En este libro la Heinrich Böll Stiftung recopila diversos testimonios y reflexiones de personas que a nivel local han abordado el problema de la violencia y de la inseguridad desde enfoques novedosos.
Con ello, no sólo se pretende demostrar que es posible superar la parálisis del miedo, sino también desatar procesos sociales donde sean compatibles la seguridad y el respeto a los derechos humanos.
2013
Reflexionemos un momento sobre «el timing» mediático, esa prerrogativa de los poderes formales e informales para modular los flujos y coyunturas de información de interés público. La opción más cómoda y simple sería acogernos a una visión conspirativa: alguien poderoso, desde algún lugar, de alguna manera, controla con aviesas intenciones a los medios noticiosos y los periodistas, tal como los titiriteros que desde la parte posterior del teatrino, con hilos invisibles, animan según su voluntad a dúctiles muñecos.
Si bien los radiodifusores tuvieron siempre privilegios frente a los gobiernos priístas, gracias a la perversa relación de mutuos favores con el poder político, su margen de acción era acotado ante un sistema autoritario que mantenía un férreo control informativo que no daba cabida al disenso y mucho menos a la oposición.
Si un punto ha quedado pendiente para la transición democrática en México es el relativo al sistema de medios de comunicación, que por su excesiva y grosera concentración mantiene el control de la agenda informativa y el monopolio de la opinión pública que tiene graves consecuencias en el debate democrático. Los monopolios en radiodifusión y telecomunicaciones han inhibido la pluralidad y la competencia, y especialmente en el caso de la televisión en un poder fáctico que en sucesivas ocasiones han pasado por encima de los poderes del Estado. Esa calidad de poder fáctico es lo que impidió durante décadas la posibilidad de cambiar el marco normativo, pues los partidos políticos siempre cedieron a las presiones de los consorcios mediáticos.
El 20 de diciembre de 2012 el Senado de la República presentó una propuesta de reforma a diversos artículos constitucionales en materia de acceso a la información pública gubernamental y transparencia con un sentido progresista que apuntaba a ampliar el ámbito de incidencia de los órganos garantes del derecho de acceso a la información, como se detalla más adelante en este texto.
Una de las grandes noticias en el primer año de este nuevo gobierno es la aprobación de la reforma constitucional en materia de transparencia. Habrá que decir, sin embargo, que se trata de un logro compartido: si bien el presidente fue quien propuso inicialmente esta reforma, en el trabajo sustantivo en el Congreso participaron tanto las y los legisladores como representantes de los sectores interesados: el mismo gobierno, los organismos autónomos y la sociedad civil organizada. A continuación se explican varios aspectos de la reforma, para tratar de entender su importancia, sus alcances y lo que debe esperarse.
Desde hace buen número de años la inseguridad y la violencia se han instalado como una realidad omnipresente en el país. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2013 ofrece estos datos.
En su primer año de gobierno, Enrique Peña Nieto y su equipo han quedado a deber a la ciudadanía, pues la violencia en el país no ha parado y, en materia de seguridad, cada vez son más las “promesas” que las acciones. Esto a pesar de que durante los primeros meses de gestión se hizo creer que el crimen estaba disminuyendo y se estaba logrando un país en paz.
Desde que el Presidente Enrique Peña Nieto promovió el Pacto por México en los primeros días de su gobierno, fue evidente su intención de realizar una Reforma Constitucional en materia de hidrocarburos. Se buscaría transformar a Pemex en una “empresa pública de carácter productivo” (según el Compromiso 55 de dicho Pacto), otorgándole el status legal de una empresa y ya no de un organismo público descentralizado, brindándole flexibilidad financiera y operativa y permitiéndole asociarse con compañías privadas en proyectos intensivos en capital y nuevas tecnologías, como son los de aguas profundas y shale gas.
El presidente Peña arrancó su administración empujando una serie de reformas a sectores estratégicos en la economía, las finanzas y la política nacional.Una apuesta política ambiciosa que –desde su perspectiva– califica como necesaria para garantizar condiciones adecuadas que le permitan alcanzar sus metas de gobierno en materia de crecimiento y competitividad.Algunas de estas reformas proponen cambios significativos en la estructura y operación de diversos sectores, entre ellos, el energético.
