Nicaragua se encuentra sumergida en una profunda crisis política desde hace más de dos años, un hecho que se ha presentado de manera cíclica y recurrente en su historia. Dentro del contexto sociopolítico actual, a partir de 2018 se han agudizado los conflictos socioambientales y las violaciones a derechos humanos, donde las mujeres y los pueblos originarios continúan siendo las poblaciones más vulnerables; adicionalmente, la violencia por razones de género se ha exacerbado en el marco de la pandemia. En este texto se abordan de manera sintética cada uno de estos diversos escenarios sociales que tienen como punto nodal la existencia de un gobierno autoritario y represivo.
Elaboraron este resumen Angy, Anielka Jirón,Grethy Manzanares, Rachell Escalante, Diego Coppens y Sergio Hernández.
Contexto socio político y ambiental en Nicaragua
I. La rebelión popular del 2018
El 18 de abril de 2018 inicia una rebelión popular, marcando el inicio de una ruptura decisiva del modelo político-económico que se había desarrollado en la última década, bajo la presidencia inconstitucional de Daniel Ortega Saavedra, apoderado de los escombros del FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional). La promulgación de una reforma a la seguridad social fue el detonante de muchos malestares acumulados en los últimos años. Con esta medida se incrementaba el aporte patronal de los trabajadores, en tanto que se reducían las pensiones de los ya jubilados. El sector estudiantil fue el primero en manifestarse y salir a las calles en apoyo a los adultos mayores. La represión policial, así como de grupos de choque del partido de gobierno, sólo exacerbó aún más los ánimos y un efecto “bola de nieve” se apoderó de las principales ciudades del país, donde las y los “autoconvocadas/os” organizaron las primeras manifestaciones de protesta cívica y pacífica; marchas, piquetes y en última instancia tranques en carreteras.
La reacción violenta del gobierno en contra de las protestas no sólo desencadenó la crisis que se ha venido profundizando hasta ahora, sino que demuestra el agotamiento del modelo político económico que se venía gestando, principalmente por la ruptura con el gremio empresarial a raíz de la reforma unilateral a la seguridad social, el detonante de la rebelión de abril. Esta ruptura implicó definitivamente el fin del ciclo de estabilidad de la última década y colocó al gobierno, así como al sector privado nicaragüense, en una encrucijada histórica con respecto al descalabro institucional y democrático, a la crisis ambiental, económica y sociopolítica, pero principalmente a las demandas populares de justicia y libertad.
II. Situación económica
La buena salud en la economía del país estaba sustentada en un modelo corporativista de consenso tripartito. La formulación de las políticas públicas nacionales las decidían tres actores principales: el gobierno central, la empresa privada y los sindicatos, subordinados al partido de gobierno. Cualquier demanda social del ámbito que fuese, debía atravesar inexorablemente este filtro para poder ser considerada en el momento de las decisiones importantes. Con los años se afianzó el carácter corporativista de este modelo, que paulatinamente fue privatizando la gestión de lo público.[1]
En los años anteriores a las protestas antigubernamentales en abril 2018, Nicaragua, siendo el segundo país más empobrecido del continente después de Haití, reflejaba un crecimiento sostenido del PIB, alrededor de un 4% anual, lo cual era excepcional en comparación a la región. El discurso “socialista” y antiimperialista del gobernante Frente Sandinista, transmitido por numerosos medios de comunicación propiedad de la familia Ortega y Murillo, iba en contradicción con la profundización del modelo capitalista de desarrollo, impulsado mayormente con fondos de la cooperación venezolana y administrados a título privado por el propio régimen a través de ALBANISA, entre otras empresas creadas para tal fín. Algunos sectores críticos al gobierno destacan que no ha existido fiscalización alguna de estos fondos e inversiones, administrados de manera totalmente discrecional.
Este supuesto “desarrollo”, celebrado por el FMI y el Banco Mundial, puede ser explicado por la intensificación de procesos extractivos, evidenciada a su vez por el sinnúmero de concesiones recientes otorgadas a empresas mineras e hidroeléctricas, entre otras. La Ley 840 de concesión canalera es un vivo ejemplo de estas dinámicas, al permitir el despojo del territorio nacional por empresas extranjeras y pisotear los derechos de los campesinos por encima de la Ley. [2]
Todo ello dio origen al movimiento campesino más importante de los últimos años en Nicaragua. Y desde ese entonces (2013-14), hemos sido testigos del aumento de la represión estatal en contra del movimiento campesino anti-canal, a cuyos integrantes se impidió entrar a la capital durante sus marchas de protesta, que para el 2018 ya eran más de cien. Esta lógica represiva es parte de los antecedentes a las masacres ocurridas desde abril 2018, que fueron ordenadas por el gobierno en contra de la población bajo el argumento de contrarrestar un “golpe de estado”, el cual hasta la fecha no ha sido demostrado.
III. Extractivismo y el “Gran Canal interoceánico”
Nicaragua ha reactivado el histórico sueño interoceánico con la construcción de un canal en el año 2012, sustentado en la Ley 800[2]: “Ley del Régimen Jurídico del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua y de creación de la Autoridad del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua”. En esta oportunidad el Gobierno del presidente Daniel Ortega otorgó una concesión por cincuenta años prorrogables a una empresa recién creada llamada HKND Group, propiedad de un inversionista chino llamado Wang Jing. Esta concesión llevaría a la aprobación de una ley complementaria y polémica que es la Ley 840[3]: “Ley especial para el desarrollo de infraestructura y transporte nicaragüense atingente a el canal, zonas de libre comercio e infraestructuras asociadas”.
La construcción desplazaría entre 30 mil y 120 mil campesinos de la zona sur del país, sumándose a los impactos socioambientales ligados a los cambios de uso de suelo, la contaminación y la salinización del Cocibolca o Gran lago de Nicaragua, una de las reservas de agua dulce más importantes de Centroamérica[4]. Este suceso no sólo anunciaba el desastre ecológico en Nicaragua, sino que a nivel social empezaron desplazamientos forzados en las comunidades campesinas afectadas por la ruta canalera.
A pesar que el proyecto aún no reunía el capital necesario para su implementación, el andamiaje legal que implicaba expropiaciones y concesiones para áreas de libre comercio, aeropuertos y puertos, ya estaba en marcha. Cabe señalar que el negocio del Canal no se limita a la megaobra sino que se extiende en inversiones y proyectos alternos. Aunque aún no se ha concretado dicha construcción, este escenario pone de manifiesto los intereses geoestratégicos y políticos de Nicaragua en la posteridad.
Contexto socioambiental en el Caribe
Cabe mencionar que los conflictos socioambientales se reflejan mayormente en el Caribe del país, ya que en esta zona se concentran la mayor parte de los recursos naturales: 23% del área agrícola, más del 80% del área forestal, 70% de la producción pesquera, 60% de los recursos mineros, y un gran potencial de turismo de costas[5]. Con una baja densidad poblacional, la región la habitan diferentes pueblos indígenas cuyas culturas están estrechamente relacionadas a la naturaleza.
Desde tiempos coloniales, la población costeña ha expresado una constante resistencia a los intentos de dominación, tanto externos como internos, por establecer un modelo de desarrollo extractivista y la aprobación de megaproyectos, como el mencionado anteriormente, que no incluye ni entiende la cosmovisión de los pobladores de la región. Además de la invasión de territorios indígenas, que ha creado un mercado ilegal de tierras al margen de la Ley 445[6], han habido desplazamientos forzados de indígenas, debilitando aún más su seguridad alimentaria y generando un desarraigo cultural por la estrecha relación que estas poblaciones tienen con sus territorios ancestrales. Activistas de derechos humanos han denunciado el etnocidio y la complicidad del Estado por la falta de respuesta de las instituciones correspondientes, por la presencia de ex militares entre los invasores, conocidos como “colonos”, por no acatar las medidas cautelares dictadas por la CIDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos) y porque inevitablemente el Estado debe estar enterado del mercado ilegal de tierras indígenas a través de la superintendencia de la propiedad. [7,8]
La implementación de un modelo de desarrollo que no se vincula con la cosmovisión de los pobladores de la región, la aprobación de megaproyectos al margen de la ley y la invasión de territorios indígenas son reflejos del irrespeto a la autonomía regional (Ley No 28: Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Caribe de Nicaragua). Por un lado se ha intentado anular explícitamente la autonomía regional; las instituciones estatales no reconocen a muchas de las lideresas y líderes territoriales y su lugar ha sido ocupado por secretarios políticos del partido gobernante. Por otro lado, se ha intentado vaciar la autonomía desde adentro con la intervención de partidos políticos en las elecciones de líderes comunales, territoriales y regionales de tal manera que estos responden a intereses políticos y no a la voluntad de la población expresada en las asambleas comunitarias [9]
Adicionalmente, por la posición geográfica del Caribe, el tipo de construcción de las viviendas (de madera) y su cultura de vivir en los litorales (principalmente en zonas rurales) existe una alta vulnerabilidad frente a huracanes e inundaciones. Sin embargo, esta vulnerabilidad ha sido instrumentalizada por el gobierno actual y los anteriores, como vehículo de dominación. No se han aplicado estrategias de prevención y mitigación de desastres, únicamente medidas de evacuación en casos de emergencia; que si bien han contribuido a reducir el número de muertes, continúa incrementando el nivel de marginación de estas poblaciones que continuamente pierden sus viviendas y medios de vida, quedando siempre al margen del desarrollo y dependientes de las políticas asistencialistas del Estado.
Los pueblos indígenas de Nicaragua y el abandono estatal
Dentro de ese contexto de grandes desigualdades estructurales, arraigadas como parte de la herencia que dejó la colonia: una estructura de poder y dominación, los pueblos originarios han perdido su voz. Históricamente, el Estado ha infantilizado estos pueblos, la élite ha usurpado su representación al hablar por el pensar, sentir y querer de estas comunidades, pero limitándolos en el ejercicio de sus derechos. Son los sueños, las ilusiones y las utopías las que mantienen viva la esperanza de un mañana mejor ante un panorama desalentador.
La vida de las comunidades originarias se desarrolla envuelta en esa estructura jerárquica de dominación racial, política y económica. Con vulnerabilidades de toda índole; climáticas, ambientales, sociales, y un abandono total del Estado, el cual reproduce sistemas de explotación y dominación hacia estas poblaciones, comprometiendo sus fuentes principales de reproducción de la vida misma: agua, bosques, tierras, suelos y subsuelos.
En Nicaragua hay una diversidad de pueblos indígenas y afrodescendientes. Entre las regiones del Pacífico, Centro y Norte, se encuentran los chorotegas, los cacaopera o matagalpa, los ocanxiu o sutiaba y los nahoa o náhuatl, mientras en la Costa Caribe Norte y Sur habitan los miskitu, los sumu-mayangna y los rama. Los afrodescendientes, denominados “comunidades étnicas” en la legislación nacional, incluyen a los creole o krio y a los garífunas, presentes también en Honduras y Belice.
Durante la época colonial, las autoridades españolas nunca lograron establecerse en estos territorios y fueron los gobiernos republicanos después de la Guerra Nacional (1856) los que asumieron el proyecto colonizador, iniciando con la ocupación de hecho por personas extranjeras y ladinas que se posesionaron de las tierras indígenas. Estas ocupaciones comenzaron a legalizarlas con la Ley Agraria de 1877, ampliada en 1902 y con la cual legalizaron el despojo de amplios territorios para el saqueo de los recursos naturales, especialmente minerales y del bosque (Pueblo Indigena Chorotega , 2014).
En 1979 el gobierno sandinista toma el poder y debe enfrentarse a una resistencia armada apoyada por los pueblos indígenas, principalmente miskitos. En 1987, y para acabar con la resistencia indígena, el FSLN crea las Regiones Autónomas de la Costa Caribe o Atlántica, Norte y Sur, basadas en una Nueva Constitución Política y un Estatuto de Autonomía (Ley 28).
A raíz de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la Comunidad Mayagna de Awas Tingni contra el estado de Nicaragua en el 2001, se emite la Ley 445 del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz, que a partir del 2003 promulga el derecho al autogobierno en las comunidades y crea un procedimiento para la titulación de los territorios (IWGIA, 2019). En 2007 Nicaragua votó a favor de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas y en 2010 ratificó el Convenio 169 de la OIT.
Si bien las comunidades han progresado en las diversas demandas que han presentado en cuanto a la protección de su territorio, al final todo se resume en acuerdos e incumplimientos, ejemplo de ello es que en el pueblo originario de Jinotega no se mueve nada sin que antes cuenten con “la bendición de los de arriba” (el gobierno sandinista), causando dilación del acceso a la justicia. La invasión de tierras comunales por colonos en la costa Caribe norte actualmente cuenta con la complicidad del régimen para el tráfico ilegal de tierras. Los chorotegas de Totogalpa siguen sin ser incluidos en las políticas del gobierno nacional o municipal, a diferencia de eso, las autoridades municipales siguen sus planes de desarrollo basados en constituciones del siglo pasado, ignorando todo lo que se ha avanzado en materia de respeto a los derechos de los pueblos originarios.
La tenencia de la tierra tiene una importancia básica para las comunidades, debido a que es la mayor y más inmediata fuente de alimentos, esencial para la producción y reproducción de la vida en las comunidades. Si bien la reproducción de la vida de las comunidades originarias está intrínsecamente relacionada con los bienes naturales, el Estado sigue provocando su extinción a través de legislaciones que impulsan el crecimiento económico basado en el extractivismo y la explotación de los recursos, todo bajo la complicidad del actual régimen frente a la expropiación ilegal de estos territorios.
Esta es la realidad de los pueblos indígenas de Nicaragua, confrontados a un entorno con pocas posibilidades laborales, donde las desigualdades siguen siendo enormes y persisten las violaciones a sus derechos básicos. La lucha indígena por el territorio, los principales medios de vida y el respeto a los derechos de las comunidades indígenas que la Constitución de la República les confiere es la forma de responder a la invisibilidad y poco interés del Estado hacia estos pueblos. Sumado a esto la represión gubernamental ante cualquier demanda o protesta y cuya inacción de parte del gobierno central, se deja ver en el aumento de secuestros, torturas y asesinatos de activistas, entre otros.
Violencia de género durante la pandemia por Covid-19
Nicaragua no aplicó ninguna restricción a la movilidad para contrarrestar el impacto de la pandemia, tampoco lo hizo para atender otros temas de urgencia. La emergencia sanitaria del Covid 19, acentuó las demandas y agendas ciudadanas desatendidas, una de ellas fue las violencias contra las mujeres, adolescentes y niñas durante el confinamiento.
Según el Observatorio Voces, entre marzo y junio de 2020, diecisiete mujeres fueron víctimas de femicidios en Nicaragua. De estos casos, diez ocurrieron en el mes de septiembre, lo que representa el pico más alto de lo que resta del año. Durante la pandemia, también se evidenció que las niñas fueron foco de alarma de la violencia de género. Entre ellos el caso de las niñas de Mulukukú, Caribe Norte; el femicidio de Exliza de Lourdes Flores Rivera que tenía 7 meses de embarazo, en Ayapal, San José de Bocay, Jinotega.
La investigación transfronteriza Violentadas en Cuarentena, realizada por Distintas Latitudes, muestra que el aumento de las situaciones de violencia en los meses de mayor incidencia de la pandemia no solamente se evidencia en los femicidios. Según datos de la Red de Mujeres Contra la Violencia (RMCV), se reportó un 30% de aumento en las atenciones en sus 29 centros de mujeres distribuidos en todo el país, incluidos 4 albergues para mujeres en situaciones de riesgo.
La tragedia de las niñas de 10 y 12 años de Mulukukú, es el ejemplo más reciente de la falta de atención a las denuncias de violencia. Carmen Rodríguez Dávila, madre de las niñas, reveló a un medio de comunicación local que la mayor de sus hijas había sido víctima de violación en dos ocasiones. Denunció, pero el crimen quedó impune.
El desafío es la urgencia de acciones de prevención, así como el cambio en la legislación a favor de los derechos de las mujeres. Las instituciones nicaragüenses solamente consideran femicidios a los cometidos por parejas y exparejas de las víctimas, tipificando como homicidio o asesinato a los crímenes cometidos por conocidos o desconocidos en el ámbito público. Esto disminuye las cifras e invisibiliza los femicidios.
Por otra parte, está el nivel de desconfianza hacia las autoridades públicas que tienen contacto inicial con las víctimas. En efecto, son el cuerpo policial, actualmente sancionado por los Estados Unidos, al ser señalada como institución violatoria de los Derechos Humanos en Nicaragua. Esto genera que muchas mujeres víctimas de violencia prefieran acudir a otras mujeres cercanas, organizaciones comunitarias o grupos territoriales. Siendo estos pares y grupos referentes clave, que han estado dando acompañamiento cercano a las mujeres; desde hace poco la Red de Mujeres Contra la Violencia activó una línea de atención, pero ésta aún no funciona de forma pública.
En medio de la pandemia del COVID-19, las redes sociales se han convertido en espacios seguros para que las mujeres puedan denunciar situaciones de violencia basada en género (VBG) que han vivido a lo largo de sus vidas.
Las denuncias han sido realizadas en plataformas de Twitter y Facebook, incluyendo en los delitos contra la mujer expresiones que parten desde violencia física, psicológica, laboral y sexual. Se ha promovido y aprobado una reforma al código penal y a la Constitución política de Nicaragua (específicamente al art. 37), para implementar cadena perpetua a victimarios con delitos de femicidio. Hasta el 12 de noviembre 2020, se tienen registrados 69 crímenes de este tipo.
Ante la saña y el dolor con que se han ejecutado estos crímenes en el país, se les considera como crímenes de odio e inhumanos. Sin embargo, la aplicación de esta reforma no sería exclusiva para los victimarios de la violencia femicida, sino también para sancionar otras acciones que atenten contra la “seguridad, el bienestar y la paz de la nación”. Este último enunciado peligra de ser muy genérico, al punto de emplear el espíritu de la reforma de modo político, sancionando a personas opositoras del gobierno, desviando la atención de la VBG.
Conclusión
Ante este panorama oscuro es importante cuestionarse qué alternativas existen para construir un proyecto de nación democrática, inclusiva, sustentable, justa y equitativa en Nicaragua. Sin duda podrán existir muchas respuestas desde las distintas experiencias y miradas sobre estos diversos escenarios sociales y es necesario reconocer que los movimientos sociales “desde abajo” (universitarixs, feministas, ambientalistas, campesinxs,indígenas, entre otros), junto con académicos e investigadores que se han atrevido a desafiar al régimen autoritario de ORMU (Ortega y Murillo) son quienes han mantenido viva la esperanza de una nueva configuración social. Las alternativas se siguen construyendo en un proceso continuo para seguir denunciando y desnaturalizando la represión, la exclusión, la violación a los derechos humanos, como parte del camino para convertir en realidad lo que quizás hoy veamos como una utopía.
Referencias y bibliografía:
[1] Miranda, Elena, Silva, Javier (2018) Crisis política en Nicaragua: ¿el fin de un modelo turístico corporativista? Barcelona, Alba Sud.
[4]Hochleitner, Ann (2015). La construcción del Canal Interoceánico en Nicaragua. Friedrich Ebert Stiftung.
[5] Gobierno de Nicaragua (2008). Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH) 2008-2012. Managua,Nicaragua. Pág. 231.
[6]Ley número 445 de Régimen de propiedad comunal de los pueblos indígenas y comunidades étnicas de las regiones autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua y de los ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz. https://www.poderjudicial.gob.ni/pjupload/costacaribe/pdf/Ley_445.pdf
[7] Onda Local. Continúa resistencia indígena ante invasión de tierras en Nicaragua.12 de octubre de 2019.https://www.youtube.com/watch?v=TnavCZq7LWg&t=15s
[8] Confidencial. La tensión en la RAAN por conflictos de tierras indígenas.16 de diciembre de 2015.https://www.youtube.com/watch?v=MDMa7Ei9aVg
[9] Manzanares, Grethy Rebeca (2020). Cultura de gestión de los recursos naturales en pueblos Miskitus y Mayangnas. En Revista de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua, Segunda época, Tomo 85. Pp. 244-263.
Serra Vázquez, Luis H. (2016). El movimiento social nicaragüense por la defensa de la tierra, el agua y la soberanía. Revista Encuentro. No. 104, 38-52.
Fundación del Río (2017). Nos quieren callar. Comunicado de la Fundación para la Conservación y Desarrollo del sureste de Nicaragua. http://fundaciondelrio.blogspot.com/2017/10/
“Golpe de estado” vs rebelión ciudadana. Divergentes. Publicado en diciembre 2020, Managua, Nicaragua. Consultado en diciembre 2020 y disponible en: https://www.divergentes.com/golpe-de-estado-vs-rebelion-ciudadana/
IWGIA, (2019) Mundo Indígena 2019: Nicaragua, consultado en línea y disponible en: https://www.iwgia.org/es/nicaragua/3384-mi2019-nicaragua.html
Pueblo Indígena Chorotega (2014). Normativa jurídica para la reivindicación de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, Totogalpa: s.n.
Católicas por el derecho a decidir. (2020). Observatorio contra la violencia hacia la mujer en Nicaragua. Continuamos en emergencia ante la pandemia de la violencia machista, Estadística de enero a septiembre, @CDD Nicaragua.
Molina, Y. (2018). La violencia femicida y el femicidio en grado de frustración en Nicaragua, Managua: Red de Mujeres contra la Violencia.
La Prensa, Redes sociales, un espacio que han encontrado las mujeres nicaragüenses para denunciar a sus agresores, publicado el 14 de abril 2020 y disponible en: https://www.laprensa.com.ni/2020/04/14/nacionales/2662961-redes-sociales-el-espacio-que-han-encontrado-las-mujeres-nicaraguenses-para-denunciar-a-sus-agresores
Páginas Web consultadas:
https://violentadasencuarentena.distintaslatitudes.net/portfolio/nicaragua/
https://ondalocal.com.ni/producciones/623-impera-violencia-machista-nicaragua/