Antes del desastre de Fukushima, el tema de la energía nuclear no figuraba en las primeras páginas de los diarios mexicanos. Tampoco ha sido el tema prioritario de organizaciones ambientalistas o de actores políticos. Hace dos años, cuando el Senado de la República debatió una importante reforma energética, el tema nuclear no estuvo presente en las discusiones, por ejemplo. México no cuenta con una tradición, ni una fuerte cultura de protección al ambiente, por lo que a diferencia de Alemania -por ejemplo-, no encontraremos grandes manifestaciones en las calles en contra de la energía nuclear, o de cualquier otro tema ambiental.
Esto no impidió que la crisis nuclear en Japón despertara un especial interés en el tema. La coyuntura permitió reactivar viejos debates (como la seguridad de la única planta nuclear) y generar nuevos (como la viabilidad de ampliar la capacidad nuclear) en diversos sectores como el gubernamental, las organizaciones civiles, la iniciativa privada o incluso en la propia ciudadanía. En esta coyuntura, semanas después de haber minimizado el problema que enfrenta Japón, el gobierno mexicano anunció que los planes de ampliación del uso de la energía nuclear en México están detenidos.
Este anuncio, en un momento importante de revisión de los planes nucleares en diversos países, es un buen motivo para observar algunos de los temas relacionados con el debate en México.
Información básica
El desarrollo de la energía nuclear en México data de los años 70's, motivado por el auge internacional que se vivía en la industria nuclear, particularmente en Estados Unidos. A raíz de este interés, se construyó en el sureño estado de Veracruz, Laguna Verde, la única planta nuclear en México. Cuenta con dos boiling water reactors (BWR-5. Reactores de agua hirviendo) construidos por General Electric, utilizan dióxido de uranio como combustible; y aunque México cuenta con importantes reservas de uranio (cerca de 8 mil toneladas), no puede utilizarlas ni exportarlas. Esta prohibición obedece al Tratado de Tlateloco para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, que entró en vigor en 1969. Por lo tanto, para el uso de la planta, importa cerca de 25 toneladas anuales de este mineral de Holanda y Estados Unidos.
El primer reactor fue conectado a la red eléctrica en 1989 y el segundo en 1995. Las turbinas de vapor y otros componentes de la planta fueron elaborados por Mitsubishi Electric. Entre ambos reactores, producen hasta 1,365 MW, lo que representa solo el 2.6% de la capacidad instalada de energía eléctrica de un total de 51,686 MW (en 2009). De este total, poco más del 70% son producidos con algún tipo de hidrocarburo. La producción con fuentes renovables, excluyendo las grandes hidroeléctricas (21.3%), representan menos del 2% (geotérmia 1.8%, éolica 0.16%).
La Comisión Federal de Electricidad, la entidad estatal encargada del monopolio de provisión de energía eléctrica en México, es la propietaria de la planta y responsable de su operación a través de la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas. La Secretaría de Energía, para responder a los lineamientos internacionales de seguridad nuclear, creó la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, encargada para la aplicación de normas para seguridad nuclear, lo que implica la revisión del manejo de instalaciones nucleares y radioactivas.
La Academia cuenta con diversas instancias que refieren al fortalecimiento de capacidades tecnológicas en materia nuclear, como el Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México o el Programa de Posgrado en Ingeniería Nuclear del Instituto Politécnico Nacional. También existe un Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, que generalmente colaboran con organizaciones y movimientos sociales de izquierda. Las cámaras empresariales, no han sido activas promotoras, aunque ven con buenos ojos el desarrollo de la energía nuclear. Del lado de la Sociedad Civil, existen diversas asociaciones como la Sociedad Mexicana Nuclear, quienes defienden esta tecnología y está conformado principalmente por académicos; y diversas organizaciones que se oponen, como Greenpeace, la Heinrich Böll Stiftung, y organizaciones locales como Madres Veracruzanas, instaladas en el estado donde la planta se localiza.