Con la confirmación por parte de la Ministra De la Mujer y Equidad de género Antonia Orellana sobre el ingreso del nuevo proyecto de aborto legal para este 2025, las organizaciones sociales han demostrado que lideran la lucha por garantizar el acceso seguro y equitativo a este derecho. Desde la calle hasta la institucionalidad, su incidencia es clave en la transformación del panorama legislativo.
El nuevo proyecto de aborto legal en Chile, impulsado por el gobierno del presidente Gabriel Boric, enfrenta un camino legislativo incierto. En este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la discusión cobra aún más relevancia, ya que las demandas por autonomía del cuerpo y derechos reproductivos han sido históricamente una de las banderas centrales del movimiento feminista. La resistencia de sectores conservadores en el Congreso contrasta con la presión de organizaciones sociales que exigen que esta iniciativa garantice un acceso real y equitativo al aborto seguro. Desde la organización feminista Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto, advierten que la desconexión entre los tomadores de decisiones políticas y la ciudadanía es uno de los principales obstáculos.
"El problema creo yo es que hay una desconexión entre quienes toman las decisiones, quienes legislan y quienes vivimos el cotidiano en este país, y eso mismo ocurre con el aborto", afirma Siomara Molina Sáez, vocera de la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto. Su diagnóstico se basa en una tendencia clara: el apoyo ciudadano al aborto ha ido en aumento progresivo. Según el estudio Nacional de Opinión Pública de la Universidad Diego Portales y Feedback de enero de 2025 [1], un 53% de la población encuestada respalda la legalización sin causales como derecho de la mujer a decidir. Sin embargo, este respaldo no se ha traducido en avances legislativos proporcionales.
Una legislación estancada y barreras persistentes
Desde la promulgación en 2017 de la Ley N° 21.030 que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales [2], a julio de 2024, 5.370 mujeres y niñas han accedido a servicios relacionados con las tres causales permitidas. De ellas, el 85% optó por interrumpir su embarazo [3]. Uno de los puntos más preocupantes es que del total de las menores que decidieron interrumpir el embarazo, 296 (85%) lo hizo a través de la tercera causal, es decir, violación [4]. A pesar de esto, las organizaciones denuncian que el acceso sigue siendo desigual y que la objeción de conciencia institucional ha sido utilizada como una traba para negar el procedimiento, especialmente en regiones con menos cobertura hospitalaria.
"La objeción de conciencia institucional no debiera existir, es un absurdo. Las instituciones son instituciones, la conciencia es un atributo de las personas, de los seres humanos, por lo tanto, una institución difícilmente puede objetar", sostiene Molina. La falta de regulación ha permitido que en algunos hospitales completos se niegue la prestación del servicio, obligando a las mujeres a viajar grandes distancias o a recurrir a métodos inseguros.
Violaciones a los derechos humanos: el rol de la ONU y el caso de la niña de 13 años criminalizada por abortar
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha sido categórico al calificar la maternidad forzada de niñas como un acto de tortura [5]. En su último pronunciamiento, instó a los Estados a garantizar el acceso efectivo al aborto para niñas víctimas de violencia sexual, señalando que "obligar a una niña a continuar con un embarazo producto de violación no solo es cruel e inhumano, sino que también refleja la falta de protección estatal hacia sus derechos más básicos" [6].
En Chile, el informe de Corporación Miles “Investigación sobre la criminalización del aborto en Chile, en el periodo 2012-2022” documenta el caso de una niña de 13 años que fue criminalizada tras abortar bajo la causal de violación [7], en abierta contradicción con el principio de inimputabilidad infantil consagrado en la ley chilena. La criminalización de una menor en estas condiciones, pone en evidencia los vacíos en la implementación de la normativa. "Esta situación es una muestra de cómo el sistema judicial chileno y todos los actores fallan en proteger a las niñas. Se trataba de un aborto legal, bajo una de las tres causales reconocidas por la ley, y aun así se la criminalizó, en un absurdo total", denuncia Molina.
Hélène Tigroudja, miembro del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas indica que, "El derecho a la vida también se refiere al derecho a disfrutar de una vida digna. Los Estados Partes deben tomar todas las medidas necesarias para hacer frente a las condiciones sociales que puedan amenazar el derecho a la vida o impedir que las personas disfruten de su derecho a la vida con dignidad, en particular en el caso de las niñas" [5].
Las demandas del movimiento feminista
En la antesala a la presentación del nuevo proyecto de ley, el Ministerio de la mujer y equidad de género, ha conversado con parlamentarias para buscar el “máximo viable”, que podría estar en torno a las 14 semanas de gestación [8]. Esta noticia ha sido recibida con cautela por las organizaciones feministas. "Nosotras esperamos que el nuevo proyecto de ley de algún modo subsane esto para ampliar la posibilidad de acceso", señala Molina. Desde la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto insisten en que el Estado debe garantizar una implementación efectiva y descentralizada del aborto, permitiendo su acceso en centros de atención primaria con personal capacitado. "Lo ideal sería que la interrupción de los embarazos ocurriera en la atención primaria, que son los CESFAM[ CESFAM (Centro de Salud Familiar): Establecimiento de atención primaria en Chile que ofrece servicios médicos y preventivos a la comunidad.], los consultorios, porque básicamente ahí están las matronas[ Matrona: Profesional de la salud especializada en atención gineco-obstétrica, salud sexual y reproductiva.]. Cuando una mujer queda embarazada, lo que hace es ir a la matrona o a una consulta médica general en el CESFAM, esa es la puerta de entrada, es el vínculo permanente que las mujeres tienen en términos de salud sexual y reproductiva", añade.
Asimismo, destacan que la nueva legislación debe ir acompañada de esfuerzos que garanticen una educación sexual integral en el sistema educativo y que así también, se implementen campañas de información masivas sobre los derechos reproductivos. "Si en este país no hubiese existido todo lo relacionado a las luchas que hemos dado históricamente, no estaríamos en este punto. Las feministas y las organizaciones hemos sido las que hemos instalado los debates, tensionando, exponiendo los argumentos, poniendo la evidencia científica a disposición de la institucionalidad", enfatiza Molina.
La importancia de garantizar avances legislativos en derechos humanos
El debate sobre el aborto no es solo una cuestión de legislación, sino un tema fundamental de derechos humanos. La experiencia internacional ha demostrado que restringir el acceso al aborto no reduce su práctica, sino que lo empuja a la clandestinidad, aumentando los riesgos para la salud y la vida de las personas gestantes. En este sentido, asegurar que el nuevo proyecto de aborto legal en Chile llegue a término es una necesidad urgente, ya que su aprobación representaría un avance en términos de autonomía del cuerpo y justicia social.
Como ha señalado Siomara Molina, es imprescindible que la discusión se dé de manera transversal, incorporando a los movimientos sociales y feministas que han liderado esta lucha. La desconexión entre quienes legislan y quienes viven las consecuencias de la falta de acceso al aborto seguro sigue siendo una de las mayores barreras para la concreción de esta política pública. La participación de las organizaciones sociales no solo garantiza que la legislación responda a las necesidades de la ciudadanía, sino que también fortalece la democracia al poner en el centro los derechos de las personas gestantes.
Además, es crucial que avances como estos sean protegidos constitucionalmente. El peligro de retrocesos en derechos humanos es una amenaza real ante el avance de sectores ultraconservadores y de extrema derecha en la política nacional e internacional. Sin un marco normativo sólido que respalde el derecho al aborto seguro y legal, futuras administraciones podrían revocar o limitar el acceso a este derecho, dejando nuevamente a miles de personas en una situación de vulnerabilidad.
El aborto es una realidad. Su penalización o falta de legislación no lo erradica, sino que expone a las personas gestantes a procedimientos inseguros que pueden costarles la vida. Garantizar el derecho a decidir no solo es una cuestión de salud pública, sino también de dignidad y autonomía. Cada persona debe poder planificar su vida de acuerdo con sus circunstancias, sin que la sociedad o el Estado impongan maternidades forzadas o condicionadas por barreras legales y económicas.
La historia ha demostrado que los avances en derechos sexuales y reproductivos han sido posibles gracias a la movilización y persistencia de las organizaciones feministas. La legalización del aborto sin causales es parte de un nuevo paradigma que reconoce el derecho de las personas a tomar decisiones informadas sobre su propio cuerpo. Por ello, es fundamental que esta discusión no solo conduzca a la aprobación de una ley, sino que también siente las bases para una sociedad más justa, equitativa y respetuosa de los derechos humanos.
Un llamado a la ciudadanía y al poder legislativo
Las organizaciones tienen claro que el debate público será clave para el avance de esta legislación. "No tengamos miedo. Hablemos sobre esto porque es parte de nuestras vidas. Es tan importante la decisión de abortar como la decisión de continuar con un embarazo. Por lo tanto, no le tengamos miedo a esa conversación", insiste Molina. En cuanto a quienes legislan, el mensaje es claro: "Abran su mente a escuchar a la sociedad. Porque lo que está ocurriendo fuera del Congreso es distinto a lo que ocurre dentro".
A medida que la discusión avanza en el Congreso, la sociedad civil sigue en alerta. Para las organizaciones feministas, este no es solo un debate sobre legislación, sino una lucha por garantizar derechos fundamentales que, hasta ahora, han sido condicionados por la falta de voluntad política y las barreras impuestas por sectores conservadores.
Referencias
[1] Democracia UDP, Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (ICSO-UDP), & Feedback. (2025). Percepción y valoración de la democracia: Estudio nacional de opinión pública, enero 2025. Women Equality Center (WEC).
https://static1.squarespace.com/static/621d4958e9a71e162e576945/t/67812…
[2] Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (2017). Ley N° 21.030: Regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1108237
[3]Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. (2024, 13 de septiembre). Siete años de la Ley IVE: 85% de las mujeres y niñas en alguna de las tres causales han decidido interrumpir su embarazo. https://minmujeryeg.gob.cl/?p=54721
[4] Escuela de Salud Pública, Universidad de Chile. (2025, 9 de enero). A siete años de la ley, 351 menores de edad abortaron por alguna de las tres causales y el 85% de ellos fue por violación. https://saludpublica.uchile.cl/noticias/224410/hasta-ahora-351-menores-…-
[5] Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (2025, 20 de enero). Ecuador y Nicaragua: El embarazo y la maternidad forzados violaron los derechos de niñas víctimas de violación, según el Comité de Derechos Humanos de la ONU. https://www.ohchr.org/es/press-releases/2025/01/ecuador-and-nicaragua-f…
[6] Peña, A. (2025, 28 de enero). La ONU exige al Estado garantizar que niñas no sean obligadas a la maternidad forzada. El Desconcierto. https://eldesconcierto.cl/2025/01/28/la-onu-exige-al-estado-garantizar-…
[7] Corporación Miles Chile. (2025). Investigación sobre la criminalización del aborto en Chile, en el periodo 2012-2022. https://mileschile.cl/wp-content/uploads/2025/01/Criminalizacio%CC%81n-…
[8] Ávila Cárdenas, M. (2024, 24 de diciembre). Gobierno retrasó su presentación: el difícil camino de La Moneda para poner en marcha el proyecto de "aborto legal". CIPER Chile. https://www.ciperchile.cl/2024/12/24/gobierno-retraso-su-presentacion-e…