- Urge reforzar la regulación de la industria minera para mitigar los daños a la salud y al ambiente; no relajar lo que se ha avanzado.
- La transición energética y el impulso al Plan México intensificarán la actividad minera y agravarán los daños a la salud.
Para la investigación desarrollada por CartoCrítica, se analizaron más de 76,115 registros de la Secretaría de Salud de México, de entre 2017 y 2023, de nacimientos en localidades ubicadas en un radio de hasta 25 kilómetros de 17 minas de cobre seleccionadas. Se observó que la exposición alta de mujeres embarazadas a minas de cobre se asocia con un incremento significativo, de 56%, del riesgo de parto prematuro extremo (de menos de 28 semanas de gestación) y un 366% el de malformación en el sistema circulatorio de los recién nacidos. Esto se debe a que durante la explotación del cobre se liberan al ambiente metales pesados que se dispersan en el aire y se infiltran en el subsuelo compuestos altamente dañinos, como el ácido sulfúrico, que contaminan los cuerpos de agua y dañan la salud de las personas, explicó Carla Flores Lot, investigadora de CartoCrítica y coautora de la investigación Riesgos perinatales asociados a la minería de cobre en México.
Durante la presentación del informe, resaltó que la exposición a los centros mineros también provoca un incremento del 126% en el riesgo de que se presenten malformaciones osteomusculares en recién nacidos. Subrayó que estos hallazgos evidencian claramente los riesgos sanitarios asociados a la contaminación por metales pesados liberados en procesos mineros y la urgencia de contar con una mejor regulación de la industria minera en México para proteger la salud de las personas.
Por su parte, Manuel Llano, coautor de la investigación y director de CartoCrítica, resaltó que “el contexto global de creciente demanda de cobre, impulsado por la transición energética, ha intensificado la actividad minera, incrementando sus impactos ambientales y sociales. En México, donde la regulación del sector tiene serias limitaciones, las comunidades cercanas a las minas están particularmente expuestas”. Destacó la “urgente necesidad de fortalecer la regulación ambiental minera, prohibir prácticas como la minería a cielo abierto, garantizar la justicia ambiental y priorizar la salud de las poblaciones vulnerables”.
Durante su campaña, la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum se comprometió a prohibir la minería a cielo abierto, que es una de las técnicas de extracción de minerales más contaminante y dañina para la salud, porque deja a la intemperie una gran cantidad de metales pesados y sustancias tóxicas que se dispersan por el aire o se infiltran en el suelo y el agua y dañan gravemente la salud de las personas y la flora y fauna que habitan en las inmediaciones de las minas.
Subrayó que “la transición energética no puede lograrse a costa del bienestar de las comunidades y menos, promover una minería que solo beneficia a los grandes capitales del país y corporaciones transnacionales”. Asimismo, estas industrias no generan un valor significativo para las finanzas del país, mucho menos si se consideran todas las afectaciones que generan en los territorios.
México ha jugado un papel relevante en la producción de cobre a nivel mundial. En 2023, el país era el décimo productor mundial de cobre, con una producción anual de aproximadamente 750 mil toneladas, lo que representa el 3.4% de la producción mundial.
Las principales minas de cobre en México están concentradas en Sonora, donde las minas de Buenavista del Cobre y La Caridad proveen casi el 75% de la producción nacional. El estado de Sonora es el mayor productor, seguido de Zacatecas, San Luis Potosí y Chihuahua.
En 2023, las minas de cobre en México ocupaban aproximadamente 27,460 hectáreas, un aumento considerable en comparación con las 6,616 hectáreas que ocupaban en 2010. Sin embargo, esta expansión territorial no ha estado acompañada por un incremento proporcional en la producción, lo que indica que la extracción de cobre enfrenta retos para mantener el volumen de producción, derivados de la disminución en la concentración del mineral.
Carla Flores detalló que “la minería de cobre no solo tiene impactos ambientales, sino que también plantea graves riesgos para la salud pública, especialmente para las comunidades que viven cerca de las minas”.
Precisó que “los yacimientos de cobre son predominantemente polimetálicos, por lo que no solo liberan sustancias resultantes de los procesos de extracción y separación, sino también minerales asociados que, debido a su baja concentración o escaso mercado, terminan en desechos o escoria. Esta situación se traduce en la liberación al medio ambiente de una variedad de sustancias tóxicas, incluyendo plomo, arsénico, cadmio, cobalto, cobre, ácido sulfúrico, sulfato de cobre, zinc y manganeso, así como severas emisiones de partículas suspendidas”.
Hay evidencia científica contundente de que la proximidad a minas de cobre y oro está asociada con un aumento del riesgo de enfermedades respiratorias, como asma y rinoconjuntivitis, en niños. Estos problemas se ven exacerbados en zonas áridas donde la falta de lluvias impide que los contaminantes sean eliminados del aire.
Charlie Punzo, abogado de Fundar e integrante de la Colectiva Cambiémosla Ya, subrayó la urgente necesidad de contar con una mejor regulación. La Secretaría de Economía tiene un retraso de más de dos años en la expedición de los reglamentos de la Ley de Minería, que se reformó en mayo de 2023 y que entre sus grandes avances prohíbe la minería en áreas naturales protegidas, la minería submarina y en regiones con escasez de agua.
Además, establece la obligación de las mineras de contar con planes de cierre y post cierre de minas. Esto es muy importante porque cuando las mineras dejan de explotar los minerales, dejan los tajos abiertos, las tepetateras y las presas de jales sin mayor tratamiento. “Todos esos compuestos tóxicos quedan a la intemperie y causan las afectaciones a la salud y al ambiente que la investigación de CartoCrítica revela”.
Elda León, defensora del territorio y los derechos e integrante de los Comités de Cuenca del Río Sonora, confirmó que la minería de cobre ha cobrado la salud de miles de personas en Sonora y le ha arrebatado la vida a mucha gente más.
Durante la presentación de la investigación de CartoCrítica lamentó que han pasado más de 11 años del peor desastre ambiental del país, que es el derrame de residuos mineros en los ríos Sonora y Bacanuchi por parte de la minera Buenavista del cobre, propiedad de Grupo México y a la fecha no se ha remediado la catástrofe.
A pesar de la movilización de las comunidades afectadas y de sentencias ganadas, incluso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se han reparado los daños, mientras que la gente de Sonora sigue enfermando.
Elda León, también padece enfermedades provocadas por la exposición a los residuos mineros y sigue peleando por una reparación, porque las siguientes generaciones van a seguir enfermando si no remediamos este desastre y si no se detiene la contaminación y destrucción que causan las mineras.
Estos impactos ambientales y a la salud derivados de la minería, subrayan la necesidad de políticas ambientales estrictas que regulen a este sector para reducir los riesgos a los que están expuestas las comunidades cercanas
El video de la presentación del informe está disponible en este enlace.