Inmigrantes: la incertidumbre en la era Trump

Para una gran parte de los inmigrantes en Estados Unidos hay un antes y un después. Un antes de Donald Trump, en el que siempre hubo miedo e incertidumbre. Y un después de Donald Trump, en el que a esos sentimientos se ha sumado uno más: la conciencia del riesgo que implica ser diferente, tener un color de piel y un acento distinto. La conciencia de no ser completamente aceptado en una sociedad dividida frente al tema de la migración.

El debate sobre la migración ha existido por décadas en Estados Unidos y, por lo general, ha estado ligado a los flujos económicos. Cuando la economía anda mal, se culpa a los migrantes de todos los males del país, incluyendo la falta de empleos, los bajos salarios y los índices de criminalidad, pero nunca en tiempos recientes, la retórica de un candidato presidencial había sido tan extremadamente divisoria en torno a la migración como ahora. Al relacionar a los inmigrantes con la pérdida de empleos y el terrorismo, al acusarlos de “violadores, criminales y narcotraficantes”, Trump desató el rencor de una parte del electorado estadounidense hacia los extranjeros y lo materializó en la idea de un muro no solo físico, sino también mental: el muro del odio.

“Creo que Trump empoderó a muchas personas que se sintieron con el derecho de decir abiertamente que todo aquel que no es blanco no tiene derecho a estar en el país”, dice Patricia Estrada, quien ha vivido en Dallas por cerca de 20 años y está por obtener la ciudadanía estadounidense. “Tengo un marcado acento mexicano y cuando contestaba llamadas en mi oficina, colgaban antes de decir: “quiero hablar con alguien que hable bien inglés””. Estrada afirma que, en un nivel personal, no ha sentido un rechazo por su condición de extranjera y que incluso ha visto muestras de apoyo y solidaridad por parte de muchos anglosajones que no están de acuerdo con Trump. Sin embargo, admite que su situación es privilegiada porque está legalmente en el país. “Es muy distinto para la gente que no tiene papeles”, dice.

 Tras el triunfo de Trump en las elecciones de noviembre de 2016, las manifestaciones de odio, racismo y xenofobia surgieron de inmediato en escuelas públicas, calles y centros comerciales de distintos estados del país. El Southern Poverty Law Center (SPLC),[1] una organización no lucrativa que monitorea a grupos racistas en Estados Unidos, documentó 867 incidentes de odio, intimidación y acoso contra minorías ocurridos en los primeros diez días después de la elección presidencial. Los incidentes afectaron a afroamericanos, musulmanes, latinos y población gay. En diversos centros educativos del país, estudiantes de grupos minoritarios fueron acosados por sus compañeros. Expresiones como “regrésate a tu país”, “only English, please” y “construyamos el muro” fueron reportadas. En algunas universidades incluso circularon volantes anti-musulmanes y en contra de la población afroamericana. Un incidente mucho más extremo se registró el 24 de febrero de 2016 en una comunidad de Kansas, cuando un hombre disparó a quemarropa contra dos inmigrantes indios dentro de un bar, luego de que se negaron a darle información sobre su estatus legal. “Váyanse de mi país”, les gritó antes de dispararles. Los inmigrantes eran ingenieros y tenían visas de trabajo. Uno de ellos murió y el otro resultó herido. El caso está siendo investigado como un posible crimen de odio. El SPLC asegura que el número de grupos de odio en el país pasó de 892 en 2015 a 917 en 2016. El crecimiento más dramático se dio entre los grupos que promueven el odio hacia los musulmanes, que pasaron de 34 a 101 en 2016. La organización vinculó ese incremento a la retórica incendiaria de Trump, la cual incluyó una promesa –que hoy es una realidad– para prohibir la entrada de musulmanes provenientes de ciertos países a los Estados Unidos.

Muchas de las manifestaciones de rechazo y odio han sido ataques e insultos verbales. Sin embargo, la amenaza más temida entre los inmigrantes es la deportación y la posible separación de sus familias. La amenaza se concretó a finales de enero de 2017, cuando el presidente Trump dio a conocer su política migratoria, que, en los hechos, categoriza como “criminales” a millones de inmigrantes indocumentados.

“Mi esposa y yo llevamos 15 años viviendo aquí. Estamos pagando una casa, tenemos dos hijos (ciudadanos estadounidenses) y hemos sido buenas personas”, dice Noé, quien trabaja en un rancho en Nuevo México. “Pero ahora nos sentimos muy solos y muy tristes porque sabemos que todo puede cambiar en cualquier momento”.

De acuerdo a la orden ejecutiva de Trump Reforzamiento de la Seguridad Pública al Interior de Estados Unidos,[2] un inmigrante que ha permanecido en territorio estadounidense con una visa expirada es considerado una “amenaza para la seguridad nacional” y, en consecuencia, debe ser removido del país. La orden establece la inmediata deportación de personas que hayan sido convictas por un crimen o acusadas de algún delito –sin especificar qué tipo– lo que deja abierta la posibilidad de que no pagar una infracción de tránsito sea considerado un “crimen”. Incluye también a personas que hayan abusado de algún programa de beneficios públicos o que no hayan cumplido con las órdenes de abandonar el país. La política permite, además, que los agentes de migración o policías locales detengan a cualquier persona que, en su opinión, “represente un riesgo para la seguridad del país”. “Bajo estos criterios, cualquier inmigrante tiene el riesgo de ser considerado un criminal”, dice Fernando García, director ejecutivo de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos en El Paso, Texas. “Las policías migratorias están buscando cualquier pretexto para cuestionar a personas sobre su situación legal… En la práctica, es una política anti-inmigrante, xenofóbica”.

El memorándum[3] del Departamento de Seguridad Nacional Implementación de la Política Presidencial para la Seguridad Fronteriza y el Mejoramiento de la Aplicación de las Leyes Migratorias restaura un controversial programa llamado Comunidades Seguras que permite la colaboración de policías federales, estatales y locales para identificar a través de una base de datos biométricos a indocumentados que cometieron delitos y entregarlos a las autoridades migratorias. El programa fue cancelado bajo la administración de Barack Obama en 2014, tras documentarse que afectó a miles de personas que no habían cometido delitos graves. En su lugar, se implementó otro mecanismo llamado Programa de Cumplimiento de Prioridad que, en teoría, ponía bajo la mira sólo a criminales convictos para los procesos de deportación. En los hechos, sin embargo, miles de personas que no tenían un récord delictivo terminaron siendo deportadas.

“Obama construyó –aunque no usó en toda su capacidad– la maquinaria que Trump usará para deportar a muchas personas”, dice Sarah Silva, directora ejecutiva de la organización no lucrativa New Mexico Comunidades en Acción y Fe (NMCafe). “George Bush creó el Programa 287(g), que da poder a las policías locales y estatales para actuar como agentes migratorios. Ambas políticas crearon el sistema que ayudará Trump a deportar a millones”, afirma.

El memorándum mencionado criminaliza a los padres de menores centroamericanos que cruzan la frontera y los considera sujetos inmediatos de deportación por el delito de tráfico de personas. La única excepción a la deportación es la que protege a los jóvenes registrados en el Programa de Acción Diferida (DACA),[4] aunque no especifica por cuánto tiempo. Este programa nació en 2012 bajo el gobierno de Barack Obama con la idea de proteger a los jóvenes que llegaron a Estados Unidos siendo niños y no culparlos por las decisiones de sus padres. Bajo el programa, los jóvenes reciben un permiso de trabajo renovable cada dos años. Cerca de 750,000 jóvenes están inscritos en él.

Sergio Baray llegó a Estados Unidos cuando tenía cuatro años y ha estado bajo la protección de DACA los últimos dos. En noviembre de este año tendrá que volver a renovar su permiso de trabajo. Sin embargo, su situación actual no le preocupa tanto como la posibilidad de que sus padres, que han vivido indocumentados por 23 años, sean deportados. “Si ellos son deportados, yo tendría que dejar la escuela para hacerme cargo de mis hermanos (de 13 y 17 años) y de los negocios de mi papá”, dice Baray, quien estudia en la Universidad Estatal de Nuevo México. “Mis padres tienen miedo, pero la esperanza es que hemos contribuido a la economía de este país por medio de nuestros restaurantes, hemos pagado impuestos, le hemos dado trabajo a ciudadanos americanos”. Ante la posibilidad de que él mismo sea deportado, Baray dice: “sería muy difícil para mí. Lo que la gente no entiende es que crecimos aquí. No he ido a México desde los cuatro años, no conozco ese país. Este es mi país…”

El Pew Research Center[5] estima que en Estados Unidos viven entre 11 y 12 millones de inmigrantes indocumentados y más de la mitad de ellos provienen de México. Un estudio del Institute of Taxation and Economic Policy (ITEP)[6] estima que los inmigrantes indocumentados contribuyen a la economía estadounidense con 11.6 mil millones de dólares por año. “Los inmigrantes indocumentados pagan en promedio el 8 por ciento de su ingreso en impuestos locales y estatales”, afirma el análisis. La contribución de los indocumentados a la economía estadounidense no fue un tema recurrente en la campaña de Trump, quien prefirió sembrar la idea del odio al referirse a ellos, en especial a los mexicanos, como “violadores, asesinos y criminales”.[7] Su propuesta de construir un muro a lo largo de la frontera con México para proteger a Estados Unidos del flujo migratorio encontró eco en miles y miles de estadounidenses que le dieron apoyo en las urnas.

Sin embargo, no todos los estadounidenses apoyan las políticas de Trump. El país está, de hecho, profundamente dividido en el tema migratorio. Una encuesta[8] reciente mostró que casi la mitad de los estadounidenses apoyó la prohibición del ingreso de musulmanes provenientes de siete países, mientras que la otra mitad externó su rechazo a esa medida. En cuanto al muro, la mayor parte de los estadounidenses parecen inclinarse a rechazarlo y consideran que éste no reducirá la inmigración indocumentada. A lo largo del país, se han registrado manifestaciones de apoyo y solidaridad hacia los inmigrantes y varios estados han desafiado las órdenes ejecutivas de Trump.

Entre la gente que rechaza el muro están miles de jovenes hispanos como Jianna Vásquez, de 19 años, que nació en Estados Unidos pero es hija de inmigrantes mexicanos. Ella asegura que los cuatro años del gobierno de Trump no cambiarán la esencia de este país. “Nos guste o no, Trump es el presidente, pero eso no implica que no podamos protestar, manifestarnos y actuar en contra de lo que hace,” dice Jianna. “Es momento de actuar y de no ser débiles”.

El alcance real de estas expresiones está aún por verse y dependerá en gran medida de su vinculación con movimientos nacionales que cuestionen la legalidad y constitucionalidad de las políticas de Trump. Mientras esto suceda, el muro interno seguirá creciendo y causando estragos. Ese muro no hará a Estados Unidos un mejor país; tampoco le devolverá los empleos que ha perdido, ni lo hará una nación más segura, pero sí puede convertirlo en un país menos tolerante y alejado de su propia historia. Habrá que trabajar mucho para que la cordura, la razón y el sentido común se impongan sobre el discurso de odio.

Este articulo se publicó en la revista Perspectivas No.3: Ir, venir, quedarse, seguirle - Facetas de la migración en América Latina que puede bajar gratuitamente aquí: