Gustavo Alanís Ortega y Juan Carlos Carrillo, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, recapitulan su participación en la conferencia celebrada en Nassau. Pese a los avances para la implementación del Acuerdo de Escazú, la transversalización de la perspectiva de género, la participación de pueblos indígenas y comunidades, y la Hoja de Ruta de México permanecen pendientes.
Como cada dos años, del 21 al 24 de abril pasado, en Nassau, Bahamas, se realizó la Conferencia de las Partes (COP) del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, también conocido como el Acuerdo de Escazú.
En esta COP4 del Acuerdo de Escazú los autores participaron en muy diversos eventos paralelos, entre ellos, uno relativo al Ecocidio y otro sobre las mejores prácticas ambientales en el poder judicial. Igualmente, en las negociaciones entre los Estados Parte del Acuerdo en calidad de observadores, a través de las Personas Representantes del Público con voz en la mesa de negociación, como prevé el Acuerdo, y también en el uso de la voz que fue permitido a diversas personas asistentes al cierre de cada segmento de la conferencia.
Dentro de los avances alcanzados durante las negociaciones, se pueden resaltar los siguientes: Se estableció una nueva Mesa Directiva integrada por San Cristóbal y Nieves (Presidencia), Colombia, Belice, Panamá y Bahamas. Además, se crearon dos nuevos grupos de trabajo especializados, en materia de Registro de Emisiones de Contaminantes (RETC) y en materia de acceso a la justicia en asuntos ambientales. También se decidió consultar con los Estados Parte del Acuerdo sobre modalidades de trabajo del Comité de Apoyo a la Aplicación y Cumplimiento (CAAC) del Acuerdo de Escazú.
El contexto internacional y los cambios de gobiernos de diversos Estados Partes también incide en las COP de este Acuerdo, por lo que algunos otros temas siguen presentando importantes dificultades para seguir avanzando. Por ejemplo, se presentó la Guía para la Transversalización de la Perspectiva de Género realizada en coordinación con ONU-Mujeres, solicitada en 2024, pero sin una decisión de esta COP4 que la retome, por lo que al día de hoy no resulta legalmente vinculante.
Otro tema que resulta estratégico y complejo por la institucionalidad misma del Acuerdo, que evita hacer referencias a grupos o personas en específico (y plantea un alcance aún mayor al hablar de público y personas o grupos en situación de vulnerabilidad), es que los pueblos indígenas y comunidades locales no cuentan con un sitio expresamente designado para ellos, lo cual dificulta escuchar y garantizar una perspectiva adecuada a las características sociales, económicas, culturales, geográficas. El tema resulta de particular relevancia porque la mayoría de personas y comunidades que resultan directamente afectadas y en riesgo, incluso de perder la vida, a lo largo de todo el subcontinente latinoamericano son indígenas o algún tipo de comunidad local.
Para el caso mexicano, resulta también relevante que fue aprobada la metodología para elaborar o actualizar los planes y las hojas de ruta para la implementación del Acuerdo. Ya son varios los Estados Parte que han presentado una Hoja de Ruta para la implementación del Acuerdo a nivel Nacional. Argentina, Belice, Chile, Ecuador, Granada, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Panamá y Uruguay; pero México sigue aún pendiente de hacerlo.
En general, la delegación mexicana mostró liderazgo en impulsar la participación significativa del público y confirmar la participación del propio gobierno mexicano en los nuevos grupos de trabajo recién creados (RETC y Acceso a la Justicia en asuntos ambientales). También informó sobre el trabajo realizado al interior del Gobierno Mexicano y el rol estratégico que adquiere la Secretaría de Gobernación (SEGOB) para el trabajo de implementación a nivel nacional. De hecho, se señaló que se están terminando los documentos diagnóstico para, a partir de los mismos, poder comenzar a construir la esperada hoja de ruta para la implementación nacional. Sin embargo, como se mencionó previamente, la Hoja de Ruta de México sigue pendiente.
La delegación mexicana respaldó expresamente la decisión IV/6 que encomienda al Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento (CAAC) que, con el apoyo de la Secretaría, realice consultas con la Mesa Directiva y los Estados Parte para evaluar el mecanismo de respuesta rápida contenido en modalidades de trabajo previstas en las Reglas de composición y funcionamiento del CAAC.
Por otro lado, aún no existen avances y faltan propuestas concretas para solucionar la falta de recursos para financiar las conferencias de las partes y apoyar aspectos estratégicos para su debida implementación.
Un tema que no es estrictamente parte de la COP, pero que vale la pena comentar, es que se presentaron al menos dos casos de acoso a mujeres en las calles de Nassau, que si bien ocurrieron fuera de la sede de las negociaciones, afectaron directamente a mujeres que participaban en la COP4. A pesar de que se denunciaron públicamente durante las reuniones de trabajo, la respuesta de todas las autoridades presentes fue un rotundo silencio, ni siquiera manifestaron su preocupación, menos aún el apoyo a las personas afectadas.
Así las cosas, debemos continuar impulsando que la Hoja de Ruta de México se construya con la participación efectiva del público y también, para fortalecer la gobernanza ambiental a fin de contar con un entorno seguro y propicio para las personas, grupos y organizaciones defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales.