El equipo de la Fundación Heinrich Böll en la Ciudad de México hizo un análisis preliminar de los posibles efectos de la victoria de Andrés Manuel López Obrador y la coalición Juntos Haremos Historia para la sociedad civil organizada, centrándose en los temas fundamentales para el trabajo de la fundación: la democracia -incluyendo los aspectos de ciudadanía, gobernabilidad y derechos humanos- y el medio ambiente -pasando por bienes comunes, energía y cambio climático.
Quizá la victoria de Andrés Manuel López Obrador y de las fuerzas políticas agrupadas en la coalición Juntos Haremos Historia el primero de julio no fue una sorpresa. Lo inesperado fue el amplio margen de ventaja –descrito en la prensa como un tsunami- y el temprano reconocimiento público de su derrota que hicieron José Antonio Meade y Ricardo Anaya.
Vale la pena llamar la atención sobre la predilección de AMLO por los movimientos sociales corporativizados (sindicatos, organizaciones campesinas, organizaciones de comerciantes, entre otras) que se han constituido en una importante base social de su movimiento. En contraste, ha declarado públicamente su recelo hacia lo que llama “la sociedad civil fifí", organizaciones con financiamiento externo, altamente profesionalizadas y con buena capacidad de incidencia en la agenda pública; es decir, una buena parte del tipo de organizaciones con las que trabaja la fundación.
El enorme respaldo social que conlleva la alta participación electoral puede despertar en el nuevo gobierno la tentación de prescindir de este tipo de organizaciones como mediadoras en el diálogo con la sociedad. Un importante reto para quienes integran las organizaciones de la sociedad civil (OSC), en estos meses de transición y una vez que el nuevo gobierno asuma sus funciones, será encontrar los canales y las formas adecuadas para el diálogo y mantener la autonomía en sus acciones y opiniones.
Por otra parte, existe la posibilidad de la incorporación como funcionarios en las nuevas estructuras gubernamentales, de un buen número de profesionales de la sociedad civil organizada. En primera instancia, esto abriría una oportunidad para incrementar la influencia de la sociedad civil y hacer valer políticamente sus causas y posturas ante el gobierno. Sin embargo, el movimiento de cuadros calificados de la sociedad civil al gobierno, como ya se vivió en el Distrito Federal cuando llegó al poder Cuauhtémoc Cárdenas, significará también una fuga de capacidades y la desintegración de equipos de trabajo con perfiles de comunicación, análisis e incidencia, que podría conllevar el riesgo de que algunas iniciativas de la sociedad civil pierdan aliento.
La experiencia de Brasil presenta algunas posibles y preocupantes analogías. En su primer mandato, el presidente Lula da Silva resultó electo con fuerte apoyo de movimientos y organizaciones sociales. Entonces, muchos dirigentes de la sociedad civil crítica aceptaron la invitación a sumarse al gobierno federal y a algunos gobiernos estatales liderados por el Partido dos Trabalhadores. A la vuelta de algunos meses muchos de ellos se encontraron frustrados por la continuidad del modelo de desarrollo y no pocos abandonaron el servicio público. Parte de la sociedad civil comprometida con las causas como los derechos humanos y los territorios quedó, paradójicamente, debilitada debido, entre otras cosas, a la salida de sus mejores cuadros y a una tendencia a la autocensura para no criticar a un gobierno “popular” y “de los movimientos”. Esta tendencia se fortaleció con el avance de la derecha y las crisis que sacudieron a los gobiernos de Lula y Dilma Rousseff y terminaron por derrocar al de esta última.
Un nuevo régimen que, aparentemente, reivindica las mismas causas sociales que defienden las OSC como equidad de género, redistribución del ingreso, programas sociales y lucha contra la corrupción, puede llevarlas a limitar su capacidad y disponibilidad para la necesaria crítica. En México también se han visto confrontaciones entre funcionarios de gobierno procedentes de la sociedad civil y quienes continúan en las organizaciones por el liderazgo en alguna iniciativa e incluso por alguna solicitud directa de no confrontar o criticar la labor gubernamental, en una especie de esquizofrenia entre ser servidor público y pensarse también integrante de la sociedad civil organizada.
El grupo de organizaciones ambientalistas, de derechos humanos y comunitarias que promueven la agenda de interés para la fundación, ya ha reaccionado a este desafío y está participando en un una sana discusión pública de mayor alcance sobre las asimetrías de recursos a los que tienen acceso y el papel que deben jugar las organizaciones frente al nuevo gobierno. También están conscientes que ellas representan apenas una pequeña parte de lo que se llama la “sociedad civil”.
La reconfiguración política
Para muchas organizaciones, el nuevo escenario político supondrá la oportunidad de retomar la discusión pública de temas clave en los espacios “oficiales”, un proceso que en los últimos años perdió aliento ante la poca incidencia que tales espacios significaron en el sexenio que concluye. Sin embargo, si la incorporación de actores de la sociedad civil en el gobierno representa, efectivamente, la apertura de nuevos espacios de diálogo e intercambio entre el sector público y el social está aún por verse.
En cualquier caso, es fundamental que las OSC sean capaces de articular una agenda común y discutir abiertamente los temas en los que haya diferencias, para mantener su rol de contrapeso político, la mirada crítica y la exigencia de rendición de cuentas, como se dio en meses recientes con la campaña #FiscalíaQueSirva, para detener el pase automático del Procurador a Fiscal General de la nación o durante las discusiones en torno a la Ley General de Biodiversidad y a los decretos de Reservas de Agua.
El proceso electoral dejó su rastro y, entre quienes manifestaron afinidades con uno u otro candidato, también pueden haberse dado distanciamientos. Construir una agenda común y estrategias conjuntas de incidencia cobra particular importancia para las OSC por la contundente mayoría de votos que Juntos Haremos Historia tendrá en el Congreso, lo que pondrá a la coalición del Presidente en la posibilidad de aprobar cualquier iniciativa.
Será necesario analizar, más allá de las bancadas, a las personas que resultaron electas, sus temas de interés, mecanismos de coordinación y las posibles vías de entrada para los temas que las OSC buscan impulsar en el nuevo escenario. También será imprescindible identificar las fuerzas dentro del Congreso que representen un obstáculo o una amenaza a su agenda. En este contexto, es importante observar el avance de un fenómeno ya conocido en otros países de la región, que es el incremento de la presencia legislativa del evangelicalismo político conservador. El Partido Encuentro Social (PES), aunque pierda su registro a nivel federal, para el próximo período legislativo multiplicará el número de sus diputados de 10 a 55 y contará con siete senadores cuando actualmente no tiene ninguno. El reacomodo de las diversas fuerzas políticas y la pérdida de registro de los partidos satélites anuncia una reconfiguración del sistema partidista y reformulaciones en la izquierda y la derecha.
Otro gran reacomodo será el de los funcionarios públicos. En el área económica financiera, los funcionarios “ultraliberales” que han definido las políticas económicas de los últimos 35 años -dirigidas hacia la competitividad, la apertura comercial y la desregulación-, deberán dar paso a homólogos más proclives a la intervención estatal en el mercado interno y a las políticas redistributivas.
La descentralización que se ha propuesto para las secretarías de Estado puede explicarse como una manera de fomentar el desarrollo regional articulando diversos “centros de poder”, que podrán incluir o no a los pueblos y comunidades que durante años han permanecido al margen de las obligaciones del Estado. Serán de especial relevancia para la gobernabilidad del país los mecanismos de participación que se establezcan en la relación de la federación con los estados y municipios, así como los modelos de intervención en los distintos ámbitos de la política pública: seguridad, salud, política social, educación.
La dispersión del poder del Ejecutivo que implica la descentralización también puede propiciar rupturas en las articulaciones que la propia sociedad civil ha ido construyendo para llevar los problemas locales al foco del interés nacional (por ejemplo, en el caso del fracking y los grandes proyectos hidroeléctricos o con el problema de la desaparición de personas). Para las OSC y think tanks basados en la Ciudad de México será fundamental fortalecer sus vínculos con las organizaciones en los estados y las comunidades en los territorios e impulsar el trabajo efectivo en red o dar paso a una organización social no centralizada en la capital.
Hasta aquí hemos reflexionado en las propuestas desde la estructura del Ejecutivo y el Legislativo, donde se construyen las leyes, las normas y los programas. Sin embargo, otra cosa son los territorios. Una tarea ineludible para las organizaciones será acompañar y dar un seguimiento puntual a la manera en que el cambio de gobierno repercutirá en las comunidades, para identificar y dirigir la atención a los elementos que hagan falta en la construcción de un desarrollo sostenible con respeto a los derechos humanos.
La agenda ambiental
La sociedad civil está aún a la espera de pronunciamientos específicos en temas ambientales, principalmente en cuanto a la gestión de la infraestructura energética y el agua, bienes comunes sobre los cuales convergen las presiones y los intereses de las comunidades, las cúpulas empresariales e incluso el crimen organizado.
Si las filas de los nuevos funcionarios y legisladores incluyen, en efecto, personas vinculadas a movimientos sociales y territoriales, será una oportunidad para estos y las OSC que les acompañan de discutir y priorizar la agenda ambiental. Por ejemplo, los polémicos decretos de Reservas de Agua emitidos por Peña Nieto podrían ser derogados de inmediato. Pero también se hace pertinente una discusión más amplia para pensar en una reforma a la Ley de Aguas.
López Obrador no se ha presentado como ambientalista y no hay señales alentadoras de que se vaya a poner un freno a la extracción de recursos. Las principales empresas mineras ya se están organizando para estimular el desarrollo de la industria a través de una nueva política minera. Sin embargo, con la mayoría que Morena tiene en el Congreso podría plantearse una reforma a la Ley Minera que quite la preeminencia a esta actividad. Desde la Secretaría de Economía se ha promovido su importancia como un motor económico, sin embargo una Secretaría independiente para la minería obligaría a revisar su compatibilidad con las políticas de medio ambiente, de desarrollo territorial y urbano, y a enfrentar los pasivos ambientales y los devastadores impactos que la minería ha dejado en materia social.
El Anuario de las Actividades Extractivas en México, recientemente publicado por Fundar, organización contraparte de la fundación, señala que la operación de las empresas mineras no ha traído prosperidad a los municipios donde se establecen; por el contrario, ha acentuado sus problemas y desigualdad. Si el nuevo régimen se plantea un modelo de desarrollo que distribuya mayores beneficios entre las personas, habrá que tomar esta oportunidad para discutir con mayor profundidad acerca de la utilidad y el propósito de extraer los energéticos y minerales, ponderando los costos ambientales y sociales de la extracción que, en los hechos, las comunidades han venido asumiendo.
La centralidad de los combustibles fósiles en las propuestas económicas y energéticas apunta a la perpetuación de la matriz energética basada en hidrocarburos y a que el país siga dependiendo de estos como una fuente de ingresos -independientemente de si su explotación la hacen empresas mexicanas o extranjeras. Dentro del propio gobierno se puedan dar tensiones que no dejen avanzar hacia la transición energética. Las propuestas presentadas durante la campaña para el desarrollo de infraestructura para la transformación, transporte y combustión de hidrocarburos contrastan con la agenda de las organizaciones que acompañan a las comunidades en sus procesos de defensa del territorio y con la propia lógica del combate al cambio climático y los compromisos internacionales de México en el tema.
Es difícil esperar un cambio radical de timón cuando las noticias más recientes giran en torno al impulso a nuevas exploraciones, con nuevas licitaciones, contratos para exploración de combustibles no convencionales y, en general, el avance de la Reforma Energética. Retomar -con la administración de Trump- el interés por una integración energética con los Estados Unidos puede representar incentivos adicionales para mantener esta tendencia.
Al mismo tiempo, se ha generado expectativa ante la propuesta de Morena para una estrategia integral de transición energética, articulada con las políticas ambientales y de cambio climático y con los sectores industrial, agrícola y comercial. Su puesta en marcha lanzaría una buena señal y podría impulsar a las energías renovables y a la generación distribuida de energía, temas que la actual administración no mostró interés en promover.
Democracia y Derechos Humanos
Tocará a las OSC empujar para que se despejen las ambigüedades que privan en lo que tiene que ver con Democracia y sus aspectos relacionados, como ciudadanía, gobernabilidad y derechos humanos.
La amplia participación y margen de ventaja en las elecciones permitieron hablar de victoria sin traer a la discusión pública el tema de la violencia política. De hecho, la presencia de los poderes fácticos, en particular el crimen organizado, fue funesta para el proceso electoral. El crimen actuó como un partido sin registro, pero con gran éxito. A través de una violencia nunca antes vista - con más de 130 candidatas y candidatos a gobiernos y legislaturas locales asesinados durante la campaña-, el crimen organizado “eligió” a muchos alcaldes, regidores y otros mandatarios para gobernar conforme a sus intereses. Este factor de peso de las elecciones fue una de las grandes omisiones en los discursos del 1° de julio y los días siguientes y representa, en los hechos, una enorme condicionante para futuros aspirantes a gobernar o impulsar cambios, aún cuando cuenten con el respaldo mayoritario de los electores.
En forma similar, se soslayó una amplia gama de delitos electorales, incluyendo compra de votos, robo de urnas, condicionamiento, financiamiento ilegal e intervención de empresarios. Estos problemas persisten y solo la amplia ventaja de la coalición ganadora y el reconocimiento temprano de quienes perdieron evitaron mayores confrontaciones. Sin embargo, en los casos donde los resultados son cerrados, existen impugnaciones en los tribunales electorales que dejan en suspenso el resultado de la votación, así como la vuelta a la normalidad democrática para las localidades en disputa.
En materia de derechos sexuales y reproductivos los retos no son menores. El presidente electo ha hablado de respeto al matrimonio igualitario y a todas las preferencias sexuales, pero se ha cuidado de asumir una posición clara respecto al aborto. Permanece la incógnita sobre cuál será el efecto de la alianza con el PES en materia legislativa en estos temas, dado el peso de esta bancada en la conformación de la próxima legislatura.
Es importante destacar que, por primera vez, prácticamente se logró paridad de género en ambas cámaras. Sin embargo, el hecho de que existan más mujeres en puestos de decisión no significa automáticamente un avance en materia de equidad de género. No solo hay mujeres con agendas conservadoras, sino que falta una mayor comprensión de lo que la perspectiva de género implica, así como integrarla de manera transversal en los planes y políticas de gobierno, más allá de las medidas aisladas de paridad y políticas rosas.
En materia de seguridad continúan pendientes las definiciones para abordar la problemática a escala local, así como los términos de la relación con las fuerzas armadas y sus implicaciones en relación con la Ley de Seguridad Interior.
Uno de los temas urgentes en esta materia es la “reconstrucción” institucional de la Fiscalía, actualmente en ruinas y ya con señalamientos y recomendaciones desde la sociedad civil acerca de los mecanismos de elección de su nuevo o nueva titular, la autonomía de la institución, su ley orgánica y las fiscalías especializadas. El equipo de transición y el propio López Obrador se han manifestado por que sea el Presidente quien proponga una terna de personas “intachables” para el puesto y el Senado seleccione a la más adecuada, pero sin que tenga autonomía del ejecutivo. Este tema será, sin duda, un punto de tensión con el colectivo de organizaciones que reivindica la necesidad de una fiscalía autónoma como pilar fundamental de la lucha contra la impunidad. Sin embargo, al menos se ha establecido un canal de interlocución entre las organizaciones y el equipo de transición, de manera que aún está por definirse el camino que tomará la procuración de justicia durante el próximo sexenio.
De acuerdo con un importante grupo de organizaciones enfocadas a temas de derechos humanos y de transparencia, no existen las condiciones para que las instituciones del Estado puedan combatir eficientemente la corrupción estructural del país. Es por ello que han propuesto la creación de una Comisión de la Verdad, para investigar los crímenes cometidos durante las últimas administraciones y el involucramiento de las autoridades, así como la creación de un mecanismo internacional contra la corrupción. Aunque durante su campaña López Obrador se pronunció a favor de estas medidas, queda un largo camino por recorrer, en caso de que se mantenga esa disposición, para discutir y concretar tales mecanismos. Otra vez, toca a organizaciones de sociedad civil promover las propuestas que han trabajado durante los últimos años.
En cuanto a la relación del nuevo gobierno con los medios de comunicación, habrá de buscarse un equilibrio en la revisión del ejercicio del gasto en publicidad oficial y la reorientación de la comunicación gubernamental, para que esta sirva efectivamente a la sociedad en vez de ser un mecanismo de promoción para los o las funcionarias en turno o para reprimir voces críticas hacia el gobierno. Los atentados a la libertad de expresión y la operación del mecanismo federal de protección de defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas son dos temas cuya discusión deberá retomarse y ampliarse.
Uno de los temas sensibles pero ausente en las campañas, es el de las miles de personas desaparecidas y la falta de interés de las autoridades de todos los niveles para resolver los miles de casos existentes. Gracias a la movilización y presión que por años han mantenido los colectivos de familiares, se logró que la actual administración aprobara una ley que contempla la creación de un Sistema Nacional de Búsqueda, fiscalías especializadas (federal y las que deben crear cada estado), el Programa Nacional de Búsquedas, el Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense y la coordinación de las autoridades. Si bien no se esperan resultados en el corto plazo, es fundamental que el nuevo gobierno defina su posición respecto al titular de dicha comisión, corrija las fallas existentes (como la falta de personal propio para hacer la búsqueda) y se le asigne un presupuesto suficiente para que se pueda vislumbrar un poco de justicia para esta enorme herida de la sociedad mexicana.
Habrá que analizar en el mediano y largo plazo si este tsunami de participación ciudadana representa una maduración de la democracia en México o fue solamente una expresión masiva de desaliento acumulado. Más allá de estas implicaciones, los resultados del proceso electoral traen consigo un nuevo sentido de posibilidad de lograr cambios a través de la vía democrática y enormes expectativas de remontar los problemas de desigualdad social, violencia y despojo de los recursos naturales del país.
