Este 2 de marzo se cumplieron 5 años de la siembra de Berta Cáceres, la poderosa líder indígena, feminista, ambientalista y anticapitalista que fue amenazada, criminalizada y asesinada al más descarnado estilo de las tácticas de contrainsurgencia. Se trata de una historia rodeada de ex militares entrenados en Estados Unidos, flujos de dinero emanando de élites económicas, encubrimiento político de alto nivel y uso de la infraestructura militar y judicial del Estado.
Si bien han sido enjuiciados los autores materiales del asesinato de Cáceres y los operadores intelectuales del mismo, la justicia parece estar lejos de alcanzar a los principales artífices del mismo: la poderosa familia Atala. Dueña de la hidroeléctrica que pretendía instalarse en Río Blanco, pero además dueña del banco de mayor crecimiento y que ha recibido la mayor proporción de fideicomisos de parte del Gobierno desde el Golpe de Estado de 2009: hace dos años eran el mayor administrador de fideicomisos públicos con 22 contratos por un monto de 9 mil millones de lempiras, el 42% del total (TSC, 2019).
¿Qué papel juegan las élites en la política económica del país? ¿De qué forma ejercen su influencia? ¿Qué recursos poseen? ¿Cómo garantizan su impunidad aún y cuando hay evidencia que les involucra directamente en el asesinato de Berta Cáceres?
¿Qué es fuerte cuando las instituciones son débiles? Las élites y sus redes
Esta es la conclusión a la que llega Benedicte Bull (2014) cuando analiza el comportamiento de las instituciones y de las élites en el Triángulo Norte de Centroamérica. Condicionados por los procesos de transición democrática tutelados desde el Departamento de Estado gringo y la ausencia de actores movilizados que impulsaran la democratización del estado, estos países han sufrido la cooptación de las débiles instituciones públicas por las élites políticas y sus redes de influencia. Bull establece claramente los recursos que despliega la élite para este propósito: dinero, fuerza, información e ideología.
En este mismo sentido Tasha Feifield (2015) analiza los mecanismos de incidencia de las élites sobre la agenda pública y encuentra que existen dos niveles de influencia: por un lado, el poder estructural refiere a las “señales de mercado” –no a una acción deliberada- desencadenadas producto de una posible amenaza a los negocios de la élite (como la retirada de la inversión extranjera); mientras que el poder instrumental sí refiere a la articulación de recursos específicos: vínculos partidarios e institucionales, puertas giratorias y elección de oficiales.
Un análisis de la lucha de Río Blanco a la luz de estos esquemas demuestra que las élites en Honduras poseen un muy consolidado modus operandi, con el cual ejercen influencia sin ningún tipo de restricciones públicas y en total impunidad.
Los instrumentos de la élite en el caso de Río Blanco
Se utilizan dos fuentes de información para este breve análisis: el informe presentado por el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) en noviembre de 2017, titulado “Represa de Violencia: El plan de que asesinó a Berta Cáceres” y el libro “Who Killed Berta Cáceres? Represas, escuadrones de la muerte y la batalla de una defensora indígena por el planeta” elaborado por la periodista y corresponsal del periódico estadunidense The Guardian, Nina Lakhani. En ambas fuentes encontramos el despliegue de los siguientes recursos:
1. Dinero: Recurso abundante para la élite, disponible para múltiples objetivos y tareas: prebendas y beneficios para ofertar y convencer a la comunidad, pago de promotores o de informantes de la misma comunidad, chantaje para los opositores, sobornos a militares, operadores de justicia e incluso políticos de alto nivel. Un mensaje de Daniel Atala presentado en el juicio decía “He gastado mucho dinero y capital político para garantizar esos tres arrestos” (Lakhani, 2020, p. 111) refiriéndose al intento de criminalización de Berta y otros líderes comunitarios.
2. Fuerza: Este recurso puede ser público o privado. Público, la presencia y protección de la empresa por parte de la policía y de elementos del ejército. Privada mediante la contratación de ex militares a cargo del departamento de seguridad de DESA, pago de sicarios y la conformación de grupos paramilitares para la ejecución extrajudicial de los líderes comunitarios opositores.
3. Información: El juicio y la publicidad de conversaciones de Whatsapp entre los directivos de DESA ha demostrado que estos tenían acceso privilegiado a información confidencial y extremadamente sensible sobre los líderes del COPINH y sus familias. De igual forma, este recurso también se expresa en el componente técnico y especializado del que pueden disponer las élites: contratación de especialistas en comunicación, brokers para el lobby político, abogados de “alto calibre”, etc.
4. Ideología: La construcción de narrativas que justifiquen la inversión de capital extranjero como único motor de crecimiento económico, la instalación de la represa como elemento promotor del desarrollo comunitario y la criminalización de los opositores como vándalos y quema llantas. Todo facilitado por el nivel de acceso a medios de comunicación del que puede disponer las élites: exposición en los grandes medios, páginas web, propaganda local, programas pagados, etc.
5. Vínculos partidarios y elección de candidatos: son conocidos los vínculos de las familias de la élite con los partidos políticos: El dominio de la familia Facussé en el Partido Liberal disputado por los Ronsenthal, y la influencia de los Canahuati, Nasser y Atala en el Partido Nacional. Luego del Golpe de Estado de 2009, el evento Honduras Is Open for Business, impulsado por las familias mencionadas, permitió la repartición de los recursos naturales del país cual botín de guerra: Río Blanco incluido. Otra expresión de estos recursos es el intercambio de favores entre la élite y políticos a escala local: alcaldes o diputados que respaldan los proyectos de la élite y reciben algún tipo de apalancamiento económico a cambio.
6. Vínculos institucionales nacionales e internacionales: Aprobación en el Congreso Nacional de las concesiones, obtención de licencias ambientales sin los requisitos mínimos, protección del ejército y la policía, acceso al ministerio público, influencia en los juzgados. Luego del asesinato de Tomás García (el primer líder indígena en la lucha de Río Blanco) el 15 de julio de 2013, Daniel Atala escribió el siguiente mensaje a David Castillo “Los militares mataron a un indio… Debería hacer que mi viejo hable con Arturo Corrales (ministro de defensa entre mayo de 2013 y diciembre de 2014)?” a lo que Castillo respondió afirmativamente y añadió “… y a Pompeyo Bonilla (ministro de seguridad de octubre de 2011 a abril de 2013)… está hecho… están movilizando gente” (Lakhani, 2020, p. 116).
Es igualmente alarmante el financiamiento y apoyo de organismos internacionales como la Corporación Financiera Internacional (IFC), entidad del Grupo Banco Mundial.
6. Puertas giratorias: El traslado de integrantes de la élite al sector público (como ministros o candidatos/as), así como el reclutamiento de ex funcionarios públicos (con conocimiento especializado) contratados por empresas privadas. Entre otros, el caso de David Castillo es aleccionador: ingeniero graduado en la Academia Militar West Point de Estados Unidos, sub teniente de inteligencia militar en las Fuerzas Armadas de Honduras y Coordinador de Control de Gestión en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Con esta experiencia Castillo migró al sector privado y ejercía el cargo de Presidente Ejecutivo de DESA cuando Berta fue asesinada: actualmente es acusado como uno de los autores intelectuales.
Conclusión
Las élites en Honduras están acostumbradas a hacer lo que se les plazca sin ningún tipo de control democrático. Han moldeado históricamente el Estado para que las instituciones sean débiles, maleables y fáciles de cooptar para promover sus intereses: ponen y quitan presidentes sin pestañear. Además, disponen de un abanico de recursos que las convierten en un actor sumamente poderoso: dinero, información, acceso a medios y control sobre los partidos políticos. Esto les permite desplegar todo tipo de violencia en total impunidad.
La sociedad organizada y movilizada debe exigir un Estado que restrinja la influencia de las élites mediante estos recursos antidemocráticos, así como la determinación de la legalidad y legitimidad en la procedencia de los mismos. Solo así se podrá garantizar soluciones democráticas para los problemas que nos aquejan y que esta historia no se continúe repitiendo cada vez con mayor frecuencia.
Referencias
- Benedicte, B. (2014). Towards a Political Economy of Weak Institutions and Strong Elites in Central America. European Review of Latin American and Caribbean Studies. Amsterdam: Centre for Latin American Research and Documentation (CEDLA), No. 97 (October 2014), pp. 117- 128. ISSN 0924-0608.
- Farfield. T. (2015). Private Wealth and Public Revenue in Latin America: Business Power and Tax Politics. New York: Cambridge University Press.
- Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE). (2017). Represa de Violencia: El plan de que asesinó a Berta Cáceres. Recuperado en línea de: https://gaipe.net/wpcontent/uploads/2017/10/Represa-de-Violencia-ES-FINAL-.pdf
- Lakhani, N. (2020) Who Killed Berta Cáceres?. New Left Books: Estados Unidos.
- Tribunal Superior de Cuentas (TSC). (2019). Informe de Rendición de Cuentas del Sector Público, Período 2018. Gobierno de Honduras.