Participamos en la Tertuliana de Pie de página, que en agosto abordó un tema fundamental para el país: ¿Qué hacemos con la minería? Un debate que emerge en medio de la discusión que el Congreso de la Unión abrió para prohibir la minería a cielo abierto en el país.
CIUDAD DE MÉXICO. – En la última semana, la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de la Unión aceptó discutir la prohibición de la minería a cielo abierto en México.
La propuesta llega con 20 reformas que el presidente López Obrador envió al Congreso en el último tramo de su sexenio, y contemplan también reformas en materia de agua, fracking y uso de maíz transgénico.
Las reformas, aunque representa un avance, parecen ser insuficientes para algunos, aunque las empresas reaccionaron, y sus intereses, tal vez por casualidad, se expresaron a través de embajadas y críticas fuertes en el ámbito internacional.
¿Qué hacemos con la minería a cielo abierto en México? ¿Esta reforma es suficiente? Son tan solo algunas dudas que reaviva esta oportunidad para que pueblos y comunidades enteras puedan alcanzar el sueño de un territorio libre de minería. Para responder, en Pie de Página dialogamos con la economista Violeta Núñez, y con las especialistas e integrantes de la colectiva Cambiémosla Ya, Leticia Merino, Beatriz Olivera y Maira Olivo Paz.
Mineras, ¿dueñas de México?
En 2023, Maria Luisa Albores, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, informó que de 1992 a ese año, en México se habían otorgaron 65 mil 534 concesiones para exploración y explotación minera.
La cifra demuestra que, de los 195.9 millones de hectáreas que componen el territorio nacional, el 60 por ciento ( o sea, 117 millones) estarían concesionados a empresas mineras.
De estas concesiones, según informó Mongabay en un reportaje de 2023, mil 671 se encontraban en 70 Áreas Naturales Protegidas, equivalentes a una porción de 1.5 millones de hectáreas de suelo protegido.
La cifra, alarmante de por sí, cobra otras dimensiones cuando se investiga quiénes son los titulares de esas concesiones. Por ejemplo, en 2012, según la investigadora María Teresa Sánchez Salazar, de la UNAM, al menos 293 compañías extranjeras se beneficiaban de las concesiones mineras en 26 de los 32 estados del país, explotando, principalmente, oro, plata, polimetales y cobre.
La Doctora en Economía, Violeta Núñez, dimensiona los beneficios que obtienen estas empresas.
«El 80% de plata y oro se va para Estados Unidos», ejemplifica. Y después, remata con una cifra que dimensiona el saqueo:
«Desde que se aprobó la Ley Minera de 1992, hasta el año pasado, las empresas han extraído 7 veces más oro que en los 300 años del proceso colonial, y en plata estamos llegando al doble».
El agua y la vida contra la minería
Lo que resalta Violeta Núñez es fundamental para impulsar cambios en la Ley Minera, la cual, desde su creación en 1992, sólo ha provocado daños a los ecosistemas y poblaciones de México. Pero también, la apropiación de recursos naturales, como el agua.
Leticia Merino, Doctora en Antropología por la UNAM, reflexiona:
«En 1992 el cambio del artículo 27 hace que se devalúe la naturaleza. La reforma a la Ley de Aguas Nacionales crea mercados de concesiones de agua a mineros para producir ganancias privadas, y se publica la Ley Minera, que da concesiones hasta por 100 años (…)».
El dato es alarmante cuando se confronta con la realidad, pues como argumenta Merino, «para obtener 31 gramos de oro se utiliza el agua que una familia de cuatro personas utiliza en un año».
Además de la apropiación del agua, la minería también implica la devastación de territorios, pues uno de los métodos preferidos por estas empresas es la extracción de minerales a cielo abierto, usando explosivos y maquinaria que, además de destruir ecosistemas y abrir grandes tajos en el territorio, provocan afectaciones a la salud de las comunidades humanas cercanas a las mineras.
Esto lo sabe bien Beatriz Olivera, estudiante del Doctorado en Desarrollo Rural en la UAM-Xochimilco, y explica que, la minería a cielo abierto, es una técnica devastadora que implica impactos ambientales irreversibles en el ambiente y que cambian la forma de vida de las personas.
«La minería a cielo abierto implica borrar, dinamitar con explosivos la superficie terrestre para generar grandes tajos para poder extraer los materiales que están en el territorio. Pueden tener hasta 400 metros de profundidad».
Y añade que, además de los grandes tajos, otros procesos, como la lixiviación, que es cuando se separan rocas de los minerales, también son altamente contaminantes. Ejemplifica con un dato: «Para adquirir 31 gramos de Oro se necesita extraer 150 toneladas de roca».
Y agrega:
«Dinamitar un cerro es más barato que construir una infraestructura de minería subterránea, y las empresas la escogen porque así aumentan más sus ganancias».
Además de esto, otro factor que muchas veces pasa desapercibido es la economía criminal que alimentan las mineras. Ejemplos sobran, como el Carrizalillo, en Guerrero, o en Jalisco y Colima, con la minera Ternium.
Violeta Núñez recuerda otro en particular:
«Pensar en el crimen organizado también es necesario. Otra vez la denuncia de la gente de Chisomuselo de que Blackfire Exploration, aliado con el crimen organizado, están presionando para abrir la mina de Barita en Chiapas».
Un negocio redituable ¿para quién?
El argumento que las empresas mineras usan desde 1992 para defender su presencia en México es que son fundamentales para el desarrollo del país.
Leticia Merino revira, y con datos, explica la falsedad de esa afirmación:
«Se habla de que (las empresas mineras) son quienes generan desarrollo, aunque representan menos del 1% de empleos formales, esto a partir de 1992».
Aunado a esto, casos como el derrumbe en Pasta de Conchos, responsabilidad de Grupo México, demuestra que, en realidad, la minería sólo acentúa la precariedad laboral y los riesgos en el trabajo.
Beatriz Olivera fortalece esta reflexión: «Revisando los informes de la Secretaría de Hacienda, vemos que lo que aporta la minería al país en términos de finanzas públicas es el 0.82 % de la recaudación total del Gobierno Federal. En términos de empleo es el 0.58% con seguridad social».
Pese a esto, recuerda Violeta Núñez, hoy, las empresas mineras dicen que restringir su actividad en México, y principalmente prohibir la minería a cielo abierto, «detendría el curso de la humanidad».
El argumento, aunque linda en el absurdo, ha tenido eco en el Poder Legislativo, quienes aún no se deshacen de los cabilderos de las empresas que sólo buscan acrecentar sus ganancias.
Beatriz Olivera denuncia:
«La Cámara Minera está metida en todos los foros que organizamos en Cambiémosla Ya, comentando con falacias los beneficios de la minería. Pero el cabildeo directo con los legisladores es la campaña que les funcionó más, es muy lamentable».
Además de esto, las analistas recuerdan otra disputa: las demandas que Ganfeng Lithium, minera china, promovió contra México ante un tribunal del Banco Mundial por evitar que exploten el litio del país.
El tema no es menor, pues como la empresa china, la estadounidense Odyssey Marine también tiene demandado a México. Y además, si a esto se le suma que, hasta 2019, el gobierno de México había pagado a empresas trasnacionales 242 millones de dólares por proyectos extractivos cancelados. Esto, por una «cláusula de controversias entre inversionistas y Estado”, incluida en prácticamente todos los tratados comerciales que se han firmado desde la década de los 60.
Los intereses detrás de frenar la ley
La reforma no nace de la nada, dice la abogada de Fundar, Maira Olivo Paz, quien recuerda los innumerables procesos jurídicos que algunas comunidades han realizado para defender su territorio. En ellos, recalca, siempre se criticó y exigió estas reformas profundas al régimen de concesiones y la derogación de fracciones del artículo 19 que concedían a las empresas libre acceso a la tierra y agua.
En marzo 2023, después de que el Poder Legislativo aprobara una reforma que creó una nueva Ley de Minería que eliminó el carácter preferente de la actividad minera, estableció mecanismos de consulta para los pueblos indígenas, restringió los mecanismos para otorgar concesiones y los limitó aún más, y además modificó el régimen de concesiones, evitando, en los hechos, la privatización del territorio y los bienes naturales, otro actor apareció en la escena: la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En ese momento, el sector minero del país promovió una serie de amparos (17 en total) que atrajo la Suprema Corte de Justicia de la Nación a petición de la ministra Lenia Batres. Los argumentos de los empresarios eran que la reforma no fue suficientemente consultada.
La oportunidad que abrió el sector minero quiso ser aprovechada por la colectiva Cambiémosla Ya, quienes exigían que el texto que se debatiera ampliamente, incorporando las voces de las comunidades. Para garantizar esto, la colectiva pidió a la Suprema Corte que asegurara su participación, pero el 13 de mayo la mayoría del pleno de la Corte rechazó esta moción.
Ahora, con la discusión que inició en el Congreso sobre la minería a cielo abierto (aunque recupera muchos de los aspectos fundamentales que exigían desde Cambiémosla Ya), Leticia Merino se muestra optimista:
«El movimiento social y la lucha contra la minería abusiva es muy importante. Para el extractivismo, el sur global representamos zonas de sacrificio. Este cambio a la Ley Minera no se pudo dar antes, en otro gobierno que no fuera el de López Obrador».
Sin embargo, como en otras ocasiones, la Corte parece ser un actor fundamental. Por eso, Maira Olivo Paz les pide que no impugnen la reforma, como lo han hecho con otras, por ejemplo, la del Poder Judicial.
«Con esta aprobación a la Reforma a la Ley Minera, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene una gran responsabilidad para garantizar justicia a las comunidades que han sido violentadas en sus derechos humanos sistemáticamente».
Violeta Núñez, ahonda:
«Si en algún momento la SCJN declara inconstutucional a la Ley Minera, retomaremos la propuesta original que envió el presidente (…). Yo sí creo que hay posibilidad de que suceda a pesar de los intereses que existen».
Maira Olivo Paz concluye:
«El Estado mexicano tiene la obligación de respetar derechos humanos y colectivos, reconocer a las comunidades indígenas y sus organizaciones comunitarias que son quienes con su lucha logran estas diferencias, y los avances en derechos sociales».
Si quieres ver la tertuliana completa puedes hacerlo en nuestro canal de Youtube:
Este artículo se publicó originalmente en Pie de Página.