El bajo índice de violencia en Nicaragua: ¿Mito o realidad?

Sinopsis

Este reporte estudia el caso clave de Nicaragua estableciendo una comparación con la violencia criminal centroamericana en la actualidad. Junto con Costa Rica, Nicaragua constituye el grupo de los países con un bajo índice de violencia en la región. Los países del triángulo del Norte, Honduras, El Salvador y Guatemala, por el contrario, forman el grupo de los países con un alto índice de violencia y también a nivel mundial ocupan los primeros lugares de las estadísticas de violencia. El enigma representado por el índice relativamente bajo de violencia en Nicaragua radica en el hecho de que este país de ninguna manera corresponde a los niveles de vida y de democracia de Costa Rica, el otro país con un bajo índice de violencia, sino que en ello más bien se asemeja a los países más violentos de la región. Para resolver este enigma, se argumenta de manera contrafáctica: es decir, en ambos países con un bajo índice de violencia no pueden presentarse aquellos factores que han sido confirmados como causa para las tasas particularmente altas de homicidios en el grupo de los países más violentos.

Antes de realizar el análisis causal, este reporte se dedicará a revisar los resultados empíricos (cuantitativos y cualitativos) sobre la violencia criminal en Nicaragua, para lo cual se remontará a 1990, es decir, cuando se firmó el pacto de transición y paz y cuando los sandinistas, bajo el mando de Daniel Ortega, le traspasaron el gobierno a la Unión Nicaragüense Opositora y a su candidata Violeta Chamorro. Este reporte constata que Nicaragua no solamente presenta una baja tasa de homicidios, sino que ésta también se encuentra por debajo del promedio americano. Aunque, al mismo tiempo, asciende a casi el doble del promedio mundial. En la comparación intranicaragüense de 1990 a 2011 –una comparación que es utilizada como argumento por quienes descalifican el bajo índice de violencia en Nicaragua al considerarlo un “mito”–, la tasa de homicidios muestra una tendencia ligeramente descendente o bien constante desde 2007.

Por lo que respecta a los resultados empíricos acerca de las formas de violencia, el reporte se ocupa, en primer lugar, de las pandillas juveniles, mismas que permiten confirmar el bajo índice de violencia en Nicaragua: en este país no existen las maras, a diferencia de en el triángulo del Norte, donde son agrupaciones particularmente longevas, sólidas, organizadas jerárquicamente (desde Estados Unidos hasta Centroamérica pasando por México y llegando hasta España e Italia), que rebasan las fronteras y que actúan de manera sumamente violenta y militante. En Nicaragua no han penetrado los mareros en un número significativo desde los países vecinos, ni tampoco las pandillas se han transformado en maras. Existen tendencias que van en contra de la baja intensidad de la violencia en Nicaragua, pero que no la cuestionan. Una de ellas es la tasa relativamente alta –para los estándares centroamericanos– de violencia intrafamiliar, aunque ésta se dirige en menor medida contra las mujeres, incluye relativamente pocos delitos sexuales y tiene una larga tradición; y la otra es el problema, de reciente aparición, de la violencia relacionada con las drogas que, aunque en esencia todavía es limitado a unas regiones, posee un alto potencial de peligro. En general la evolución de la tasa de homicidios permite concluir que Nicaragua tiene controlado su problema de violencia.

En el análisis causal el reporte distingue entre las estructuras que posibilitan y las que obstaculizan la violencia criminal. Al efecto se parte del hecho de que las tasas de violencia son reducidas cuando faltan estructuras que la posibilitan y se dispone de estructuras de obstaculización. En Nicaragua se ha demostrado que ambos elemento están dados. Si una sola de estas dos condiciones basta para producir el bajo índice de violencia en Nicaragua, no puede comprobarse en este estudio. Como causas principales para el bajo índice de violencia en Nicaragua se han resaltado, en cuanto a la falta de estructuras que posibiliten la violencia, las tasas relativamente bajas de remesas y, en cuanto a las estructuras de obstaculización, el alto nivel de desempeño de la policía y la buena cooperación entre la policía y la sociedad civil.

Debido a que las explicaciones usuales –como la perpetuación de la violencia pasada provocada por la guerra así como la pobreza y la inequidad– en Nicaragua fracasan de manera evidente, la falta de estructuras que posibiliten la violencia es remitida a un factor contraintuitivo que no es mencionado en las discusiones correspondientes: se trata sobre todo de las remesas, que en los países del triángulo del Norte ocasionan altos índices de violencia, pero que son tan reducidas en Nicaragua que no constituyen ninguna estructura que posibilite la violencia. Mientras que para los altos índices de violencia es válida la siguiente cadena causal:

Carácter socialmente excluyente de la remesas ---> privación relativa y presión ---> desorganización social ---> violencia

Se ha comprobado que en Nicaragua esta cadena no funciona. La correlación que sí es aplicable en los países con altos índices de violencia El Salvador, Honduras y Guatemala entre las remesas (en su manifestación de tasas de remesas relativamente altas/dólar estadounidense per cápita y porcentaje en los ingresos) y violencia (en su manifestación de altas tasas de homicidios) en el caso de Nicaragua no existe. Se señalan mecanismos que fundamentan la supuesta relación causal. El punto clave aquí es que el que queda excluido de las remesas percibe una discrepancia entre lo que tiene y aquello a lo que siente que tiene derecho, discrepancia que es típica de una privación relativa. Y esta discrepancia genera frustración y es percibida como una presión. Los así frustrados buscan entonces una solución para cerrar esta brecha entre el objetivo y los medios, y también un sustituto para el inexistente trabajo (lucrativo) en su país y el igualmente inexistente acceso al mercado y a la ganancia. Y la violencia es, o a ellos les parece que es, el único sustituto o el de más fácil acceso a todo ello.

Las estructuras de obstaculización de la violencia que funcionan bien en Nicaragua se basan en la combinación de un alto nivel de desempeño de la policía como componente decisivo del sector estatal de la seguridad y un compromiso democrático, no vigilante (que evita la justicia por mano propia) de la sociedad civil en el ámbito de la seguridad. La policía y la sociedad civil son, en su actuación y su simbiosis, ejemplo de una sobresaliente buena gobernanza en materia de seguridad (good security governance). Para ello resultó fundamental la estrategia proactiva-preventiva-comunitaria, aplicada desde la década del 2000, de la policía nicaragüense. Sus deficiencias se encuentran en el descuido de la prevención secundaria y en la pérdida de especificidad del genuino trabajo policial dentro de un trabajo social desbordado. Sin embargo, la policía tiene tanto éxito en los barrios únicamente gracias a su colaboración con la sociedad civil, que es, por tanto, una imprescindible coproductora de seguridad. En este sentido, el modelo de seguridad de Nicaragua es compensatorio. Este modelo que, sin embargo en su conjunto resulta exitoso, se vincula con las deficiencias de un poder judicial que no es independiente. Aunque la policía ha estado siempre subordinada al poder ejecutivo como una institución neutral y siempre ha sido controlada por él, por el contrario el poder judicial fue negociado de manera “consociacional”, de acuerdo con los pactos políticos establecidos entre la oposición y el gobierno.

Si se distingue entre (las causas de) la propensión a la violencia y (las causas de) la realidad de la violencia, entonces Nicaragua, a pesar de la propensión a la violencia que sí existe en el país, ha sabido aprovechar sus oportunidades para evitar en su mayor parte la realidad de la violencia. A la inversa, esto quiere decir que también importantes deficiencias de desarrollo no destruyen tales oportunidades. Así pues, la realidad de la violencia no se remite inevitablemente a la propensión a la violencia y tiene causas específicas. Además, el reporte recurre a un (tercer) plano de causas ubicado entre los dos primeros. Para el caso de Nicaragua, este plano radica en que

• la privación relativa, que es relativamente reducida debido a las bajas tasas de remesas, está amortiguada socialmente de una manera particular y
• el buen funcionamiento de la policía y su cooperación con la sociedad civil se incrustan en un régimen político incluyente y aun participativo, apoyado por un capital social muy marcado.

Ambos factores pueden remitirse a efectos de largo plazo de la Revolución sandinista.

Finalmente, en la Conclusión se plantea la pregunta por la ejemplaridad del caso nicaragüense, es decir, por la posibilidad de transferirlo a los países del triángulo del Norte. Para controlar metódicamente el papel especial “revolucionario” de Nicaragua –que probablemente limitara la mencionada ejemplaridad–, se sugiere recurrir a otros casos de control (por ejemplo, regiones con un bajo índice de violencia en los países más violentos del triángulo del Norte), para a continuación encontrar las similitudes que existen entre todos los casos. Estas similitudes consisten en el valor particular que se le concede a la comunidad y en una sociedad civil que actúa en el sector de la seguridad de manera democrática y no vigilante, pero también en la reducida privación relativa debido a las bajas tasas de remesas. De estas semejanzas se pueden sacar las enseñanzas para la política de seguridad (security policy) y la cooperación para el desarrollo.

Por último, el reporte aboga porque las organizaciones internacionales, pero sobre todo los países con un mayor índice de violencia en Centroamérica, consulten a Nicaragua en cuanto a su ejemplaridad en la prevención de la violencia y para que transfieran a sus países los elementos pertinentes; tanto más, puesto que Nicaragua, al igual que los países más violentos de la región, son miembros del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y de su iniciativa Estrategia de Seguridad Centroamericana (ESCA), a través de las cuales Centroamérica se quiere destacar en la prevención y el combate a la violencia precisamente como regióncentroamericana en su conjunto.