Hay cuatro noticias con repercusión internacional por las cuales Honduras ha sobresalido en las últimas semanas y que al mismo tiempo develan el nivel descomposición de lo público frente a los intereses de la élite política que gobierna el país: el rechazo a la inversión en Zonas de Empleo, el encabezamiento en impunidad dentro América, la corrupción para afrontar la pandemia y el agravamiento de las situaciones causado por los huracanes Eta e Iota.
En la prensa se leyó:
- Crece el rechazo a la inversión en Zonas de Empleo que afectaría a hondureños: el experimento de capitalismo libertario –ilegalmente promovido-, mediante el cual el país cederá parte de su territorio y soberanía afectando a miles de pobladores e instalando una nueva economía de enclave parece estar reactivándose, y generando a la vez un fuerte rechazo social.
- Honduras, Paraguay, Guyana y México encabezan la impunidad en América: De un listado de 69 países, Honduras ocupa el puesto número 68 en mayores niveles de impunidad, siendo el más alto del continente. A pesar de lo cual, la gestión del Fiscal General es constantemente agasajada por la Embajada norteamericana.
- Coronavirus en Honduras: la polémica compra de clínicas móviles para afrontar la pandemia (que han tardado meses en estar operativos): Otro más de los miles de casos de corrupción que logran salir a flote, pero esta vez en medio de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. El caso tuvo una escalada social y política tan potente que el Ministro encargado fue separado del cargo y actualmente está enfrentando al sistema de justicia arriba señalado.
- Eta e Iota dejan miles de millones de pérdidas en Honduras: A la crisis política e institucional se debe añadir la crisis ambiental, económica y social ya existente pero agravada por los huracanes Eta e Iota. A pesar de que hace décadas los organismos internacionales advierten que el país es el más vulnerable del mundo frente a los desastres naturales, las autoridades parecen haber ignorado las advertencias y han actuado de forma negligente frente a estos desastres.
Estos son síntomas de un Estado-ficción incapaz de afrontar las grandes necesidades de la población, útil únicamente a los intereses económicos de la élite nacional subordinada al capital extranjero y a los intereses geo-políticos de los Estados Unidos. Un Estado en donde lo público funciona y tiene un sentido únicamente cuando se trata de promover o asegurar intereses económicos o políticos de grupos particulares: es decir, construido históricamente para facilitar la corrupción y asegurar la impunidad.
La corrupción no es la causa, es un proyecto
Usualmente se piensa en la corrupción como la causa de la deficiente administración pública o del bajo impacto de los programas sociales. La perspectiva liberal comprende la corrupción como la ausencia de controles o la debilidad institucional dentro del sistema democrático liberal; sin embargo, esta lectura conceptual resulta insuficiente para nuestra realidad histórica: muestra de ello es el fracaso descomunal de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH), apoyada por la Organización de Estados Americanos (OEA), que fue expulsada del país por la misma élite política que estaba siendo señalada en sendos actos de corrupción.
En cambio, desde una perspectiva histórica y política la debilidad institucional del Estado Hondureño podría ubicarse a inicios del siglo pasado. Para Mahoney (2002), en su estudio comparado, se puede localizar el inicio de las trayectorias divergentes de los estados centroamericanos justo en los modelos y alcance de las Reformas Liberales de inicios del siglo pasado. Entendiendo la Reforma como un espacio de disputa entre clases sociales e intereses económicos, en Honduras tuvo las siguientes consecuencias:
- La masiva inversión de capital extranjero llegó a dominar gran parte de la economía nacional mediante el enclave bananero,
- esto socavó la soberanía nacional y moldeó las instituciones públicas para satisfacer los requisitos del capital extranjero,
- provocando que la burocracia pública fuera reducida e incompetente, y finalmente,
- conformando una élite nacional incapaz de ejercer hegemonía, subyugada a los designios del capital extranjero.
Es relevante recalcar este último aspecto: la ausencia de una clase económica capaz de ejercer hegemonía en la construcción del proyecto económico y político del país conllevó a que la trayectoria histórica del Estado hondureño haya estado siempre marcada por una “oligarquía ausente” y la eterna necesidad de capital extranjero (Euraque, 2019). “Se conformaron históricamente segmentos de una élite nacional, con nexos regionales estrechamente dependientes de un sistema concesionario y sus correspondientes mentalidades y mecanismos de clientelismo político partidario articulado al sistema político (Euraque, 1996). Ello devino en la segunda mitad del siglo XX de un Estado concesionario cuyas políticas públicas de desarrollo también se integraron a ese sistema" (Seppänen). Es decir, la construcción histórica del proyecto de nación ha estado orientada a producir instituciones débiles, minúsculas y sin poder político.
A esto podemos sumar una lectura desde la perspectiva del neoliberalismo por desposesión de Harvey (Merchand, 2012), que nos permite comprender la corrupción sistémica en el Estado hondureño como un mecanismo de acumulación de capital inserto en el proyecto de clase de una élite cleptocrática en ascenso (Chayes, 2017; Euraque, 2019). La cual, en ausencia de nichos de mercado, industrias o más territorios que apropiarse y vender al mejor postor, se lucra directamente del erario público.
Así ha quedado demostrado en los casos de corrupción más sonados de los últimos años: el saqueo multimillonario del Seguro Social, el caso Pandora para financiar campañas políticas o el uso mismo de las estructuras gubernamentales para el narcotráfico a gran escala.
En la práctica, como los hallazgos dejan en claro, las relaciones de apoyo mutuo entre funcionarios públicos hasta el nivel más alto, las élites empresariales y las organizaciones delictivas son mucho más orgánicas e intrínsecas de lo que sugiere dicha formulación (Chayes, 2017).
La corrupción, por tanto, no es la ausencia de controles e instituciones fuertes, sino el proyecto histórico de una “oligarquía ausente” y, más recientemente, el proyecto económico de una élite política cleptocrática que emergió con el Golpe de Estado y que se ha logrado consolidar gracias a su disposición a ceder la soberanía nacional al capital extranjero y a los favores geopolítico que brinda a los Estado Unidos.
Refundar el sistema
No es tarea pequeña la transformación de esta realidad; sin embargo, no se puede transformar el país sin transformar radicalmente el orden de cosas históricamente construido en el Estado, es decir, impulsar su radical refundación.
Porque las instituciones expresan la correlación de fuerzas entre las clases sociales y las leyes son la “gramática de los intereses de clase” (García Linera, 2020), no se puede gobernar para las mayorías con un estado construido históricamente para las minorías.
Erradicar la corrupción sistémica en el país pasa inevitablemente por cambiar radicalmente el sistema.
Bibliografía
- Euraque, D. (2019). La Configuración Histórica de las Élites de Honduras Ante el Golpe de Estado del 2009. Costa Rica: Anuario de Estudios Centroamericanos, Universidad de Costa Rica.
- García Linera, A. (2020). El Estado, la pandemia y el péndulo de la “comunidad ilusoria”. Recuperado en línea el 25 de octubre del 2020 de: https://www.celag.org/el-estado-la-pandemia-y-el-pendulo-de-la-comunidad-ilusoria/
- Mahoney, J. (2002). Los patrones de dependencia en los cambios de régimen: América Central en perspectiva comparada. Estados Unidos: Revista Araucana.
- Merchand, R. (2012). Estado neoliberal y acumulación por desposesión a favor del capital global financiero. Colombia: Apuntes del CENES.
- Shayes, S. (2017). Cuando la corrupción es el sistema que opera: el caso de Honduras. Estados Unidos: Carnegei Endowment.