Legitimidad municipal - Origen y desempeño de los gobiernos electos en el 2008

Introducción

Las elecciones municipales del 2008 provocaron serios trastornos en el clima político nacional y más aún en los municipios donde hubo acusaciones de fraude. Algunos estudios  realizados a raíz de los resultados electorales estiman entre 37 y 40 los municipios donde se presentaron irregularidades a lo largo del proceso electoral, sobre todo en el escrutinio de los votos.

Estas anomalías y sus repercusiones políticas condicionan la legitimidad de los gobiernos municipales ante poblaciones que vieron violentado su derecho de elegir, y acarrea el quebrantamiento del acto constituyente del régimen democrático que ocurre con la cesión del consentimiento de la ciudadanía a un grupo de personas para ejercer el gobierno. Por todo ello, la sombra del fraude representa un grave problema para la gobernabilidad democrática en Nicaragua, en la medida que esta legitimidad cuestionada afecta al 26% de los municipios, en los que se concentra el 47,5% de la población electoral del país, según cifras del Consejo Supremo Electoral.

Tal vez por las características nicaragüenses, el debate acerca de la legitimidad de estos gobiernos se ha centrado estrictamente en su origen político; es decir, en las elecciones municipales y las violaciones denunciadas a la Ley Electoral. Pero estos abordajes omiten la otra dimensión de la legitimidad: el desempeño de las autoridades en el cumplimiento de sus funciones. Como consecuencia, se ha estado haciendo un enfoque limitado a la legalidad y por ende poco abierto al debate de la población no familiarizada con los temas jurídicos.

Por ello nos hemos propuesto realizar un estudio que ponga en el debate público la legitimidad como una condición que emana de las relaciones entre autoridades y ciudadanía, que es a fin de cuentas quien tiene la última palabra según el sistema de valores que comparte socialmente. La legitimidad es un fenómeno interactivo que se origina en el consentimiento que la ciudadanía otorga a los candidatos en las elecciones, pero que se ratifica o se rechaza en las evaluaciones del rendimiento que hagan de las autoridades una vez que asumen sus cargos.

Con los resultados del estudio queremos incorporar a la mayor cantidad de ciudadanía posible en el debate acerca de la legitimidad de las autoridades, y profundizar los términos de otro debate implícito, el debate entre democracia y bienestar.  Este debate ha cobrado más fuerza en Nicaragua con el regreso del FSLN al gobierno nacional, con un ejercicio del poder que opone la aplicación de políticas anti pobreza al fortalecimiento de las instituciones democráticas. En este orden, se tratará de responder a la pregunta de si una gestión efectiva y eficiente del gobierno puede reparar su origen espurio, con todas las consecuencias que se deriven para la democracia.

Asimismo, el estudio examinará el peso del factor legitimidad en la determinación del voto de la población, sin obviar que en la disposición a votar intervienen otros factores complejos, como la fidelidad partidista, las tradiciones familiares y el prestigio de las candidaturas, entre otros. También se atreverá a superar los enfoques de cultura política demasiado genéricos para explicar las evaluaciones que hace la población antes de decidir por quién votar en las elecciones siguientes.

Finalmente, al proponer un abordaje de la legitimidad bidimensional, se propone ser una alternativa a los enfoques que dan un peso excesivo la legalidad en la determinación de la legitimidad.

Por esta última razón el estudio enfatizará en el rendimiento o desempeño de los gobiernos municipales según las competencias exclusivas que les asignan las leyes, para compararlas con las valoraciones que haga la población sobre el origen político de las alcaldías seleccionadas.

El informe está organizado en dos grandes secciones: la evaluación del desempeño de los gobiernos municipales en su funcionamiento y en la prestación de servicios que mandan las leyes, y la evaluación de las relaciones políticas  entre las nuevas autoridades y la ciudadanía tras las elecciones municipales del 2008.

La primera sección está compuesta por ocho capítulos que abordan qué tipo de problemas está atendiendo la alcaldía; la organización de las inversiones y los criterios para asignarla. Asimismo trata el proceso de elaboración de los presupuestos municipales; la gestión de los servicios municipales; la transparencia en las compras y las contrataciones; y la incorporación de las demandas de las mujeres.

La segunda sección está integrada por tres capítulos dedicados a completar la evaluación política que las personas interrogadas han venido ofreciendo en los capítulos anteriores. En ella se aborda el papel que las nuevas autoridades están otorgando a los Comités de Desarrollo Municipal y a los consejos del poder ciudadano. También se examina el trabajo de los Concejos Municipales y las relaciones con el Gobierno Central y el papel de los secretarios políticos del FSLN. Por último se analizan las elecciones del 2008, sus repercusiones en el trabajo de las alcaldías y las perspectivas para las futuras elecciones municipales del 2012.

El capítulo de las conclusiones se ha querido reservar para responder las grandes preguntas de la investigación contenidas en las hipótesis que han guiado nuestro trabajo. Esperamos haberlo logrado y no perdernos en el laberinto de nuestras propias reflexiones.