La desigual distribución de la tierra es un problema histórico en América Latina. Organizaciones y movimientos sociales plantean una defensa del territorio que va más allá de la lucha por la tierra, e incluye la protección del agua, las montañas, la biodiversidad, las semillas y el patrimonio cultural e inmaterial asociado a los pueblos y los ecosistemas. La agroecología es un elemento articulador de esta lucha. Sin embargo, estas organizaciones territoriales contrahegemónicas se enfrentan a una serie de amenazas.
En toda América Latina, según un estudio de Oxfam, más de la mitad de las tierras productivas de la región son tierras agrícolas y propiedades dedicadas al monocultivo, mientras que las explotaciones familiares ocupan el 13% del territorio y se encuentran en territorios marginales y poco fértiles. Esto tiene su origen en la historia colonial de la región, basada en el sistema de latifundios y plantaciones. Durante fines del siglo XX y la primera década del siglo XXI emergieron y se reforzaron procesos que implicaron la financiarización de la producción agraria, consolidando la concentración de la tierra en América Latina. En Bolivia, por ejemplo, según datos del Banco Mundial, de las 660.000 unidades agrícolas existentes en el país en 2007, el 87% eran minifundios que ocupaban sólo el 14% de la tierra cultivable disponible. Esto significa que, de este total, 85.800 unidades productivas eran latifundios que ocupaban la mayor parte de la tierra fértil del país.
En Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, la expansión del monocultivo de soja durante la primera década del siglo XXI fue tan extensa que la corporación Syngenta bautizó a estos territorios, en una campaña de marketing, como la "República Unida de la Soja". El Censo Agropecuario Brasileño de 2017 reveló que de los 5 millones de explotaciones agrícolas del país, solo 51.000 poseen el 47,6% de la tierra. Los pequeños propietarios, que poseen tierras de hasta 10 hectáreas, ocupan apenas el 2,3% del total. Esta enorme concentración de tierras forma parte de la privatización y mercantilización de la tierra y se opone directamente a las concepciones de los pueblos indígenas, quilombolas y campesinos. Para ellos, la tierra es más que una mercancía: es territorio, hogar de la compleja biodiversidad que sustenta la supervivencia, diferentes culturas y formas de vida.
La reconquista del territorio tiene hoy un carácter diferente al de las reformas agrarias del siglo pasado, centradas principalmente en la lucha contra la concentración de la tierra. Las comunidades y organizaciones reclaman una reforma agraria integral, popular, feminista y agroecológica que incluya al campo y a la ciudad, a los trabajadores rurales sin tierra, a los campesinos desplazados a los cinturones de pobreza urbanos y a sus descendientes nacidos y criados en las ciudades que reclaman el derecho a regresar al campo. Como afirma la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales, un campesino es toda persona "que se dedique o tenga la intención de dedicarse a la producción agrícola en pequeña escala y que tenga un vínculo especial de dependencia y apego a la tierra".
En América Latina son muchas las organizaciones que defienden los ríos, los páramos, los mares y el aire. Frente a las actividades extractivas y la amenaza que suponen para sus derechos y formas de vida, estas organizaciones promueven marchas, ocupaciones, denuncias y campañas, construyendo redes de solidaridad regionales y globales. Una de estas experiencias es el Movimiento Ríos Vivos en Colombia, que comenzó como una protesta de tres personas contra la destrucción del cañón del río Cauca y creció hasta convertirse en una poderosa coalición de organizaciones de mujeres, mineros, pescadores, arrieros y campesinos que se enfrentaron a la construcción y las consecuencias del proyecto hidroeléctrico Hidroituango. En Ecuador y Bolivia, el reconocimiento de múltiples naciones indígenas ha permitido la autonomía de diferentes pueblos, a través de las figuras del Territorio Indígena Originario Campesino (TIOC) y de las Circunscrições Territoriais Indígenas (CTIs), respectivamente, lo que garantiza la preservación de territorios y conocimientos ancestrales. En México, destaca la experiencia de los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas, inspiradora de múltiples luchas y formas de organización por el derecho a la autodeterminación indígena en este país.
Este tipo de resistencia es parte de la historia latinoamericana y ha encontrado resonancia en las prácticas agroecológicas, además de nutrir a la agroecología como movimiento con formas indígenas, campesinas y afrodescendientes de gobernanza territorial. En todo el continente, es posible hablar de territorios agroecológicos y otras formas de organización que se centran en la agroecología a la vez que desarrollan nuevas formas de resistir el avance de la acumulación de tierras por parte de sectores extractivos depredadores. En Colombia, por ejemplo, las Zonas de Reserva Campesina abarcan 287.269 hectáreas. En estas zonas hay numerosos minifundios y tierras de montaña, algunos con sistemas de producción agroecológicos.
En Brasil, el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), que agrupa a unas 350.000 familias, reclama el fin del latifundio y su transformación en explotaciones familiares y campesinas con producción agroecológica. El movimiento es reconocido como el mayor productor de arroz agroecológico de América Latina. En México, destaca el ejemplo del municipio agroecológico El Limón, en Jalisco, fundado en 2019 por productores de la colonia La Ciénega. En el municipio, la producción libre de plaguicidas se suma a las banderas de la autonomía alimentaria y la conservación de los ecosistemas, objetivo que se refleja en la tasa positiva de deforestación del municipio: ahí, los bosques crecen en lugar de desaparecer.
Si bien los territorios agroecológicos nacen de estas estructuras generadas tras años de lucha, también se enfrentan a amenazas que dificultan la consolidación de estas organizaciones territoriales.
En todo el continente, estos tipos de resistencia han provocado ataques, asesinatos y desapariciones de defensores de la tierra y el medio ambiente, casos que rara vez se han esclarecido. En 2022, un total de 177 personas perdieron la vida defendiendo sus territorios y el medio ambiente. Más del 70% de estos casos tuvieron lugar en Colombia, México o Brasil, según un estudio de la organización Global Witness. América Latina fue el escenario del 88% de los asesinatos de activistas medioambientales en el mundo en 2022, y del 70% de los 1.335 asesinatos cometidos en la última década. Los ataques contra estos movimientos también se están produciendo en ámbitos institucionales. En septiembre de 2021, por ejemplo, se aprobó en Paraguay una ley que criminaliza la lucha por la tierra, lo que hizo saltar las alarmas de los movimientos de todo el continente.
Fuentes
Arantxa Guerena (2016). Desterrados: tierra, poder y desigualdad en América Latina. Oxfam
Grain (2013). “La República Unida de la Soja recargada”
Indepaz (2021). “5 años del Acuerdo de Paz – Balance en cifras de la violencia en los territorios”
Global Witness (2021). Ultima línea de defensa. Las industrias que causan la crisis climática y los ataques contra personas defensoras de la tierra y el medioambiente
Anseeuw, W. y Baldinelli, G.M. (2020). Uneven Ground. La desigualdad de la tierra en el corazón de las sociedades desiguales. International Land Coalition, OXFAM
Movimiento Ríos Vivos de Colombia
Indepaz (2021). “Líderes ambientales asesinados”
Luiz Zarref (2018). “Agroecologia e o MST”. Movimento Sem Terra
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