- La Ley de Minería aprobada hace un año se encuentra en revisión en la SCJN, por una acción de inconstitucionalidad presentada por diputadas y diputados del PAN, PRI y PRD
- Esta Ley de Minería es resultado de la lucha de comunidades, pueblos, organizaciones y academia por limitar los excesos y violaciones de derechos que la ley de 1992 permitió. Es fundamental que Ministras y Ministros ponderen el contenido de esta nueva ley, que constituye un primer paso en la prevalencia de los derechos humanos y del medio ambiente
La Clínica Jurídica para la Justicia Ambiental Berta Cáceres; Fundar, Centro de Análisis e Investigación, y la colectiva Cambiémosla Ya presentaron este 3 de mayo un amicus curiae “Acerca de la constitucionalidad del Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Minera, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente”.
Los amicus curiae (amigos de la corte) son informes técnicos que presentan personas ajenas a un litigio, pero que tienen interés en la materia, con la intención de brindar argumentos para la resolución de un asunto, dar su opinión jurídica, proporcionar información sobre el caso o alertar sobre posibles efectos de una decisión.
Dirigido a las Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el amicus curiae aporta información y criterios jurídicos sobre tres temas relevantes en la revisión de la acción de inconstitucionalidad:
- el proceso de aprobación de la nueva Ley de Minería y cómo es que los diputados y diputadas que la impugnan fueron activos en su obstrucción y bloqueo durante el proceso dictaminación y aprobación;
- los derechos y mejoras que incorpora la nueva Ley, en contraste con los enormes abusos que la Ley Minera de 1992 legalizó, y
- la lucha que pueblos, comunidades y organizaciones han dado para lograr este cambio en la ley y cómo éste incorpora varias de sus demandas de años.
Este recurso está respaldado por especialistas en derecho, así como por abogados y organizaciones que litigan y acompañan a comunidades.
“Hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la gran responsabilidad de decidir si privilegia aspectos formales del proceso legislativo o aspectos sustanciales vinculados a la protección de los derechos. Se trata de una oportunidad histórica para, en este caso concreto, optar por salvar el contenido y la sustancia de una ley que apela a la progresividad de los derechos y a generar condiciones de justicia social en favor todas y todos aquellos activistas, personas defensoras ambientales, pueblos y comunidades que han intentado durante años reformar la Ley Minera para generar condiciones de igualdad sustantiva para todos los actores que pueden estar involucrados en el otorgamiento de una concesión y , si se da el caso, en el desarrollo y operación de un proyecto minero", comentaron los firmantes del recurso.
"Intento tras intento se han topado con poderosos intereses (económicos y políticos) que no han querido cambiar ni una sola coma a la regulación minera… Confiamos en que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo ha hecho en otras importantes decisiones, sepa poner en primer lugar la Constitución y los derechos humanos”, finalizaron.