Desde el sexenio anterior se documentó una escalada de violencia hacia las y los periodistas y comunicadores; tan solo en el año 2017 se registraron 507 agresiones.
El caso de la violencia contra las mujeres periodistas adquiere dos elementos que caracterizan la impunidad: la invisibilización y la falta de acceso a la justicia.
El contexto
La corrupción, la inseguridad y violencia al interior de las entidades son consecuencia de la impunidad, no sus causas. En el caso de las mujeres estas condiciones se acrecientan debido a las condiciones de desigualdad: la desprotección es tan grande que de cada 10 periodistas que han sido víctimas de violencia e ingresan al Mecanismo de Protección, sólo 3 son mujeres.
Ser mujer periodista en alguno de los municipios de la República Mexicana conlleva un riesgo mayor, pues el control de los poderes políticos y fácticos es evidente, absoluto y cotidiano. Bajo estas condiciones precarias de seguridad y garantía a sus derechos humanos y laborales, las periodistas ejercen su trabajo. Sacar a la luz esas realidades que violentan la impunidad de los poderosos, las ha llevado a ser sujetas de discriminación y difamación a través de campañas de amenazas y calumnias que aluden a una falsa vida personal. Estas acciones públicas de violencia generan desconfianza en la sociedad hacia las periodistas y sus investigaciones, y termina por minar su vida laboral, personal y familiar, poniendo en riesgo incluso su integridad física y emocional.
Por esta razón, Comunicación e información de la Mujer, A.C. (CIMAC), se propuso crear una serie de alertas en el contexto electoral, con la finalidad de visibilizar la violencia diferenciada que viven las periodistas por cuestiones de género y cómo se acentúan las condiciones de riesgo cuando ejercen su labor de informar en procesos adversos, como en el contexto de los comicios en el país. Además de registrar y documentar estas agresiones, es importante dar un acompañamiento puntual a las periodistas para con el fin de brindar seguridad y una protección integral, además de reafirmar el ejercicio pleno de su derecho a la libertad de expresión e información.
Registro del 1º de Julio
CIMAC reporta que detectó 22 agresiones contra mujeres periodistas durante la cobertura de la jornada electoral del 1 de julio. Sin embargo, desde el inicio del año hasta cuatro días después de los comicios electorales, se han registrado 39 agresiones hacia mujeres periodistas que han estado informando acerca de los comicios electorales.
Las entidades en donde se concentraron el mayor número de agresiones durante la jornada electoral del 1 de julio fueron: Coahuila 18% (cuatro casos), Estado de México 14% (tres casos), Guanajuato, Jalisco y Puebla 9% (cinco casos). En estas entidades también se reportaron casos de violencia en el proceso electoral como: el robo de urnas, compra de votos, disputas públicas entre simpatizantes entre diferentes partidos políticos, entre otras manifestaciones.
Las manifestaciones de violencia más frecuentes hacia las comunicadoras y periodistas fueron de intimidación u hostigamiento (13), por medio de la toma de fotografías o video, a través de ataques digitales hacia sus redes sociales personales vía mensaje de texto o mediante la difusión de campañas de desprestigio relacionando su trabajo o labor en beneficio de algún partido político o grupo delictivo. Otra agresión constante fue el bloqueo informativo (8), en donde a través de la confrontación física o verbal se negaba el acceso a la periodista, ya sea a un espacio público (casillas, dependencia, oficina de campaña de los partidos hasta llevar a cabo una entrevista algún candidato o candidata) e incluso impidiendo la cobertura a través de la agresión física o de amenazas a su integridad.
Cabe mencionar que las agresiones se acentuaban cuando las coberturas de las periodistas se relacionaban con temas de financiamiento de las campañas, tráfico de influencias, abuso de poder político o violación de derechos humanos de las candidatas o candidatos. Incluso, diversas periodistas manifestaron que las agresiones se acentuaban cuando sacaban notas de investigación periodística, columnas de opinión y, de manera particular, después de realizar una entrevista.
En cuanto al perfil de los perpetradores, CIMAC pudo detectar que los principales agresores fueron funcionarios (con funcionarios del INE y policía estatal a la cabeza) con siete casos, los cuales representan un 32%; seguidos de los equipos de trabajo o personas relacionadas con algún candidato o candidata -cabe puntualizar que la mayoría de las agresiones físicas fueron realizadas por elementos de seguridad privada de los candidatos. El otro perfil destacado fue el de perpetradores desconocidos, con un 27% con seis casos, los cuales ejercían violencia digital por medio de redes sociales, hostigamiento por medio de la toma de fotografía o video y actos de intimidación.
Comentarios Finales
Nuestros siguientes pasos nos llevan a fortalecer nuestros espacios de participación en reuniones con dependencias, organizaciones internacionales y organizaciones de la sociedad civil que promueven y defienden la libertad de expresión. Nuestro objetivo será vigilar que las intuiciones de gobierno encargadas de la protección y procuración de justicia en casos de violaciones a la libertad de expresión, de particular, con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, FEADLE, CEDAW, otras para generar estrategias en conjunto que impacten en el funcionamiento de éstas instituciones y en beneficio de las mujeres periodistas que se acercan a éstas.
Nuestra principal fortaleza ha sido la documentación y el acompañamiento de casos de violencia contra las mujeres periodistas. Durante estos procesos, hemos notado que una de las tantas expresiones de la desigualdad de género está relacionadas al desconocimiento de los derechos humanos y su capacidad de incidir en espacios de acceso a la justicia. De ahí la importancia de que las mujeres puedan reconocer sus derechos, a pronunciarse y a ser escuchadas. Creemos que este paso es fundamental para garantizar el ejercicio de la libertad de expresión, para reivindicar una vida libre de violencia y exigir el cese a los abusos de poder para las mujeres que han sido víctimas de este sistema de justicia mexicano desigual.
Este artículo es una colaboración de Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC), una organización civil periodística especializada en la perspectiva de género y los derechos humanos, la cual tiene 18 años promoviendo la defensa de la libertad de expresión y el derecho a comunicar de las mujeres.
