La Fundación considera que las reformas de Estado en materia de seguridad si bien son necesarias, requieren ser complementadas con los aportes de la sociedad civil, de tal manera que la participación en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas de seguridad contribuiría a la eficacia y a un enfoque integral de éstas sin menoscabo del papel central del gobierno.
Por esta razón, promueve espacios de debate y articulación de actores para la construcción de una política de seguridad ciudadana, que priorice la prevención y se base en la cultura de la legalidad. Este enfoque implica la participación ciudadana en el diseño, implementación y control de las acciones de gobierno.