Cuando se habla de la desaparición de personas, lo primero que viene a la mente es el desgarrador dolor que significa la ausencia forzada de un ser querido. Sin embargo, la causa por la búsqueda de las personas desaparecidas no se resume en el dolor ni en el terror que implica la tortura de la ausencia: se sostiene, ante todo, en la persistencia del amor hacia un ser querido que fue sustraído.
La crisis de desaparición de personas en México se ha convertido en un escenario difícil de catalogar, con un registro oficial, a mediados de 2026, de 135,432 personas que continúan desaparecidas. Es una tragedia que ha superado los umbrales de los conflictos armados convencionales y que evidencia el fracaso estructural de las políticas de prevención, búsqueda y localización que el discurso del Estado ha mantenido por una última década.
Ante la ineficiencia estatal y la impunidad sistémica, las familias de las víctimas han transitado de la búsqueda individual a la acción colectiva. Un ejemplo de ello es la construcción de memoria en el espacio público. La Glorieta de las y los Desaparecidos en la Ciudad de México encarna esa persistencia: un esfuerzo colectivo de las familias que ha resistido durante más de cuatro años en su lucha contra el olvido.
La Glorieta como sitio de memoria y protesta
El 8 de mayo de 2022, un grupo de familias de personas desaparecidas realizó la toma de la antigua glorieta de la Palma, iniciando un ejercicio legítimo de los derechos a la memoria, a la búsqueda, a la reunión pacífica y a la protesta. Frente a la narrativa del Estado mexicano, que busca minimizar la crisis de desaparición, las familias instalaron estructuras con fotografías de 374 personas desaparecidas, transformando un hito urbano en un memorial vivo y en un espacio de encuentro.
Las prácticas de memorialización han incluido diversas acciones:
Las conmemoraciones del 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, y las conmemoraciones por la desaparición de sus familiares, que han convertido el sitio en un espacio de encuentro colectivo. El renombramiento del ahuehuete como el Guardián de las y los Desaparecidos, integrándolo a la narrativa de búsqueda.
La instalación de jardineras de la memoria ante el aumento exponencial de casos, extendiendo el memorial a las inmediaciones de la Glorieta. Actividades culturales y artísticas: música, obras de teatro, proyección de documentales, presentaciones de libros y cascaritas, entre otras, entendiendo que la cultura y el arte son herramientas que ayudan a visibilizar la causa.
La Glorieta no es una expresión aislada de la protesta social, sino que forma parte de la Ruta de la Memoria, constituida desde 2015 en el Paseo de la Reforma con la instalación de los antimonumentos. Estos representan una práctica innovadora de protesta social que interviene en el espacio público con símbolos monumentales para recordar los pendientes del Estado ante agravios sociales. La Glorieta se inscribe en esa coexistencia entre luchas sociales que habitan el espacio público.
OBSTÁCULOS ESTATALES: LA POLÍTICA DE BORRAMIENTO
Desde el inicio de la toma, la respuesta del Gobierno de la Ciudad de México no ha sido el diálogo real, sino la obstrucción sistemática. Se identifican cuatro mecanismos de violencia institucional:
1. Censura y retiro de memoriales, 2. Cercamiento del espacio público, 3. Destrucción e impunidad, y 4. Instrumentalización y ruptura unilateral del diálogo.
1. Censura y retiro de memoriales
La censura y el retiro de memoriales se han convertido en una práctica institucional, no solo en la Ciudad de México, sino en muchas ciudades del país. El Estado ha desplegado cuadrillas para retirar fotografías y estructuras colocadas por las familias, a menudo en horarios nocturnos y sin notificación previa. El primer retiro masivo ocurrió la noche del 8 de mayo de 2022, cuando se retiraron las primeras estructuras con fotografías. Otro caso fue el uso de equipo de riego para dañar deliberadamente las fotografías de las víctimas. Estas acciones no son labores de mantenimiento urbano: son actos de censura que pretenden "volver a desaparecer" a las víctimas, ahora del espacio público.
2. Cercamiento del espacio público
El uso de vallas metálicas ha sido permanente desde septiembre de 2022, bajo el pretexto de "protección" del ahuehuete. Este cercamiento físico busca invisibilizar la protesta y desgastar a las familias. Lejos de disuadirlas, las familias han intervenido las vallas para colocar en ellas las fotografías de las personas desaparecidas. La autoridad respondió pintando motivos decembrinos sobre los rostros de las personas desaparecidas (noviembre de 2022), lo que evidenció una falta total de empatía y una gestión del espacio público excluyente. Sin embargo, las vallas que el gobierno instaló para cercar el espacio terminaron sirviendo como un lienzo para la memoria.
3. Destrucción e impunidad
La destrucción e impunidad en el Paseo de la Reforma resultan alarmantes. En 2025, las nuevas instalaciones —las jardineras de la memoria— sufrieron destrucciones vandálicas reiteradas. Resulta grave que, ocurriendo estos hechos en una de las avenidas más vigiladas del país (cámaras del C5), no existiera respuesta de la autoridad ni registro de lo ocurrido. Esta omisión sugiere, al menos, una aquiescencia estatal que permite el hostigamiento contra la memoria de las víctimas. Sorprende que, ante una manifestación, el personal de seguridad del gobierno se presente de inmediato, pero muestre una conveniente ceguera cuando se trata de atentar contra los memoriales.
4. Instrumentalización del diálogo
No solo se han documentado ataques directos, sino también la instrumentalización del diálogo. A pesar de la disposición manifiesta de las familias para entablar mesas de trabajo, se ha observado un patrón de simulación administrativa por parte del Gobierno de la Ciudad de México. Aunque las autoridades recabaron datos de contacto de las víctimas desde el inicio de la toma, estos canales no se utilizaron para notificar los actos de autoridad (como el retiro de fotografías), vulnerando la garantía de audiencia y los derechos a la memoria, a la búsqueda y a la protesta.
La interacción estatal se ha caracterizado por ser reactiva y coyuntural, activándose únicamente como mecanismo de contención política ante la inminencia de protestas en eventos oficiales (como ocurrió previo a la inauguración del ahuehuete en junio de 2022). Una vez superada la coyuntura mediática, la interlocución se diluye. El patrón de mala fe se evidencia en el incumplimiento reiterado de compromisos de alto nivel:
Junio de 2022: Tras una protesta pacífica, la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, se comprometió públicamente a sostener una reunión resolutiva en el plazo de una semana. El compromiso no se materializó.
Marzo de 2023: Nueve meses después, ante una nueva manifestación, se renovó la promesa de diálogo. Fue cancelada unilateralmente por personal de gobierno a finales de ese mismo mes, sin ofrecer fechas alternativas.
Esta conducta denota que el diálogo no se concibe como una herramienta de resolución de conflictos, sino como una estrategia de desgaste y desmovilización que el Estado utiliza en momentos clave o como una medida de dilación frente a los procesos sociales.
Estos obstáculos operan en dos dimensiones. La dimensión institucional, mediante actos administrativos directos: el retiro arbitrario de fotografías, la restricción física del espacio público (vallado) y la instrumentalización del diálogo con fines de contención política. La dimensión por aquiescencia, a través de la tolerancia frente a actos de vandalismo perpetrados por particulares o grupos no identificados. La falta de prevención e investigación de estos ataques en zonas de alta vigilancia denota una permisividad estatal que valida la hostilidad contra los memoriales y revictimiza a las familias.
LEGISLACIÓN
La lucha contra el olvido no solo se da en las calles; también se ha ido gestando en el campo legal. Aunque México cuenta con una arquitectura normativa, su implementación es deficiente, particularmente en el caso de la Ciudad de México.
La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda (2017) reconoce en sus artículos 137 y 151 el derecho a la memoria como un componente de la reparación integral. A nivel local, la Constitución de la Ciudad de México (artículo 5.C.2) garantiza el derecho a la memoria y a la verdad, sin supeditarlo a una declaratoria judicial de víctima; es decir, se trata de un derecho para cualquier persona que habita en la Ciudad.
No obstante, la legislación secundaria —específicamente la Ley de Memoria de la Ciudad de México— impone restricciones regresivas al limitar su aplicación a violaciones perpetradas exclusivamente por cuerpos de seguridad pública. Esta distinción ignora la realidad de la desaparición forzada, que no solo es perpetrada por policías; desconoce de igual forma la desaparición cometida por particulares y la responsabilidad del Estado por omisión en la investigación, búsqueda y localización de las víctimas, excluyendo de facto a miles de víctimas de las políticas de memoria.
Adicionalmente, los intentos de legislar una Ley General de Memoria (2022-2023) fracasaron por la falta de consulta previa, libre e informada con las víctimas, lo que violó el principio de participación, central en las demandas de las familias de personas desaparecidas.
En ese sentido, queda claro que la legislación por sí misma no es un indicador ni una garantía. El reto persiste en mantener la lucha social en las calles, exigiendo a las autoridades el cumplimiento de la normativa. La Glorieta de las y los Desaparecidos se ha convertido en un sitio de memoria más allá de cualquier declaratoria oficial: ha sido la realidad social la que ha nombrado el espacio como tal.
CONCLUSIONES
La Glorieta de las y los Desaparecidos es un símbolo de resistencia frente a una política de Estado que apuesta al olvido. La persistencia de las familias durante más de cuatro años, pese al hostigamiento, demuestra que la memoria es un campo de disputa vigente. Sobre este tema, las demandas de las familias son concretas:
Reconocimiento oficial. Que se formalice el cambio de nombre del sitio por el de "Glorieta de las y los Desaparecidos" y se garantice su protección como sitio de memoria, así como el cambio de la nomenclatura de las estaciones del Metrobús para que se denominen igualmente "Glorieta de las y los Desaparecidos".
Cese al hostigamiento. Retirar el vallado perimetral y garantizar el libre acceso para la construcción del memorial y la realización de los actos de conmemoración y protesta, instruyendo a todo el personal sobre el respeto a los memoriales.
Investigación interna. Iniciar procedimientos administrativos contra los funcionarios responsables de la destrucción de los memoriales, así como contra el personal de la Comisión de Derechos Humanos responsable de la manipulación y la dilación indebida en la investigación de la queja presentada por las violaciones derivadas durante la toma.
En consonancia con lo documentado, se concluye que el Estado mexicano ha institucionalizado una política sistemática de borramiento de las víctimas de desaparición, la cual contraviene directamente el derecho a la memoria y a la verdad. Como se ha señalado, esta estrategia estatal opera en una doble dimensión: institucional y por aquiescencia.
