Neoextractivismo y alternativas: debates y conflictos en los países con gobiernos progresistas en Suramérica

En los primeros lustros del siglo XXI se han producido significativos desplazamientos y transformaciones en la división internacional del trabajo y de la naturaleza. El asombroso ritmo de crecimiento del sur y sureste asiático, y en especial la re-emergencia de China como gran potencia económica, y su transformado en el principal productor industrial del planeta, han generado un extraordinario incremento tanto en la demanda como en el precio de los commodities que producen los países suramericanos.

Esto ha coincidido con el surgimiento de lo que han sido denominados los gobiernos progresistas en el continente, tanto los que a través de nuevas constituciones se plantearon la transformación profunda (¿revolucionaria?) de estas sociedades (Venezuela, Bolivia, Ecuador), como los de una orientación más moderada, más cercanas a la socialdemocracia (Brasil, Argentina, Uruguay).

El tema del extractivismo ha generado profundas divisiones en el seno de la izquierda, organizaciones y movimientos populares durante la última década. Esto es expresión, entre otras cosas, de visiones diferentes de la sociedad a la cual se aspira, de evaluaciones no compartidas sobre lo que fue el socialismo del siglo XX y, en consecuencia, de prioridades diferentes que unos y otros sectores le otorgan a las principales dimensiones o ejes del cambio requerido en estas sociedades. Muy esquemáticamente es posible caracterizar las partes de esas confrontaciones en los siguientes términos. Por un lado, quienes -por lo menos para la primera etapa de los procesos de cambio- le otorgan prioridad en las agendas de transformación al antiimperialismo, a la recuperación del Estado, la soberanía nacional, la superación a corto plazo de la pobreza/desigualdad y al crecimiento económico, tienden en general a tener una visión poco problematizadora o crítica de las implicaciones del extractivismo. Por el otro, quienes, sin negar mucho de lo anterior, asumen como objetivo estratégico prioritario la búsqueda de opciones al patrón civilizatorio de crecimiento sin fin, con énfasis en la interculturalidad, las alternativas al desarrollo y la preservación de la vida que está siendo amenazada por la lógica depredadora de la sociedad hegemónica, tienden a asumir miradas radicalmente críticas en torno a las implicaciones del extractivismo para los procesos de cambio en el continente. Esta división atraviesa igualmente a la academia latinoamericana.

En general los gobiernos “progresistas” y sus defensores argumentan que es necesario aprovechar el contexto de la elevada demanda y precio de los commodities para acumular los recursos requeridos con el fin de realizar las inversiones sociales, productivas y de infraestructura que permitan, en una fase posterior, superar el extractivismo. Ello pasa, necesariamente, por un mayor control estatal sobre la explotación de las materias primas, ya sea mediante nacionalizaciones o mediante mayores cargas impositivas, para lograr una mayor participación en la renta que antes había tenido a las corporaciones transnacionales como principales beneficiarias.

En este contexto internacional favorable a los exportadores de commodities, las políticas de ampliación de las actividades extractivas y de mayor participación del Estado en los ingresos provenientes de éstas, han hecho posible importantes resultados que estos gobiernos pueden reivindicar. Se logró, durante varios años, un crecimiento económico sostenido. Después de un largo período de déficits, entre los años 2002 y el 2007, América Latina en su conjunto tuvo saldos de cuenta corriente favorables. Entre el año 2003 y el año 2012 la deuda externa total como porcentaje del producto se redujo a menos de la mitad. La inversión extranjera directa creció aceleradamente.[1] En términos geopolíticos, estas condiciones económicas favorables permitieron mayores niveles de autonomía. Con una mayor diversificación geográfica del comercio exterior y el acceso a otras fuentes de crédito, se redujo la elevada dependencia que antes se tenía con relación a los Estados Unidos y la Unión Europea. Las balanzas de pagos positivas permitieron pagar deudas externas y librarse de la tutela de las instituciones Bretton Woods, así como la acumulación de reservas internacionales. Después de la derrota del ALCA se dieron pasos iniciales hacia nuevos mecanismos de integración regional como el ALBA, UNASUR y CELAC. El continente dejó de ser el patio trasero de los Estados Unidos.

El sostenido incremento de los ingresos fiscales permitió inversiones masivas en programas sociales como las misiones en Venezuela y el programa Bolsa Familia en Brasil, que permitió sacar a 40 millones de personas de la pobreza. En todos estos países mejoró el acceso a los servicios educativos, de salud y a la seguridad social e incluso se dio una cierta reducción de la desigualdad. En consecuencia, estos gobiernos han contado con importantes grados de legitimidad y han logrado estabilidad política después de años de mucha turbulencia caracterizada por revueltas populares, golpes de Estado y gobiernos que no lograban concluir sus períodos constitucionales. Han logrado -en todos los casos- sucesivas victorias electorales. En Venezuela el gobierno ha ganado en cada una de las cuatro elecciones presidenciales que se han realizado desde que Hugo Chávez accedió a la presidencia en el año 1999. Tanto el Partido de los Trabajadores en Brasil como el Frente para la Victoria en Argentina han ganado cuatro elecciones presidenciales sucesivas. El Frente Amplio de Uruguay ganó su tercera victoria seguida en las elecciones presidenciales de octubre del 2014. Evo Morales fue reelecto presidente de Bolivia con 63% de los votos en octubre del 2014. Rafael Correa cerró el año con niveles de popularidad de entre 70 y 80% en Ecuador.

Sobre la base de todo esto podría afirmarse que esta apuesta por el crecimiento basado en un modelo productivo extractivo y de reprimarización de las economías ha sido extraordinariamente exitoso.

Existen, sin embargo, otras miradas, otros criterios, otros horizontes normativos, otras concepciones en torno a las sociedades a las cuales se aspira para evaluar estas experiencias. Si incorporamos estas otras perspectivas llegamos a balances bastante más complejos, mucho más preñados de tensiones y contradicciones.

¿Transformaciones civilizatorias o crecimiento económico capitalista?

Son muchas las razones por las cuales se generaron expectativas de que Suramérica sería la región del planeta en la cual sería posible articular las luchas contra el neoliberalismo y por la superación del capitalismo, con procesos de construcción de alternativas civilizatorias al modelo depredador de crecimiento sin fin característico de la modernidad. En las ampliamente extendidas luchas populares en todo el continente en contra del neoliberalismo y contra lo que llegó a ser su proyecto más perverso, el ALCA, ocuparon un lugar destacado los pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes. La defensa de los territorios, la lucha contra los monocultivos y los transgénicos y la mega minería ocuparon lugares centrales en las agendas de lucha. Las nociones del buen vivir de los pueblos indígenas andinos y amazónicos fueron ampliamente incorporados a la gramática política de estas luchas. La victoria electoral de diferentes candidatos de izquierda o progresistas fueron posibles gracias a los procesos de acumulación de fuerza transformadora que estas luchas hicieron posible.

Sin embargo, con estos gobiernos se ha profundizado el desarrollo extractivista y ha crecido el peso del sector primario exportador, contribuyendo de esa manera a suministrar los insumos requeridos para alimentar la lógica depredadora global, contribuyendo así a consolidar al orden capitalista contra el cual se luchaba. Un nuevo consenso continental, el consenso de los commodities[2] es compartido por todos los gobiernos suramericanos, independientemente de su signo político.

Es ésta la paradoja, o contradicción, más profunda presente en los países con gobiernos progresistas de Suramérica, especialmente en los casos de Bolivia y Ecuador. Precisamente en el momento en que, por primera vez en la historia de este continente, se han reconocido constitucionalmente los derechos de los pueblos indígenas, llegándose en estos dos países a definir sus Estados como plurinacionales, y se reconocen jurídicamente los derechos de la naturaleza, se está acelerando la expansión de la lógica depredadora-extractivista de desposesión, ocupando/devastando aun aquellos territorios que en los últimos cinco siglos habían permanecido relativamente al margen de estos procesos de expansión del capital. En estos territorios, en estas nuevas fronteras del capital global, aguas y suelos están siendo contaminados, bosques destruidos, la biodiversidad reducida, poblaciones desplazadas. Los cultivos para el auto-consumo y los mercados locales están siendo sustituidos por monocultivos transgénicos, como es el caso de la soya,[3] amenazando la soberanía alimentaria. A pesar de los contenidos constitucionales, estos gobiernos no pueden reconocer el derecho de los pueblos indígenas y afrodescendientes a sus territorios tradicionales, ya que son precisamente dichos territorios los que tienen que ser sometidos a estas lógicas extractivas, aunque ello requiera la criminalización de las resistencias.

En términos del impacto devastador de estas actividades sobre los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos, es indiferente que las corporaciones participantes sean nacionales o extranjeras, occidentales u orientales, públicas o privadas, o del discurso de revolución o de mercado con el cual estas actividades sean acompañadas.

El extractivismo no es, como lo ha argumentado Álvaro García Linera, Vicepresidente de Bolivia, una “forma técnica” de producción compatible con cualquier modelo de sociedad.[4] Es por el contrario, en su mega escala actual, expresión de un patrón civilizatorio antropocéntrico y patriarcal de destrucción de la vida. Además de producir mercancías, el modelo productivo extractivista contribuye a la formación de los agentes sociales involucrados en ese proceso,[5] genera subjetividades y tiende a moldear regímenes políticos caracterizados por el clientelismo y el rentismo. Genera una dependencia creciente de los sectores populares de las transferencias del Estado y tiende a debilitar sus capacidades autónomas, y con ello, la democracia. El ingreso proveniente de las actividades extractivas permite aumentar el gasto fiscal sin reformas en regímenes impositivos que se caracterizan por su carácter regresivo. La redistribución vía subsidios estatales y las transferencias monetarias directas responden a demandas inmediatas de la población, pero contribuyen poco a alterar las estructuras productivas de la sociedad y las profundas desigualdades que la caracterizan.

Una vez instalado como patrón de organización de la sociedad, difícilmente puede ser revertido. La especialización en la producción de materias primas, lejos de permitir una acumulación que garantice la inversión en alternativas al extractivismo, tiende a bloquear la posibilidad de otras actividades generando procesos de desindustrialización en el continente.[6] Este modelo primario-exportador representa la continuidad de las formas históricas coloniales de inserción en mercado global basadas en la exportación de naturaleza y el comercio ecológicamente desigual.[7] Con esto no se está contribuyendo la búsqueda de alternativas al capitalismo sino alimentando su insaciable maquinaria depredadora.

La teoría de las ventajas comparativas y los precios de los commodities

Retomando la teoría clásica de las ventajas comparativas en el comercio internacional, gobiernos y muchos académicos asumieron que el alza sostenida en demanda y precio de los commodities era una indicación de que el deterioro de los términos de intercambio entre commodities y bienes industriales era cosa del pasado y que era posible, en estas nuevas condiciones, aprovechar los elevados precios de los commodities para financiar los procesos de cambio planteados. Sin embargo, en la segunda década del siglo volvieron a hacerse presentes las históricas fluctuaciones y tendencias a la baja de los precios de los commodities en el mercado internacional, afectando cada uno de los principales renglones exportados por el continente.

En el segundo semestre del 2014, el precio del petróleo bajó más de 50%; entre mediados del 2011 y finales del 2014 el precio del cobre se redujo en 35%; el precio del mineral de hierro en noviembre 2014 era menos del 40% del precio de febrero del 2011; entre junio y octubre del 2014 el precio de la soya bajó en un 27%.[8] El país más afectado ha sido Venezuela ya que el petróleo representa el 96% del valor de sus exportaciones. La continuidad de políticas sociales de estos años está lejos de estar garantizada.

Formas de inserción en el mercado mundial y relaciones con China

La superación del capitalismo y el camino hacia sociedades del buen vivir, capaces de vivir en armonía con la naturaleza exige, necesariamente, procesos de desacoplamiento respecto a los mecanismos de mercantilización que caracterizan al mercado mundial, y la creación de otros tejidos sociales y espacios productivos sustentados en alternativas al crecimiento sin fin, así como otros imaginarios y otros patrones culturales de consumo. Ello solo sería posible al interior de espacios de integración de creciente densidad sustentados en esas otras lógicas. Esto no es compatible con modelos productivos basados en el extractivismo y economías primario-exportadoras cuya prioridad es el acceso a mercados extra continentales^.[9]

Las relaciones con China, lejos de reducir la dependencia del continente respecto al mercado capitalista global y sus patrones culturales, la han profundizado. La extraordinaria demanda china de materias primas ha producido alzas muy importantes tanto en la demanda como en los precios de los principales commodities que produce el continente,[10] empujando hacia la reprimarización de sus economías. Mientras que, para el conjunto de América Latina, las materias primas representan un poco más de 40% del total de las exportaciones, la cifra correspondiente a sus exportaciones a China es de prácticamente 70%. En lo fundamental, en sus relaciones comerciales con China, América Latina intercambia commodities por bienes industriales.[11]

Una elevada proporción del valor total de las exportaciones de los países suramericanos a China está concentrada en solo uno, dos o tres productos básicos de origen primario extractivo o alguna manufactura de origen agropecuario: petróleo, mineral de hierro, cobre, soya, harina de soya. En el caso de Brasil, el país más industrializado del continente, entre los años 2005 y el 2008, el peso relativo de los productos primarios en las exportaciones totales a China pasó de 20% a 80%, principalmente mineral de hierro y soya.[12]

Esta especialización primario exportadora está inducida igualmente por los créditos y las inversiones chinas. Desde el año 2005 China ha otorgado más de 100 mil millones de dólares en créditos al continente, un volumen mucho mayor de los créditos combinados provenientes del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Exportación e Importación de los Estados Unidos.[13] La mayor parte de estos créditos están directamente asociados a la producción de commodities, o a las infraestructuras requeridas para ello. En algunos casos, como Venezuela y Ecuador, parte de estos créditos deben ser pagados directamente con petróleo.[14] Las inversiones chinas están igualmente concentradas en actividades extractivas.[15] Todo esto compromete a seguir por la senda del extractivismo a largo plazo.

Más allá del extractivismo: la transición

Ante el avance incontenible de estas lógicas depredadoras, en estos años no solo han continuado, sino que se han profundizado y extendido en todo el continente las luchas y resistencias en contra del extractivismo y de sus infraestructuras (represas, carreteras oleoductos, puertos). Se han articulado redes continentales contra la mega minería, las represas hidroeléctricas, los monocultivos y los transgénicos. Pueblos indígenas, afrodescendientes, así como habitantes de pequeñas ciudades alejadas de las metrópolis, son hoy los principales protagonistas de estas luchas. Se han logrado importantes victorias locales y en muchas ocasiones las empresas se han tenido que retirar ante la resistencia de las poblaciones afectadas. Sin embargo, mientras la confianza en el desarrollo siga siendo hegemónica, mientras los gobiernos puedan seguir llevando a cabo las actuales políticas sociales financiadas con actividades extractivas, mientras los impactos depredadores del extractivismo sigan estando lejos de los centros metropolitanos, será difícil que estas demandas sean asumidas por la mayoría de la población, sobre todo por los sectores populares urbanos.  

Hoy en el continente nadie está proponiendo que de un día para otro se decrete el fin del extractivismo y que a partir de esa fecha no se extraiga un barril de petróleo, ni una tonelada de mineral de hierro, ni se siembre una hectárea de soya transgénica. Es sin embargo urgente ampliar y profundizar los debates sobre la necesaria transición hacia una economía no- extractivista, no-rentista, más allá de una retórica vacía sobre su necesidad que suele estar presente en los discursos gubernamentales. ¿Qué medidas concretas habría que tomar en el presente en áreas tan medulares como el ámbito energético, la producción de alimentos, o el modelo de transporte, para dar pasos en la dirección de un patrón productivo, un modelo de organización de la sociedad no-desarrollista, no-extractivista, no-rentista?[16] De no iniciarse esta transición a corto plazo, los llamados gobiernos progresistas pasarán a la historia como los responsables haber acelerado los procesos de destrucción del planeta y de haber frustrado las esperanzas de otro mundo posible.