Gritos de júbilo desde el área de visitantes en la Asamblea Legislativa de El Salvador. Ambientalistas, estudiantes y representantes campesinos se abrazan entre pancartas y lágrimas de alegría, acompañados por el sonido de tambores.
El pasado miércoles, 29 de marzo, el parlamento del país más pequeño de Centroamérica aprobó de manera unánime una ley que prohíbe la minería metálica en todo el territorio nacional. El Salvador es el primer país a nivel mundial que dice un rotundo “NO” a la exploración y explotación de metales. Solamente Costa Rica ratificó en el año 2010 una ley similar que prohíbe la minería a cielo abierto.
Lina Pohl, ex directora de la oficina local de la Heinrich-Böll-Stiftung y actualmente Ministra de Medio Ambiente en el gabinete de Salvador Sánchez Cerén está eufórica: “¡Hoy es un día histórico para El Salvador!” La ministra no tarda en asegurar que esto no hubiera sido posible sin los esfuerzos incansables que durante muchos años han realizado los movimientos sociales y grupos de iglesias. Fueron doce años de trabajo de campañas, incontables estudios científicos, viajes de sensibilización a regiones afectadas por la minería en Centroamérica y referéndums locales los que precedieron esta nueva ley.
Alejandro Labrador, uno de los coordinadores de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica tampoco oculta su satisfacción: “Es una victoria contundente. Algo que tarde o temprano tenía que pasar. Solo era cuestión de tiempo. Después de tanto trabajo de sensibilización ha llegado un momento en que todo el mundo sabe que la minería solo puede causar daños en nuestro país.”
Hasta hace poco una ley que prohibiera la minería metálica parecía un sueño lejano en El Salvador. Esto, debido también a una fuerte presencia del sector minero en el país.
En el 2009, el entonces presidente de la República Elías Antonio Saca, decretó una moratoria que congeló todas las concesiones de explotación minera por reparos medio ambientales. La empresa minera canadiense Pacific Rim no tardó en reaccionar y enjuició al Estado salvadoreño ante un tribunal internacional de arbitraje por la pérdida de inversiones con base en el tratado de libre comercio DR-CAFTA.
Lo que siguió fue un litigio de varios años, continuado a partir del 2013 por la empresa australiano-canadiense Oceana Gold, la nueva propietaria de Pacific Rim. En el fallo final en octubre de 2016, para sorpresa de muchos, el tribunal sentenció a favor del Estado salvadoreño y creó un precedente a nivel mundial en la jurisdicción entre estados nacionales y empresas transnacionales.
La minera Oceana Gold además ha desempeñado una fuerte campaña de imagen en los últimos años. Empleando términos engañosos como “minería verde” o “minería responsable”, la transnacional intentó de convencer a políticos y la opinión pública de que la explotación minera hoy ya no fuese dañina para el medio ambiente, y que, al contrario, generase empleo, crecimiento económico y desarrollo.
La fundación “El Dorado” por ejemplo, creada por la propia empresa minera con este fin, apoyaba programas locales de educación y proyectos de emprendedurismo en las comunidades rurales con concesiones mineras vigentes.
No obstante, la gran mayoría de los pobladores no se dejó impresionar. Ellos saben que la actividad minera aún hoy significa grandes riesgos para el medio ambiente y la salud humana. En los procesos de extracción minera, ya sea a cielo abierto o subterránea, se emplean químicos altamente tóxicos como el mercurio y el cianuro que contaminan el suelo y las aguas por generaciones.
Otro factor crítico es el inmenso consumo de los recursos hídricos por parte del sector minero. Una mina de oro mediana gasta alrededor de seis millones de litros de agua al día. Esta cantidad de agua corresponde a lo que una familia campesina promedia consume en treinta años.
En El Salvador el agua es un recurso particularmente valioso. El Río Lempa es el único río grande del país y fuente de agua potable para más del 70% de la población. Una contaminación masiva de esta arteria principal con residuos tóxicos provenientes de la minería llevaría al país a un desastre ecológico y humanitario.
A parte de los riesgos ambientales, la minería metálica en Centroamérica tampoco es rentable desde un punto de vista económico, como revelan datos de un reciente estudio de OXFAM en conjunto con el Centro de Estudios de Guatemala (CEG). Mientras que las empresas mineras se llevan ganancias millonarias, solo una pequeña fracción se queda en la región. Esto, según el estudio, ni siquiera alcanza para mitigar los daños ambientales de mediano y largo plazo.
Gerardo Leiva está sentado en la sombra de un árbol en la plaza frente al palacio legislativo en San Salvador cuando por altavoz se comunica el resultado de la votación de los diputados. Don Gerardo es agricultor y este día ha venido desde su cantón de Santa Marta en el departamento de Cabañas, donde Oceana Gold esperaba abrir la mina de oro El Dorado, hasta la capital. “Para nosotros es una gran alegría, ver que la lucha no ha sido en vano. Es una gran victoria para nosotros los campesinos, pero también para el pueblo salvadoreño entero, porque todos vivimos de la tierra y del agua. Sabemos que la minería no trae más que destrucción.”
A diferencia de los países vecinos, Guatemala y Honduras, en El Salvador en la actualidad no hay explotación minera. La reciente ley, cuya propuesta fue presentada por la Universidad Centroamericana y la Iglesia Católica, procurará que esto sea así también en el futuro. Además, se eliminarán automáticamente todas las concesiones de exploración.
El “Pulgarcito de América” , como sus habitantes se refieren cariñosamente a su país, ha vencido al gigante Oceana Gold. Pocos días después de aprobarse la nueva ley anti minera la empresa transnacional anunció que se retirara por completo de El Salvador.
A pesar de esto, la resistencia continua, afirma Alejandro Labrador: “Queda mucho por hacer. Aunque no haya minería metálica en El Salvador, las cuencas de nuestros ríos están amenazados por proyectos mineros en Guatemala y Honduras. Además, hay que luchar por una ley general de aguas, cosa que aún no tenemos en El Salvador, y por la soberanía alimentaria. Esta lucha va a seguir. Esto es un proceso social, es algo dinámico. Hoy podemos celebrar, pero falta mucho para llegar a la meta.”
