El mercado de bonos verdes continúa enfrentando críticas sobre el lavado verde (en inglés “greenwashing”), la falta de una definición verde común para proyectos, transparencia y métricas para definir qué es "verde".
Como el instrumento financiero "verde" preferido para financiar la transición verde, los Bonos Verdes se han convertido en líderes del mercado, con S&P Global pronosticando una emisión de 1 billón de dólares solo para 2023. No obstante, el mercado de bonos verdes continúa enfrentando críticas sobre el lavado verde (en inglés “greenwashing”), la falta de una definición verde común para proyectos, transparencia y métricas para definir qué es "verde". Por lo tanto, hay preguntas clave que hacer sobre la forma en que un bono se vuelve 'verde', por ejemplo, cómo obtiene un bono su etiqueta o certificación verde y quién puede ejercer el poder para hacer valer el título calificador.
En términos simples, los Bonos Verdes son una promesa de deuda por parte del emisor que debe pagarse con una prima. La novedad de estos instrumentos financieros es que se utilizan únicamente para proyectos con enfoque ambiental. Esto plantea la cuestión (y preocupación) clave de cómo garantizar que la etiqueta verde representada por dichos bonos sea ambientalmente precisa. En principio, los bonos verdes son instrumentos de deuda similares a los bonos vainilla. Esto significa que se basan en una relación deudor-acreedor, en el que el deudor deberá pagar interés durante un período de tiempo (generalmente) largo y que el contenido de las obligaciones financieras (por ejemplo, la tasa de reembolso, la moneda de emisión, etc.) dependerá del perfil financiero del emisor, del mercado de destino, etc.
Además de eso, los bonos verdes requieren que los fondos obtenidos de ellos se destinen a infraestructura verde/sostenible, lo que agrega algunos pasos adicionales para obtener dicha etiqueta 'verde'.
¿Qué es exactamente "verde"?
Surgen varios problemas con la definición de “verde”. Pocos años después de la primera emisión de bonos verdes, se crearon algunas taxonomías privadas para tratar de estandarizar el mercado: una medida que se justificó como respuesta a la rápida multiplicación de estándares y la posibilidad de diluir los requisitos, pero que también condujo a la creación de algunos intermediarios en el sector. Originalmente, estas taxonomías siguieron los Principios de Bonos Verdes emitidos por la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA por sus siglas en inglés) y luego el Estándar de Bonos Climáticos emitido por la Iniciativa de Bonos Climáticos (CBI por sus siglas en inglés). Más adelante, algunas otras instituciones (por ejemplo, CICERO Shades of Green) y países desarrollaron sus propios estándares o taxonomías sobre qué es la infraestructura "verde" y, por lo tanto, puede ser financiada por un bono verde. Sin embargo, estas taxonomías todavía siguen las recomendaciones hechas por los Principios de Bonos Verdes establecidos por ICMA.
Una vez que se han decidido los términos de referencia, el deudor que desea emitir un bono verde generalmente debe seguir un procedimiento de tres pasos: pre-emisión, emisión y post-emisión. La fase previa a la emisión es particularmente crucial porque cualifica la etiqueta “verde” del bono al incluir documentación sobre la preparación del bono; uso de los ingresos; proceso de evaluación y selección de proyectos; gestión de los ingresos; e informes. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, incluso con los pasos establecidos a seguir, los bonos verdes aún tienen el potencial de promover el lavado verde al crear métricas inadecuadas, evitar la transparencia y la presentación de informes de sus equipos y gestión de proyectos, y malversar los fondos recaudados hacia otros proyectos no tan verdes tangencialmente.
Además de los pasos anteriores, hay dos procedimientos adicionales a tener en cuenta: uno es un Marco de Bono Verde (GBF por sus siglas en inglés) que es una guía que puede ser nacional o por región y tiene como objetivo uniformar la estructura del bono al hacer explícito cómo el dinero del bono se va a utilizar. En teoría, el Marco debería actuar como un estándar con reglas normativas universales, sin embargo, el problema que surge es la disparidad en la aplicación a lo largo de las geografías, lo que significa que algunos países deben someterse a controles adicionales y más estrictos de sus proyectos. La segunda es la revisión externa. Aquí, es importante notar que si bien se puede solicitar una revisión externa como parte del Marco posterior a la emisión para continuar con el monitoreo del bono, no es una parte obligatoria de todo Marco.
Los revisores externos son entidades independientes que validan la afirmación de sostenibilidad de los emisores de bonos verdes. Aunque la revisión externa de un bono sigue siendo una medida opcional en la mayoría de los marcos, con la excepción del Estándar de bonos climáticos de CBI, los inversores los valoran mucho, y la mayoría de los bonos verdes cumplen con la revisión, lo que aumenta la legitimidad de la clasificación verde. En consecuencia, los revisores externos terminan desempeñando un papel importante en el mundo de los bonos verdes. Una vez que un emisor decide tener un revisor externo para su bono verde, hay cuatro opciones de revisión disponibles: Verificación, Dictamen de Segunda Parte, Calificación y Certificación.
¿Es la revisión externa tan independiente como parece?
| Tipos de revisiones externas | |
|---|---|
| Verificación | La verificación se refiere a la garantía de un método de seguimiento interno para el uso de los ingresos, una declaración de impacto ambiental o la alineación de los informes con los GBP (p. ej., Agusto&Co, GFC, Arup). |
| El Dictamen de Segunda Parte | Los dictámenes de segunda parte incluyen una evaluación de la política y/o el proceso del emisor en relación con la sostenibilidad ambiental (por ejemplo, CICERO, Sustainalytics, Vigeo Eiris, Deloitte). |
| Puntuación/calificación de bonos verdes | Las puntuaciones o calificaciones de bonos verdes se basan en una metodología de calificación/puntuación establecida evaluada por terceros calificados (por ejemplo S&P, Moody’s, ISS). |
| Certificación | La certificación se refiere a un bono verde, un marco de bonos verdes o el uso de los ingresos para ser certificados contra un estándar verde externo reconocido o una etiqueta por parte de terceros acreditados (por ejemplo, CBI). |
Fuente: Elaboración propia con datos de ICMA, 2018.
A pesar de las diferentes opciones, esto no significa que las operaciones puedan ser realizadas por múltiples actores. No obstante, la certificación agrega una capa de legitimidad al producto financiero, con posibles consecuencias sobre la comerciabilidad del bono, su circulación y su premium. Por ejemplo, si el emisor decide acreditar su bono mediante la certificación, ese trámite específico solo lo ofrece CBI, el actor privado líder en el sector. Dentro de ese procedimiento, aunque CBI es formalmente la institución que emite una certificación, el proceso de verificación debe ser realizado por uno de los verificadores aprobados de CBI. A continuación, las agencias de calificación habituales, como S&P y Moody's, pueden calificar y puntuar un bono. La verificación y el Dictamen de Segunda Parte pueden ser realizados por una lista variada de proveedores, sin embargo, la mayoría de los bonos verdes emitidos hasta ahora siguen los estándares establecidos por CBI o ICMA y ambas organizaciones tienen una lista de verificadores aprobados o recomendados, de acuerdo con su marco de bonos verdes propuesto.
Por el momento, solo hay 32 revisores mencionados por ICMA y 59 revisores aprobados por CBI, de los cuales 14 aparecen en ambas listas. Esto significa que solo hay 77 empresas de revisión externa aprobadas por una de las dos organizaciones de establecimiento de estándares más grandes del mercado. En un mundo donde las emisiones de bonos verdes están alcanzando 1 billón de dólares estadounidenses al año, la presencia de tan pocos revisores externos y el papel de control de los emisores de estándares inevitablemente plantea algunas preguntas. Además, casi todos los revisores externos aprobados tienen una sede, una asociación o una oficina conectada a un país ubicado en el Norte Global. Más aún, para convertirse en un verificador aprobado por el CBI, una empresa debe demostrar competencia y experiencia en instrumentos de deuda, servicios de aseguramiento, conocimiento del estándar de bonos climáticos, cobertura geográfica y competencia técnica, lo que hace que el nicho de mercado sea más especializado para que pueda entonces solo ser administrado por un puñado de personas.
Asimismo, a pesar de que la adopción de un estándar verde en el mercado de bonos verdes se promueve como una herramienta necesaria para hacer frente al lavado verde, todavía no existen categorías verdes "fijas" o universales que sean implementadas por los revisores externos. Esto significa que la evaluación y la evaluación pueden diferir y conducir a resultados diferentes. Por ejemplo, Dorfleitner et al., 2022 compararon los procesos de verificación ecológica de los cuatro principales revisores externos, a saber, CICERO, Vigeo, ISS-Oekom y Sustainalytics, y concluyeron que sus evaluaciones ecológicas variaban en escala y algunas de sus calificaciones eran difíciles de comparar. El hecho de que las categorías "verdes" no sean consistentes entre cuatro revisores externos genera dudas sobre la credibilidad de la revisión verde y plantea preguntas sobre la relación entre los estándares y la realidad del mercado.
Además, aunque algunos bonos verdes se consideran historias de éxito, también hay un campo creciente de historias de fracaso, por situaciones en las que el impacto ambiental y climático parecía cuestionable (por decir lo menos) y en las que se abandonó el “verdor” del proyecto después de las críticas públicas. Hay, por ejemplo, proyectos verdes certificados como el aeropuerto de la Ciudad de México que fueron votados en contra por los ciudadanos, o el fallido proyecto de vivienda de Suecia diseñado originalmente para población de bajos ingresos que no podían pagar los costos adicionales de las instalaciones de vivienda que llegaron con la etiqueta sostenible. Ejemplos como estos desencadenan conversaciones sobre la probabilidad de exacerbar las desigualdades socioambientales existentes mediante el uso de instrumentos financieros que carecen de un componente redistributivo. Además, algunos de los proyectos financiados con bonos verdes ya se iban a llevar a cabo de todos modos, por lo que la deuda verde se convierte en solo una oportunidad de mercadeo y una forma de llegar al capital sobreacumulado que está esperando ser gastado en proyectos 'sostenibles' o actividades 'verdes'.
Se espera que el mercado de finanzas sostenibles donde participan los bonos verdes continúe creciendo. Eventualmente, podría incluso superar al mercado tradicional de bonos vainilla. Por lo tanto, es requerido que cuestionemos a fondo las diferentes fases y actores que hacen que la deuda sea verde: los mecanismos, los revisores externos, los estándares, las estructuras legales y otros temas relacionados con las "finanzas verdes" no deben ser subestimados ni minimizados. Si la esfera internacional y los actores clave en el mercado continúan impulsando instrumentos financieros para abordar el cambio climático y otros problemas sociales apremiantes, es esencial observar críticamente las formas en que estos instrumentos toman forma y se desarrollan.