Disputas por la memoria

Buenos días a todos, a todas y a todes. 

Gracias por invitarme a estar aquí hoy, que es el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición. Al encontrarnos, también les recordamos y hacemos memoria. Memoria de sus vidas. Memoria de sus rostros y de sus nombres. Y memoria, también, de la impunidad y de la injusticia que les mantiene desaparecidos y desaparecidas.

Hoy me invitaron a hablar sobre las disputas en torno al derecho a la memoria. Otra de las luchas que libran las familias de personas desaparecidas, junto con la búsqueda misma. Es una lucha contra el olvido, pero también contra una narrativa que reduce la desaparición a un juego de números, y contra los obstáculos que encuentra en el camino: las normas urbanas, la manera en que se regula y administra el espacio público y la desmemoria. Comenzaré contándoles un poco sobre lo que hemos documentado desde la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) sobre esos obstáculos.

Retirar, resguardar y negar

Desde la CDHCM hemos documentado lo que ocurre en esta avenida -y en esta ciudad- cuando las familias ejercen su derecho a la memoria en el espacio público. Hemos documentado retiros de fichas y memoriales, resguardos sin rastro, y algunas negaciones, porque la desaparición y la memoria todavía no tienen cabida en las normas y prácticas que regulan el uso del espacio urbano.

Tenemos una queja abierta, en investigación, para resguardar esta glorieta, y en esa misma queja se documentó lo ocurrido en 2024 en el Zócalo, cuando retiraron los memoriales instalados junto a la Puerta Mariana, entre ellos el de Antonio Verástegui y su hijo, y el de Óscar Antonio López Enamorado. Nadie ha aceptado responsabilidad por ese retiro, y las familias todavía exigen que se los devuelvan.

Tenemos otra queja distinta, también en investigación, por el retiro de fichas de búsqueda que colectivos colocaron en las inmediaciones del Estadio Banorte (Azteca), aprovechando la atención internacional que trajo el Mundial. Las fichas fueron retiradas el mismo día que fueron puestas. Los colectivos lo dijeron con precisión: esas fichas no eran propaganda ni vandalismo. Eran rostros. Eran nombres.

Y también documentamos el retiro del antimonumento instalado en el Ángel de la Independencia por el primer aniversario de la desaparición de Ana Amelí García Gámez. A la madrugada siguiente de instalarlo ya no estaba, y tampoco sabemos dónde está ahora.

La misma indiferencia se ha repetido en otros puntos de la ciudad y del país: lonas con fotografías de personas desaparecidas, retiradas de puentes peatonales, parques y calles. A veces por una autoridad. A veces, como ocurrió en el vecino Ángel de la Independencia durante los festejos del Mundial, por asistentes que las usaron para cubrirse de la lluvia, sin que nadie interviniera a tiempo para impedirlo.

Y no solo hay retiros consumados. También ha habido intentos de reemplazo. A esta glorieta, y a la Glorieta de las Mujeres que Luchan, aquí mismo en esta avenida, se les ha querido sustituir, cambiar de nombre, y ocupar su lugar con otras historias.

Cada acción llega con su propia justificación. A veces se apela al ordenamiento del espacio público y se dice que no cumple las normas. A veces se apela a un argumento histórico y se dice que ese lugar ya tiene un significado oficial y no admite otro. Pero detrás de cualquiera de los dos, el mensaje es el mismo: esto lo queremos recordar, y esto no; esto tiene derecho a ser visto, y esto no lo queremos ver. Y después de la acción, muchas veces hay silencio: no siempre se sabe dónde terminan los objetos, ni existe un registro claro de qué se resguardó, en qué condiciones, o cuándo será devuelto. Ahí está la paradoja: así, también desaparece la memoria de las y los desaparecidos.

Y quisiera pensar que la respuesta no está en crear más normas ni más instancias. No hace falta inventar mecanismos nuevos para proteger lo que ya es un derecho. Necesitamos, más bien, que nuestras ciudades se duelan todo lo que haga falta, hasta que esto cambie, y hasta encontrarles a todas y a todos.

Esta misma glorieta ha sido escenario de estas disputas. Aquí la memoria dejó de ser abstracta: fertilizó la tierra, hizo crecer un árbol, y también hizo crecer comunidad.

Las disputas por la memoria

La palma que aquí vivía cedió su vida, y el gobierno abrió una consulta para elegir su reemplazo. Con el espacio vacío, ustedes lo ocuparon. El gobierno puso vallas alrededor, y sin darse cuenta le regaló un pedazo de tierra a la memoria, y a un ahuehuete que hoy es testigo de que aquí también creció esta comunidad que hoy nos reúne.

La memoria es un derecho. Así lo reconocemos en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Ese derecho tiene una doble dimensión. Es un derecho individual: las familias tienen derecho a recibir información sobre lo ocurrido y sobre el destino de sus seres queridos. Y es un derecho social: la comunidad entera tiene derecho a conocer su propio pasado y su propio presente, a recordar a las víctimas, a señalar a los victimarios, y a exigir que esto pare.

Cuando una familia pega una ficha de búsqueda, instala un antimonumento, o levanta un memorial, ejerce las dos cosas a la vez. No solo busca a una persona, ni solo la recuerda. Le exige a su ciudad, y a quienes la habitamos, que no miremos hacia otro lado, y que ayuden a buscarles. También exige justicia y verdad a quienes deben garantizarla.

Nombrar un derecho es fácil. Ejercerlo es otra cosa: los derechos son arena de disputa.

La memoria no escapa a esa regla. Existe la memoria oficial: la que decide el Estado a través de consultas, calendarios cívicos y monumentos autorizados, la que decide quiénes son héroes y quiénes quedan condenados al olvido. Y existe la memoria no oficial: la que las familias, las víctimas y las comunidades construyen por su cuenta, sin permiso, con lo que tienen a la mano y con el corazón, decididas a no dejar que la historia oficial les borre no solo el registro, sino también el recuerdo.

Y hasta la forma que toma esa memoria se disputa. Frente a los grandes monumentos, con placas y jardineras, las familias tienen otra cosa: una lona, una mata, una barda con fichas, una flor, un árbol lleno de rostros, un antimonumento del Alfredo, esta misma glorieta, tomada por la memoria. Y la autoridad cuestiona si cumplen con las normas del espacio público. Como si esas normas hubieran previsto todo, menos un lugar para la verdad.

Y aquí está la pregunta de fondo: de quién, y para quién es el espacio público. Los rostros de las y los desaparecidos compiten por un lugar con espectaculares, propaganda, monumentos históricos y eventos que sí tuvieron cabida en esta avenida sin que nadie lo cuestionara. Y a ellos se les pretende sacar del único lugar que han vuelto a ocupar por su cuenta.

Y no es solo el espacio lo que se disputa. Es el tiempo. En esta memoria conviven dos tiempos a la vez: la ausencia de quienes faltan, y la presencia de quienes les siguen buscando. No es historia, porque no ha terminado de pasar. Por eso pide su lugar aquí, ahora, en presente. Y algo que ocurre en presente no puede esperar a que alguien lo autorice. Por eso la memoria no se consulta. Se ejerce. Como la tierra, la memoria es de quien la trabaja. Y aquí, la trabajan las familias, todos los días, hasta encontrarles.