El aborto es un tema de clase. Mientras se criminaliza y maltrata a mujeres de familias humildes en el sistema de salud público, las hijas de familias adineradas tienen acceso a abortos discretos y seguros.
Desde 1989 el aborto terapéutico en todas sus formas es criminalizado en Chile. Una propuesta de ley controvertida de Michelle Bachelet intenta despenalizar el aborto en algunos casos.
Actualmente Chile es uno de los pocos países en América Latina – y globalmente – que prohíbe el aborto terapéutico, incluso en casos cuando la vida de la madre está en riesgo. Aparte de Chile son solamente cinco países en la región (Haití, la República Dominicana, El Salvador, Nicaragua y Surinam) que tienen leyes igualmente prohibitivas. En los últimos días de la dictadura militar la derecha chilena pasó una ley penalizando todas las formas de aborto, revirtiendo la legislación más liberal vigente desde 1931 que había despenalizado algunas formas de aborto terapéutico.
Hacia fines de enero, la presidenta chilena Michelle Bachelet cumplió con su promesa electoral presentando un proyecto sobre la despenalización del aborto terapéutico hasta las 12 semanas de gestación (en caso de menores de 14 años de edad prolongable hasta 18 semanas). La iniciativa no legaliza, pero despenaliza la interrupción del embarazo en tres causales: 1) riesgo de vida de la madre 2) violación 3) inviabilidad fetal.
En la conferencia de prensa lanzando el proyecto de ley, la presidenta enfatizó que el Estado como garante de los derechos de las personas y del bien común está obligado a crear las condiciones que faciliten una decisión libre de las mujeres. Y añadió “la normativa vigente sobre interrupción del embarazo que lo prohíbe sin excepciones no responde al trato digno que el Estado de Chile debe otorgar a sus ciudadanas en estas situaciones”.
Aunque la iniciativa de ley es bastante moderada – despenaliza pero no legaliza el aborto terapéutico y lo limita estrictamente a los tres causales mencionados, dejando afuera cualquier tipo de indicación económica o social – ya ha causado unas polémicas muy fuertes. Como preludio, ya al comienzo de enero la lucha por una legislación más liberal reclamó una víctima prominente. La ministra de salud, Helia Molina, tuvo que renunciar después de pronunciar públicamente lo que en un país católico se suele encubrir: dentro del contexto de la legislación restrictiva abortos ilegales son un hecho y frecuentes.
Además, enfatizó que abortos no son solamente un tema de la salud pública sino reflejan las desigualdades sociales en una sociedad clasista como la chilena: Mientras mujeres pobres, quienes acuden al sistema de salud público, con frecuencia deben enfrentar tratos denigrantes y persecución legal, las hijas de estratos sociales adinerados acuden a clínicas privadas – en forma discreta y sin correr riesgos penales ni de salud.
Según cifras del Ministerio de Salud (Minsal), en promedio se hospitalizan cada año alrededor de 16.500 mujeres con embarazos relacionados con peligro de vida o inviabilidad fetal. Minsal no cuenta con cifras exactas sobre embarazos por violación.
Estudios sobre violencia doméstica y femicidios muestran una realidad aterradora. Además se muestra una clara relación entre riesgos de salud, tasas de mortalidad y clase social de las mujeres afectadas. Sin el respaldo de Bachelet, la ministra salió del gobierno "con las botas puestas“, es decir, sin relativizar su análisis de la triste realidad chilena.
Ahora, no sorprende que el tema del aborto terapéutico divida a la coalición de la Nueva Mayoría compuesta de partidos de centro-izquierda. Como era de esperar, el socio demócrata cristiano insiste una interpretación restrictiva de cualquier tipo de reforma. El viernes pasado, el debate "ético“ sobre el proyecto sobre la despenalización del aborto llegó a un nuevo climax. En una entrevista con Radio Solar, el diputado demócrata cristiano Pablo Lorenzini relativizó la violación.
Después de aclarar que estaría dispuesto de votar a favor del aborto terapéutico en caso de riesgo para la vida de la madre e inviabilidad fetal añadió que “en el caso de violación hay varios demócrata cristianos que tenemos bastantes dudas”. “¿Qué es la violación. Producto de algo que no quiso. Hay miles de casos de mujeres que tienen relaciones porque, o la mejor tomaron un traguito de más“. Los dichos del diputado se difundieron rápidamente por los medios sociales. Aparte de declaraciones de censura por parte del Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) y organizaciones de mujeres y feministas hasta la prensa -controlada por la derecha- se vio obligada a publicar comentarios críticos. Algunos y algunas camaradas del Partido Demócrata Cristiano ventilaron su desacuerdo de forma tajante, otros pidieron disculpas en nombre del partido. Mientras tanto Lorenzini se vio obligado a distanciarse de sus dichos que calificó como "tonteras“.
Un análisis de los debates en las redes sociales muestra sin embargo que un número significativo de los chilenos (incluyendo algunas chilenas) se identifican con los dichos sexistas y discriminatorias del parlamentario. Mientras los diarios controlados por la derecha se unieron en una campaña de difamar y escandalizar la campaña para la liberalización de la legislación vigente con imágenes de madres felices, fetos y embarazos avanzados, los comentarios en internet y las redes
sociales muestran la realidad cruda de un machismo con fuerte raigambre social. Víctimas de violaciones se denigran como "mujeres faciles“ o "putas“, argumentos a favor de la liberalización de la ley de aborto se comparan con el programa de eutanasia de un Josef Mengele.
Hasta ahora los partidos progresistas han mantenido un llamativo silencio en este debate. Mientras tanto organizaciones feministas se preparan para un 8 de marzo controvertido. Contrarias a la propuesta de ley bastante moderada estas organizaciones exigen una legalización del aborto, no solamente una despenalización, incluyendo los casos de indicaciones económicas y sociales, y el derecho a un aborto seguro y gratuito dentro del sistema de salud pública. Hay que esperar que suerte correrá esta propuesta de ley de antemano muy moderada entre los imperativos de un gobierno de coalición heterogénea y el machismo profundamente arraigado en la sociedad chilena.
8.2.2015, Santiago de Chile, Ingrid Wehr, directora Oficina Regional Cono Sur Fundación Heinrich Boell
