Por Adriana Ramírez Vanegas
El análisis de este balance anual refleja el deterioro de las condiciones laborales y de salud en las que las mujeres periodistas que continúan haciendo su trabajo, ante la crisis periodística y la violencia estructural, pero son las condiciones diferenciadas que sitúan a las mujeres periodistas y comunicadoras en una doble situación de riesgo por ser mujeres y periodistas. En ese sentido, los intentos de silenciar su labor periodística se observaron a través de la persecución estatal, entre el uso de la criminalización y estigmatización de la labor periodística y el uso del poder y fuerza pública como arma legitimada desde los tres niveles del estado mexicano.
Ante este panorama, Comunicación e información de la Mujer, A.C. (CIMAC) ha desarrollado un diagnóstico profundo para analizar de fondo las estructuras de poder y los obstáculos a la libertad de expresión en las entidades, con el objetivo de construir estrategias para la promoción y la defensa de espacios libre de todo tipo de violencia, refrendar la formulación de mecanismos de protección integral feminista y potencializar el periodismo con perspectiva de género.
Radiografía de la violencia contra mujeres periodistas en 2020
Durante el año 2020, CIMAC documentó 251 casos de violencia contra mujeres periodistas en México. El aumento de agresiones a mujeres periodistas fue de un 53% de 2019 a 2020, es decir, cada 34 horas una periodista es agredida por realizar su labor informativa.
En promedio 2 de cada 10 periodistas fueron sujetas algún tipo de violencia, concentrándose la mayoría de los casos en la CDMX con 61 casos, Puebla (28), Estado de México (21) y Veracruz (18).
Los temas relacionados con la pandemia de COVID-19 y las marchas feministas del 8M y 25N fueron las investigaciones periodísticas y coberturas relacionadas a corrupción y abuso de autoridad que fueron atacadas frecuentemente, alcanzando un 17% y un 16% respectivamente. Más de la mitad de las columnistas recibieron alguna agresión cuando emitieron alguna opinión sobre la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La violencia psicológica fue el tipo de violencia que más se ejerció, presentándose hasta en un 58% de los casos, y se concreta en actos que incluyen bloqueos de información, amenazas y el uso de campañas de desprestigio de la labor periodística. Sin embargo, observamos el incremento de la violencia física hacia las periodistas en un 32%, reflejado en detenciones arbitrarias y privación ilegal de la libertad, despojo de material de trabajo y el uso desproporcionado de la fuerza pública.
Un dato alarmante es el incremento de las agresiones que provienen de la población civil (26 %), sin embargo se mantienen los ataques por parte de funcionarios en los tres niveles: federal (5%), estatal (22%) y municipal (18%). La violencia digital sirvió para encubrir la frecuencia de los ataques, pues brindan anonimato y no hay códigos de conducta de las empresas que ayuden a regular el uso de los ataques o brindar acciones preventivas que haga frente a la estructura de cuentas sistematizadas creadas para acosar a las periodistas.
En ese sentido, el incremento de casos de violencia en línea es considerable, ya que 3 de cada 10 atentados ocurrieron en el espacio digital, siendo Twitter la red social más utilizada para agredir a las periodistas (51%). Sin embargo, la violencia institucional es el espacio en donde suceden la mayoría de las agresiones a comunicadoras, con un 43%; mientras que la violencia comunitaria ocurre en un 28% de los casos.
Situación laboral: dobles jornadas en los medios y violencia en las redacciones.
Durante el año 2020, CIMAC logró identificar que de los 251 atentados registrados, 131 fueron contra reporteras (de las cuales 18 son corresponsales), 35 contra directoras, 28 contra fotoreporteras, 12 contra columnistas, y de 44 no fue posible identificar el cargo.
Un elemento importante a destacar fue que se ha evidenciado que por lo menos 18.7% de las periodistas se encuentran duplicando labores dentro y fuera de las redacciones. Vale la pena advertir que dentro de las condiciones de discriminación se encuentra la salarial. En muchos casos, las mujeres periodistas reciben hasta un 2.5 veces menor salario en comparación con los hombres y un 43% del total de las periodistas han sufrido acoso sexual.
Un estudio realizado por el Colectivo Periodistas Unidas Mexicanas, indicó que el 73 % de las mujeres trabajadoras de medios de comunicación ha sido víctima de acoso, hostigamiento o agresión sexual, o de una o más de estas situaciones. Aunque muchas de ellas no logran identificarlas claramente, en muchos casos, incluso se les niega las vacaciones o días de descanso si no acceden.
COVID-19
El 30 de marzo de 2020 el Gobierno Mexicano decretó emergencia sanitaria por causa de la epidemia del brote de virus SARS-CoV-2. La estrategia del Gobierno mexicano fue la de generar varios frentes de bombardeo de información no verificada e intencionada y generar validez de la toma de decisiones por parte de las autoridades.
Ante la desinformación de fuentes privadas (particularmente en redes sociales) y la contradicción de la información pública que se visibiliza con inconsistencias al contrastarse con la verificación de la información, se comenzó a crear en la opinión pública un panorama de desconfianza en las instituciones y en de desprestigio de la prensa tachada como amarillista. Por esta razón, distintas periodistas han desarrollado diferentes plataformas para verificar la información y construir plataformas de acceso a información que ayuden a corroborar la gestión de del brote de COVID-19 a través de las redes sociales.
El contexto de emergencia también sirvió como un intento de censura en contra de quienes buscaban ejercer su derecho a informar sobre la situación real del manejo de la emergencia sanitaria y de la crisis económica. Este fenómeno agudizó el ya existente escenario de polarización entre el gobierno, los medios y la sociedad civil y, con ello animó el incremento de atentados contra la prensa. CIMAC documentó un total de 41 ataques contra periodistas a partir de que se decretara el período de alerta por la pandemia en México; del 30 de marzo, hasta el 31 de diciembre del 2020. Tanto la Ciudad de México, como Coahuila fueron las entidades con más atentados en contra de mujeres periodistas. Seguidas de Puebla, Guerrero y Morelos.
Las reporteras que se dedican a cubrir la fuente de sociedad y política fueron las más agredidas durante este periodo. Las agresiones que enfrentaron incluyen bloqueo de información (43%), intimidación (26%), campañas de desprestigio de su labor (24%), hostigamiento (19.5%), despojo de su material de trabajo (14.6%), siendo los principales perpetradores funcionarios públicos (53%), que de esta forma atentan contra el pleno ejercicio de su labor.
La prolongada pandemia de SARS-COV-2 tiene un impacto trascendental en la libertad de prensa y en las condiciones de sostenibilidad de muchos medios de comunicación, especialmente en los medios más pequeños o locales, cuya lucha por mantener su estabilidad financiera y ha conducido a la inestabilidad económica para muchas periodistas o comunicadoras.
Varias de ellas fueron despedidas o sus salarios se redujeron drásticamente. El más alto impacto fue hacia las que mantienen un esquema freelance, quienes perdieron por completo su fuente de ingresos. Además de la vulnerabilidad económica, las periodistas también corren un mayor riesgo de contraer COVID-19 dada la naturaleza de su profesión y la interacción que se requiere al realizar coberturas en los territorios; enfrentándose a la falta de protocolos de seguridad, sin contar con seguridad social y ante una inexistente estrategia del Estado mexicano, que no reconoce que las y los periodistas son una población altamente vulnerable porque están en la línea roja para informar sobre el desarrollo de la pandemia.
La situación de incertidumbre también afecta su salud mental, de acuerdo a una encuesta realizada por CIMAC sobre los impactos psicosociales entre las periodistas durante la pandemia. Las periodistas compartieron que han padecido de insomnio, estrés, fatiga crónica, depresión e incluso perdieron esperanzas de seguir ejerciendo el periodismo.
Protestas feministas
El año 2020 podemos describirlo como el año en que las mujeres se movilizaron como sujetas políticas para cuestionar el silencio institucional del gobierno mexicano ante el aumento de la violencia contra ellas, lo que llevó a un incremento de movimientos de protesta contra la violencia de género en México.
Durante estas manifestaciones se hizo frecuente el uso desproporcionado de la fuerza pública por elementos de seguridad pública de los tres niveles (gendarmerías o seguridad pública municipal, elementos de seguridad pública estatal, y cuerpos federales como la Guardia Nacional, Ejército y Marina), quienes no respetaron el derecho a la protesta ni a la libertad de expresión.
CIMAC documentó, junto con el Frente por la Libertad de Expresión y Protesta Social, las violaciones de libertad de expresión durante las protestas feministas, particularmente las que resaltaban la exigencia de justicia por casos de feminicidio, el derecho a la interrupción legal del embarazo y los casos de desaparición de mujeres y niñas. Las principales violaciones de derechos humanos fueron perpetuadas por autoridades de los tres órdenes de gobierno mexicano (Federal, Estatal y Municipal), de manera omisa, irregular o violenta.
El alarmante aumento de represión de la protesta social feminista no solo repercutió en agresiones contra manifestantes, defensoras y activistas feministas, sino que el ataque también se dirigió hacia la prensa quienes acompañaban en las coberturas de estas acciones. Por lo menos 47 periodistas fueron atacadas durante las jornadas de protesta.
Es importante enfatizar que, así como se han incrementado las agresiones contra las periodistas, también lo ha hecho el uso desproporcionado de la violencia. Algunos mecanismos que fueron utilizados son: el despojo de material de trabajo, actos de hostigamiento e intimidación y amenaza; el uso excesivo de la fuerza pública; el uso de campañas de desprestigio en espacio virtual y espacios mediáticos; detenciones arbitrarias y actos de acoso judicial; el uso de armas de fuego para repeler a las manifestantes y prensa; actos de violencia sexual y desapariciones forzadas.
Se denunció que en estos actos se ocultó la identidad de las personas e instituciones responsables, ya que hubo presencia de hombres con pasamontañas, agentes policiales que no estaban debidamente identificados, integrantes de cuerpos de perfil policial vestidos de civil o grupos de jóvenes que se trasladan al lugar de las protestas a través de vehículos de secretarias de seguridad pública.
Este clima de represión provocó un escenario de doble riesgo para las periodistas que cubren las protestas y movilizaciones sociales, ya que a menudo se las toma como participantes y se les agrede u obstaculiza su labor.
Descripción general: desafíos más frecuentes para las mujeres periodistas y la libertad de prensa en 2020
México es uno de los lugares más peligrosos del mundo para ser periodista. En 2020, el país registró la mayor cantidad de víctimas en todo el mundo, con 10 periodistas y profesionales de los medios asesinados, convirtiéndose en el año más violento contra la prensa. Dentro los casos documentados recordamos a la reportera María Elena Ferral Hernández, quien fue asesinada a plena luz del día luego de recibir repetidas amenazas por parte de funcionarios estatales de Veracruz y candidatos de partidos políticos. La periodista Theresa Aracely Alcocer fue emboscada por un grupo de desconocidos mientras se encontraba con su padre afuera de su casa en Ciudad Juárez.
El 97.27 % de los crímenes contra mujeres periodistas siguen sin resolverse y los autores materiales e intelectuales de estos se encuentra en libertad. Estas cifras no incluyen a las tres periodistas reportadas como desaparecidas (María Esther Aguilar Cansimbe, Adela Jazmín Alcaráz López, Guadalupe Cantú), o el fenómeno de desplazamiento forzado interno de 14 periodistas.
A lo largo de estos últimos 12 meses, innumerables periodistas y comunicadoras señalaron un aumento alarmante de la violencia y un deterioro visible de la libertad de prensa. El creciente entorno hostil fue impulsado principalmente por la crisis de la pandemia global, que ha limitado los derechos humanos por protocolos de atención a la emergencia y obligado a las periodistas a adaptarse a nuevas y angustiosas condiciones de trabajo.
Desde este panorama, las mujeres periodistas seguirán informando en mayores condiciones de riesgo y vulnerabilidad. Los desafíos son abrumadores y están relacionadas con su género: el incremento de la violencia de género dentro y fuera de las redacciones, la pauperización de las condiciones de vida y el limitado acceso a condiciones laborales dignas son factores que amenazan la perpetuidad de proyectos periodísticos críticos, plurales e independientes.
Además, hay una tendencia del gobierno a no atender ni erradicar la violencia contras las periodistas y los periodistas. El debilitamiento de las instancias encargadas de brindar protección y procuración de justicia las ha dejado desprovistas de capacidades humanas, políticas y financieras; esto perfila una desatención que va desde la propia agenda del gobierno en turno y la voluntad política centrada en otros intereses del partido en turno.
A contracorriente, CIMAC continúa con su compromiso de documentar, acompañar y proteger la labor de las mujeres periodistas en México, actualmente colaborar en el fortalecimiento de la protección a periodistas y personas defensoras a través del Consejo Consultivo y el acompañamiento institucional en el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derecho Humanos y Periodistas; generando acciones para garantizar la libre manifestación y el derecho de expresión de la ciudadanía hacia la construcción democrática de nuestro país.
Actualmente se está impulsando una agenda política “Post-Beijing”, cuyas acciones se centran en fortalecer los sistemas penales en favor de una justicia de género en los atentados en contra de mujeres periodistas, donde se incluye la violencia en línea y el cumplimiento de las recomendaciones de los organismos internacionales en materia de libertad de expresión y protección a mujeres periodistas; su objetivo es buscar marcos legales para proteger opiniones que promueven el diálogo y son disidentes a los gobiernos, para evitar a toda costa discursos misóginos, estereotipados y discriminatorios que se escudan en el derecho a la libertad de expresión.
Finalmente, se debe reiterar la necesidad de crear políticas de protección integral que centren acciones en la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres libre de todo tipo de violencia.
Referencias
CIMAC
- (2021) Cartografía de Violencia contra Mujeres Periodistas en México, https://cartografia-cimac.uwazi.io/es/
- (2020), Varias Infografías, Situación de la Violencia contra Mujeres Periodistas 2020, https://bit.ly/3x3sr4H
Article 19 México
- (2020) Informe especial C.O.V.I.D: Libertad de expresión e información durante pandemia de COVID-19 en México y CA, https://bit.ly/3sqDamq
Espacio OSC
- (2020) Informe expone ataques sistemáticos contra personas defensoras de DDHH y periodistas en el marco de la pandemia, https://bit.ly/3uTkDAT
Frente por la Libertad de Expresión y Protesta Social
- (2020) Varios comunicados, https://libertadyprotesta.org/comunicados/