Hace más de 30 años Simone de Beauvoir señalaba:
“No olvidéis jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos, debéis permanecer vigilantes toda vuestra vida”.
Hoy, esta frase sigue siendo vigente y se hace evidente en los retrocesos que ha tenido en el mundo el derecho a decidir de las mujeres sobre sus cuerpos, específicamente en el derecho a decidir si continuar o no un embarazo.
El aborto es un procedimiento médico que pone fin a un embarazo. También es uno de los debates social y culturalmente más controvertidos en la mayoría de los países del mundo. Las legislaciones que restringen el aborto se basan en la idea de que su prohibición erradicará su práctica.
Sumado a ello, socialmente existe también prohibición moral a la toma de decisiones reproductivas y un estigma hacia las mujeres que deciden practicarse un aborto. La culpa como parte de un legado judeocristiano y colonial en forma de pecado, discriminación, silencio, prohibición, clandestinidad y juicio, forma parte de las condiciones en que muchas mujeres en muchos países interrumpen sus embarazos.
En México y la región centroamericana, cada año millones de mujeres se ven, por diversas circunstancias, en la necesidad de interrumpir un embarazo, muchas de ellas en territorios en donde este procedimiento es tipificado penalmente. En algunos de los cuales, a pesar de existir la posibilidad de acceder a un aborto terapéutico, el mismo es poco accesible debido a múltiples obstáculos; entre ellos, la poca disposición médica a prestar el servicio a las mujeres que lo necesitan.
Muchas de estas mujeres buscan métodos, en su mayoría de riesgo, para interrumpir un embarazo por las razones que sea. Las mujeres que cuenten con recursos económicos podrán interrumpir su embarazo en condiciones regularmente seguras, no obstante, nunca podrán eliminar el estigma de la clandestinidad y el miedo por decidir sobre su cuerpo y su vida, ni el miedo a ser descubiertas. Por otro lado, las que no cuenten con suficientes recursos accederán a cualquier método, en la mayoría de los casos inseguro, poniendo en riesgo su salud y su vida. Muchas de ellas morirán, colocando al aborto inseguro dentro de las primeras causas de muerte materna en la región.
El aborto es un derecho que asegura la autonomía, independencia y desarrollo de las mujeres, fortalece las democracias y es fundamental en la búsqueda de una realidad de justicia reproductiva. No obstante, es una disputa constante en la que fuerzas conservadoras y antidemocráticas persisten en impulsar y establecer políticas restrictivas que amenazan la vida y la salud de las mujeres.
Centroamérica: Retrocesos y obstáculos
En América Latina, tres Estados son los únicos en los que se prohíbe sin excepciones la interrupción voluntaria e involuntaria del embarazo, es decir, el aborto es un delito: El Salvador, Honduras y Nicaragua. En Guatemala y Panamá, es permitido para salvar la vida de la mujer y, en Costa Rica, es permitido para preservar la salud (Menkos, 2021). No obstante, la región ha vivido y sigue viviendo fuertes obstáculos y retrocesos a la posibilidad de una realidad de justicia reproductiva.
En enero de 2021 el Congreso Nacional de Honduras aprobó una reforma al artículo 67 de la Constitución de la República con el fin prohibir, de manera absoluta y ante cualquier circunstancia, el servicio de aborto. La iniciativa, fue aprobada en un solo debate y sin que mediara una discusión amplia, seria y científica (Menkos, 2021). Por su parte en El Salvador, después de que en 1997 se reformara el Código Penal estableciendo la prohibición absoluta del aborto, las mujeres han vivido tres décadas de disputa por la autonomía reproductiva. A lo largo de esas décadas decenas de mujeres han sido perseguidas, procesadas y encarceladas, incluso por haber vivido abortos involuntarios. Entre ellas Beatriz, a quien debido a la prohibición absoluta del aborto no se le permitió acceder a un aborto terapéutico pese a que el embarazo representaba una amenaza a su salud y su vida, y a que los estudios médicos habían determinado la inviabilidad del feto. Actualmente su caso es presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para evidenciar las graves violaciones de derechos humanos que enfrentan las mujeres en El Salvador.
En el caso de Guatemala, el 8 de marzo del año 2022 se aprobó, por mayoría, la llamada “Ley de protección a la vida y la familia”, con la que se pretendía aumentar las penas de cárcel por aborto, así como limitar la posibilidad de compartir de forma pública información respecto al aborto en el país. La ley finalmente fue archivada. Sin embargo, el 9 de marzo, un día después de que el Congreso aprobara el proyecto de ley, el presidente Alejandro Giammattei participó en un congreso cristiano que declaró a Guatemala como la “capital pro-vida de Iberoamérica”.
Más recientemente, en Costa Rica, el Gobierno del presidente Rodrigo Chaves Robles se prepara para firmar un decreto ejecutivo que deroga la norma técnica para la aplicación del aborto terapéutico que fue emitida por la administración anterior. La sustituye con una reglamentación que no protege los derechos de las mujeres que necesiten someterse a la interrupción del embarazo cuando peligra su salud o su vida (Madrigal, 2022).
Así, la región continúa siendo un lugar injusto, en donde las mujeres ven dificultoso y casi imposible el poder acceder a su derecho a elegir. A ello se suma el efecto que tienen las disposiciones y retrocesos que se dan en países cercanos, como la decisión reciente de revertir el veredicto Roe vs Wade en Estados Unidos, lo que nos recuerda una vez más la importancia de no perder de vista los derechos ganados por las mujeres, como señaló de Beauvoir.
Avances y esperanza: luchas por la despenalización y acompañamiento feminista
No obstante, el movimiento feminista, de mujeres y aliades continúa creciendo y luchando en las calles, las redes y los espacios políticos, vigilando de cerca que no se dé ni un paso atrás en las luchas ganadas por las mujeres y brindando esperanza de un horizonte más justo para todas.
En México, luego del histórico fallo en 2008 que legalizó el aborto en la Ciudad de México, en septiembre de 2021 la Suprema Corte puso fin a la penalización de la interrupción del embarazo en su etapa inicial, por lo que no se podrá castigar a las mujeres que decidan abortar en cualquier región del país.
En el caso de Colombia, en febrero de 2022 la Corte Constitucional despenalizó el aborto en todos los supuestos hasta las 24 semanas de embarazo. Este avance representa un hito para los derechos reproductivos de las mujeres, no solo para Colombia sino para el urgente diálogo respecto de justicia reproductiva en toda la región.
Una estrategia que ha resultado fundamental para las mujeres en la región -no solamente para acceder a interrumpir su embarazo sino para hacerlo de una manera segura y evitando la muerte- es el acompañamiento de colectivas, organizaciones y activistas.
Mediante información, consejería, provisión de medicamentos, etcétera, este acompañamiento facilita que cada una de las mujeres que busca un aborto en un territorio en donde este se encuentra restringido, encuentre una salida con vida de todas las violencias a las que se enfrenta en ese contexto. Este acompañamiento representa una alianza insólita (Galindo, 2016), en la que mujeres en algunos casos sin conocerse o mantener una relación previa estrechan lazos de sororidad y amistad política. Aquí toman en sus manos un poder que les ha sido arrebatado y del que han sido sistemáticamente alejadas, y generan una nueva forma de organización, una organización fuera del Estado, una guerrilla del afecto que además es internacional y se nutre de saberes en espacios que tradicionalmente se han servido de la opresión de las mujeres, como la medicina o la farmacéutica.
Como parte de esta organización internacional, las redes sociales digitales son hoy espacios de contacto con y entre las redes de acompañamiento feminista, fortaleciendo su organización y motivando las acciones dentro y fuera del espacio digital (Rovira, 2017). El internet y las redes sociales son aspectos fundamentales en la resistencia y la subversión de las mujeres que buscan acceder a abortos en territorios en donde esta práctica se encuentra encuentra penalizada, así como de las que se articulan para luchar por la garantía de un derecho en permanente disputa: el derecho a decidir sobre la propia reproducción. Así, dibujan el futuro que deseamos, uno de justicia reproductiva.
Son estos actos y estas alianzas las que están generando grietas y rupturas en el poder, caminando hacia el horizonte de una justicia reproductiva que permita que cada mujer en cada contexto pueda acceder a sus derechos reproductivos de forma digna y segura.
Hacia la justicia reproductiva
Hoy en nuestra región, es importante dejar de privilegiar el silencio, el miedo y las reservas con que hasta hoy hemos hablado de aborto. Es el momento de hablar, no solamente en fechas emblemáticas y conmemoraciones, sino permanentemente, de la urgencia de asegurar el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y sus maternidades.
Sumado a ello, como asevera Jonathan Menkos (2021):
es fundamental para los Estados centroamericanos abolir las leyes que penalizan el aborto. En su lugar debe integrarse a las políticas públicas leyes que despenalicen y legalicen el aborto inducido y acompañarse de garantizar —con recursos humanos, materiales y financieros necesarios— el acceso universal a educación científica e integral en materia sexual y reproductiva; a servicios de planificación familiar y salud materna; así como la atención sanitaria y psicológica del embarazo, del aborto y del parto. Al mismo tiempo debe haber avances hacia un sistema de protección y asistencia social universal, basado en el cumplimiento de los derechos humanos, respetuoso, moderno y laico.
En la región es urgente exigir a las y los actores políticos y tomadores de decisión, brindar soluciones basadas en la ciencia y los derechos humanos, separando sus creencias personales de su responsabilidad de utilizar el poder público para el bienestar de todas las personas.
La maternidad será elegida, deseada y en un contexto de justicia. Las mujeres en centroamericanas merecemos vivir con dignidad, y dejar de morir por ejercer nuestro derecho a decidir.
Referencias
- Menkos, J. (2021, Enero 27). Centroamérica debe despenalizar el aborto. Retrieved Febrero 27, 2023, from https://mail.icefi.org/blog/centroamerica-debe-despenalizar-el-aborto
- Madrigal, L. (2023, February 23). Gobierno de Chaves derogará norma técnica de aborto terapéutico, según borrador de decreto. Retrieved February 27, 2023, from https://delfino.cr/2023/02/gobierno-de-chaves-derogara-norma-tecnica-de-aborto-terapeutico-segun-borrador-de-decreto
- Moraes, A. (2016, February 23). “LA HOMOGENEIDAD DEL FEMINISMO NOS ABURRE, NECESITAMOS CREAR ALIANZAS INSÓLITAS”. Retrieved February 27, 2023, from https://sur.conectas.org/wp-content/uploads/2016/12/21-sur-24-esp-maria-galindo-corrigido.pdf
- Rovira, G. (2017). Activismo en red y multitudes conectadas. Comunicación y acción en la era de Internet. Athenea Digital. Revista de Pensamiento e Investigación Social, 19(1), 15-22. https://doi.org/978-84-9888-760-0