El mercado de agrotóxicos en México es el tercero más grande de América Latina, después de Brasil y Argentina, y el cuarto en las Américas si contamos a Estados Unidos.
Por Fernando Bejarano
Las ventas anuales en nuestro país se calcularon, en 2021, en 1,260 millones de dólares estadounidenses. Diez empresas ocupan el 70% del mercado de ventas.
Las dos asociaciones empresariales de la industria de agrotóxicos en México son: Protección de Cultivos, Ciencia y Tecnología (PROCCYT) y la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos (UMFFAAC). La primera reúne a las empresas transnacionales más otras distribuidoras de insumos agropecuarios, forma parte de la federación internacional de empresas transnacionales –Croplife– que impulsa los cultivos modificados genéticamente en sus paquetes tecnológicos y domina el mercado mundial de plaguicidas y semillas. La segunda agrupa a las empresas transnacionales y nacionales de plaguicidas genéricos.
Aunque se disputan el mercado, juntas combaten las decisiones regulatorias que afectan sus intereses y se alían con el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), al que pertenece PROCCYT, para obstaculizar el decreto que elimina el uso de glifosato en México. Actuaron igual en 2022, contra la iniciativa de reforma a la ley general de Salud que establecía la prohibición gradual de plaguicidas altamente peligrosos y el fomento de los bioinsumos.
Durante años, en México se fueron autorizando un gran número de plaguicidas altamente peligrosos, mientras que en otras partes del mundo muchos eran prohibidos. Esto ha puesto en grave riesgo la salud y los ecosistemas de nuestro país.
Hasta 2023, en el país están autorizados por la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, cientos de formulaciones comerciales que contienen alguno de los 151 ingredientes activos de plaguicidas, que están prohibidos o no permitidos en otras partes del mundo.
Hay seis ingredientes activos que, desde diciembre de 2019, ya no se pueden importar, pero aún cuentan con algunas formulaciones
con registros vigentes: azinfos metílico, captafol, carbofurán, fosfamidón, paratión metílico y triclorfón.
El 13 de febrero de 2023, un decreto presidencial estableció eliminar, a partir del 31 de marzo de 2024, el uso del glifosato y ordenó la promoción de alternativas sostenibles y culturalmente adecuadas para mantener la producción, que sean seguras para la salud humana, la diversidad biocultural del país y el ambiente.
Sin embargo, el glifosato no se ha prohibido. En México, se comprobó la presencia de glifosato en la orina de niños y adolescentes en comunidades del estado de Jalisco; en adultos en el municipio de Hopelchén, Campeche, principal productor de soya del estado, con presencia ilegal de soya transgénica tolerante al glifosato. Además, investigaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) como de grupos independientes han encontrado este herbicida en alimentos procesados de maíz.
El Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnologia (Conahcyt) recopiló cerca de 250 pruebas científicas sobre los efectos adversos de este herbicida.
El paraquat, cuyo nombre comercial es Gramoxone, es el herbicida altamente peligroso de mayor venta en México y que está prohibido o no autorizado en más países. En Reino Unido está prohibido desde 2007, pero se permite su exportación. En ese país fue originalmente producido, en 1961, por Imperial Chemicals Industry (ICI) y actualmente es comercializado por la trasnacional Syngenta y otras empresas.
El paraquat es extremadamente tóxico, tanto en animales como en humanos, y no hay un antídoto específico. En Brasil está prohibido desde 2020, con base en la evaluación de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), pues la exposición a este herbicida está relacionada con el aumento del riesgo de desarrollar la enfermedad de Parkinson, entre otros efectos adversos.
Entre los insecticidas altamente peligrosos de mayor venta en México está el clorpirifos, prohibido en 40 países incluidos los de la Unión Europea, Canadá, Chile, Argentina, Colombia, Nicaragua y Perú. Actualmente está siendo evaluado por un comité de expertos para prohibirlo a nivel mundial en el Convenio de Estocolmo, por ser tóxico, persistente y bioacumulable. Es un neurotóxico que en muy bajas dosis provoca alteraciones hormonales, puede excretarse en la leche materna; estudios epidemiológicos sugieren que a muy bajos niveles de exposición durante el embarazo puede afectar el desarrollo cerebral infantil, entre otros efectos adversos.
Otros insecticidas altamente peligrosos y de mayor venta nacional son fipronil, Imidacloprid y tiametoxam, que fueron prohibidos de usar al aire libre en la Unión Europea en la Unión Europea y otros países por causar la muerte masiva de abejas.
En 2018, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación sobre plaguicidas de alta peligrosidad. La CNDH argumenta que la autorización y uso de plaguicidas altamente peligrosos vulnera y viola los derechos humanos a la alimentación, al agua salubre, a un medio ambiente sano y a la salud. Señala que las autoridades federales competentes incumplieron la obligación de actuar con la debida diligencia, en agravio de la población en general. Aunque la recomendación fue aceptada por las autoridades, sigue sin cumplirse de fondo: incorporar en el Plan Nacional de Desarrollo programas sectoriales “con objetivos, metas, estrategias y prioridades para la reducción y prohibición progresiva de plaguicidas altamente peligrosos, que puedan ser medibles, evaluadas y monitoreadas”.
En resumen, se requiere una política de Estado que prohíba gradualmente los plaguicidas altamente peligrosos e impulse la autorización de productos con menor peligrosidad, en una estrategia nacional de transición agroecológica que amplíe la escala y los apoyos destinados al manejo agroecológico de plagas y enfermedades, diversifique los sistemas agrícolas, con el fin de garantizar alimentos sanos y suficientes para la población.