El 24 de marzo, el Ejecutivo Federal envió a la Cámara de Diputados la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan Diversas Disposiciones de la Ley Minera, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en Materia de Concesiones para Minería y Agua. Esta iniciativa sienta las bases para cambiar las reglas en materia de minería y con ello frenar los atropellos que durante estos 30 años han cometido, a lo largo y ancho del país, las empresas mineras, otros actores privados y el Estado en nombre de un “desarrollo” que ha beneficiado a unos pocos y ha generado cuantiosas pérdidas económicas, ambientales y sociales para los pueblos que han sufrido la imposición de los proyectos mineros.
Las operaciones mineras en México llevan décadas extrayendo agua, dividiendo a familias y comunidades, afectando los medios de vida de los pueblos, generando descomposición y violencia, contaminando agua, suelo y aire, violando derechos, desplazando a comunidades, sobornando a autoridades, entre otras calamidades. Todo, sin cumplir ni una sola de sus promesas: ni empleos, ni mejora en la calidad de vida, ni desarrollo, ni beneficios relevantes para las finanzas públicas, ni cuidado del medio ambiente. Y todo al amparo de una ley que legaliza este insostenible modelo de extracción. Es momento de enmendar esta situación.
La Colectiva Cambiémosla Ya impulsa, desde hace cuatro años, un cambio profundo a la actual Ley Minera, como parte de una lucha de más de 20 años de pueblos, comunidades y organizaciones que alzan la voz contra los graves daños que esta Ley deja en los territorios.
Desde la Colectiva Cambiémosla Ya valoramos que la Iniciativa del Presidente de la República contiene puntos que fueron presentados como Iniciativas de Ley en la actual legislatura y que han sido centrales en nuestras demandas, entre ellos:
- Eliminar el carácter preferente de la actividad minera.
- Hacer efectiva la libre determinación de los pueblos y el derecho de decidir sobre sus territorios, estableciendo mecanismos para la participación efectiva y vinculante.
- Modificar el régimen de concesiones para evitar la privatización de facto del territorio y de los bienes naturales.
- Eliminar los privilegios que tienen las empresas mineras para el acceso a la tierra y al agua.
- Fortalecer el cuidado del ambiente, los sitios sagrados y los derechos humanos.
Además de estos puntos, que son centrales en las propuestas que como Cambiémosla Ya hemos venido trabajando e impulsando, queremos destacar que la Iniciativa del Ejecutivo Federal contiene otros elementos de enorme relevancia:
- Que las concesiones se otorguen a partir de un concurso público.
- Condicionar a la disponibilidad hídrica que una concesión pueda ser otorgada.
- La obligatoriedad de un Programa de Restauración, Cierre y Post-cierre que establezca las acciones de reparación, restauración, rehabilitación y remediación ambiental.
- La presentación de cartas de crédito para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de mitigación y restauración.
- La incorporación de un capítulo de delitos con el objeto de sancionar conductas delictivas.
Desde La Colectiva Cambiémosla Ya llamamos a los legisladores y legisladoras a dejar las diferencias políticas en este momento y sumarse para dictaminar y votar favorablemente esta iniciativa de ley, con el fin de poner un alto a los abusos que la actual legislación ha propiciado. Que la aprueben para proteger y garantizar así los derechos humanos y el bienestar de las comunidades y se dé así un paso importante en el fortalecimiento de la rectoría del Estado sobre los bienes públicos.
Es hora de que las y los representantes populares actúen a la altura de ese cargo y se pongan del lado de los intereses de la nación y sus comunidades y acaben con un esquema de privilegios, privatización y saqueo de los bienes nacionales en el subsuelo que ampara la actual Ley Minera.
La Colectiva Cambiémosla Ya reúne a pueblos, comunidades, organizaciones civiles, movimientos, personas académicas, defensoras de la tierra y el territorio organizados para impulsar cambios profundos en la Ley Minera. Entre sus miembros hay comunidades y pueblos afectados por proyectos mineros en los estados de Sonora, Morelos, Zacatecas, Puebla, BCS, Oaxaca; organizaciones como CartoCrítica; Centro Mexicano de Derecho Ambiental; Comités de Cuenca del Río Sonora; Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible; Consejo Maseual Altepetajpianij; EDUCA, Engenera; Fundación Heinrich Böll; Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Movimiento Atzin No a la Minería, Movimiento Morelense contra la Minería Tóxica; Oxfam México; PODER; Clínica Jurídica para la Justicia Ambiental Berta Cáceres y académicxs de UIA, UAM y UNAM.