Los plaguicidas se utilizan de manera extensiva para proteger los cultivos y para controlar plagas en otros sectores. Pero detrás de estas prácticas aparentemente beneficiosas se oculta un problema importante: los altos costos para la salud humana.
Por Aurora Elizabeth Rojas García, José Francisco Herrera Moreno y Yael I. Bernal
En México, el uso de plaguicidas es extensivo y cualquier persona puede adquirir y aplicar estos compuestos. Aunque es complicado dimensionar la magnitud y gravedad de todos los problemas de salud que causan los plaguicidas, existen numerosas investigaciones que ponen en evidencia que estos compuestos pueden causar daños importantes a la salud de niños, adolescentes y adultos. El uso indiscriminado de plaguicidas no solo vulnera el derecho a la salud de las poblaciones, también está poniendo en riesgo la salud de las futuras generaciones.
En el país, las poblaciones están expuestas a plaguicidas a través de múltiples fuentes y a mezclas complejas de estos contaminantes. El sector agrícola es el que más plaguicidas emplea; el sector salud los utiliza en una cantidad importante para el control de vectores que transmiten enfermedades a los humanos; mientras que en las ciudades se utilizan en jardinería, parques, hogares y escuelas (de manera programada) para la “prevención de plagas”. Los sectores pecuario, forestal y alimenticio también utilizan plaguicidas de manera considerable.
El uso de plaguicidas se concentra principalmente en 14 estados: Sinaloa, Chiapas, Veracruz, Jalisco, Nayarit, Colima, Sonora, Baja California, Tamaulipas, Michoacán, Tabasco, Estado de México, Puebla y Oaxaca.
Los datos disponibles indican que en México hubo, del 2000 al 2017, en promedio, 3,582 intoxicaciones agudas; los siete estados que, de manera constante, encabezan las cifras de intoxicaciones son: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
La Organización Panamericana para la Salud estima un subregistro de hasta un 90% en algunos países de América Latina, lo que significa que la cifra real de intoxicaciones es muy superior a las cifras oficiales. Entre las razones que pueden explicarlo están la falta de acceso a servicios de salud, la lejanía o falta de transporte que hay entre los sitios de exposición y donde se encuentran las clínicas, la elección de otros métodos para “sanar”, o porque en los sistemas de salud no se registran como casos de intoxicación por exposición a plaguicidas, sino por otras causas como falla respiratoria o cardíaca. Dentro de las poblaciones que presentan mayor número de intoxicaciones se encuentran los trabajadores agrícolas, que en la gran mayoría de los casos no utiliza equipo de protección y tampoco recibe capacitación para el correcto manejo de estos compuestos tóxicos. Los plaguicidas asociados con un mayor número de intoxicaciones
son los Altamente Peligrosos (PAP).
Las intoxicaciones agudas también pueden causar la muerte. Del 2012 al 2021, un total de 7,984 muertes fueron atribuidas a intoxicaciones agudas por plaguicidas. Las tasas más altas se observaron en 2011 y las más bajas en 2021. De manera general, la tasa de mortalidad fue mayor en hombres que en mujeres; siendo el suicidio la principal causa de las muertes, seguido por las intoxicaciones accidentales y finalmente, por causas no determinadas.
De acuerdo con el análisis realizado, hay un total de 330.4 años de vida perdidos, estandarizados por edad por cada 100 mil habitantes. El análisis de mortalidad respecto al promedio nacional demuestra que los siete estados con mayor tasa de mortalidad son, en orden decreciente, Guerrero, Chiapas, Campeche, Yucatán, Morelos, Veracruz y Nayarit.
Vulnerabilidad agravada de la población indígena
Las poblaciones indígenas están expuestas a contaminantes tóxicos de la alta actividad agrícola. Familias completas, mujeres, hombres y niños se emplean como mano de obra, viven, trabajan, comen y duermen en los campos agrícolas, donde permanecen expuestos todo el día, todos los días, a un coctel de plaguicidas. En general, no disponen de ningún servicio de salud, ni de vivienda o alimentación adecuadas. Prácticamente ninguno recibe capacitación ni son informados acerca del uso y efectos de los plaguicidas. Todo eso modela una forma de violencia ambiental que pone en peligro la vida de los pueblos indígenas en México.
Algunos estudios han reportado una prevalencia de 42% de anemia en la población de jornaleros indígenas y 82 % tuvo valores de eritrocitos por debajo de los mínimos normales. Datos similares se encontraron en niños que trabajaban en la cosecha en plantaciones de tabaco, en el estado de Nayarit. En los valles agrícolas de Baja California, mujeres indígenas jornaleras de San Quintín, Maneadero y Mexicali están en constante exposición a plaguicidas (32 ingredientes activos, entre los que destaca el paraquat). En el sur de Sonora, en el 100% de las muestras de una población infantil de la etnia yaqui de la comunidad de Potám se observaron niveles detectables de plaguicidas.
La incidencia de intoxicaciones por plaguicidas en los jornaleros indígenas forma parte de los subregistros, porque no tienen servicios de salud en los campos, no asisten a los centros de salud, o no son diagnosticados de manera adecuada o dadas las distancias, no alcanzan a llegar a los centros de salud para ser atendidos.
Dado los diversos mecanismos de toxicidad de los plaguicidas y de sus mezclas, es complejo dimensionar el problema de salud causado por la exposición a estos compuestos. Sin embargo, es posible establecer el vínculo con enfermedades que constituyen un problema de salud pública, tales como la obesidad, trastornos metabólicos, diabetes, Alzheimer, Parkinson, entre otras.