La protección del derecho a la protesta
La protesta social es uno de los elementos más importantes de la vida pública en una sociedad democrática y pluralista porque alimenta el debate público, permite la expresión de ideas y constituye una forma de participación en los asuntos públicos, especialmente para los grupos más vulnerables y marginados de la sociedad que en muchas ocasiones enfrentan grandes obstáculos para ser escuchados de manera efectiva a través de los canales tradicionales de participación.
En muchas ocasiones la protesta social sirve como vehículo para exigir el respeto a los derechos humanos y la rendición de cuentas de las autoridades. Al mismo tiempo, el pleno ejercicio del derecho a la protesta está enlazado con una serie de derechos y libertades como las de expresión, reunión y asociación, cuyo pleno respeto resulta necesario para garantizar el derecho a la protesta. El derecho a la protesta pacífica es un derecho individual que se ejerce de manera colectiva y se proyecta sobre el ámbito público.
El respeto a la protesta pacífica es un auténtico indicador de la actuación del Estado, porque evidencia la forma de gestión de las autoridades y la posibilidad de acceso que tienen las personas a los espacios públicos.