No existe algo así como la ideología de género. Como categoría, el género nos ayuda a entender cómo históricamente se han construido relaciones de desigualdad entre los hombres y las mujeres (y por extensión, las personas con orientación sexual e identidad de género no heterosexual), bajo la premisa de que éstas últimas son débiles o menos aptas, colocándolas como consecuencia, en un lugar de subordinación y exclusión que limita su pleno desarrollo como seres humanos, en los diferentes ámbitos de la vida.
Sin embargo, existen grupos conservadores en México que en los últimos años han utilizado la “ideología de género” -en un franco desconocimiento de la complejidad sociocultural- como argumento para obstaculizar los avances en materia de derechos humanos, particularmente en lo que se refiere a la igualdad y la no discriminación. Pero dicho posicionamiento falla en encontrar explicaciones que no estén impregnadas de prejuicios morales, haciendo lecturas equivocadas de la teoría del género y el feminismo, como herramientas críticas que posibilitan el cuestionamiento del orden sociocultural tal y como lo conocemos. Para estos grupos, esa ideología de género amenaza el orden natural de las cosas, especialmente en lo que se refiere a la sexualidad, el matrimonio y la familia.
Con el apoyo de grupos religiosos y otros grupos de ultraderecha, han organizado campañas masivas de desprestigio y desinformación con el objetivo de obstaculizar y retroceder en los modestos avances legislativos y culturales obtenidos por las personas de la diversidad sexual en nuestro país.
Por otro lado, la clase política nacional, en su mayoría, se ha mantenido al margen de la discusión asumiendo una postura de supuesta neutralidad y, en el peor de los casos, se ha alineado a grupos como el Frente Nacional por la Familia, que ignorando el Estado de Derecho y la Laicidad establecida en la Carta Magna, apelan al peligro que representa para la estabilidad social el hecho de que las personas LGBTI puedan contraer matrimonio y adoptar.
A partir del reconocimiento de las uniones civiles de personas del mismo sexo en la capital de la república, en 2006, en México ha habido una avanzada en el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI, esto en materia legislativa. Estos avances no han sido armónicos ni han estado libres de turbulencia. Sobre todo en los estados más conservadores, es un lugar común encontrar a funcionarios y servidores públicos que obstaculizan la realización de trámites y procesos en detrimento de las personas LGBTI, alegando sobre su orientación sexual e identidad de género, a pesar de que, según el artículo primero de la Constitución Mexicana, la preferencia sexual no puede ser motivo de discriminación y socavo de derechos. No con poca frecuencia se escucha de escuelas, centros de salud, lugares de trabajo, entre otros, que cometen actos de discriminación y diversas expresiones de violencia motivados por prejuicios hacia este sector de la población, colocándolos en una situación de vulnerabilidad y desventaja.
Es decir, aunque es legítimo y necesario avanzar en la consecución de legislaciones más inclusivas y que garanticen la libertad, el respeto y el trato digno de las personas LGBTI, no habría que limitarse a ello. Para garantizarlos, es necesario emprender acciones encaminadas a modificar las actitudes y las formas en las que entendemos la sexualidad humana, desmintiendo que la única posibilidad de ejercicio de la sexualidad es la heterosexual, tal y como se ha estudiado ampliamente y desde mediados del siglo pasado; despatologizando la orientación y la identidad de género, reconociendo que sus formas de expresión no son binarias ni lineales, y que no se corresponden obligatoriamente; reconociendo, asimismo, que las capacidades de las personas no se supeditan a la orientación sexual, sino a las oportunidades de desarrollo que les sean brindadas.
Sin duda, la arremetida de los grupos conservadores y religiosos en México contra el colectivo de la diversidad sexual tiene pocas posibilidades de causar retrocesos en leyes inclusivas, por ejemplo, en el caso del matrimonio igualitario en la Ciudad de México y algunos otros estados de la República. No obstante, sus discursos de odio y su campaña de desprestigio sí pueden entorpecer el avance de nuevas legislaciones y hacer más lento el cambio cultural que desde hace décadas, en México, las personas LGBTI están demandando.
Existen diversos organismos gubernamentales y de la sociedad civil, así como activistas independientes que diariamente enfocan su trabajo en la promoción de mejores condiciones de vida para las personas de la diversidad sexual. Sin duda, la agenda de trabajo rebasa el asunto del matrimonio igualitario y la adopción homoparental: prohibir las terapias de conversión, posibilitar el reconocimiento jurídico de las personas trans, acabar con la violencia y asesinatos por prejuicio hacia las personas LGBTI, abrir espacios seguros y de verdadera inclusión educativa, laboral y en materia de salud para esta comunidad, especialmente para niños, niñas y adolescentes…
¿Qué pueden hacer las personas en general? Si tiene dudas acerca de asuntos relacionados con las diversas expresiones de la sexualidad, puede acercarse a especialistas u organizaciones que trabajan alrededor de estos temas, la mayoría cuenta con páginas de internet. Si conoce a alguna persona LGBTI no le critique y trátele con respeto, tal y como a usted le gustaría que le trataran. No promueva la violencia hacia personas cuyas formas de expresar su sexualidad difieren de lo que se considera más adecuado. Y si usted es lesbiana, gay, bisexual, trans o intersexual y ha sido víctima de discriminación y/o violencia, busque apoyo lo antes posible.
