Soluciones económicas feministas y decoloniales para responder a las crisis globales interconectadas

Este estudio es parte de la serie "Shaping the Future of Multilateralism - Inclusive Pathways to a Just and Crisis-Resilient Global Order" por las oficinas dela Unión Europea y Washington, DC de la Heinrich-Böll-Stiftung y se publicó originalmente en https://us.boell.org/en/2021/05/19/feminist-decolonial-economic-solutions-address-interconnected-global-crises

Las amenazas a la supervivencia que enfrentan hoy la humanidad y sus ecosistemas son múltiples y ningún país puede resolverlas por sí solo. Los problemas sistémicos tampoco pueden abordarse individualmente y de manera aislada, aunque la especificidad de cada desafío merece una debida atención. Todas estas crisis están interconectadas, con efectos generalizados que se refuerzan mutuamente y tienen su origen en un sistema económico neoliberal que es explotador y extractivista por naturaleza. Este se centra en el crecimiento y la maximización de las ganancias al tiempo que externaliza los impactos negativos sobre las personas y el planeta, creando así una peligrosa retroalimentación en bucle. Sin embargo, muchos tecnócratas y encargados de las políticas públicas que trabajan para superar los desafíos globales continúan ignorando los vínculos estructurales básicos.

En respuesta a la naturaleza interrelacionada de las múltiples crisis, e instigados por el impulso y la necesidad, a la luz de la pandemia de COVID-19, de repensar radicalmente las estructuras existentes, varios grupos de la sociedad civil y movimientos de justicia social, económica y ambiental de todas partes del mundo se han unido para promover conjuntamente los elementos necesarios para lograr un cambio sistemático duradero. Esta Campaña de Campañas se enfoca en una serie de demandas macro que son centrales, como una nueva arquitectura económica global que funcione para las personas y el planeta, con la cancelación de la deuda y la justicia tributaria redistributiva bajo una nueva Convención Fiscal de las Naciones Unidas. También pide evaluaciones de riesgo sistémico para el sector financiero y el rechazo de los reclamos de extraterritorialidad de los actores del sector público y privado, a fin de proteger y promover la universalidad de los derechos humanos. La campaña fue concebida y coordinada por el Grupo de la Sociedad Civil sobre Financiación para el Desarrollo (FfD, por sus siglas en inglés) y el Grupo de Trabajo de Mujeres sobre Financiación para el Desarrollo 1 . Utilizando una lente feminista y decolonial, la campaña conjunta de los movimientos y la sociedad civil propone soluciones a debilidades sistémicas más amplias en la gobernanza global de la economía, las finanzas y el comercio, que son el foco central del proceso de FfD de las Naciones Unidas.

Por qué un enfoque feminista es esencial

En lugar de debatirse en abstracto, la dimensión macro de las múltiples crisis que se cruzan debe articularse con un enfoque humano. En el centro de un análisis feminista decolonial está la comprensión de la dimensión macroeconómica de las desigualdades de género. Tales inequidades reflejan la división sexual del trabajo y la asignación de diferentes actividades económicas -y por lo tanto oportunidades y espacios en la vida- para mujeres y hombres. A las mujeres se les ha encomendado el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, un tipo de trabajo que no se reconoce ni se valora en la teoría económica tradicional. Las economistas feministas estiman que el valor generado por el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, la llamada economía del cuidado, asciende a dos tercios del valor que circula en el mundo, tanto monetizado como no monetizado; si se valora en términos de salario mínimo, puede sumar hasta un 60 por ciento al Producto Interno Bruto (PIB) de un país. 2 Si bien la teoría económica tradicional llama a este tipo de trabajo reproductivo, en oposición al trabajo productivo que genera valor de mercado, las economistas feministas (por ejemplo, en la Organización Internacional del Trabajo, OIT) han demostrado que no hay trabajo “reproductivo”, ya que todos generan valor, incluyendo el trabajo que se da en el ámbito privado. En 2020, OXFAM estimó que el valor monetario del trabajo de cuidado no remunerado a nivel mundial para mujeres de 15 años o más era de al menos 10.8 billones de dólares al año, tres veces el tamaño de la industria tecnológica mundial. Las implicaciones son extraordinarias: las mujeres subsidian la economía entera. Por lo que el género –reconociendo la diversidad de intereses y necesidades y la interseccionalidad del género con otros factores socioeconómicos- es un punto de partida estructural para analizar las desigualdades.

Centrarse en el trabajo más que en el empleo es, por lo tanto, mucho más útil para analizar el impulso económico y el potencial de una economía. En ese sentido, el trabajo se puede analizar no solo en función de si es remunerado o no, sino también en función de si se da en el sector formal o informal. Es más probable que el trabajo de las mujeres sea no remunerado e informal, lo que las coloca en posiciones particularmente precarias en términos de derechos humanos, oportunidades, ingresos, protección social y bienestar. En consecuencia, el mundo no puede erradicar las desigualdades de género sin abordar estas brechas en los sectores económicos en paralelo a los temas del uso del tiempo y la división sexual del trabajo. Estas deben ser consideraciones fundamentales, por ejemplo, al momento de promover una transición justa de la economía mundial que no dependa de los combustibles fósiles. Las nuevas oportunidades laborales no deben ofrecerse solo a hombres que estén empleados predominantemente en sectores con altas emisiones de carbono, por poner un ejemplo. Y una transición justa hacia una economía más verde también requiere sistemas de atención con corresponsabilidades entre el gobierno, el sector privado, las comunidades y las familias y, sobre todo, entre hombres y mujeres.

La crisis por COVID-19 ha demostrado hasta qué punto nuestras sociedades dependen del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado de las mujeres, dando marcha atrás a décadas de avances materia de derechos humanos de las mujeres. Por ejemplo, en muchos países la participación de mujeres en la fuerza laboral disminuyó sustancialmente durante la pandemia; además de perder más trabajos que los hombres debido a la desproporción de mujeres empleadas en el servicio y los trabajos informales, que fueron los más afectados por la crisis; la falta de cuidado infantil y la escolarización en el hogar obligaron a muchas madres trabajadoras a dejar un empleo remunerado para priorizar las responsabilidades de cuidado en casa. Las mujeres también han sido cruciales como socorristas y en las primeras líneas del impacto de esta crisis, desde hospitales hasta tiendas y supermercados. Al mismo tiempo, la violencia de género ha aumentado mientras que el acceso a los servicios y derechos sexuales y reproductivos ha disminuido durante la pandemia.

Lo anterior demuestra las conexiones intrínsecas entre los impactos de las crisis y las formas y el grado en que las sociedades dependen de las mujeres como “amortiguadores” debido a la “elasticidad” de la dinámica tiempo-valor-trabajo que involucra a las mujeres. Este mecanismo al que recurre la sociedad, el cual depende del trabajo no remunerado o mal remunerado de las mujeres era ya evidente, incluso antes de la pandemia, en el contexto de las medidas de austeridad de los países en desarrollo, donde la necesaria contracción del gasto público usualmente conduce a recortes en el suministro de servicios sociales básicos y redes de seguridad, incluyendo la atención de la salud o la educación. Los recortes a los servicios sociales a menudo intensifican la demanda del trabajo de cuidado no remunerado, que es realizado de manera desproporcionada por mujeres y niñas (especialmente en hogares pobres) y, por lo tanto, las obliga a llenar ciertos vacíos, por ejemplo, cuidando a los enfermos o ancianos en casa. Estas realidades sumamente documentadas refuerzan por qué las reformas económicas multilaterales que abordan múltiples crisis entrecruzadas deben incorporar la perspectiva de género y utilizar una lente feminista para impulsar resultados transformadores de género que desafíen, y superen, las relaciones de poder, las normas y los estereotipos existentes.

Cómo un encuadre decolonial brinda soluciones

La decolonialidad es una perspectiva o proceso de pensamiento para el análisis que se basa en la comprensión de la crueldad de la colonialización y la opresión de las personas, incluyendo someterlas a jerarquías e ideologías sociales establecidas que son fundamentales para los intereses de los colonizadores. La decolonialidad es una forma de explorar la colonialización, el colonialismo, el capitalismo racial, la modernidad y, de manera más reciente, el neoliberalismo, así como las formas en que han desplazado una variedad de modos de vida, pensamiento y ser, y de relacionarse con el entorno natural. Un encuadre decolonial observa la división global del trabajo en los siguientes términos: una parte del mundo explota, extrae y se aprovecha de las personas y los recursos de la otra parte. Cuando pensamos en las demandas macro de un “paquete de soluciones”, tal como se plantea en la Campaña de Campañas, debe reconocerse hasta qué punto sigue funcionando hoy una dinámica colonial. El Sur global esencialmente subsidia -de manera indeseada e impuesta- al Norte global a expensas del bienestar de su propia población y el agotamiento de sus ecosistemas, e incluso a costa de la supervivencia planetaria en gran escala, debido a la responsabilidad histórica de los países desarrollados por las emisiones de carbono que han provocado la crisis climática.

Esta división global del trabajo, a su vez, está vinculada a un sistema de gobierno que promueve la supremacía blanca, así como una estructura oligárquica y no democrática de toma de decisiones. Tal sistema de explotación prospera en espacios no democráticos; el surgimiento de regímenes opresores nacionalistas y/o fascistas está relacionado con la concentración acelerada de la riqueza, la explotación abierta de los trabajadores, un aumento de las violaciones de derechos humanos y los ataques contra ambientalistas y personas defensoras de los derechos humanos, así como el peligroso debilitamiento de los ecosistemas. El abuso de los derechos colectivos y la criminalización de la disidencia o cualquier noción de alteridad (identidades diferentes a otras) 3 son ​​también elementos inherentes a esta fórmula, que dividen a las poblaciones por medio del miedo, el odio y la violencia.

La noción del Norte global, por supuesto, no es un concepto literal o geográfico, sino que más bien se refiere a aquellos países que se han beneficiado de estructuras y dinámicas económicas, financieras y comerciales a lo largo de la historia y que han impuesto su voluntad y han explotado a otros, tanto en suelo propio como en el extranjero. Esto es evidente, sobre todo, en la necesidad de otorgar un pleno reconocimiento y garantías a los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

Aunque representan solo el 6.2 por ciento de la población mundial, los pueblos indígenas protegen el 80 por ciento de la biodiversidad mundial. Lo que mantiene vivo el planeta Tierra es dicho cuidado. Un enfoque decolonial debe incluir reconocimiento político y reparaciones históricas, reconociendo al mismo tiempo las múltiples soluciones que los pueblos indígenas aportan como alternativas a los patrones contemporáneos de consumo y producción insostenibles y al paradigma de crecimiento económico ilimitado.

Un ejemplo de la forma en que el colonialismo da forma a nuestro mundo actual radica en la relación entre la emergencia climática y la agenda de la deuda. Los países desarrollados tienen una deuda ecológica y climática con los pueblos del Sur global, como se describe claramente en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el Acuerdo de París y los mecanismos asociados. Sin embargo, estos países adinerados no pagan una porción justa y tampoco cumplen sus compromisos financieros en virtud de estos acuerdos, que los obligan a garantizar que los países en desarrollo tengan los recursos y la capacidad para mitigar y adaptarse a los efectos del cambio climático. Esto es especialmente crítico para los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) y los países menos adelantados (PMA), que ya son los más afectados por el calentamiento global a pesar de que ellos mismos generan emisiones mínimas de gases de efecto invernadero (GEI).

Al mismo tiempo, la intersección de la emergencia ambiental, la crisis de la deuda y las crisis mundiales financiera y sanitaria en general evitarán que los países en desarrollo se recuperen, y mucho menos que se logre la aún más necesaria recuperación incluyente y ecológica. Hasta 2018, hasta el 74.4 por ciento de la financiación climática pública se entregó en forma de préstamos, lo que aumentó la carga de la deuda de los países más pobres que ya están sufriendo los impactos climáticos más duros. Los movimientos sociales han enfatizado, por lo tanto, que los países desarrollados deben brindar apoyo financiero principalmente en forma de donaciones en lugar de préstamos, sin condiciones y desembolsados ​​y contabilizados de manera transparente, para evitar la doble contabilidad en los compromisos de financiamiento para el desarrollo y el clima.

Además, se mantendrá una conversación más amplia en las negociaciones climáticas multilaterales en el marco de la CMNUCC con respecto a la necesidad de financiamiento para abordar las pérdidas y daños inevitables en los países en desarrollo. Dicho financiamiento debe incluir a los países desarrollados y ofrecer la suspensión, reestructuración y cancelación de los pagos de la deuda después de un desastre relacionado con el clima, como medida compensatoria por la responsabilidad histórica por las emisiones de GEI.

La importancia crítica de las soluciones macro y estructurales frente a las que son más superficiales es clara: muchos enfoques han demostrado tener un alcance limitado, precisamente porque carecen de un enfoque estructural y, en cambio, transfieren la responsabilidad de las acciones para abordar el cambio climático y asegurar los resultados relacionados a las personas o comunidades. Ejemplos de este patrón contraproducente que prescinde de las responsabilidades incluyen no solo las medidas de austeridad, sino también los muy publicitados programas de microfinanciamiento y las transferencias directas de efectivo sin los correspondientes pisos de protección social. 4

Por ejemplo, la investigación destaca que las transferencias monetarias condicionadas suelen ser demasiado bajas para superar la dependencia económica de las mujeres de otros miembros del hogar, y que además aumentan la carga de cuidados no remunerados de las mujeres y les impiden buscar un empleo remunerado en condiciones de igualdad con los hombres, lo que perpetúa los estereotipos de género que sitúan a la mujer al centro del trabajo de cuidado. Del mismo modo, el microcrédito puede aumentar la carga de trabajo de las mujeres debido a la responsabilidad del reembolso del préstamo (a menudo con altas tasas de interés), mientras que los miembros masculinos de la familia pueden controlar la toma de decisiones financieras. Además, las diferencias en alfabetización, derechos de propiedad y actitudes sociales sobre las mujeres pueden limitar el impacto más allá del entorno inmediato del hogar. Estas herramientas a menudo se aplican sobre la base de una comprensión equivocada y demasiado estrecha del empoderamiento. 5

Asignar responsabilidad a las personas y las comunidades por las acciones y la obtención de resultados oscurece el deber de los Estados de actuar de acuerdo con los marcos de derechos humanos existentes y de promover la igualdad de género, la integridad ambiental y los procesos democráticos de manera participativa y transparente. Las demandas macroeconómicas articulan vías para reformar los marcos y la dinámica económica, financiera y comercial, así como la arquitectura financiera internacional en su conjunto. Por lo tanto, el papel de los Estados es fundamental para abordar estas medidas interconectadas, algunas de las cuales se explorarán con mayor detalle a continuación.

Interconexiones: Una gobernanza democrática global

En la actual crisis multilateral, la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU) no está exenta de tumultos internos. Sin el apoyo político y financiero adecuado de los estados miembros, la financiación privada y la influencia empresarial están creciendo dentro del organismo, y sin contramedidas públicas podrían volverse irreversibles. Sin embargo, la ONU es en sí misma el único espacio democrático multilateral legítimo con el mandato de los derechos humanos en su núcleo que está estructurado de manera que se pretenda garantizar una gobernanza equitativa que otorgue a cada Estado miembro una voz igual en la toma de decisiones. Eso significa que, contrariamente a los derechos de voto en los bancos multilaterales de desarrollo (BMD), por ejemplo, la mayoría de los votos en la Asamblea General de la ONU se van a los países en desarrollo, que también albergan a la mayoría de la población y los recursos naturales del mundo.

No obstante lo anterior, la influencia de la ONU, especialmente en la toma de decisiones económicas y financieras, ha disminuido a lo largo de las décadas. La toma global de decisiones ha sido dominada por i) países industrializados o alianzas de los poderosos, en clubes elitistas como el Grupo de los 7 (G7), el Grupo de los 20 (G20) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), o por ii) tecnócratas con una agenda que financiariza cada intervención de desarrollo, a través de instituciones financieras internacionales (IFI) como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional (FMI). Tal financiarización se refiere al aumento de la influencia de los mercados financieros, las instituciones financieras y las élites financieras sobre la política económica y los resultados de las políticas. La falta de una regulación suficiente de las reglas y los rendimientos del sector financiero afecta los intereses del público en general y del estado, impulsando, por ejemplo, la desigualdad.

Sin embargo, amplias coaliciones de la sociedad civil como la Campaña de Campañas están desafiando esta tendencia. Abogan por una revisión independiente de los resultados de desarrollo de las asociaciones público-privadas (APP) y de la participación del sector privado por parte de las IFI. Las coaliciones también instan a una moratoria sobre el apoyo a las APP hasta que se complete dicha revisión y, en cambio, abogan por un énfasis renovado en las políticas públicas y las inversiones públicas. Una crítica de dicho enfoque de “primero el financiamiento privado” se repite en un informe de 2018 del relator especial de la ONU sobre la pobreza extrema y los derechos humanos, Philip Alston. Alston destacó que, si bien la privatización generalmente se presenta como una solución técnica para administrar los recursos y reducir los déficits fiscales, es de hecho una parte integral de una filosofía económica y social de gobernanza que a menudo elimina sistemáticamente las protecciones de los derechos humanos y margina aún más a las personas de bajos ingresos y quienes viven en la pobreza 6 .

En lugar de promover la solidaridad mundial en respuesta a estos múltiples desafíos que se intersectan, el sistema multilateral ha reforzado las respuestas nacionalistas que con frecuencia se basan en dinámicas coloniales persistentes. Como resultado, los países desarrollados que buscan superar las crisis priorizan sus propios intereses, como en el caso del “capitalismo digital” 7 o en la falta de voluntad para suspender los derechos de propiedad intelectual sobre tratamientos médicos, tecnología médica y vacunas.

Esta mentalidad también es evidente en medidas como las condiciones de austeridad en los préstamos y la reducción del espacio político y el piso fiscal que los países más pobres se ven obligados a aceptar para recibir apoyo para los paquetes de recuperación de COVID-19. Esto incluye “condicionalidades verdes” respaldadas por algunos grupos ambientalistas. Históricamente, desde la década de 1980 y las políticas de ajuste estructural del FMI y el Banco Mundial en respuesta a la crisis económica y fiscal, las condiciones de los préstamos han reducido el espacio de las políticas soberanas y, a menudo, han dado lugar a una salida neta de recursos financieros del Sur global hacia el Norte (por ejemplo, a través de una presión por proporcionar incentivos fiscales y la desregulación de las inversiones extranjeras directas o mediante la privatización de los servicios básicos de agua, educación o salud).

En este contexto, la Campaña de Campañas exige una reforma estructural significativa del sistema económico y financiero mundial al pedir que se establezca una nueva arquitectura económica que funcione para las personas y el planeta bajo los auspicios de la ONU. Una Cumbre Internacional de Reconstrucción Económica y Reforma Sistémica de la ONU permitiría a los gobiernos abordar de manera integral los problemas interconectados de manera integral, en contraste con los actuales procesos de políticas segmentados y desconectados.

Una cumbre de gobernanza orientada a la reforma reinstauraría a la ONU como el espacio legítimo y democrático para la deliberación entre todos los países, incluidos los más empobrecidos y los más golpeados por las múltiples crisis de esta era. Abordar la reforma de la gobernanza global bajo los auspicios de la ONU también garantizaría un compromiso más significativo y participativo al escuchar una pluralidad de voces sobre los desafíos más cruciales de la humanidad. La solicitud de una cumbre tan amplia no carece de precedentes; el proceso de Financiamiento para el Desarrollo de la ONU promovió una convocatoria similar en el pasado. Podría ser el espacio para impulsar la reforma integral de la arquitectura financiera mundial y brindar la oportunidad de establecer nuevas estructuras de gobernanza financiera global, mediante el establecimiento de un Mecanismo Internacional de Recuperación de la Deuda o una Convención Fiscal de la ONU, por ejemplo.

Interconexiones: Mejorar los pisos fiscales y el espacio soberano de las políticas

Un enfoque central de la reforma de la gobernanza internacional debe encontrarse en las acciones y los procesos de reforma que amplíen el espacio fiscal y de políticas de los gobiernos a nivel regional, nacional y local. El objetivo sería que estos gobiernos puedan abordar y promover los derechos humanos, la igualdad de género (por ejemplo, a través de presupuestos sensibles al género 8 ) y el bienestar de sus poblaciones, al mismo tiempo que abordan la emergencia ambiental.

Dos ejemplos ilustrativos son las cuestiones relacionadas con la sostenibilidad de la deuda y la justicia fiscal y, por tanto, la capacidad de los gobiernos para obtener ingresos mediante impuestos o mediante préstamos de prestamistas públicos o privados. Estos dos temas han estado en el centro de muchas discusiones sobre reformas de la gobernanza y demandas colectivas de la sociedad civil. Cuando los gobiernos tienen suficiente espacio fiscal, pueden perseguir prioridades políticas urgentes con la capacidad de transformar la vida y los medios de subsistencia de millones de personas. Tales políticas podrían incluir pisos de protección social (un conjunto de garantías básicas de seguridad social que están de acuerdo con estándares y principios mínimos universales), financiamiento de sistemas de cuidado (para la niñez, la tercera edad o la salud en general), asegurar o la integridad ambiental de las medidas de inversión, incluido el pago de una transición justa para alejarse de los sectores intensivos en carbono con empleos nuevos y bien remunerados en sectores más ecológicos.

Tomemos, por ejemplo, el problema creciente de los niveles de deuda insostenibles, que aumentan la inestabilidad económica de los países en desarrollo a través de altos costos del servicio de la deuda para los prestatarios, y donde el equilibrio de poder se inclina a favor de los prestamistas. Atender las deudas a menudo se prioriza sobre el gasto en programas sociales y ambientales. Esto reduce el acceso de la población a bienes y servicios esenciales. Además, este desmantelamiento de los servicios esenciales y la degradación ambiental simultánea afectan de manera desproporcionada a las mujeres al incrementar su trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, porque se ven obligadas a absorber los servicios y tareas que ya no se prestan públicamente. El cambio climático y la degradación ambiental, con sus diferentes impactos en hombres y mujeres, exacerban aún más esta dinámica, ya que la provisión de servicios básicos para familias y comunidades (como alimentos, agua o cuidado de niños, ancianos o enfermos) es asumido de manera predominante por mujeres.

El estatus del prestamista es crucial en la búsqueda de soluciones integrales: un prestamista público (como una IFI) puede imponer nuevas condiciones, así como un programa de reajuste para renegociar la deuda, lo que podría socavar la capacidad de un gobierno para establecer sus propias prioridades. A nivel mundial, las coaliciones de la sociedad civil han pedido la cancelación integral de la deuda de los países en desarrollo, criticando algunas de las medidas de alivio de la deuda propuestas por las IFI por no ir lo suficientemente lejos. Por ejemplo, la Campaña Jubilee Debt instó al FMI en 2020 a vender su arsenal de oro para cubrir los pagos de la deuda de los países más pobres del mundo durante 2021. El llamado a un Mecanismo Internacional de Recuperación de la Deuda, aunque no es nuevo, es más relevante que nunca para tratar estos temas de manera colectiva bajo principios acordados y de acuerdo con los marcos de derechos humanos existentes. Tendría que incluir una ventana para abordar la deuda privada, ya que los prestamistas privados han estado operando bajo sus propias reglas. A raíz de la actual recesión económica inducida por la pandemia, los países deudores de todo el mundo consideran que las reglas de arbitraje internacional favorecen al sector privado y temen demandas de acreedores privados por la incapacidad de estos gobiernos para pagar el servicio de la deuda. 9

La tributación es otro foco de los llamamientos mundiales a favor de la justicia redistributiva para el bienestar de las personas y del planeta. Si bien la tributación generalmente se refiere a la capacidad nacional del gobierno para recaudar ingresos para financiar las prioridades presupuestarias, tiene una dimensión internacional, especialmente en relación con la evasión de impuestos corporativos en el extranjero y el abuso tributario, que privan al Sur global de los ingresos que se necesitan con urgencia y afectan sus presupuestos proporcionalmente con más fuerza. Según los defensores de la justicia fiscal, las pérdidas fiscales de los países de bajos ingresos equivalen a casi el 52 por ciento de sus presupuestos combinados de salud pública. El Movimiento por la Justicia Fiscal, en un informe de 2020, demostró que los países de ingresos más altos son responsables de facilitar el 98 por ciento de todas las pérdidas fiscales mundiales, mientras que los países de ingresos más bajos son responsables de menos del 2 por ciento. Como señala el informe: “Permitir el abuso fiscal corporativo priva a los gobiernos de todo el mundo de recursos públicos, lo que favorece a las multinacionales, las personas adineradas y los paraísos fiscales”. Las cinco jurisdicciones más responsables de las pérdidas fiscales de los países se encuentran en el Norte global, lo que demuestra que existe una dinámica colonial en el patrón actual de flujos de ingresos fiscales. 10 Esta dinámica fiscal global se suma al patrón más amplio: las salidas financieras de los países en desarrollo a los países desarrollados eclipsan las corrientes financieras de los países desarrollados a los países en desarrollo. El Sur global es esencialmente un acreedor neto del Norte global, por lo que lo subsidia de muchas maneras.

Por lo tanto, los llamamientos para una reforma integral de la gobernanza de la tributación global incluyen la creación de una Convención Fiscal de la ONU para garantizar la justicia redistributiva. Curiosamente, fue el Comité Permanente bajo la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), un órgano de tratados de derechos humanos, el que ya en 2016 señaló en una recomendación vinculante que los flujos financieros ilícitos impactan negativamente los derechos humanos de las mujeres en el Sur global. Esto es relevante ya que afirma el interés del comité de la CEDAW en perseguir cuestiones estructurales y sistémicas que se relacionan con los impactos extraterritoriales de la acción gubernamental y su responsabilidad de abordar la cuestión de los paraísos fiscales, incluso a través de esfuerzos regulatorios para evitar el uso indebido, por parte del sector privado. Esto abre la puerta a la participación de los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos en el tratamiento de esos problemas estructurales y sistémicos globales y, por lo tanto, vuelve a articular una aplicación más amplia y sistémica de los marcos de derechos humanos. La participación de estos órganos, en combinación con litigios estratégicos que abordan cuestiones estructurales, debe considerarse un enfoque de entrada importante para una reforma de la gobernanza global más integral y colectiva.

Interconexiones: extraterritorialidad y derechos humanos

Abordar múltiples crisis que se intersectan requiere discutir el tema interconectado de los impactos extraterritoriales y las violaciones de los derechos humanos que resultan de esos efectos. Un ejemplo de esto es la responsabilidad de los países desarrollados por sus políticas ambientales y climáticas, y el papel de los sectores corporativos y financieros en causar y acelerar el cambio climático y la degradación ambiental.

En este sentido, la extraterritorialidad se refiere a los actores de una nación que operan en el exterior y reclaman protecciones, inmunidades y exenciones del sistema legal y la jurisdicción territorial del estado en el que operan. Desafíos estructurales como el cambio climático, que solo pueden resolverse a través de acciones multilaterales de actores responsables que reconocen una responsabilidad global compartida, resaltan este asunto de la extraterritorialidad. Por ejemplo, un tercio de las emisiones globales de carbono pueden vincularse directamente a tan solo 20 empresas de combustibles fósiles, a través de su incansable exploración de petróleo, gas y carbón. La extraterritorialidad, o la intención de evitar ser considerado legalmente responsable por los impactos de sus acciones en los derechos humanos fuera de su propio territorio, es también una de las principales razones por las que los países desarrollados se han negado a garantizar un lenguaje operativo de derechos humanos en muchos instrumentos internacionales en los últimos años. Un caso emblemático es el Acuerdo de París de 2015 para prevenir un calentamiento global peligroso: el único lugar del acuerdo donde se aceptó una referencia a los derechos humanos durante las negociaciones es en su preámbulo. Si bien en apariencia transmite un enfoque transversal y la importancia de los derechos humanos para el cumplimiento de los objetivos de París, esta referencia, de hecho, carece de alcance legal para efectos de su implementación.

Persiste una idea errónea en la esfera multilateral de que la responsabilidad de los estados soberanos de abordar las obligaciones legales, como la protección y la promoción de los derechos humanos, se aplica solo dentro de sus propios territorios y fronteras, a pesar de que las acciones de los países ricos, especialmente, tienen efectos secundarios negativos significativos. Mientras reclaman mejoras ambientales en casa, los países ricos exportan impactos ambientales y climáticos negativos al Sur Global a través de sus políticas comerciales o fiscales y sus patrones de producción y consumo.

Por lo tanto, todavía queda un largo camino por recorrer para garantizar que la extraterritorialidad no socave un principio fundamental -el principio de que “quien contamina paga”- en el corazón de los marcos globales para el desarrollo sostenible y la protección del clima. Afortunadamente, algunos instrumentos vinculantes de derechos humanos como la CEDAW están retomando estas conversaciones: en 2017, el Comité de la CEDAW pidió formalmente a Noruega que revisara su política energética para abordar los impactos negativos en los derechos humanos de las mujeres debido a los impactos extraterritoriales de su extracción de petróleo en el Ártico.

Además de la extraterritorialidad de los impactos sobre los derechos humanos, la emergencia climática y la degradación ambiental acelerada también apuntan a la necesidad de evaluar el riesgo sistémico que representan los instrumentos y actores del sector financiero, como lo destaca la mencionada Campaña de Campañas montada por la sociedad civil y los movimientos sociales. Los países desarrollados como grupo tienen una responsabilidad especial al haber contribuido con la mayoría de las emisiones de GEI que causan el cambio climático a través de su industrialización desde la década de 1850. Se podría argumentar que al acumular y no abordar la deuda climática histórica que tienen con los países en desarrollo, los países desarrollados han causado graves impactos extraterritoriales en países, comunidades y personas en los países en desarrollo.

Lo que es más, al no cumplir adecuadamente sus compromisos financieros bajo el régimen de la ONU para apoyar a los países en desarrollo en sus acciones climáticas, los países desarrollados están exacerbando los impactos extraterritoriales negativos (incluidos los abusos de los derechos humanos), especialmente para las comunidades más pobres y marginadas que enfrentan inseguridad alimentaria o luchan por adaptarse a los desastres causados ​​por el clima extremo. Los países desarrollados aún están lejos de cumplir su compromiso financiero colectivo de movilizar conjuntamente 100 mil millones de dólares anuales en financiamiento climático para los países en desarrollo para 2020. El Acuerdo de París, que extendió el objetivo de movilización hasta 2025, también ordenó un nuevo financiamiento colectivo más elevado para el clima a fijarse en 2025. Según el informe de progreso más reciente de la OCDE sobre financiación climática, la financiación pública y privada proporcionada y movilizada por los países desarrollados para la acción climática en los países en desarrollo alcanzó solo 78 mil 900 millones de dólares anuales en 2018, todavía por debajo del compromiso de 100 mil millones de dólares, con solo 62 mil 200 millones de dólares en financiamiento público para el clima.

Además, los incumplimientos de los países ricos en el cumplimiento de sus obligaciones de financiación climática se ven magnificados por su continua negativa a regular mejor el sector financiero mundial. Si bien los esfuerzos de promoción centrados en instar a los países ricos a acelerar y aumentar la movilización de miles de millones para la acción climática son importantes, esta suma debe ponerse en el contexto de los billones que se movilizan para inversiones continuas en combustibles fósiles. La provisión de financiación climática obligatoria en virtud de la CMNUCC, e incluso el Fondo Verde para el Clima (GFC, por sus siglas en inglés) de 10 mil millones de dólares como su principal instrumento financiero multilateral, representa una parte menor de la provisión más amplia de financiación climática, o para ser más precisos, de los flujos financieros compatibles con la crisis climática. Aquí es donde debe enfocarse la discusión real y se puede lograr un impacto real.

Si bien los activistas siguen presionando por una entrega adecuada de financiamiento climático, una visión más amplia deja en claro que la regulación del sector financiero en general debe ser una estrategia cardinal, con un enfoque en forzar la desinversión, sacando los recursos de los sectores y proyectos extractivos, y llevándolos hacia iniciativas que prevengan daños. Por ejemplo, los préstamos de 35 bancos privados estadounidenses, canadienses, chinos, europeos y japoneses a empresas de combustibles fósiles alcanzaron los 2.7 billones de dólares  durante el periodo de 2016 a 2019, y han aumentado cada año desde que se adoptó el Acuerdo de París en 2015. Las IFI como el Banco Mundial también son cómplices de estas inversiones, según un informe de la Red Europea de Deuda y Desarrollo (Eurodad). El estudio encontró que entre la firma del Acuerdo de París en 2015 y agosto de 2020, el Grupo Banco Mundial proporcionó al menos 12.1 mil millones de dólares de asistencia pública a 38 países para proyectos relacionados con combustibles fósiles, incluidos 10.5 mil millones en financiamiento directo para dichos proyectos, y el resto como asistencia técnica e inversiones de capital preexistentes.

La regulación, entonces, es clave. El alcance del daño que determinados actores pueden causar a través de operaciones específicas en el sector financiero es inmenso, incluso al socavar las inversiones limpias. Un análisis del Transnational Institute destaca que las grandes corporaciones de producción y comercialización de petróleo y gas como Royal Dutch Shell están participando cada vez más en el comercio especulativo, lo que podría permitirles manipular los precios de los combustibles fósiles para que las soluciones de energía renovable sean menos atractivas financieramente.

Asimismo, las agencias calificadoras de crédito y los bancos comerciales que siguen sus señales de calificación incorporan de manera insuficiente los riesgos climáticos en sus evaluaciones de la solvencia crediticia de los actores corporativos. Esa brecha respalda un sistema de crédito renovable que permite a las corporaciones pedir prestado durante un periodo de tiempo sin más revisiones. Un ejemplo es el caso del oleoducto Dakota Access, en el que Citibank, con sede en Estados Unidos, lideró un consorcio de 17 bancos internacionales para otorgar un préstamo sindicado de 2 mil 500 millones de dólares. Como es evidente, las evaluaciones de riesgo de los bancos comerciales no tuvieron debidamente en cuenta el cambio climático, la degradación ambiental y los derechos humanos.

Un marco de la ONU y una mayor vigilancia son imperativos para regular el sector financiero, al abordar el papel que las agencias de calificación crediticia, las evaluaciones de la solvencia de los bancos y el comercio especulativo desempeñan para perpetuar las inversiones que dañan a las personas y al planeta. En última instancia, una regulación financiera adecuada debe seguir el lema feminista de “desinvertir en el daño e invertir en la atención”.

Conclusiones

Debido al espacio, muchos detalles quedaron sin explorar en esta discusión, que se centró en mostrar la interrelación crítica entre las deficiencias estructurales existentes y las fallas sistémicas en la arquitectura económica y financiera global desde una comprensión feminista y decolonial. Muchas de las soluciones propuestas son técnicamente viables y varias no son nuevas, aunque su implementación adquiere una nueva urgencia en el momento actual de múltiples crisis. La tracción y el éxito de estas propuestas determinarán el bienestar de las generaciones futuras.

Si bien es posible que falte la voluntad política para abordar muchos de estos problemas, especialmente por parte de aquellos países, actores e instituciones comerciales con el mayor poder de decisión en el sistema, un impulso de promoción coordinado a nivel mundial por parte de la sociedad civil y la justicia social, ambiental y económica está ganando fuerza e impulso. La Campaña de Campañas es un esfuerzo colectivo vivo, que aprende del diálogo interno y externo y promueve tanto el aprendizaje de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba y se mueve por la solidaridad entre los movimientos. Se trata de una propuesta compleja y sofisticada para abordar los desafíos centrales de los tiempos caóticos que vivimos. Sin embargo, como han señalado muchas mitologías, el caos también puede ser un punto de partida para crear algo hermoso y mejor. Los movimientos sociales, ambientales y económicos están listos para dar un paso al frente con su reflexión y energía.

Referencias

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• 1Una alianza de organizaciones y redes de mujeres que aboga por el avance de los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género en los procesos de la ONU relacionados con la Financiación para el Desarrollo.
• 2Las cifras del valor generado por el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado en todo el mundo todavía se basan en estudios de costeo, que se combinan con datos obtenidos mediante encuestas de tiempos y cuentas satélite. En general, se estima que las mujeres realizan alrededor del 70 por ciento de todo el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado a nivel mundial; esta agregación, sin embargo, debe tomar en cuenta que la discriminación multidimensional da como resultado una mayor divergencia en el uso del tiempo entre las mujeres, es decir, las mujeres indígenas y rurales realizan más horas y tareas que las mujeres urbanas. La mayoría de los estudios oficiales basan las estimaciones de costos como partes del Producto Interno Bruto (PIB), asumiendo que este tipo de trabajo recibiría al menos un salario mínimo. Pero las estimaciones de costos que vinculan la remuneración directa por diferentes actividades pagadas a valor de mercado muestran que el valor generado por el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado podría ser mayor que el dinero que circula actualmente en el mundo (es por eso que hay referencias a tal estimación que incluyen valor monetizado y no monetizado). Esto significaría que no hay dinero suficiente para pagar el valor generado por el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. El valor calculado depende en gran medida de la metodología utilizada.
• 3Ya sea mediante la elaboración de perfiles basados ​​en la raza o la pertenencia étnica; orientación sexual, identidad o expresión de género; discapacidad; religión; condición geográfica; edad; condición socioeconómica; o cualquier otra condición humana de diversidad.
• 4Sin pisos de protección social universales, las transferencias directas de efectivo no son transformadoras, ya que las transferencias de efectivo condicionadas pueden agregar una carga adicional para las mujeres al aumentar el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado.
• 5Aunque el “empoderamiento” genuino siempre implica cambiar las relaciones de poder desiguales, los donantes y los inversores tienden a favorecer un uso apolítico del término, en el que las relaciones de poder pueden permanecer total o virtualmente intactas. Cuando se usa de esta manera, se convierte en “empoderamiento sin poder”. (Esquivel 2016, p. 6)
• 6
• 7El término “capitalismo digital”  describe una etapa avanzada del capitalismo en la que unos pocos individuos y corporaciones que tienen la propiedad y el control predeterminados sobre la red y los recursos de datos disfrutan de un poder económico desmesurado.
• 8 Las feministas han impulsado la elaboración de Presupuestos Sensibles al Género (PSG) durante al menos dos décadas. Los PSG tienen como objetivo redistribuir el gasto público en consonancia con el reconocimiento de las necesidades e intereses diferenciados de mujeres y hombres.
• 9Según las normas de la llamada Solución de Controversias entre Inversores y Estados (ISDS, por sus siglas en inglés), que a menudo se aplican al servicio de la deuda y a los acuerdos comerciales, un actor del sector privado puede entablar una demanda contra un gobierno exigiendo pagos compensatorios. La demanda se tramita mediante arbitraje internacional. Los casos de ISDS se han utilizado contra la aplicación por parte de los gobiernos de los derechos humanos, los derechos laborales, la protección ambiental, la accesibilidad de los servicios públicos y otros marcos de políticas que se considera que obstaculizan las oportunidades del sector privado y el rendimiento de las inversiones.
• 10Según el informe de 2020 sobre el estado de la justicia fiscal a nivel mundial, las cinco jurisdicciones más responsables de las pérdidas fiscales de los países son las Islas Caimán del Territorio Británico (responsables del 16.5 por ciento de las pérdidas fiscales globales, lo que equivale a más de 70 mil millones de dólares). Reino Unido (10%; más de 42 mil millones de dólares), Países Bajos (8.5%; más de 36 mil millones de dólares), Luxemburgo (6.5%; más de 27 mil millones de dólares) y Estados Unidos (5.53%; más de 23 mil millones de dólares). En comparación, los países de la OCDE solo proporcionaron 161 mil millones de dólares en asistencia oficial para el desarrollo (AOD) en 2020.