- Demandan Cambiémosla Ya y la ALDEA incorporar a comunidades y organizaciones en la elaboración del reglamento para que la Ley entre en operación cuanto antes.
- Con la entrada en vigor de las reformas a la Ley de Minería, por fin las comunidades serán consultadas y se les pedirá su consentimiento antes de que se otorgue una concesión en sus territorios.
- Si bien quedan aún enormes pendientes para frenar los abusos de la industria minera en México, con la entrada en vigor de la nueva legislación el país avanza en la garantía de los derechos humanos y colectivos.
Después de 31 años de vigencia de una ley secundaria, la Ley Minera, que dio pauta a enormes abusos y violaciones de derechos y que propició el incumplimiento de la Constitución y los tratados internacionales de los que México forma parte, ayer 8 de mayo por fin se consolidó un paso importante en la construcción de un marco legal más garante de derechos y más acorde con el compromiso de proteger el medio ambiente.
Con la publicación en el Diario oficial de la federación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Minera, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos en materia de concesiones para minería y agua se reconoce, por fin, que la Ley Minera expedida en 1992 tuvo por objetivo privilegiar los intereses privados a costa del sacrificio y despojo de las comunidades y los territorios que habitan.
Las Colectivas Cambiémosla ya y Alianza por la Libre Determinación y Autonomía (ALDEA) hicieron un llamado a la Secretaría de Economía para que no deje pasar más tiempo para elaborar la reglamentación de este nuevo marco legal y que lo haga con las comunidades y organizaciones con el fin de fortalecerlo. Ambas colectivas, en las que participan comunidades y organizaciones de 19 estados del país, pidieron a Economía no permitir que el lobby corporativo diluya los contenidos de la ley en la reglamentación.
Entre los temas importantes que incorpora la ley recién aprobada están:
- Se retira el carácter preferente a la actividad minera. Ya no estará por encima de las actividades que las comunidades llevan a cabo en sus tierras.
- Establece la consulta previa, libre e informada para obtener el consentimiento antes de dar una concesión sobre los territorios.
- Prohíbe la minería en áreas naturales protegidas, zonas sin agua o zonas donde se ponga en riesgo a la población, así como la minería submarina.
- Obliga a tener un programa de manejo de residuos y un programa de restauración, cierre y post-cierre con obligaciones hídricas y ambientales.
- Limita el traspaso de concesiones. Se autoriza sólo si se pagan los derechos correspondientes y se cumplen con los requisitos de la concesión original.
- Elimina la expropiación como derecho del concesionario.
- Separa y diferencia los procesos de exploración y explotación.
- No permite tener concesiones ociosas. Se deben comenzar obras en los noventa días hábiles siguientes a partir de que registran la concesión, esto obstaculiza la especulación financiera.
- No permite construir sitios de disposición final de residuos en áreas naturales protegidas, humedales, vasos, cauces o zonas federales donde se afecte a la población.
- Se elimina la figura de terreno libre y primer solicitante. Las concesiones sólo se otorgarán mediante concurso o licitación pública.
- Las concesiones se cancelarán si las empresas:
- No inician trabajos en un año.
- No realizan trabajos en la concesión por dos años seguidos.
- No presentan el plan de cierre de mina.
- Hay riesgo inminente de desequilibrio ecológico o daño o deterioro irreversible del ambiente o la salud pública.
- No pagan contribuciones por dos ejercicios consecutivos.
Si bien estos puntos no son todos los necesarios para poner un alto a los abusos de la minería en México, son sin duda avances en la dirección correcta… Y desde ambas colectivas continuaremos trabajando para impulsar los cambios pendientes.
Finalmente, las colectivas hacemos un llamado a todos los grupos parlamentarios a revisar los contenidos de fondo de esta ley y a ponderar los derechos que reconoce tanto para los pueblos y comunidades como para los bienes naturales del país.