Principio de precaución: herramienta jurídica ante los impactos del fracking

Estamos en un momento decisivo para la humanidad en el cual necesitamos garantizar cambios sustanciales para asegurar nuestro equilibrio y sustentabilidad en la Tierra. El cambio climático es evidente, así como la responsabilidad de los seres humanos en sus causas. La buena noticia es que la solución también está en nuestras manos, aunque los países, instituciones internacionales y el sector privado están tomando medidas mucho más lentamente de lo que se requiere. Uno de esos cambios impostergables tiene que ver con la energía, en particular con el tipo de energía que consumimos y la manera en que la generamos. Las emisiones del sector energético son el mayor factor de cambio climático en el mundo, aun con los avances tecnológicos y económicos que nos permiten hacer la transición energética hacia fuentes renovables. En 2014, 86% de la energía que consumimos a nivel global provino de fuente fósil, y aunque hay algunos
intentos globales —incluyendo en América Latina— para iniciar dicha transición energética, tales acciones no son suficientes, la mayor cantidad de energía actual y planeada está anclada aún en los combustibles fósiles. Estamos constreñidos a un paradigma energético insostenible que ahora da gran impulso al fracking, la extracción de hidrocarburos no convencionales a través de la fractura hidráulica de formaciones geológicas de difícil y riesgoso acceso. En América Latina: Argentina, Bolivia, Chile, Brasil, Colombia y México tienen sus ojos puestos en este tipo de extracción por considerarlo como una buena opción para acceder a gas y petróleo. Sin embargo, como se señala en este documento, el avance del fracking en la región se hace a ciegas, porque no se sabe si en verdad existen las reservas de
hidrocarburos no convencionales que se proyectan, se desconocen los alcances de los impactos ambientales, sociales y a la salud pública, y hasta la fecha ninguna experiencia muestra que existan medidas efectivas para prevenir o mitigar los impactos. El fracking es una técnica experimental que ni los Estados ni las empresas deberían aplicar porque equivale a experimentar con la vida, la salud de las personas y el medioambiente.

Mientras América Latina promueve el fracking, otros países y regiones como Francia, Bulgaria y el estado de Nueva York en Estados Unidos, respectivamente, lo han prohibido por los impactos y riesgos ambientales y en la salud que implica. América Latina tiene la capacidad y las condiciones para satisfacer sus necesidades energéticas a través de fuentes renovables, como evidencian numerosos estudios incluyendo los del Banco Interamericano de Desarrollo. Nos falta repensar en nuestra energía, estar en el siglo XXI, aprender de las lecciones de otros países y hacer el salto a un verdadero bienestar que aproveche las oportunidades a nuestro alrededor y evite repetir los errores del pasado. Nuestra energía no puede seguir atada al siglo XIX. Promover el fracking para la extracción de hidrocarburos no convencionales es una mala decisión climática, política, social y ambiental. Profundiza la dependencia en los combustibles fósiles y malgasta los esfuerzos y recursos que deberían dirigirse al desarrollo de las energías renovables.

Este documento contribuye al análisis sobre la viabilidad de la aplicación del principio de precaución, como una vía institucional para prevenir, evitar o detener las operaciones de fractura hidráulica en América Latina. Estas medidas pueden tomar la forma de prohibiciones o moratorias, como ha ocurrido en varios Estados, provincias y municipios de América y Europa. Este trabajo fue elaborado por un equipo de abogadas y abogados de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), con el invaluable apoyo de personas voluntarias y colegas de instituciones aliadas a quienes agradecemos y felicitamos por su gran aporte. La Fundación Heinrich Böll y AIDA coinciden en el objetivo de contribuir a implementar un marco de derechos humanos y ambientales en nuestra región. Esperamos que este documento sea una herramienta útil para el análisis, el debate y la acción colectiva de organizaciones sociales, de personas tomadoras de decisiones, juezas y jueces, estudiantes y, en general, ciudadanía interesada en la protección de la vida, la salud y el ambiente de las presentes y futuras generaciones.