Para que la comunidad internacional tenga alguna posibilidad de afrontar los retos del siglo XXI con eficacia y equidad, es preciso reformar a fondo la arquitectura económica y financiera mundial. Se destacan ocho prioridades.
Hace ochenta años, delegados de 44 países se reunieron en Bretton Woods, New Hampshire, para coordinar la reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial y promover la cooperación económica internacional. Las instituciones para las que sentaron las bases -el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial- son el núcleo del orden monetario y financiero mundial.
En los últimos años, sin embargo, el cambio climático y la pandemia del COVID 19 han puesto de manifiesto lo desfasadas que están estas instituciones con respecto a las cambiantes realidades económicas mundiales y a las prioridades de desarrollo. Para que la comunidad internacional tenga la oportunidad de afrontar los retos del siglo XXI de forma eficaz y equitativa, es preciso reformar la arquitectura económica y financiera mundial. Ocho prioridades ocupan un lugar central.
Primero, se debe otorgar más voz a los países en desarrollo en las instituciones multilaterales. Como es bien sabido, el poder de la economía mundial ha cambiado significativamente desde 1944, con los países emergentes y en desarrollo teniendo un peso mucho mayor. Sin embargo, las cuotas y los sistemas de votación en las instituciones de Bretton Woods todavía están muy sesgados a favor de los países industrializados. Además, persiste el "acuerdo de caballeros" que establece que un europeo dirija el Fondo Monetario Internacional (FMI) y un estadounidense el Banco Mundial. Esta situación no solo socava la legitimidad de las instituciones de Bretton Woods, sino que también limita su capacidad para abordar los desafíos urgentes y complejos de nuestro tiempo. Por lo tanto, las cuotas y los derechos de voto deben ser redistribuidos –un cambio al que los países industrializados, en particular Estados Unidos, se han resistido hasta ahora– y se debería introducir un procedimiento de selección de liderazgo con "doble mayoría". En tal sistema, los candidatos exitosos deberían obtener tanto una mayoría de los votos ponderados (que reflejan las cuotas de los países en la institución) como el apoyo de una mayoría de los países miembros.
En segundo lugar, la Red de Seguridad Financiera Global (Global Financial Safety Net, GFSN) –la red de instituciones que proporciona financiamiento crítico en tiempos de crisis– debe ser fortalecida y mejor alineada con las necesidades de los países en desarrollo, que enfrentan riesgos macroeconómicos y climáticos cambiantes. En su forma actual, la GFSN no solo es insuficiente en términos de la cantidad de apoyo proporcionado, sino que también sufre de desigualdades estructurales incorporadas que ponen a los países en desarrollo en mayor riesgo. Una GFSN más grande y equitativa protegería mejor a los países contra los choques climáticos y otras crisis y liberaría recursos para promover el desarrollo local.
En tercer lugar, debe crearse un mecanismo internacional que ofrezca soluciones justas y rápidas para las crisis de deuda soberana. El trabajo en un mecanismo para resolver las crisis de deuda soberana –incluyendo una institución independiente de acreedores y deudores (crucial para un tratamiento justo)– debe comenzar ahora. También se necesitan soluciones a corto plazo para abordar la crisis de deuda soberana que actualmente obstaculiza el desarrollo en el Sur global, ya que impide importantes inversiones en la acción climática y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS).
En cuarto lugar, la financiación climática debe incrementarse significativamente, y todos los flujos financieros públicos y privados –incluidos los préstamos de las instituciones financieras internacionales– deben alinearse con los objetivos del Acuerdo climático de París. Los organismos internacionales de normalización deben comprometerse a considerar los riesgos financieros relacionados con el clima y apoyar esta "alineación con París".
En quinto lugar, se deben fortalecer los bancos de desarrollo internacionales, nacionales y subnacionales. La adaptación y mitigación del cambio climático requerirán enormes inversiones, y las capacidades de las instituciones financieras comerciales son limitadas. Por lo tanto, los bancos y fondos de desarrollo públicos deben desempeñar un papel mucho mayor en la financiación de la transformación estructural y el desarrollo sostenible. Los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) y las instituciones de financiación del desarrollo (IFD) deben trabajar en estrecha colaboración con socios nacionales y subnacionales para ayudarles a alcanzar su potencial.
En sexto lugar, se deben hacer progresos hacia un sistema monetario y de reservas multilateral basado en los Derechos Especiales de Giro (DEG) del FMI. La posición central del dólar estadounidense en el sistema monetario global (o no-sistema) significa que la política de un banco central –la Reserva Federal– tiene una influencia desproporcionada en las condiciones monetarias globales y el ciclo financiero global. En un sistema más estable, el FMI emitiría regularmente DEG para satisfacer el aumento de la demanda mundial de reservas de divisas, con asignaciones automáticas adicionales en tiempos de crisis. Para reducir el riesgo cambiario en los países receptores, los BMD y las IFD deberían proporcionar financiamiento en moneda local.
En séptimo lugar, el FMI y las instituciones financieras regionales deberían crear mecanismos de coordinación de políticas para gestionar la volatilidad de los flujos de capital entre las regiones y entre los países en desarrollo y las economías avanzadas. También se debería introducir un impuesto sobre las transacciones financieras internacionales para limitar las perturbaciones causadas por los flujos de capital a corto plazo. Los ingresos considerables que generaría dicho impuesto podrían utilizarse para financiar los ODS y las acciones climáticas.
Por último, es necesario reforzar la arquitectura fiscal internacional para apoyar un desarrollo equitativo, integrador y sostenible. Una mayor transparencia fiscal y mejores mecanismos para el intercambio transfronterizo de información bancaria y financiera podrían permitir a los países generar más ingresos fiscales nacionales. Además, un convenio marco vinculante de la ONU sobre fiscalidad combinado con medidas para combatir los flujos financieros ilícitos podría abrir nuevas fuentes de financiación del desarrollo y reducir la dependencia de la ayuda oficial al desarrollo.
La Conferencia de Bretton Woods de 1944 fue un momento de acción colectiva sin precedentes. Hace tiempo que debería haberse producido otro momento semejante, en el que los líderes mundiales impulsaran una nueva visión de futuro para la arquitectura financiera mundial.
Traducido por Svenja Gelhaus.
Este artículo de opinión apareció por primera vez en https://www.boell.de/de/2024/06/18/eine-waehrungs-und-wirtschaftsordnung-fuer-das-21-jahrhundert?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR1Bz5BtbRuPpNwoyaJfZDvkV1b6NKBJ8VM30AmwsDG3TxlM4Jzn4s_XWis_aem_rjupj09nP1D1SZ7p9aRacg