Desde hace buen número de años la inseguridad y la violencia se han instalado como una realidad omnipresente en el país. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2013 ofrece estos datos.
Una de las grandes noticias en el primer año de este nuevo gobierno es la aprobación de la reforma constitucional en materia de transparencia. Habrá que decir, sin embargo, que se trata de un logro compartido: si bien el presidente fue quien propuso inicialmente esta reforma, en el trabajo sustantivo en el Congreso participaron tanto las y los legisladores como representantes de los sectores interesados: el mismo gobierno, los organismos autónomos y la sociedad civil organizada. A continuación se explican varios aspectos de la reforma, para tratar de entender su importancia, sus alcances y lo que debe esperarse.
El 20 de diciembre de 2012 el Senado de la República presentó una propuesta de reforma a diversos artículos constitucionales en materia de acceso a la información pública gubernamental y transparencia con un sentido progresista que apuntaba a ampliar el ámbito de incidencia de los órganos garantes del derecho de acceso a la información, como se detalla más adelante en este texto.
Si un punto ha quedado pendiente para la transición democrática en México es el relativo al sistema de medios de comunicación, que por su excesiva y grosera concentración mantiene el control de la agenda informativa y el monopolio de la opinión pública que tiene graves consecuencias en el debate democrático. Los monopolios en radiodifusión y telecomunicaciones han inhibido la pluralidad y la competencia, y especialmente en el caso de la televisión en un poder fáctico que en sucesivas ocasiones han pasado por encima de los poderes del Estado. Esa calidad de poder fáctico es lo que impidió durante décadas la posibilidad de cambiar el marco normativo, pues los partidos políticos siempre cedieron a las presiones de los consorcios mediáticos.
Si bien los radiodifusores tuvieron siempre privilegios frente a los gobiernos priístas, gracias a la perversa relación de mutuos favores con el poder político, su margen de acción era acotado ante un sistema autoritario que mantenía un férreo control informativo que no daba cabida al disenso y mucho menos a la oposición.
Reflexionemos un momento sobre «el timing» mediático, esa prerrogativa de los poderes formales e informales para modular los flujos y coyunturas de información de interés público. La opción más cómoda y simple sería acogernos a una visión conspirativa: alguien poderoso, desde algún lugar, de alguna manera, controla con aviesas intenciones a los medios noticiosos y los periodistas, tal como los titiriteros que desde la parte posterior del teatrino, con hilos invisibles, animan según su voluntad a dúctiles muñecos.
Ivan Illich advirtió que el subdesarrollo es una mentalidad que ocurre cuando las necesidades básicas son convertidas en la demanda por productos manufacturados o, en sus palabras, cuando “se ha transformada la sed en la necesidad de una Coca-Cola”. Si Illich hubiera estado presente en México en mayo 2013, cuando la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) dió a conocer la firma de los acuerdos de asociación con Nestlé y Pepsi-Co para ser actores estratégicos en la implementación de la Cruzada Nacional contra el Hambre –el programa social prioritario del gobierno de Enrique Peña Nieto–, quizás hubiera dicho que el hambre en México se ha transformado en la necesidad de tomar leche Nido y comer unas Sabritas.
