En diciembre de 2016, México será sede de tres importantes reuniones internacionales: la 13ª reunión de la COP del Convenio de Diversidad Biológica (CDB), cuyo marco abarca el Protocolo de Nagoya sobre Uso de Recursos Genéticos y sus Conocimientos Asociados, y la 8ª COP del Protocolo de Cartagena, sobre Bioseguridad de la Biotecnología. Las resoluciones que ahí se tomen tendrán efectos planetarios sobre los bienes comunes, la vida de los pueblos originarios, los recursos naturales y la vida en la Tierra.
La diversidad biológica es un elemento central del proceso evolutivo y de la supervivencia de la vida en la Tierra. La arborificación (forma privilegiada de representar la diversificación) es crucial para el mantenimiento de la vida, los genes, los microrganismos, las especies, las poblaciones, los ecosistemas y la biósfera. Como bien explica Stephen Jay Gould en La vida maravillosa, La fronda del árbol de la diversidad es mejor entre más ancha sea, todas sus ramas son igualmente importantes, unicelulares y pluricelulares, cordados y artrópodos, peces y mamíferos... Entre mayor diversidad exista en el planeta es más probable que la vida sea capaz de sobrevivir ante cambios meteorológicos, ambientales, enfermedades, especies invasoras, etcétera. El valor de la biodiversidad silvestre y domesticada, para la supervivencia de los seres vivos y la calidad de vida del ser humano, es un hecho sobre el que existe un amplio consenso en las ciencias ambientales. En contraste, persiste un crispado debate respecto a lo que debemos hacer los seres humanos para preservar la diversidad biológica. Desde la realización de la cumbre de Río en 1992, han persistido intensos debates científicos, políticos, sociales y culturales sobre ¿qué se entiende por conservación de la biodiversidad?, ¿cómo conservar?, ¿para qué? y ¿para quién?
Cuidar la diversidad de la vida atañe además de a las ciencias naturales, a muchas disciplinas sociales y humanísticas, pues se trata de un fenómeno multidimensional, que puede comprenderse a partir de la ecología política, ese campo de la complejidad, la interdisciplina y la interculturalidad, que asume a las relaciones de poder como un componente ineludible en la configuración de las políticas públicas eficientes para lograr la conservación del medio ambiente. Los distintos grupos sociales tienen diversas fantasías, objetivos, valores, intereses y estrategias respecto a cómo “proteger” a la naturaleza. La elección de una estrategia de conservación, entre las diversas estrategias posibles, puede privatizar o preservar los bienes comunes, contraer o expandir los derechos humanos, destruir o preservar los ecosistemas planetarios, acendrar o sublimar los conflictos por los recursos naturales, imponer una dictadura tecnocrática o estimular la democracia participativa. El dilema a final de cuentas será, como lo ha planteado Víctor Manuel Toledo en su libro Memoria biocultural, si prosigue la compulsión autodestructiva del hommo demens o si emerge, en el autodenominado homo sapiens sapiens una consciencia pluricultural, capaz de aprovechar la sabiduría de las distintas culturas y de respetar la naturaleza.
En 1988, el Programa de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente creó un grupo de expertos sobre el tema de la diversidad biológica. A partir de ese momento comenzó un intenso proceso de intercambios, polémicas y negociaciones entre gobiernos, científicos, organizaciones no gubernamentales y movimientos ambientalistas para establecer una política global de conservación de la biodiversidad. Preocupados ante la posibilidad de que las medidas ecologistas fueran “demasiado radicales”, y olfateando además una oportunidad para hacer negocios “verdes”, rápidamente se incorporó, a esa abigarrada comunidad político-científica, un nutrido grupo de empresarios, cuya inserción convirtió a la convención en una comunidad político-científica-empresarial. Desde su fundación hasta la fecha han surgido muchos conflictos respecto al diagnóstico de los problemas, los objetivos que deben establecerse y las estrategias para lograrlos. A manera de ejemplo de esos conflictos podemos citar el choque entre dos tendencias, una emergente e incipiente que plantea la importancia de reconocer el papel que han jugado los 7 mil pueblos originarios del mundo en la conservación de la diversidad biológica, y la consecuente necesidad de incorporarlos al diseño de las políticas de conservación, y otra tendencia, ampliamente dominante hasta el momento, que pretende legitimar el despojo de las tierras, la folclorización de las comunidades, la explotación comercial de los conocimientos indígenas, el establecimiento de áreas naturales protegidas sin humanos y la conversión de la naturaleza en mercancía.
En diciembre de 2016, México será sede de tres importantes reuniones internacionales: la 13ª reunión de la Conferencia de las Partes (en adelante COP) del Convenio de Diversidad Biológica (CDB), la 2ª COP del Protocolo de Nagoya sobre Uso de Recursos Genéticos y sus Conocimientos Asociados, y la 8ª COP del Protocolo de Cartagena, sobre Bioseguridad de la Biotecnología. Dichas reuniones constituyen importantes acontecimientos científicos en los planos: político, diplomático, científico y mediático, durante los cuales se discutirán y, en su caso, aprobarán medidas determinantes para el establecimiento de paradigmas científicos, diseño y aprobación de estrategias de conservación de la biodiversidad, uso de la diversidad biológica y, sobre todo, lo que podríamos llamar: una cierta división internacional del trabajo científico (¿qué hace quién? y ¿para qué?). Las resoluciones que ahí se tomen tendrán efectos planetarios sobre los bienes comunes, la vida de los pueblos originarios, los recursos naturales y la vida en la Tierra.
La 13ª. Convención de Diversidad Biológica discutirá temas relevantes: el “Plan Estratégico para la diversidad biológica 2011-2020”, la intensificación de las metas de Aichi, el desarrollo de capacidades científicas, la movilización de recursos financieros, la diversidad biológica marina y costera, la biología sintética, las recomendaciones del panel científico sobre los polinizadores y la gestión sostenible de la vida silvestre. En las tres reuniones puede apreciarse una muy preocupante tendencia al predominio de la visión mercantilista de la naturaleza, y creciente presencia del sector empresarial en muchos de los órganos, conferencias, proyectos y actividades de la convención y sus órganos. La participación empresarial a través de la Alianza Mundial de Negocios y Biodiversidad ocupa cada vez un lugar más importante.
Por ejemplo, la Plataforma Global de Negocios y Biodiversidad es una página web que muestra las interacciones entre el secretariado de la CDB y la Alianza Mundial de Negocios. La presentación de la alianza señala que ésta se aboca a buscar “oportunidades de negocios” vinculadas a la preservación de los ecosistemas y sus servicios, así como a mostrar los logros obtenidos por prácticas de acceso y beneficios compartidos de los conocimientos tradicionales. La alianza basa su ideario en el concepto de “capital natural”, el cual considera a la Tierra como: un almacén de bienes que incluye las capas geológicas, el suelo, el aire, el agua y los organismos vivos, así como los servicios ambientales de los ecosistemas. Todos esos elementos, afirma la alianza, son susceptibles de tener precio y entrar en la lógica de la rentabilidad, lo cual supone incorporar los procesos biológicos como una fase más en los ciclos de reproducción del capital. En claro contrapunto con la visión de los pueblos originarios que tienden a considerar a la naturaleza y sus recursos como bienes comunes, elementos sacros y dignos de todo cuidado, la visión empresarial los considera un valor de cambio, les pone precio, los subsume a la lógica del ciclo de los negocios y alienta su privatización. La alianza basa sus ideas en el Foro Mundial sobre Capital Natural celebrado en Lindsborough, en 2015, el cual propone cuantificar y ponerle precio a los servicios ambientales y a los ecosistemas, calcular económicamente el costo de la captura de carbono y otros gases invernadero. Entre los promotores de esta visión empresarial de la conservación de la biodiversidad se encuentran, entre otros: Coca Cola Company, Natura, Novartis, Roche, Schell y Walmart. La mercantilización de la naturaleza presenta varios problemas graves: desvía la discusión sobre las mejores estrategias de conservación hacia aquellas que ofrecen oportunidades de negocios y tiende a promover un modelo de despojo de los territorios donde viven los pueblos indígenas.
Cuando uno revisa las fantasías (las expresiones del deseo), la forma de los conocimientos (la epistemología), los valores (la ética), los gustos (la estética) y la construcción del mundo (ontología) que está detrás del modelo de mercantilización de la naturaleza, se da uno cuenta que en realidad se está promoviendo un modo de vida que en lugar de preservar la biodiversidad está perpetuando e intensificando el modelo de desarrollo que nos ha colocado al borde de un colapso ambiental.
En ese marco, el protocolo de Nagoya debe observarse a la luz de otros tratados que forman parte del intento por apropiarse y privatizar los conocimientos tradicionales sobre medio ambiente. El protocolo pretende fragmentar, privatizar, pervertir, patentar y comercializar una gran cantidad de conocimientos tradicionales especializados y valiosos. El valor económico de los conocimientos tradicionales es enorme. Por ejemplo, el documento “Las ciencias Biológicas en una encrucijada: aplicando el protocolo de Nagoya en un momento de cambios científicos, tecnológicos e industriales” plantea que existen varios sectores industriales que requieren de recursos genéticos y los conocimientos asociados a ellos, como son: farmacia, agricultura, biotecnología industrial, cosmética, productos botánicos y alimentos y bebidas. El sector farmacéutico representa negocios por 955 mil millones de dólares (en adelante mmd), el sector cosmético 426 mmd, el botánico 84 mmd, la biotecnología 65 mmd, semillas 45 mmd, protección de cultivos 40 mmd, el sector de alimentos y bebidas 11 mmd. Un rasgo muy importante de estos mercados es que existe un creciente interés de los consumidores en “productos naturales”, “verdes” y de “comercio justo”, así como en aquellos que representan una identidad étnica, o que tienen alguna “historia interesante”.
En contrapunto a la mercantilización, existe una incipiente pero importante tendencia a luchar porque la convención sobre diversidad reconozca la importancia de la participación de las comunidades indígenas y campesinas en el diseño de las políticas públicas ambientales globales. Por ejemplo, durante la reunión celebrada el 14 de diciembre de 2015 del Foro Permanente de Naciones Unidas sobre Cuestiones Indígenas, se dirigió una serie de recomendaciones al Grupo de Trabajo sobre el artículo 8j de la CDB, en el cual se expuso la necesidad de poner a tono la Convención respecto a los derechos reconocidos en la Declaración de Derechos indígenas aprobada con posterioridad a la cumbre de Río. Entre las recomendaciones particulares del grupo resalta el número 26, la cual plantea que: “la afirmación de la condición de ‘pueblos’ de los pueblos indígenas es importante para asegurar el pleno respeto y protección de sus derechos humanos”. La sugerencia, basada en el informe correspondiente a 2010 (E/2010/43 E/C.19/2010/15) del Foro Permanente, es particularmente importante porque diversos juristas, como Francisco López Bárcenas, han planteado que el hecho de que el Protocolo de Nagoya plantee como sujeto a las comunidades indígenas y locales, permite que una trasnacional gigantesca convenza a una veintena de personas de una cultura de vender sus conocimientos, en lugar de establecer claramente la obligación de que la negociación se realice con un pueblo indígena dotado de personalidad jurídica.
En contrapunto, a quienes buscan la mercantilización de la naturaleza, la privatización de los bienes comunes y los modelos tecnocráticos de gestión existe un importante movimiento en defensa del patrimonio biocultural que pone el acento en la coevolución entre diversidad cultural y diversidad biológica. Las cumbres de Cancún serán un importante “momento de construcción de verdades”, en el sentido de que lo que ahí se apruebe formará parte de un paradigma global de conservación, por eso es importante que la sociedad civil global defienda la importancia que han tenido y tienen los pueblos indígenas y las comunidades campesinas en la preservación e intensificación de la diversidad biológica.
