Chile: Juventudes chilenas, entre la revuelta social y el fascismo

“Cuando perdimos el plebiscito, me sentí derrotado, pensé que toda la lucha y el sacrificio habían sido en vano”, comenta con un cigarrillo en su mano Nahuel Herane, quien a sus diecisiete años perdió su ojo izquierdo luego de que miembros de la policía chilena le dispararon perdigones a corta distancia mientras participaba en la revuelta de 2019.

Herane, quien hoy tiene veinte años y estudia historia, forma parte de los 572 menores de edad que denunciaron haber sufrido torturas, desnudamientos y agresiones a tiros por parte de agentes del Estado chileno durante el estallido social, según cifras del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de aquél país.

“PENSÉ QUE NADA HABÍA VALIDO LA PENA”

“El oftalmólogo me dijo que había tenido un estallido ocular, por lo que no iba a recuperar nunca la visión de mi ojo izquierdo”, relata Nahuel Herane (20), estudiante de historia que vive en Villa Portales, comuna de Estación Central.

El 21 de diciembre de 2019, Herane recibió siete perdigones en distintas partes de su cuerpo mientras se manifestaba afuera de su departamento. Los tiros fueron lanzados por policías. Él tenía diecisiete años.

“En la villa en la que vivo, llevamos años trabajando de manera territorial. Por ejemplo, yo pertenezco a una agrupación de baile andino y siempre organizamos carnavales. Cuando empezó la revuelta me volví a encontrar con mis vecinos, eso fue muy bonito”, rescata.

Nahuel Herane denuncia que cuando volvió a su casa después de su operación ocular, la policía empezó a hostigarlo constantemente. “Había motos de Carabineros afuera de mi casa, las patrullas pasaban todo el día, incluso llamaban a mis vecinos preguntando por mí. Tuvimos que llamar a la fiscal a cargo de mi caso para comentarle la situación, ella llamo a la comisaría y no volvieron más”.

Cuando ganó la opción de rechazar la propuesta constitucional, Herane tuvo un encuentro de emociones. “Pensaba que nada había valido la pena, el perder un ojo, la energía gastada. Después uno igual entiende que los procesos políticos son así. No hay que echarle la culpa a la gente, pero sí recordar que todo sigue igual, aún hay gente presa y la represión continua”.

“Boric es un concerta (sic) más”, dice en alusión a los antiguos miembros de la Concertación, la alianza de centroizquierda que gobernó el país casi ininterrumpidamente desde 1990, aplicando políticas neoliberales y privatizadoras que mantuvieron el régimen económico y social heredado de la dictadura.

Las manifestaciones, que según la Fiscalía dejaron un saldo de 8.581 denuncias judiciales contra la policía y las Fuerzas Armadas, comenzaron el 18 de octubre de 2019 cuando miles de escolares evadieron los torniquetes del tren subterráneo en Santiago de Chile, días después de que la autoridad decretara un alza en los pasajes, equivalente a sólo cuatro centavos de dólar.

El gobierno del empresario Sebastián Piñera (2018-2022), un líder histórico de derecha, respondió a las movilizaciones enviando a la policía al interior del Metro. Las imágenes de menores de edad golpeados, detenidos y sangrando coparon las pantallas de la televisión internacional en solo horas.

Pero ¿por qué manifestantes y autoridades actuaron con tal energía ante un incremento marginal de precios en un país con un ingreso per cápita de 14.500 dólares, según el Fondo Monetario Internacional (FMI)? “En Chile, –explica la historiadora Andrea Sato, de la Fundación Sol– los ingresos laborales para la gran mayoría de las personas son insuficientes para cubrir todas las necesidades de bienes y servicios”.

“La falta de ingresos laborales, un nivel de endeudamiento que ha aumentado de manera sistemática, la mercantilización de todos los derechos sociales, un Estado ausente donde su función pasa a ser de mecanismos y estrategias para subsidiar al capital y no para mejorar las condiciones de vida”, fueron los antecedentes de las protestas, ahonda Andrea Sato.

Catalina Ramírez (31), una estudiante de trabajo social que también participó en las marchas estudiantiles de 2006, dice que cuando comenzó el estallido social fue un encuentro de emociones, tras años de neoliberalismo y una democracia con escasa participación ciudadana.

“Sabía que había algo que se estaba rompiendo, pero también existía el miedo por lo que nos habían contado del golpe de Estado de 1973 (contra el gobierno socialista de Salvador Allende). Tenía el sentimiento de que algo podía cambiar y eso era un futuro para nuestros hijos”, dice esta madre que reside en Recoleta, una comuna de clase media baja, ubicada al norte de la capital.

Tres años después, pese a miles de marchas, algunas de millones de personas, el cuadro político cambió radicalmente. La extrema derecha estuvo a punto de conquistar el poder en las elecciones presidenciales de diciembre de 2021 y la propuesta de una nueva Constitución fue derrotada en el referéndum de septiembre de 2022. Esta es la historia de un país que osciló desde el derrumbe del neoliberalismo a la amenaza del fascismo, en sólo meses.

Las primeras horas y semanas

La noche del viernes 18 de octubre de 2019, veinte estaciones del tren subterráneo fueron quemadas por los manifestantes, quienes levantaron barricadas y enfrentaron a la policía en todo Santiago, una urbe de unos siete millones de habitantes, donde ese año el ingreso medio de los trabajadores bordeaba los seiscientos dólares mensuales.

Piñera –quien diez días antes había dicho que Chile era un “oasis en una América Latina convulsionada”– reaccionó suspendiendo de manera indefinida el transporte público en la capital e invocó la Ley de Seguridad Interior del Estado, para reprimir las protestas. Luego, fue a comer pizzas con sus nietos en un restaurante, ubicado en uno de los barrios más ricos del país, desatando una ola de críticas.

En sólo horas, las manifestaciones se expandieron por los más de cuatro mil kilómetros de extensión del país, cuyo PIB per cápita a dólar corriente es similar al de España, Portugal y Grecia en el año 2000, pero sin un sistema de protección social robusto. Las universidades públicas cobran cuotas de cuatrocientos a setecientos dólares mensuales y una atención quirúrgica puede demorar años en el sistema estatal de salud.

Por ello, los puertos, las carreteras, los colegios y el servicio público se paralizaron. También los aeropuertos. En respuesta, el 19 de octubre, sin ceder a la demanda de congelar el alza de cuatro centavos del pasaje del tren subterráneo, Piñera decretó Estado de Emergencia y toque de queda en la capital, desplegando miles de militares en las calles.

“Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, con el único propósito de producir el mayor daño posible. Ellos están en guerra contra todos los chilenos de buena voluntad”, declaró el mandatario en televisión el 20 de octubre. Para entonces eran millones los manifestantes en las calles.

Tres días después, en un oficio secreto, el director general de Carabineros, Mario Rozas, solicitó al gobierno abrir los arsenales del Ejército, pues a su institución ya no le quedaban municiones. A fines de diciembre, los policías terminaron disparando contra la población civil más de 152.000 cartuchos, los que contenían sobre 1.800.000 perdigones. Las fuerzas de orden también lanzaron 140.000 bombas lacrimógenas, según cifras oficiales.

Unas cuatrocientas personas sufrieron traumas y mutilaciones oculares. Otras 1.132 resultaron heridas por perdigones. “Yo pensé en comprarme un chaleco antibalas. Era surrealista encontrarte con una policía completamente militarizada. Estas personas tenían órdenes directas de disparar al cuerpo y fueron más allá, disparando a los ojos”, denuncia la fotógrafa y artista María Jesús Püeller (34), quien registró diariamente las manifestaciones.

“Cuando sacaron a los militares a la calle tuve terror, pero a la vez fuerza, por las historias que me han contado de la dictadura. Sentía que todo el pueblo estaba de un mismo lado, no éramos unos pocos peleando contra muchos. Eso me dio valentía”, recuerda por su parte Catalina Ramírez.

El presidente del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico, Enrique Morales, quien ha sistematizado casos de tortura policial desde 2011, denuncia que las violaciones a derechos humanos fueron masivas en todas las regiones del país y con un patrón definido.
Por el lado físico, rescata “el uso de perdigones, el impacto del proyectil de las bombas lacrimógenas, golpizas tanto con puño como con bastones metálicos en distintas partes del cuerpo, el atropello de manifestantes con vehículos policiales y quemaduras por la incorporación de algún agente químico que no conocemos en los cañones de agua”. También observaron violencia sexual, como desnudamientos forzados, tocamientos con connotaciones sexuales y la amenaza de violación.

“También vimos violencia psicológica –agrega Morales–, como la simulación de una ejecución, amenazas de involucrarlos en grandes delitos como saqueos o portar bombas molotov, la amenaza de sufrir o presenciar una golpiza o un abuso sexual”. Según el especialista, la mayoría de las personas que evaluaron los equipos de salud mental tenían a lo menos síndrome de estrés agudo o estrés post traumático.

“La violencia policial –comenta sobre lo mismo Catalina Ramírez– siempre ha existido con la misma brutalidad. La gran diferencia es que ahora tenemos pruebas y estas se viralizan gracias a las redes sociales digitales”. Respecto de ello, Enrique Morales confirma que desde 2011 su equipo observó el uso de balines de pintura y perdigones, “causando incluso daños oculares en un número menor”.

Durante la revuelta, el país quedó paralizado y las demandas crecieron. Manifestantes atacaron comisarías y regimientos, saquearon supermercados, ingresaron a sedes regionales de gobierno y en el palacio presidencial de La Moneda no había respuestas políticas a las peticiones sociales, las que pasaron de temas sectoriales al cambio de la neoliberal Constitución de 1980.

En esa encrucijada, unos tres millones de chilenos salieron a marchar por todo el país el 25 de octubre, la mitad de ellos en Santiago, en una movilización de unas treinta cuadras por la Alameda, la principal avenida de la capital.

“Cada vez se veía más como amplios sectores de la sociedad no veían al sistema político como la forma en la cual podían resolver sus conflictos sociales. Esto viene desde hace quince años, por la educación, la salud, las pensiones (proporcionadas por empresas privadas)”, plantea el sociólogo Carlos Ruiz, un intelectual de izquierda cercano Frente Amplio, hoy en el poder.

“El capitalismo en su fase neoliberal como sistema, está en una crisis de sentido. Tiene relación directa con una promesa de crecimiento y de desarrollo incumplida, que no llega para todo el mundo”, complementa la primera diputada transgénero de Chile, la frenteamplista Emilia Schneider (26), quien llegó a la Cámara Baja, tras encabezar la Federación de Estudiantes de Chile, FECH.

Por lo mismo, Schneider opina que los estallidos vividos en América Latina en los últimos tres años están mediados por las crisis políticas que viven las democracias liberales en el mundo.

Un camino constitucional

En medio de las violaciones a los derechos humanos y las protestas masivas, el 15 de noviembre de 2019 los partidos oficialistas y amplios sectores de la oposición de centroizquierda, llegaron a un Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, que estableció un cronograma electoral y político para reemplazar la carta magna neoliberal, instaurada bajo la dictadura cívico militar de Augusto Pinochet (1973–1990), y que durante décadas ha permitido privatizar desde la provisión de derechos sociales hasta el agua.

El pacto, del que se restaron algunos partidos de izquierda como el Comunista, debido a diferencias en los procedimientos, suponía que la nueva ley marco del país fuera redactada por una Convención Constituyente, luego que la ciudadanía confirmara en un referéndum su voluntad de reemplazar la Constitución de 1980.

Aquel primer plebiscito se realizó el domingo 25 de octubre de 2020, un año después de la marcha más grande de la historia de Chile. A pesar de estar en pandemia, un 50,95 por ciento de los electores acudieron a votar, cifra importante para el país considerando que el voto era voluntario en ese momento.

Al cierre de las urnas, ganó la opción de escribir una nueva Constitución con el 78,31 por ciento de los sufragios. Casi con igual respaldo se impuso la propuesta de que los constituyentes fueran elegidos en su totalidad por la ciudadanía, desechando la posibilidad de que la Convención también fuera integrada por parlamentarios.

La Convención Constituyente, instancia en la que se redactó la propuesta constitucional, quedó conformada por ciento cincuenta y cinco representantes. Fue la primera en el mundo en estar compuesta con paridad de género y con escaños reservados para pueblos originarios (17), además de promover la participación de las personas en situación de discapacidad.
“Yo me ilusioné con el proceso constituyente, entendí que estaba bien y que era un avance. De todos modos, después podíamos seguir luchando para reformarla en ciertos aspectos”, comenta Nahuel Herane.

Las altas cifras de contagios de COVID 19 provocaron que las elecciones de constituyentes se aplazaran cinco semanas, realizándose finalmente el 16 de mayo de 2021. Participaron más de 6,4 millones de personas, correspondiente a un 43,35 por ciento del padrón electoral. Nadie pensó entonces que este proceso culminaría en un fracaso.

Una primera señal de alerta llegó el 21 de noviembre de 2021, cuando se efectuó la primera vuelta de las elecciones presidenciales para el período de 2022-2026. Contra todo pronóstico, se impuso José Antonio Kast (56), líder del ultraderechista Partido Republicano, con un 27,9 por ciento de los sufragios. El líder de la izquierda, Gabriel Boric (36) obtuvo un 25,7 por ciento de los votos.

Kast, un antiguo adherente del general Pinochet, enarboló un programa que proponía crear cárceles secretas para combatir a la izquierda, otorgar al presidente la facultad de decretar prisiones provisionales y la reducción de los derechos de las mujeres. Algunos de los candidatos al parlamento que lo respaldaban sugerían derogar el voto femenino, como el finalmente electo diputado Johannes Kayser.

Para la segunda vuelta presidencial, Gabriel Boric logró movilizar a amplios sectores del electorado femenino, triunfando finalmente con el 55,87 por ciento de los sufragios, convirtiéndose en el mandatario más joven de la historia del país.

Sin embargo, no todos los que apoyaron a Boric querían un cambio como el que se estaba articulando en la Convención Constituyente. El respaldo al actual presidente fue para impedir el ascenso de Kast al poder, en muchos casos.

El primer gran desafío del nuevo gobierno, y su primera gran derrota, fue el plebiscito del 4 de septiembre de 2022, elección en que la ciudadanía debía ratificar o rechazar la propuesta de nueva Constitución.

Aquella propuesta constitucional definía a Chile como “un Estado social y democrático de derecho. Plurinacional, intercultural, regional y ecológico". Además, consagraba los derechos fundamentales como la salud, la educación, el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados, el derecho a la vivienda, a la alimentación adecuada, el derecho humano al agua y al saneamiento, y el derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia. Siempre hablaba desde la paridad y perspectiva de género.

Una mala comunicación institucional y electoral junto a la proliferación de rumores y desinformación ayudaron a entorpecer el proceso constituyente en diversas circunstancias. “Siento que me pude haber informado más. Me gustaba mucho lo que abordaba la propuesta constitucional, pero se veía poco detallada. Iba a ser un total fracaso”, reconoce Erik Pinera (18), estudiante de Física proveniente de la comuna de Puente Alto, sector de clase baja con un alto porcentaje de riego social. Él finalmente votó rechazo.

Emilia Schneider, quien participó en la campaña del apruebo, confiesa que se realizó un mal trabajo “comenzamos tarde, desorganizados. Teníamos datos de causa de que siempre íbamos a contar con menos dinero y con los medios de comunicación en contra. Nuestra política comunicacional fue super conservadora y tradicional”, lamenta la diputada.
“La falta de solemnidad, el show de algunos constituyentes, la poca conexión con las masas populares, la poca experiencia en el manejo de prensa y el exceso de confianza” fueron algunos de los errores que el exconstituyente y administrador público Marco Arellano (33) reconoce cometieron e influyeron para que ganara la opción de rechazar la propuesta constitucional.

“Fuimos muy lejos”

Marco Arellano (32) es dirigente y activista medioambiental hace varios años en la comuna donde vive, Quilicura, un sector vulnerable de la capital.

Cuando comenzó la revuelta en 2019, entendió que era un momento histórico para lograr un cambio y que tenía que participar de la Convención Constitucional. “Fue difícil postularse como independiente, pero ganamos la elección y salimos adelante representando al Distrito 8”.

Reconoce, con desánimo, que en el proceso constituyente se cometieron varios errores y que en ocasiones fue difícil la convivencia con los otros representantes. “Me hubiese gustado que algunos compañeros fueran más solemnes. Cuando uno está ahí, tiene que entender que es depositario de una voluntad popular, que es más grande que los ideales personales”.

“Yo trate de hacer mi trabajo de manera tranquila, de no meterme en ninguna polémica. Entendí que la seriedad y el respeto hacia ciertas tradiciones republicanas para las personas en Chile son importantes”, agrega.

A su juicio, el trabajo constitucional era “muy progresista para la cultura chilena y su población”.

“El tema de la plurinacionalidad fue clave, era nuevo ese concepto. Fuimos más lejos de lo que la población quería”, concluye.

“La lección que nos tiene que quedar, es la importancia de los proyectos colectivos y de fortalecerlos. Nos enfrentamos al estallido social con una debilidad muy grande de los partidos políticos, de los movimientos sociales y de las federaciones de estudiantes. Hay una crisis de participación” concluye Emilia Schneider.

Surge el fascismo y cae la nueva constitución

En cifras, el referéndum del 4 de septiembre de 2022 tuvo una histórica participación de trece millones de personas. La opción de rechazar el borrador constitucional se impuso con el 61,86 por ciento de los votos (7.882.238). Esto significa que se mantiene la Constitución impuesta por el régimen cívico militar del dictador Augusto Pinochet.

“Las dinámicas sociales no son lineales. La extensa movilización acaecida en 2019 no implicó la maduración de una subjetividad capaz de superar las lógicas mercantiles e individualistas que priman en importantes segmentos sociales”, reflexiona el sociólogo Omar Núñez respecto a la derrota del Apruebo.

Siguiendo la misma idea, Carlos Ruiz complementa que “las personas están pidiendo una nueva Constitución de todas maneras. Estamos en un ciclo histórico muy abierto donde las salidas pueden ser muchas. Los procesos de transformación tan grandes en ningún país ni en ninguna época han sido tan cortos y lineales. Se trata de avances y retrocesos”.

El exconstituyente Marco Arellano también cree que el trabajo constitucional era muy progresista para la cultura chilena y su población. “El respeto hacia ciertas tradiciones republicanas para la gente es importante, pero no fue entendido por todos los constituyentes de igual forma dentro de la Convención”.

Andrea Sato dice que desde octubre de 2019 las condiciones materiales de las personas han empeorado muchísimo y que, si no mejoran las condiciones de vida, se crearán las condiciones para un nuevo momento de protestas nacionales. “Estamos en una crisis mucho más profunda hoy día, que hace trece años atrás. Observar el futuro no puede ser solamente a través del liderazgo de los gobiernos nacionales, sino que hay que pensar en las construcciones comunitarias y territoriales. Chile debe generar mecanismos de sostenibilidad y bienestar colectivos, no pueden seguir siendo individuales”.

En la actualidad, los partidos políticos intentan alcanzar un nuevo acuerdo constitucional, pero esta vez con menos posibilidades de transformación. La idea de incluir escaños para los pueblos originarios es cuestionada. También que la nueva Convención Constitucional sea paritaria o enteramente integrada por representantes elegidos por la ciudadanía.

Lo que está en juego son los límites del nuevo marco jurídico del país y sin movilizaciones en las calles, los sectores conservadores tienen menos presiones.

Tiempos de impunidad

Pero no sólo hay una crisis constitucional.

“Es bastante desalentador saber que el gobierno de Boric prometió una salida limpia para los presos de la revuelta y que no ha cumplido su palabra”, dice Nicolás Piña, un joven ingeniero que estuvo trece meses en prisión preventiva en la sobrepoblada cárcel Santiago 1. Lo acusaron por homicidio frustrado y lanzamiento de bombas molotov, pese a que le hicieron una prueba de hidrocarburos que salió negativa. “Ahora estoy bajo condiciones de orden de arraigo, firma semanal y tengo la caución de la casa de mi abuela”.

“Te tratan como si fueras la basura de la sociedad"

“Lo más difícil fue estar lejos de mis hijos”, comenta Nicolás Piña (35), uno de los presos emblemáticos de la revuelta de 2019.

Él cayó detenido un 12 de febrero de 2019 mientras se manifestaba en la capitalina y céntrica Plaza Dignidad con su madre. Lo detuvieron los llamados Intramarchas, es decir, policías infiltrados en las manifestaciones, con el propósito de realizar seguimientos, detenciones y encarcelamientos, pese a no contar con autorización del juez de garantía o instrucciones de un fiscal.

Piña pasó más de trece meses en prisión preventiva en la cárcel concesionada de Santiago 1, mientras se realizaba su investigación. Le negaron su libertad tres veces.
“Cuando te llevan preso, te hacen saber de que eres culpable y que no podrás demostrar tu inocencia de ningún modo. A mí, aún me acusan de homicidio frustrado y lanzamiento de bomba molotov sin tener pruebas contundentes, de hecho, uno de los test que me hicieron fue de hidrocarburos y salió negativo”.

Comenta que dentro de la cárcel a veces la convivencia era buena y que se juntaba con otros reclusos de la revuelta, conocidos como los “presos bomba”. “Te tratan como si fueras la basura de la sociedad. Se pasa mal. Uno adentro de la cárcel aprende lo que es la frustración, la pena, que te digan que no, que te humillen. Es dura la cárcel y no es para cualquiera, hay que tener una gran fortaleza mental”, relata.

Actualmente, Piña está bajo orden de arraigo (no puede salir del país), debe firmar semanalmente en una comisaría y la casa de su abuela está bajo caución. “Es bastante desalentador saber que este gobierno prometió una salida limpia para los presos de la revuelta y no ha cumplido su palabra” lamenta.

Además de los miles de detenidos durante las movilizaciones de 2019 y 2020, al menos 177 personas fueron encarceladas en diferentes recintos penitenciarios del país, según reportes de prensa recogidos por comisiones parlamentarias. La mayoría de ellas, tras largos meses de reclusión, salió por falta de pruebas o debido a que las acusaciones se basaban en montajes policiales.

Pero también hay problemas con las investigaciones por violaciones a los derechos humanos. La abogada y académica Myrna Villegas critica que el nivel de impunidad en Chile es impresionante. “Se debe avanzar en el esclarecimiento de las violaciones a los DD HH. El gobierno de Gabriel Boric (2022-2026) quiere hablar de reparación, pero no podemos hacerlo sin tener resuelto cuáles fueron los daños causados”.

Por su lado, la abogada de menores de edad Alejandra Arriaza denuncia que las fuerzas policiales se han protegido y han ocultado información. “Destruyeron las cámaras, no cooperan cuando son citados a declarar y dicen que estaban actuando para resguardar el orden público. Se niegan a entregar desde las nóminas de quienes estaban, hasta qué armamento ocupaban”.

“El Ministerio Público –explica la abogada Karinna Fernández– tiene el deber de investigar, perseguir y sancionar todos los delitos que se cometan en contra de las personas, en particular a las que pertenecen a grupos de vulnerabilidad. Sin embargo, desde que empezó la revuelta no lo han cumplido”.

Para Villegas también hay deudas políticas. “El Estado chileno debe solucionar el tema de los presos de la revuelta. El presidente de la República tiene la facultad de indultar a varios de los presos políticos que están condenados y no lo ha hecho”, critica la académica, experta en derecho penal.

A tres años iniciado el estallido social, el estatal y autónomo Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha presentado 3.151 querellas ante la Fiscalía. De estas, 551 son por acciones de torturas, 660 por violencia innecesaria, 2.232 por apremios ilegítimos y ocho por muerte por acción estatal. Solo trece sentencias han terminado en condena para los responsables.

Este artículo, realizado con el apoyo de la Unidad Global de Apoyo a la Democracia de la Heinrich-Böll-Stiftung Unión Europea, forma parte del webdossier Juventudes y derechos humanos. Voces jóvenes en aumento y fue publicado originalmente aquí en inglés.