y cobre, el impulso a mayor contenido nacional en la producción de vehículos y el empuje a la electromovilidad a través del establecimiento de plantas de fabricación de vehículos eléctricos.
En su mitin de los primeros 100 días del 12 de enero, la presidente expresó que la integración de América del Norte es la mejor receta para enfrentar a China, en un intento por aplacar la animosidad de Trump, quien prometió un arancel adicional de 25% para las importaciones mexicanas desde el primer día de gestión si el país no combate el narcotráfico y la emigración indocumentada. De hecho, ya anunció la creación de una agencia de recolección de aranceles.
Pero también el mensaje entre líneas es: si el nuevo gobernante estadounidense está disgustado con su vecino, del otro lado del mundo espera China.
Cuando Trump inició la guerra comercial contra la nación asiática con la imposición de tarifas extraordinarias, México se benefició de ello, pues muchas empresas trasladaron operaciones a México. Una consecuencia fue que México desplazó en 2023 a China como principal vendedor a Estados Unidos.
¿Vuelta al pasado?
En su notoria primera gestión, Trump retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre cambio climático de 2015 que a su vez Biden rectificó al asumir en 2021. Esto va a ocurrir de nuevo en cuanto el magnate ultraconservador jure el cargo e incluso podría ir más allá, con la posibilidad de que la nación norteamericana reniegue de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), vigente desde 1994, que no tendría vuelta atrás, pues su ratificación depende del Senado, ahora bajo control republicano.
Asimismo, el nuevo gobernante ha anunciado que anulará las medidas climáticas que Biden adoptó, como la IRA (a pesar de que estados que gobiernan los republicanos se han beneficiado de este financiamiento público) y las regulaciones sobre emisión de metano proveniente de instalaciones de gas y petróleo.
No parecería el destino de la Ley de chips y ciencia, pues su objetivo es posicionar a Estados Unidos a la cabeza de la carrera tecnológica de los microprocesadores, en relegamiento de China.
Para el gobierno mexicano, la disyuntiva radica en que China controla al menos la mitad de la cadena de abastecimiento de tecnologías limpias, como la fabricación de baterías para automóviles eléctricos (EV, en inglés) y su ensamblaje, así como de paneles solares.
BAIC Foton Motor Co., Ltd., Anhui Jianghuai Automobile Group Co., Ltd. (JAC Motors) y Shaanxi Automobile Group Co., Ltd (Shacman Trucks) ya fabrican automóviles y camiones en México. También operan en el país una veintena de empresas de autopartes, para atender a las armadoras.
Pero la armadora china Build Your Dreams (BYD) mantiene en duda la construcción de una planta de vehículos eléctricos en México debido a las potenciales medidas en contra de la manufactura china de Trump.
Estados Unidos quiere impedir que China use a México de trampolín para sus vehículos eléctricos y paneles solares mediante el T-MEC, pues al cumplir con estipulaciones de contenido nacional estos bienes entrarían libres de aranceles al vecino del norte. Ante ello, México puede jugar con la carta de la relocalización de empresas estadounidenses y europeas hacia su mercado, objetivo más fácil de anunciar que de materializar.
De hecho, el informe de 2023 “Nearshoring en México: desafíos y oportunidades”, que patrocinó la oficina mexicana de la Fundación Adenauer (Alemania), resume el reto: las posibilidades de México de participar con Estados Unidos y Canadá en la reestructuración de cadenas de suministro de los sectores críticos resultan limitadas.
Por todo ello, la renegociación del acuerdo en 2026 cobra relevancia notable, pues mientras México quiere mantenerlo, Estados Unidos puede pedir cambios a él y si no proceden, puede abandonarlo y el T-MEC desaparecería 10 años después de la revisión.
Pacto volátil
En 2022, México y Estados Unidos asumieron el compromiso de reducción de emisiones de metano de la industria de petróleo y gas. En ese marco, la Agencia estadounidense de Protección Ambiental (EPA, en inglés) y Pemex firmaron un acuerdo de cooperación para que la petrolera identificara fuentes de emisiones y medidas de mitigación. López Obrador ofreció la reducción de 98% de emanaciones de ese gas y la inversión de 2 000 millones de dólares, sin que haya evidencia de la materialización de ambos ofrecimientos. Esa cooperación está en vilo ante la posibilidad de que Trump elimine a la EPA.
Sheinbaum quiere profundizar la gasificación del país que la administración de Enrique Peña Nieto inició durante su mandato (2012-2018) y que ha significado contratos de largo plazo con proveedores estadounidenses y el despliegue de gasoductos por todo el país que traen la molécula desde campos en Estados Unidos. Una de sus repercusiones es el incremento de las emisiones de metano y de las cuales el sector hidrocarburos es la tercera fuente en México detrás de la ganadería y los residuos y cuyo nivel ha aumentado en años recientes.
La operación de los parques industriales, especialmente en el sur y sureste del país, van a necesitar de gas para su operación, pues la energía renovable generada en la zona y los planes de despliegue solar serían insuficientes.
El impulso a la reexportación de gas fósil licuado representa la profundización del esquema gasífero aplicado desde 2014 y que ahonda la dependencia con Estados Unidos.
En el país ya operan tres centrales de licuefacción de gas, está en marcha desde 2023 la ampliación del proyecto Energía Costa Azul (ECA), en el norteño estado de Baja California, y en planes las plantas Vista Pacífico LNG, Saguaro LNG y Amigo LNG, las tres en el también norteño Sonora.
Mediante memorandos de entendimiento con Sempra Infrastructure, dueña de ECA; Vista Pacífico, Mexico Pacific y Amigo, CFE busca captar una rebanada del negocio debido a la demanda potencial y la promesa de altos precios en el sureste asiático, ahora en competencia con Europa por la caída del flujo gasífero desde Rusia por la invasión a Ucrania en 2022.
Desde 2010, Estados Unidos ha enviado a México más de 18 billones de pies cúbicos (p3) de gas vía gasoductos.
Las empresas están bajo presión, pues los permisos de exportación concedidos por el Departamento estadounidense de Energía caducarán en 2027. Desde enero de 2024, el gobierno estadounidense ha pausado la entrega de licencias de reexportación por los señalamientos climáticos de grupos ambientalistas. Probablemente Trump quite ese freno, con lo que los proyectos de reexportación recibirían mayor impulso.
Bajo el radar
La agenda también incluye otros temas trascendentales. En diciembre, un panel de árbitros de resolución de controversias falló contra México en el caso de la prohibición de maíz transgénico que el país aplica desde 2020, ante una queja de Estados Unidos presentada en 2023 bajo el T-MEC. Por ello, debe modificar esa legislación y avalar su ingreso. Si bien el gobierno mexicano ha dicho que acatará la decisión, también ha anunciado una reforma constitucional para prohibir la siembra de maíz genéticamente modificado.
Adicionalmente, el monitoreo de las medidas adoptadas por México para proteger a la vaquita marina, un mamífero en peligro de extinción en el Golfo de California, y sobre las cuales el gobierno estadounidense solicitó consultas ambientales -la primera fase del mecanismo de resolución de controversias- con el gobierno mexicano en el marco del capítulo ambiental del T-MEC. De no resolverse, México se expone a sanciones comerciales.
En el mismo estado se encuentran las consultas sobre resolución de controversias por la política energética que México aplica desde 2018 y que favorece a Pemex y CFE.
Bloqueo
Finalmente, es previsible que el nuevo presidente estadounidense corte la cooperación climática hacia otros países, como el financiamiento a organismos multilaterales como los fondos Verde del Clima y de Respuesta a Pérdidas y Daños, y otros de tipo bilateral.
La Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID) ejecuta al menos cinco proyectos en México, con un horizonte hasta 2027 y cuyo futuro está en duda.
La postura negacionista de Trump puede tener un impacto sobre la política climática mexicana futura. La secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, ha prometido mejores políticas que las del régimen anterior, como la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, en inglés), el conjunto de medidas y metas para cumplir con el Acuerdo de París y que la plataforma internacional Climate Action Tracker calificó de “críticamente insuficiente”.
Desde 2018, México perdió relevancia en el escenario climático global debido a la regresividad de medidas como el impulso a los fósiles y el freno a la transición energética. El país no supo llenar el vacío latinoamericano que dejó Brasil durante la gestión negacionista del ultraconservador Jair Bolsonaro (2019-2023) y que su sucesor Luiz Inácio “Lula” da Silva ha revertido en su tercer mandato. Por ello, México y Brasil podrían formar un tándem que enfrente globalmente las posturas de Trump y acercarse a la Unión Europea, China e India en las negociaciones climáticas de 2025, tomando en cuenta que Belem, la capital del norteño estado brasileño de Pará, acogerá la Conferencia de las Partes de la CMNUCC en noviembre.
La administración Sheinbaum parece dispuesta a retomar la senda previa, al menos discursivamente, aunque las señales aún son contrastantes, como el fortalecimiento de la dupla Pemex-CFE, los incentivos al gas fósil y el fomento a la energía solar.
Si bien Trump no puso mucha atención a las medidas climáticas en México durante su primera gestión, quizá por su ausencia, el nuevo contexto podría ser diferente. Pero su reverso podría ser la recuperación del liderazgo mexicano perdido en América Latina desde 2018.