“Una peruana, una española, una mexicana, una colombiana y una brasileña se encuentran en Lima…” no es un cliché ni la entrada de un chiste, sino la poderosa imagen de cuatro congresistas y una regidora que se reconocen abierta, militante y valientemente diversas. En la sede del Congreso peruano, Susel Paredes, Carla Antonelli, Celeste Ascencio, Carolina Giraldo y Juhlia Santos presidieron la mesa de clausura del VII Encuentro de Liderazgos Políticos de las Américas y el Caribe.
El Encuentro estuvo convocado por el Consorcio LGBTIQ+ de las Américas y el Caribe -integrado por el LGBTQ+ Victory Institute (EE.UU.), Caribe Afirmativo (Colombia), Yaaj Transformando Tu Vida (México), PROMSEX (Perú), Diversidad Dominicana (República Dominicana) y Somos CDC (Honduras)- , y reunió a más de 150 liderazgos de 18 países -integrantes de partidos políticos y organizaciones, personas servidoras públicas y funcionarias electas-. A diez años de su primera edición, regresó a la capital peruana para producir la “Agenda de Lima”, una hoja de ruta a 10 años, con acciones en seis ejes para avanzar hacia la plena inclusión y participación política, garantizando el derecho de las personas LGBTIQ+ a ser candidatas, electas, visibilizadas y protegidas en el espacio público, con dignidad y sin discriminación. Los ejes de la agenda incluyen: presencia en la Constitución, ciudadanía plena y diversa, democracia igualitaria, política sin odio, educación y memoria colectiva, así como justicia y reparación integral.
En materia de avances y derechos, para la región se plantearon tres grandes bloques: los países que avanzan, consolidando normas y con gobiernos respetuosos -con México como ejemplo-; los países que han llegado al máximo de las conquistas y estas ahora se encuentran en la mira y requieren que se las defienda -España, Argentina-; y aquellos países que aun son territorios de resistencia y conquista, donde la persecución persiste y no hay leyes de defensa ni afirmación -irónicamente, el ejemplo fue nuestro país anfitrión: Perú-.
"No sólo quieren borrar los avances, quieren borrar nuestras existencias"
Para que la política cambie, la diversidad debe ocupar su justo lugar. Luego de años de progresos en materia de inclusión, el embate antiderechos en las Américas amenaza directamente a las poblaciones LGBTIQ+ con la criminalización. Bajo el argumento de la “protección a niños y adolescentes”, en mayo de 2025 la hoy depuesta presidenta peruana Boluarte promulgó una Ley de baños que prohíbe “el ingreso y el uso” de los baños públicos a las personas cuyo “sexo biológico” no coincida con “el sexo para el cual se ha destinado el referido servicio”. Las políticas de borrado de la diversidad en los programas de educación sexual -e incluso la eliminación de la educación sexual misma de los programas escolares- se han convertido también en una amenaza constante a nivel nacional y subnacional en toda la región. Estas políticas se han extendido a las redes sociales, con la eliminación de recursos en línea por mandato gubernamental, como en EE.UU., que a su vez se ha reflejado en la penalización de contenidos LGBTIQ+ en las plataformas comerciales y redes sociales.
La visibilidad por sí sola no representa una garantía de derechos, así que es necesario resistir y denunciar la cosificación y la instrumentalización de la agenda LGBTIQ+. Por ejemplo, cuando la presencia y participación de “la comunidad” es manipulada para servir a otros intereses comerciales o políticos, como en el rainbow-washing que, especialmente durante el “mes del orgullo”, muchas empresas llevan a cabo pintando sus productos con los colores del arcoíris, sin ningún compromiso o aporte sustancial a las comunidades a las que dirige su publicidad. De poco sirve la enunciación cuando no se traduce en participación. “Somos la cortina de humo perfecta para que no se hable de la crisis de vivienda, los sueldos de miseria o el aumento de la pobreza… No vamos a volver a los márgenes”, señaló en mayo pasado Carla Antonelli, diputada trans de la Asamblea de Madrid, durante los debates ante la iniciativa de la ultraderecha para derogar la Ley Trans madrileña.
"Si no sacamos la violencia de la política, participar en política nos seguirá costando la vida"
La defensa de la participación política LGBTIQ+ es también un acto de memoria. Marielle Franco (Concejala de Porto Alegre, negra, lesbiana y feminista), Michelle Suárez Bértora (primera legisladora trans en Uruguay), Ociel Baena (primer Magistrade no binarie en México) o Jonier Quiceno (excandidato abiertamente gay al concejo de Medellín) han sido algunos de los actores políticos pioneros que denunciaron, enfrentaron y fueron víctimas de diversas formas de violencia política, hasta sus últimas consecuencias. “Ser la única travesti del parlamento es un proceso de violencia cotidiana. Pero yo vengo del movimiento social y por eso sigo resistiendo”, subrayó en su intervención Juhlia Santos, Regidora de Minas Gerais (Brasil).
También es necesario reconocer las tensiones al interior de los movimientos. La “comunidad” no es una entidad monolítica y también puede reproducir prácticas patriarcales, privilegiando a los hombres gay o el binarismo en el acceso a las oportunidades políticas, excluyendo, subordinando o usando como moneda de cambio político al resto de las letras de la agenda arcoíris -se puede ser pro LGB, pero antitrans-. Pasar del activismo y los movimientos a los partidos políticos también pone a prueba la persistencia y la resiliencia de quienes deciden optar por un cargo público.
En su informe La democracia exige igualdad, el Observatorio de Participación Política LGBTIQ+ de las Américas y el Caribe documenta a nivel regional la elección de 61 personas abiertamente LGBTIQ+ en congresos nacionales entre 1997 y 2024, con un total de 73 mandatos. Vale destacar que el 49% de estos cargos fueron conquistados entre 2021 y 2024, y que el 56% de las personas electas han sido mujeres lesbianas, bisexuales y trans. Las siete limitantes principales a la participación política LGBTIQ+ que se identifican en el informe son: la presencia de discursos de odio en espacios de incidencia política, la proliferación de leyes regresivas que perpetúan la discriminación, la falta de reconocimiento legal de la identidad de género, la exclusión en partidos políticos, la violencia física y amenazas contra quienes ostentan candidaturas LGBTIQ+, la hostilidad hacia quienes ocupan cargos públicos y la impunidad estatal frente a la violencia política. “Superar estas barreras es urgente para que la democracia sea verdaderamente inclusiva”, concluye.
El Encuentro puso el foco en el respeto a la diversidad como un aspecto crucial de la democracia. No habrá democracia sin discusiones raciales, afroindígenas, de mujeres y de todas las disidencias. Pero también es necesario abrir agenda a la crisis climática, al derecho a la tierra, a la vivienda, a la salud integral… “porque esos son los temas que nos mantienen en la marginalidad”. La esperanza se atisba en la colectividad y la juntanza, en la posibilidad de conectar los movimientos y construir coaliciones para sostener la lucha por la vida. En la sede del Congreso peruano, el VII Encuentro de Liderazgos Políticos LGBTIQ+ de las Américas y el Caribe cerró con un llamado a construir una democracia empática, con interseccionalidad, con respeto a la diferencia, y que nos cuente a todas, todos y todes.
