Centroamérica está conformada por economías pequeñas, orientadas al sector servicios y con un elevado grado de apertura externa, las cuales, a pesar de tener diferencias en el funcionamiento socioeconómico y político comparten problemas comunes[1]. El año 2015 estuvo cargado de acontecimientos políticos importantes que pueden definir el futuro próximo. El más emblemático fue el caso de corrupción “La Línea” en Guatemala, cuyo desenlace fue la renuncia de la exvicepresidenta Baldetti y del expresidente Pérez Molina. Esto desencadenó una serie de movimientos sociales en El Salvador y Honduras, exigiendo una comisión internacional que investigue casos de corrupción y luche contra la impunidad, problemas existentes con más o menos intensidad en todos los países de esta subregión latinoamericana.
Para 2016, en el ámbito económico se espera que la subregión crezca en promedio un 3.92%. Esta proyección se sitúa por encima de los pronósticos para el conjunto de América Latina y el Caribe (0.2%) y los países suramericanos (-0.8%). A pesar que las perspectivas de crecimiento para Centroamérica son favorables, conviene resaltar que las asimetrías entre los países del istmo son considerables. En un extremo se encuentra Panamá con una tasa esperada del 6.2% y en el otro, El Salvador cuyas expectativas para 2016 rondan el 2.4%. Esta ha sido la tendencia de la última década, mientras la economía salvadoreña se encuentra básicamente estancada[2], la economía panameña ha mostrado un crecimiento acelerado y los demás países del istmo han crecido a una velocidad media (Ver gráfico 1).
Los motivos para que Centroamérica se presente como la punta de lanza del crecimiento latinoamericano en 2016 son diversos. Por un lado, la débil recuperación de los Estados Unidos impactará positivamente en los ingresos por remesas familiares y en las exportaciones. Además, el vínculo económico de Centroamérica con el resto de Latinoamérica ha sido históricamente muy reducido por lo que el bajo crecimiento de sus vecinos no impactará negativamente. En cambio, las fuertes relaciones económicas y comerciales intrarregionales posibilitan el fortalecimiento del comercio intracentroamericano, cuestión que influye en las expectativas favorables de crecimiento. Lo que más afecta las perspectivas económicas de un país centroamericano es el comportamiento de la economía estadounidense y de los otros países de la subregión.
No obstante el crecimiento económico esperado para 2016, las perspectivas de un quiebre en la trayectoria económica de Centroamérica son básicamente nulas. La subregión seguirá dependiendo de la entrada de divisas por medio de las remesas familiares y, el modelo económico neoliberal implementado –con matices en cada país- continuará operando. Mientras no exista un cambio estructural coordinado entre los países centroamericanos, condiciones como la pobreza, la desigualdad, la baja recaudación, la exclusión, la precariedad del empleo y la inequidad de género, seguirán vigentes en Centroamérica. Dicho cambio requiere de reformas estructurales coordinadas a nivel regional, lo cual se complica por las negociaciones comerciales unilaterales y los esfuerzos aislados de cada país en materia de políticas socioeconómicas.
En el caso de Nicaragua, se espera que la próxima construcción del canal interoceánico aumente los niveles de crecimiento económico. Sin embargo, dicho proyecto ha ocasionado diversas protestas por motivos medioambientales. Además, ha sido cuestionado por las dudas generadas acerca de quién se beneficiará del mismo. Estas dudas no son descabelladas ya que, en general, si algo ha dejado claro la historia de Centroamérica ha sido la distribución desigual de los ingresos y de los beneficios de proyectos o reformas económicas.
Uno de los grandes desafíos para Centroamérica en el ámbito social, es la reducción de los niveles de pobreza y desigualdad. A pesar de haber disminuido considerablemente las condiciones de pobreza, sigue presentando grandes niveles de desigualdad económica y social a nivel mundial, dificultando cualquier intento por redistribuir el ingreso de manera progresiva. Países como Honduras y Nicaragua, con el mayor porcentaje de población en situación de pobreza e indigencia -45% y 30% respectivamente-, tendrán que impedir el incremento de la pobreza mediante políticas sociales eficaces, progresivas y transparentes. De igual manera, los países más desiguales del istmo -Panamá y Guatemala- deben detener esta constante brecha entre ricos y pobres, garantizando a su población una estructura de protección social efectiva. Poco se sabe sobre la agenda de 2016 para abordar estos problemas, como ha sido de manera histórica, la presión inminente de la inequidad social no forma parte de la agenda regional.
La consecuencia de esta inequidad es un grave problema de seguridad ciudadana que ataca principalmente al denominado triangulo norte de Centroamérica (compuesto por Guatemala, El Salvador y Honduras), y que erosiona la confianza en las instituciones políticas de la subregión. Determinada por una cultura histórica de violencia, se añade la creciente presencia del narcotráfico –en países como Guatemala, Honduras e incluso Costa Rica- y el incremento de las pandillas juveniles –principalmente en El Salvador-. Según datos de 2015, las tres capitales del triángulo norte aparecen entre las 25 ciudades más violentas del mundo, situación que se ve favorecida por la impunidad que reina en estos países. La tabla 1 ofrece un panorama de la evolución de esta problemática medida en el número de homicidios por cada 100,000 habitantes[3]. Si bien este problema parece atacar solamente al triángulo norte, el resto también tiene presencia de carteles de narcotráfico y estructuras de lavado de dinero. Como es de esperar, esta situación genera que no sean muy alentadoras las expectativas de un crecimiento considerable del turismo y la inversión –especialmente en el triángulo norte-.
A pesar de los planes propuestos a nivel nacional y subregional, estos no han tenido un impacto contundente sobre el control de la violencia y el narcotráfico. El año 2016, será el año que se vislumbrará el alcance real que tendrá el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte (APTN) –aprobado por el congreso estadunidense con un monto de financiamiento de 750 millones de dólares-. Existe expectativa acerca de la “capacidad” que este puede tener para frenar la creciente violencia en dichos países. Tal como ha sido señalado por algunos expertos, la primera desventaja sobre la APTN, es que relega a un segundo plano la estrategia de seguridad que se había planteado subregionalmente dentro del marco del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y con la venia de la comunidad internacional. Además, se teme que, como ha sido costumbre, la mayor parte de los recursos brindados por Estados Unidos se utilicen para la “guerra contra el narcotráfico” y para frenar la migración sin atacar sus causas estructurales, como la pobreza, la desigualdad y la falta de empleo digno.
De hecho, uno de los grandes motivos para impulsar la APTN fue la “crisis migratoria” de 2014 que significó la emigración de una gran población de menores de edad no acompañados hacia Estados Unidos, todo esto debido –y reiterado en repetidas ocasiones en el Plan- a la baja incapacidad de los Estados centroamericanos en proporcionar oportunidades laborales y seguridad ciudadana a su población. Resulta notable, que el tema de la migración en estos dos últimos años ha resultado preocupante a los gobiernos del triángulo norte centroamericano, no por su gravedad en sí, ni por ser un fenómeno que ha ido en aumento por varios años, sino por la presión que realiza Estados Unidos sobre esta situación a los países de la subregión en ciertos momentos, como lo ocurrido en 2014. Al igual que en el pasado reciente, en este 2016 no se espera ninguna política pública ni nacional ni subregional que retome de manera estructural esta problemática. Más bien, las condiciones para la incesante fuga de capital humano seguirán estando latentes.
Dada la historia de Centroamérica, el camino para distribuir equitativamente el crecimiento económico esperado en 2016 y fortalecer los procesos democráticos y de participación ciudadana no pasa por el sistema político tradicional, sino por la maduración de los diversos movimientos sociales de la subregión aglutinados en torno a la indignación ciudadana generada por la corrupción e impunidad que afectan al istmo. De lo contrario, se corre el riesgo de no poder revertir el deterioro sociopolítico que sufre la subregión.
[1] Se considera como Centroamérica a Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
[2] Algunos expertos señalan a la dolarización como una de las causas del bajo crecimiento de la economía salvadoreña.
(3) Se utilizan datos hasta 2012, ya que hasta ese año se encuentran homologadas las estadísticas de homicidios para Centroamérica. Se considera que existe una “epidemia de homicidios” cuando la tasa supera los 10 casos por cada 100,000 habitantes. En este sentido, incluso Costa Rica está al borde de la epidemia
Un artículo de Catalina Galdámez, becaria en el Posgrado de Economía en la UNAM y Rodrigo Morales, ex becario de la Fundación y doctorando del Posgrado de Economía de la UNAM. El artículo fue publicado en la revista América Latina en Movimiento
