De tanto repetirlo, se está volviendo lugar común hablar de las amenazas y presiones que sufre el gremio periodístico para informar en México. Pero esta reiteración solo confirma un drama cotidiano en el que hay muchas denuncias, pero prácticamente ningún caso resuelto por las autoridades de forma satisfactoria.
El informe Estado de Censura de la organización internacional Artículo 19 señala que durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) se contabilizaron un total de 1,092 agresiones, mientras que en los dos primeros años (2013-2014) de la administración de Enrique Peña Nieto se registraron 626. Si se mide en términos de frecuencia, en el anterior sexenio se agredía a un(a) periodista cada 48.1 horas y en el actual ocurre casi un ataque diario (cada 26.7 horas). Resalta también el incremento de las agresiones relacionadas con su profesión, a mujeres comunicadoras y documentadoras. En la administración de Felipe Calderón se registraron 192 ataques y en tan solo dos años de este sexenio ha habido 122.
La agencia de noticias CIMAC –que desde 2002 ha registrado el crecimiento de las agresiones al gremio- señala en su Informe Diagnóstico. Violencia contra mujeres periodistas. México 2010-2011 que la violencia es mayor y generalmente existe una clara intención de desacreditar el carácter moral de las mujeres periodistas. Un común denominador es la impunidad, pues de 187 casos que han registrado hasta 2014, ninguno tiene una verdadera investigación ni castigo a los culpables materiales e intelectuales.
Estas reiteradas denuncias se confirmaron una vez más, de manera trágica, con el asesinato del periodista Rubén Espinosa y cuatro mujeres en el Distrito Federal. En este caso convergieron todas las circunstancias anteriores: las amenazas en el estado donde realizaba su trabajo y su necesaria salida; el asesinato brutal de él y cuatro mujeres, con indicios de que dos de ellas fueron abusadas sexualmente; las filtraciones de información por parte de las autoridades y el cuestionamiento a la conducta de las mujeres (por desgracia, promovido desde distintos medios de comunicación); la débil investigación a los autores de las amenazas (las autoridades de Veracruz); una investigación con muchos cuestionamientos.
Otra agresión no menos grave al derecho a la información es la reducción de espacios críticos, lo cual atenta contra la posibilidad de tener acceso a noticias y opiniones distintas a las del mainstream. El cierre del noticiero radiofónico de Carmen Aristegui constituye un golpe a la pluralidad informativa del país, cuyas consecuencias aún no han sido plenamente aquilatadas.
A diferencia de Internet, que aunque crece su cobertura sigue concentrada en el segmento socioeconómico medio-alto de la población, la radio es el segundo medio de comunicación más utilizado en México para informarse, solo después de la televisión. Según una evaluación del Instituto Mexicano de la Radio (octubre 2014-enero 2015), 89% de la población consume los contenidos de la televisión, aunque sólo 53% de ese grupo se entera de las noticias a través de este medio; por su parte, 61% de la población escucha el radio, de los cuales 57% se entera de las noticias mediante estos aparatos. De acuerdo con esta fuente, “la radio es un medio de comunicación confiable, abierto, plural, diverso –especialmente en comparación con la televisión-.”
La ciudadanía de a pie, esto es, el o la vendedora de tacos o de periódicos, el taxista, el ama de casa o la señora de la estética, aún en los lugares más remotos del país podía enterarse a través de este medio de los principales temas de la agenda nacional o de los escándalos de la clase política. Aunque aún existe el portal Aristegui Noticias, que tiene 5.2 millones de seguidores, este noticiero es para consulta en la web y no cuenta ya con un programa de radio. Si consideramos que según el mismo estudio del IMER, apenas el 5% de las personas encuestadas escucha radio por internet, la eliminación del programa radial de Carmen Aristegui constituye una pérdida para la ciudadanía en cuanto a pluralidad y cobertura territorial.
Esta situación también se pudo constatar a través de una encuesta aplicada por CIMAC, en agosto de 2015, entre integrantes de organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, integrantes de la red nacional de periodistas y personas defensoras de derechos humanos de distintas entidades federativas. La mayoría coincidió en que la información ofrecida por medios locales es “oficialista”, es decir, la cobertura informativa es muy favorable a los gobiernos, por lo tanto, poco confiable por su falta de crítica y objetividad, además de que un mismo tema está colocado siempre en todos los medios del lugar.
Algunas personas encuestadas señalaron que, si bien la salida del aire del noticiero de Carmen Aristegui es un golpe contra la posibilidad de informarse verazmente, al menos queda la opción de consultar otros medios que gozan de credibilidad: La Jornada, Proceso, Cimacnoticias, Aristegui Noticias o plataformas digitales como Animal Político, Sin Embargo, La Silla Rota. No obstante, nuevamente se evidencia la segmentación de la población entre quienes tienen acceso a estas alternativas y quienes tienen que conformarse con información de los medios impresos o de las televisoras locales.
Como colofón, dos casos que han surgido al momento de redactar este texto alejan cualquier duda respecto a las dificultades que atraviesan los medios críticos en este país. El primero es el caso de un empleado de la principal televisora del país (Televisa) quien se asoció con Adrián Ruvalcaba, recién electo diputado por el PRI, para operar una estrategia en medios digitales con el fin de acosar a medios, periodistas y adversarios políticos. Es por demás significativo que a pesar de la gravedad del caso, muchos medios no lo hayan incluido en sus principales noticias. El segundo es la detención de Luis Eduardo Mendoza López, director del diario Zócalo de Monclova, Coahuila, por supuestos delitos electorales cometidos en 2012. A pesar de ser liberado horas después, los diarios que consignaron la noticia destacaron diversas violaciones al debido proceso. En este contexto, el desenlace de estos casos puede ser –otra vez- la medida de la voluntad política de las autoridades para proteger el derecho humano a la información.